{"id":101390,"date":"2026-07-01T17:33:11","date_gmt":"2026-07-01T17:33:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101390"},"modified":"2026-07-01T17:33:11","modified_gmt":"2026-07-01T17:33:11","slug":"stc1526-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1526-2018\/","title":{"rendered":"STC1526-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2017-00382-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Armando Oliveros Bonilla y Mary Tovar Pati\u00f1o contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero y Segundo Civiles Municipales de Pitalito y las partes e intervinientes dentro de los procesos divisorio agrario radicado 2000-00046-00 y verbal 2015-00386-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los gestores, por intermedio de apoderado, demandaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El 4 de mayo de 1990 y el 3 de mayo de 1995 adquirieron, por compra efectuada a Mar\u00eda Teresa Torres Espa\u00f1a, los predios denominados \u00abSan Isidro\u00bb y \u00abEl Remanso\u00bb que se encuentran ubicados en la vereda \u00abEl Higuer\u00f3n\u00bb del municipio de Pitalito (Huila), los cuales hacen parte del predio de mayor extensi\u00f3n llamado \u00abLas Mercedes\u00bb. <\/p>\n

2.2. El 5 de octubre de 2000 Sigifredo Tovar Torres y otros instauraron proceso divisorio en contra de Crist\u00f3bal Alcides Torres Espa\u00f1a y otros respecto del bien \u00abLas Mercedes\u00bb, tr\u00e1mite que fue admitido el 8 de noviembre de 2000 por parte de la c\u00e9lula judicial querellada y en el que contestaron la demanda y alegaron su calidad de propietarios. <\/p>\n

2.3. El 3 de febrero de 2003 se decret\u00f3 el aval\u00fao y venta en p\u00fablica subasta de la propiedad siendo ofertada en varias oportunidades sin que se haya rematado dada la falta de postores. <\/p>\n

2.4. El 27 de agosto de 2015 iniciaron proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica de conformidad con la Ley 1561 de 2012 deprecando la titulaci\u00f3n de los bienes \u00abSan Isidro\u00bb y \u00abEl Remanso\u00bb, siendo admitido el 29 de septiembre siguiente por parte del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito encontr\u00e1ndose en la actualidad en la etapa probatoria. <\/p>\n

2.5. El 27 de marzo de 2017 solicitaron al funcionario cuestionado \u00abla suspensi\u00f3n del proceso divisorio (por prejudicialidad) fundamentados en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, hasta tanto no se conozca el pronunciamiento de fondo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito \u2013Huila sobre el proceso de titulaci\u00f3n No. 386\/2015m, por cuanto los predios pretendidos en titulaci\u00f3n por los accionantes hacen parte del predio de mayor extensi\u00f3n a rematar en el proceso divisorio, menoscabando los derechos adquiridos\u00bb, petici\u00f3n que fuere desatada de forma desfavorable en la diligencia de remate practicada en la referida fecha aduciendo que \u00abel proceso existente (divisorio) , no depende del proceso de titulaci\u00f3n incoado por los solicitantes, tambi\u00e9n menciona el juzgado accionado en sus fundamentos para resolver la solicitud que la parte solicitante que alega la posesi\u00f3n en el proceso de titulaci\u00f3n, no hizo valer su derecho durante la diligencia de secuestro, que la inscripci\u00f3n de la demanda de titulaci\u00f3n es posterior a la inscripci\u00f3n de la demanda de divisi\u00f3n, por tanto, sus pretensiones est\u00e1n subordinadas al proceso divisorio. Y adem\u00e1s, que en el presente caso tampoco se dan las circunstancias del art\u00edculo 161-2 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, determinaci\u00f3n que sostienen debi\u00f3 ser notificada por estados y no en estrados. <\/p>\n

2.6. El 14 de noviembre de 2017 les entregaron copia simple del Oficio No. 2938 de 1 \u00b0 de noviembre de la referida anualidad mediante el cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Pitalito informa que fue comisionado para la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega del predio \u00abLas Mercedes\u00bb y que fue adjudicado a Julio C\u00e9sar Mil\u00e1n Villa, diligencia que se surtir\u00eda el 27 de noviembre posterior. <\/p>\n

3. Pidieron, que se revoque la decisi\u00f3n proferida el 27 de marzo de 2017 y, en consecuencia, se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso divisorio objeto de la queja debiendo el juzgado querellado suspender el tr\u00e1mite hasta tanto no exista pronunciamiento respecto al proceso de titulaci\u00f3n adelantado por los quejosos (fls. 1-14). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

