{"id":101388,"date":"2026-07-01T17:32:59","date_gmt":"2026-07-01T17:32:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101388"},"modified":"2026-07-01T17:32:59","modified_gmt":"2026-07-01T17:32:59","slug":"stc1524-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1524-2018\/","title":{"rendered":"STC1524-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1524-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 20001-22-14-002-2017-00313-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El 7 de diciembre de 2015 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Valledupar profiri\u00f3 sentencia dentro del proceso divisorio referenciado en la que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n del predio \u00abla voluntad\u00bb que se encuentra ubicado en el corregimiento la voluntad, vereda \u00abel alto la vuelta, comprensi\u00f3n del municipio de Valledupar\u00bb, determinaci\u00f3n que fue notificada mediante edicto del d\u00eda 14 posterior. <\/p>\n

2.2. El 26 de julio de 2017 el despacho encartado al percatarse que en la providencia referida anteriormente se omiti\u00f3 pronunciamiento respecto a la medida cautelar procedi\u00f3 a decretar su levantamiento por lo que libr\u00f3 los correspondientes oficios a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar sin que en la actualidad \u00abla inscripci\u00f3n en los t\u00e9rminos propuestos\u00bb se haya efectuado toda vez que se est\u00e1 \u00abrechazando dicha inscripci\u00f3n debido a que la cuota parte del se\u00f1or JOAQUIN GUILLEN ROMERO, fue rematada y posteriormente vendida a otra persona, por lo que dicha oficina solicita al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, la aclaratoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n

2.3. Sostiene que la providencia proferida viola el art\u00edculo 44 de la Ley 160 de 1994 toda vez que al efectuarse la divisi\u00f3n resultaron predios de cinco (5) hect\u00e1reas lo que es inferior a la extensi\u00f3n determinada por el Incora que se estableci\u00f3 entre veintis\u00e9is (26) a treinta y seis (36) hect\u00e1reas aunado a que \u00abno est\u00e1 dentro de ninguna de las excepciones contempladas en el art\u00edculo 45 de la ley en cita, dado que: no se trata de dividir el predio para fines no agr\u00edcolas, tampoco de donaciones para habitaci\u00f3n de familias campesinas, no se pueden considerar los predios resultantes del fraccionamiento como Unidades Agr\u00edcolas Familiares, en tanto que no presentan ninguna condici\u00f3n especial que permita as\u00ed catalogarlas, y mucho menos de adjudicaci\u00f3n en proceso de pertenencia por posesi\u00f3n iniciada antes del 29 de diciembre de 1961\u00bb. Situaci\u00f3n por la cual \u00abel se\u00f1or juez a[l] aprobar la partici\u00f3n cuestionada incurri\u00f3 en una clara v\u00eda de hecho al actuar contra expresa prohibici\u00f3n legal, dado que el predio no puede ser objeto de divisi\u00f3n material\u00bb. <\/p>\n

2.4. Sostiene que se vulner\u00f3 su derecho de defensa por cuanto \u00abhay una indebida notificaci\u00f3n, en la cual se evidencia la mala fe de los demandantes, puesto que ellos, son hermanos de [su] compa\u00f1ero permanente, tios de [sus] hijas y que no [han] perdido contacto con ellos en ning\u00fan momento, debido a que [su] casa ubicada en el corregimiento del alto de la vuelta, est\u00e1 al lado de la CASA del se\u00f1or ULDARICO GUILLEN ROMERO, tambi\u00e9n de una de las casas de JOAQUIN GUILLEN ROMERO, y es paso obligado para llegar al terreno del cual tienen la posesi\u00f3n el se\u00f1or ULDARICO Y FREDY GUILLEN ROMERO, terrenos que est\u00e1n detr\u00e1s del patio de [su] casa, y hac\u00edan parte de las propiedades del se\u00f1or GERM\u00c1N GUILLEN, padre de todos los hermanos GUILLEN ROMERO, cabe anotar los tres hermanos, FREDY, ULDARICO Y JOAQUIN GUILLERMO ROMERO, poseen igual cantidad de tierra, con la diferencia que estas no tienen t\u00edtulo y que en vida de [su] compa\u00f1ero V\u00cdCTOR GERM\u00c1N GUILLEN ROMERO (Q. E. P. D.), convinieron tal repartici\u00f3n, a condici\u00f3n de que VICTOR GERMAN Y ADALBERTO SE QUEDARN EN EL PREDIO DENOMINADO LA VOLUNTAD\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que se declare la nulidad de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2015 por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Valledupar dentro del proceso divisorio adelantado por Fredy Enrique Guillen Romero contra Ra\u00fal Guillen Payares radicado 2009-00455-00 y, en consecuencia, se revoque el trabajo de partici\u00f3n del bien inmueble denominado \u00abla voluntad\u00bb (fls. 1-13). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar inform\u00f3 que a ese despacho fue remitido el expediente objeto de la queja procedente del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa ciudad el cual dict\u00f3 sentencia el 7 de diciembre de 2015, sostuvo que \u00abno existe claridad en cuanto al acto u omisi\u00f3n endilgado a esta c\u00e9lula judicial, pues en el ac\u00e1pite de hechos (n\u00fam. 9) se alude a la negativa del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de levantar la inscripci\u00f3n ordenada, mientras que por otro lado, en la parte denominado \u201cCAUSALES ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD CONTRA LA PRECITADA PROVIDENCIA JUDICIAL\u201d, se alega un error inducido que conllev\u00f3 a la indebida y\/o falta de notificaci\u00f3n de la accionante en calidad de compa\u00f1era permanente del se\u00f1or V\u00edctor Germ\u00e1n Guillen Romero (Q. E. P. D.) \tdentro del presente asunto\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00aben todo caso, las actuaciones desplegadas dentro del tr\u00e1mite judicial que se acusa, se surtieron con apego al debido proceso, sin desmedro de los derechos fundamentales de las partes intervinientes\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue la protecci\u00f3n impetrada toda vez que \u00abno se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho que torne procedente el amparo tutelar deprecado\u00bb (fls. 19 y 20). <\/p>\n