Clara In\u00e9s Salazar Correa inform\u00f3 que fue designada como curadora de las personas indeterminadas dentro del proceso de titulaci\u00f3n adelantado por los accionantes, tr\u00e1mite que se encuentra en la etapa probatoria estando programada diligencia de inspecci\u00f3n judicial para el 25 de enero de 2018 y manifest\u00f3 que \u00abllegado el caso de prosperar esta acci\u00f3n no [se opone] si bien es cierto la accionante est\u00e1 ejerciendo plenamente su derecho consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, y por ser este un procedimiento id\u00f3neo, preferente y sumario la acci\u00f3n de tutela si se encuentra a derecho estar\u00eda llamada a prosperar de lo contrario el proceso continuar\u00e1 su tr\u00e1mite. Adem\u00e1s, se tiene que la misma Corte Constitucional sostiene para cuando se trata de derechos fundamentales la cosa juzgada no constituye un valor absoluto es decir no obsta para que el titular solicite la tutela cuando puede ver su derecho fundamental amenazado\u00bb (fl. 58). <\/p>\n

Sigifredo Tovar Torres, por intermedio de su apoderada, solicit\u00f3 que se deniegue el amparo impetrado en raz\u00f3n a la configuraci\u00f3n de la temeridad por cuanto \u00ablos mismos demandantes ya hab\u00edan presentado una acci\u00f3n de tutela por hechos similares a los que nos ocupan, a la cual se le asign\u00f3 el n\u00famero de radicaci\u00f3n 2017-00080-00, y con la cual no se les concedi\u00f3 el amparo, la cual es exactamente del mismo tenor entre los hechos primero y decimotercero, cambiando \u00fanicamente del hecho d\u00e9cimo cuarto a vig\u00e9simo primero, y modificando la tercera pretensi\u00f3n, siendo las pretensiones primera y cuarta completamente id\u00e9nticas\u00bb (fls. 60-66). <\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito expres\u00f3, que \u00abrespecto a los hechos que sustentan la tutela debo decir que son los mismos que ya hab\u00edan sido expuestos ante su despacho en la acci\u00f3n de tutela interpuesta por los mismos tutelantes en el mes de marzo de 2017 y la cual fuera radicada bajo el n\u00famero 41001-22-14-000-2017-00080-00 [\u2026], encontrando solo como un nuevo argumento el hecho que la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso presentada el d\u00eda 27 de marzo de 2017 y resuelta ese mismo d\u00eda, debi\u00f3 notificarse por estado y no por estrados\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00aben el presente evento no ha vulnerado el debido proceso de la parte tutelante toda vez que la decisi\u00f3n de no suspender el presente proceso al haberse decidido en una audiencia se notific\u00f3 por estrados, sin que se hubiese recurrido la misma oportunamente\u00bb (fl. 69 y vuelto). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00ablos accionantes incurrieron en temeridad al haber ya interpuesto en esta misma Corporaci\u00f3n, una id\u00e9ntica acci\u00f3n, bajo el radicado 2017-00080-00 con fallo del 23 de marzo de 2017, como quiera que existe i) identidad de partes, teniendo en cuenta que en los asuntos referidos los accionantes promueven las acciones de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (H.), ii) identidad de hechos: la acci\u00f3n se fundamenta en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica, referente a la adquisici\u00f3n los predios denominado "San Isidro" y "El Remanso", pertenecientes a uno de mayor extensi\u00f3n llamado "Las Mercedes": as\u00ed como, al tr\u00e1mite del proceso divisorio y posteriormente el especial de Titulaci\u00f3n, iniciados por los accionantes: que en raz\u00f3n de \u00e9ste \u00faltimo, solicitaron al juzgado accionado la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate programada al interior del proceso Divisorio, sin que el juzgado haya accedido a dicha solicitud: por lo que se observa que en ambas acciones, \u00e9stos atacan dicha decisi\u00f3n, advirti\u00e9ndose que en la primera acci\u00f3n constitucional, argumentaron que la negativa se gener\u00f3, porque presuntamente el despacho determin\u00f3 que no eran parte del proceso y no estaban legitimados para solicitarla, mientras que en la presente acci\u00f3n, se\u00f1alan que el juzgado si fall\u00f3 de fondo su solicitud, pero con argumentos errados tales como que no alegaron la posesi\u00f3n durante la diligencia de secuestro o que la inscripci\u00f3n de la demanda de titulaci\u00f3n es posterior a la inscripci\u00f3n de la demanda de divisi\u00f3n, adicionando para esta oportunidad, que el juzgado aparentemente notific\u00f3 indebidamente dicha decisi\u00f3n, ya que deb\u00eda ser en estado y no en estrado\u00bb. <\/p>\n