Joaqu\u00edn David Guillen Romero, luego de pronunciarse sobre los hechos de la queja, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que \u00ab[se opone] a todas y cada una de las pretensiones de la tutela debido a que atentan contra el principio constitucional de la cosa juzgada, as\u00ed como que la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo concebido para revivir t\u00e9rminos dejados precluir, puesto que si la accionante consideraba era poseedora del predio debi\u00f3 hacer valer su derecho dentro del proceso o iniciar las acciones judiciales que considerara pertinente, pero una vez definida por la justicia la situaci\u00f3n sobre el predio no le es viable dicha reclamaci\u00f3n\u00bb (fls. 38-46). <\/p>\n

La Registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar (e) efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas tendientes a la inscripci\u00f3n de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2015 dentro del proceso objeto de la queja tr\u00e1mite administrativo que no se ha cumplido en raz\u00f3n a varias causales de devoluci\u00f3n por lo que los interesados ha hecho uso de los recursos de ley para el agotamiento de la v\u00eda gubernativa (fls. 180-185). <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abla acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para lo perseguido, eso es por no haberse demostrado que se hubieren agotado todos los medios legales al alcance para controvertir esa decisi\u00f3n, como lo es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n en contra de la sentencia, ni tampoco con la decisi\u00f3n cuestionada a la parte accionante se le est\u00e9 causando un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, en relaci\u00f3n con la queja entablada contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar precis\u00f3 que la accionante no se encuentra legitimada en la causa para deprecar el levantamiento de la medida cautelar toda vez que no es parte en el proceso objeto de reparo (fls. 171-177). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso la accionante reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y refiriendo que \u00aben [su] calidad de accionante [es] sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional porque [es] v\u00edctima del conflicto armado, y por pertenecer a la tercera edad\u00bb (fls. 236 y 237). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a promover la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Pretende la accionante que mediante este mecanismo excepcional se declare la nulidad de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2015 mediante la cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n dentro del proceso divisorio adelantado por Fredy Enrique Guillen Romero contra Ra\u00fal Guillen Payares radicado 2009-00455-00 y, en consecuencia, se profiera la que en derecho corresponda, toda vez que en dicha determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en defecto material al fraccionarse el predio objeto de debate en unidades por debajo de la Unidad Agr\u00edcola Familiar. <\/p>\n

3. Del examen de las acreditaciones obrantes en el expediente, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Demanda divisoria presentada por Fredy Enrique, Joaqu\u00edn David y Uldarico Jos\u00e9 Guillen Romero contra Raul Guillen Payares, Tirsa Patricia Guillen Suarez, Deimer David Guillen Osorio, Nini Johana Vega Guillen, Norian y Mar\u00eda Victoria Guillen D\u00edaz, en su calidad de herederos determinados y dem\u00e1s herederos indeterminados de los extintos comuneros, Adalberto, Alba Luz y V\u00edctor Germ\u00e1n Guillen Romero (fls. 25-28 cuaderno principal copias). <\/p>\n

b) Auto admisorio de 15 de diciembre de 2009 (fls. 29 y 30). <\/p>\n

c) Providencia de 31 de agosto de 2015 que decret\u00f3 la divisi\u00f3n material del predio denominado \u00abla voluntad\u00bb (fls. 147-154). <\/p>\n

d) Determinaci\u00f3n de 7 de diciembre de 2015 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n (fls. 173 y 174). <\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, la Corte advierte que el amparo resulta improcedente habida cuenta que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada (7 de diciembre de 2015), con la de presentaci\u00f3n de la tutela (8 de noviembre de 2017), supera ampliamente el t\u00e9rmino que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas superiores, lo que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la salvaguarda implorada. <\/p>\n