De igual forma encontr\u00f3 igualdad en las pretensiones por cuanto \u00aben ambas solicitudes el actor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la propiedad, pretendiendo que se deje sin efecto la decisi\u00f3n del juzgado accionado mediante el cual no se accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate, solicitando que se ordene suspender el proceso divisorio, hasta tanto haya pronunciamiento de fondo en el proceso de titulaci\u00f3n de la propiedad\u00bb as\u00ed como la ausencia de justificaci\u00f3n en la presentaci\u00f3n de la nueva demanda la que resulta \u00abvinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista: se destaca en primer lugar que los accionantes en ning\u00fan momento informaron haber interpuesto una acci\u00f3n constitucional con hechos similares, por lo que en la presente no justificaron las razones de la nueva interposici\u00f3n, situaci\u00f3n que es reprochable, m\u00e1xime cuando en ambas acciones, actuaron representados por el mismo profesional del derecho\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3, \u00abla inexistencia de un hecho sobreviniente que suponga la necesidad reinterpretar lo valorado en la primera acci\u00f3n constitucional, y as\u00ed justifique la activaci\u00f3n de este medio expedito, toda vez que los accionantes siguen atacando la misma providencia, variando algunas alegaciones formuladas, que beben del mismo supuesto factico, cual es, la denegatoria de la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abla accionante ha abusado de su derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues detr\u00e1s de la presentaci\u00f3n de ambas acciones constitucionales, se devela una actuaci\u00f3n dirigida al ocultamiento de la instauraci\u00f3n previa de la acci\u00f3n constitucional descubierta por denuncia del despacho judicial accionado y del extremo vinculado, tal reserva no le estaba permitida al litigante, cuando la reactivaci\u00f3n injustificada del medio de protecci\u00f3n conlleva tan serias implicaciones, circunstancia que corresponde poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria del ejercicio profesional del derecho, para que establezca el m\u00e9rito para imponer los correctivos legales que prev\u00e9 el inciso 2 del art\u00edculo 38 del Derecho 2591 de 1991\u00bb (fls. 89-96).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el apoderado judicial de los accionantes argumentando, en s\u00edntesis, que el juzgador de primer grado \u00abse limit\u00f3 \u00fanica y exclusivamente a tomar la decisi\u00f3n frente a la contestaci\u00f3n de tutela y a las excepciones presentadas por el apoderado de una de las partes (SIGIFREDO TOVAR TORRES), por consiguiente la sentencia se torna incongruente, teniendo en cuenta que: a) no se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de la petici\u00f3n de los accionantes; b) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar a los agraviados el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, en contra de decisiones judiciales por v\u00eda de hecho, ya que si existi\u00f3 un hecho nuevo que motiv\u00f3 la acci\u00f3n aqu\u00ed impugnada y que a toda vista lesiona m\u00e1s los derechos fundamentales [de] los actores, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb (fls. 104-107). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a promover la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Observada la queja, se evidencia que los accionantes pretenden que se revoque el auto proferido el 27 de marzo de 2017 mediante el cual el despacho encartado neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, en consecuencia, que se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene al juzgado querellado que se pronuncie nuevamente respecto a la petici\u00f3n de \u00absuspensi\u00f3n del proceso\u00bb, refiriendo lo anterior a un defecto procedimental. <\/p>\n

3. Del examen de las acreditaciones obrantes en el expediente, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Escrito presentado el 27 de marzo de 2017 por el apoderado judicial de los accionantes mediante el cual solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso de conformidad con lo establecido en el numeral 1\u00b0, del art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abhasta tanto no se resuelva de fondo el proceso de titulaci\u00f3n No. 386\/2015\u00bb (fls. 17 y 18 cuaderno tribunal). <\/p>\n

b) Acta de la diligencia de remate practicada el 27 de marzo de 2017 en la que no hubo postura siendo declarada desierta la licitaci\u00f3n, audiencia en la que se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso al considerar que \u00abel proceso existente no depende del proceso de titulaci\u00f3n que ha iniciado sobre parte del predio que es objeto de remate, toda vez que en el mismo, quienes inician la acci\u00f3n, son unos propietarios contra la totalidad de los mismos. Es decir, quienes demandan son titulares del predio que se va a rematar y su derecho no est\u00e1 en discusi\u00f3n, dado que as\u00ed se demuestra con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, estim\u00f3 que \u00abla parte que alega posesi\u00f3n sobre parte del mismo a trav\u00e9s del proceso de titulaci\u00f3n no hizo valer su derecho durante la diligencia de secuestro. Tambi\u00e9n su inscripci\u00f3n de la demanda de titulaci\u00f3n es posterior a la inscripci\u00f3n de la demanda de divisi\u00f3n, por lo tanto, sus pretensiones est\u00e1n subordinadas al proceso divisorio. Y, adem\u00e1s, en el presente caso tampoco se dan las circunstancias del art\u00edculo 161-2 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (fl. 19 y vuelto). <\/p>\n

c) Fallo de tutela proferido en primera instancia el 23 de marzo de 2017 en el que se deneg\u00f3 el amparo impetrado por Jos\u00e9 Armando Oliveros Bonilla y Mary Tovar Pati\u00f1o (aqu\u00ed accionantes) (fls. 83-88). <\/p>\n

d) Providencia de 11 de mayo de 2017 a trav\u00e9s de la cual esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado (fls. 5-13 cuaderno Corte). <\/p>\n

4. Analizado lo anterior, de entrada advierte la Sala que el amparo deprecado no puede prosperar comoquiera que examinados los fundamentos de la queja planteada y las pruebas allegadas, observa la Corte, que respecto a la petici\u00f3n que aqu\u00ed se trata, concurre la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, puesto que con anterioridad se instaur\u00f3 otra en contra del mismo accionado, soportada en iguales hechos y con id\u00e9ntica pretensi\u00f3n. <\/p>\n

4.1. En efecto, los promotores de este amparo formularon una solicitud ante el a quo constitucional basada en que la autoridad judicial querellada se niega a suspender el proceso divisorio hasta tanto se resuelva el proceso de titulaci\u00f3n por ellos adelantado, la cual fue negada con fallo de 23 de marzo de 2017 al considerar que \u00abse advierte la ausencia del agotamiento de todos los mecanismos ordinarios de defensa, pues contra la decisi\u00f3n que se rese\u00f1a desatenta del derecho fundamental invocado, proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, el cual no fue interpuesto, tal requisito que se predica riguroso por cuanto al intervenirse en los procesos judiciales a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, ello desafuera la competencia de los jueces de la Rep\u00fablica para dirigir y decidir los juicios puestos a su conocimiento, facultad esta de orden constitucional y de raigambre estructural de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, que se impone extraordinario\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abal encontrar que el actor [sic] tuvo a su alcance los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador para proteger sus derechos y que actualmente se encuentra en manos del juez competente para ejercer su derecho de defensa, el que en ning\u00fan momento le fue restringido, no puede predicarse una afectaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, siendo la raz\u00f3n por la cual la acci\u00f3n se torna improcedente; pues una valoraci\u00f3n contraria nos llevar\u00eda a que se tomara la tutela como un medio para desplazar las competencias ordinarias del juez natural del caso, lo que de suyo desnaturaliza la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Determinaci\u00f3n que fue confirmada por esta Sala el 11 de mayo de 2017, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

Analizado lo anterior advierte al sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se cumpli\u00f3 con el principio de subsidiariedad teniendo en cuenta que los quejosos no presentaron recurso de reposici\u00f3n contra los prove\u00eddos mediante los cuales el juzgador encartado fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la diligencia de remate (3 de febrero de 2016), neg\u00f3 la suspensi\u00f3n de la misma (26 de enero de 2017), no accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n del proceso (27 de marzo de 2017), por lo que se observa que desperdiciaron la oportunidad con la que contaban para exponer los reclamos que ahora invocan por este mecanismo excepcional, por lo tanto, desde\u00f1aron la ocasi\u00f3n de intervenir en defensa de sus intereses dejando fenecer el tiempo procesal para que les fuera revisado su desconcierto. <\/p>\n

4.2. As\u00ed las cosas, observa la Corte, que los peticionarios acudieron nuevamente a este medio excepcional, conducta que raya en abuso del ejercicio de la salvaguarda impetrada, por lo que el amparo no puede prosperar, toda vez que, como qued\u00f3 rese\u00f1ado, en oportunidad anterior presentaron acci\u00f3n de tutela contra el mismo despacho judicial y por iguales circunstancias a las ahora expuestas, deprecando que se suspendiera el proceso divisorio objeto de la queja hasta tanto no se resolviera el juicio de \u00abtitulaci\u00f3n\u00bb por ellos promovido, circunstancia que resulta id\u00e9ntica a la ahora puesta en conocimiento, situaci\u00f3n que torna impr\u00f3spero el amparo deprecado. <\/p>\n

Sobre el particular, ha precisado la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

cuando ocurre la temeridad en la norma antes citada, [debe examinarse] si la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (ver entre otras, CSJ STC 20 en. 2011, rad. 2010-02154-00). <\/p>\n

5. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2017-00382-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}