4.1. Es por eso que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un lapso razonablemente prudencial, de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo tiempo antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo no puede abrirse paso. <\/p>\n

Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).
\nTal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC4175-2015 14 abr. 2015). <\/p>\n

5. De otra parte, en relaci\u00f3n con la queja atinente a que en el proceso divisorio se omiti\u00f3 su debida notificaci\u00f3n cumple se\u00f1alar que el amparo tampoco puede prosperar tal como lo estim\u00f3 el juzgador constitucional de primera instancia, ya que el ordenamiento legal contempla mecanismos alternativos de resguardo erigidos para controvertir los hechos en que soporta la querellante su dolencia, concretamente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (art\u00edculo 354 y concordantes del C\u00f3digo General del Proceso) con el que la quejosa, si lo estima del caso, puede ventilar ante la autoridad competente la anomal\u00eda aqu\u00ed planteada (eso s\u00ed, siempre que se ejercite en oportunidad de cara a la normatividad que regula la materia), o sea, la relativa con presuntamente eludirse su convocaci\u00f3n al pleito rese\u00f1ado en los antecedentes. <\/p>\n

5.1. Por supuesto, no es dable pretender el reemplazo de los instrumentos legales mediante esta v\u00eda, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el competente, seg\u00fan aqu\u00ed se persigue. <\/p>\n

5.2. Esta Corporaci\u00f3n, al pronunciarse relativamente a un asunto que guarda simetr\u00eda con el ahora auscultado, sostuvo que: <\/p>\n

[E]s evidente que concurre la causal de improcedencia contemplada en el Art. 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios ordinarios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la accionante controvertir mediante otro mecanismo legal, concretamente el incidente de nulidad o, en su defecto, el recurso de revisi\u00f3n, los hechos que soportan la queja constitucional, de manera que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aqu\u00ed planteadas, entre ellas, la indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago (CSJ STC, 24 sep. 2008, rad. 00144-01).
\nA la par, determin\u00f3 que: <\/p>\n

Del examen de los fundamentos de la acci\u00f3n y de las copias aportadas, resulta evidente la improcedencia de la acci\u00f3n impetrada, pues el actor, de considerarlo pertinente, puede interponer, entre otros, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n con miras a alegar la eventual falta de citaci\u00f3n al proceso (CSJ STC, 6 ago. 2009, rad. 01304-00). <\/p>\n

[E]l ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten al quejoso controvertir, a trav\u00e9s de alternas sendas jur\u00eddicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, espec\u00edficamente, el recurso de revisi\u00f3n (art\u00edculos 379 a 385 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) con que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aqu\u00ed planteadas, esto es, la falta de notificaci\u00f3n que en su respecto obr\u00f3 del auto admisorio de la demanda (art\u00edculo 380, numeral 7\u00b0, ejusdem), que manifiesta acaeci\u00f3 en el aludido proceso de deslinde y amojonamiento que culmin\u00f3 con sentencia de 9 de junio de 2011, en que fue demandada su difunta esposa (CSJ STC, 29 ago. 2011, rad. 00349-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 5 dic. 2013, rad, 00404-01). <\/p>\n

Semejantemente, puso de presente que: <\/p>\n

[A]dvierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta que el ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten al actor controvertir, a trav\u00e9s de alternas sendas jur\u00eddicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, espec\u00edficamente, el incidente de nulidad (C.P.C., art. 140) y el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (art\u00edculos 379 y sucesivos de la ley civil adjetiva) con que \u00e9l puede poner en conocimiento del funcionario competente la irregularidades aqu\u00ed planteadas, esto es, la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb por no hab\u00e9rsele vinculado a dicho juicio ordinario (CSJ STC12408-2015, 15 sep. 2015, rad. 00273-01). <\/p>\n

6. Finalmente, y en relaci\u00f3n con los argumentos de la impugnaci\u00f3n referentes a que la accionante ostenta la calidad de v\u00edctima de la violencia adem\u00e1s de ser de la tercera edad situaci\u00f3n por la que considerara que es un sujeto de especial protecci\u00f3n, resta se\u00f1alar que est\u00e1 introduciendo un hecho nuevo dado que esa precisa circunstancia no fue planteada desde un principio cual era de esperarse, lo que no es susceptible de ser investigado en esta instancia porque la acci\u00f3n de tutela como medio de defensa de los derechos superiores no obstante caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, entre las que se destaca la prerrogativa del acusado a aducir pruebas y controvertir las allegadas (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a lo expuesto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

[E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00416-01 y CSJ STC1551-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00254-01). <\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1524-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 20001-22-14-002-2017-00313-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). ANTECEDENTES 1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101388","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101388"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101388\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}