{"id":101394,"date":"2026-07-01T17:33:50","date_gmt":"2026-07-01T17:33:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101394"},"modified":"2026-07-01T17:33:50","modified_gmt":"2026-07-01T17:33:50","slug":"stc1530-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1530-2018\/","title":{"rendered":"STC1530-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1530-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2017-00270-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Ariel Cuevas L\u00f3pez contra el Juzgado Catorce de Familia de esa urbe, vincul\u00e1ndose los intervinientes dentro del proceso que ocupa el estudio de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, defensa y propiedad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que adelant\u00f3 contra Adriana Yulieth Aguilar Garc\u00eda, bajo radicado No. 2012-00490. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que dentro del proceso de marras, el 10 de octubre de 2017 se llev\u00f3 a cabo diligencia de inventarios y aval\u00faos, y \u00abal advertir la jueza accionada, la ausencia de la demandada y su apoderado judicial, aplaz[\u00f3] la audiencia sin justa causa, alega[ndo] como causal la "falta de linderos del predio" a sabiendas que un predio urbano, totalmente Identificado por su nomenclatura, n\u00famero de escritura p\u00fablica y folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, vulnerando el art\u00edculo 83 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n

2.2. Manifest\u00f3 que el 21 de noviembre de 2017, se reanud\u00f3 la referida audiencia y \u00abla Jueza […] al notar nuevamente la ausencia del apoderado y la demandada, tom\u00f3 la decisi\u00f3n [\u2026] arbitrar\u00eda [de] excluir de los inventarios y aval\u00faos, en la partida de activos, los frutos causados correspondiente al rendimiento de 4 apartamentos y un local comercial, que la demandada ininterrumpidamente ha recaudado en los \u00faltimos 5 a\u00f1os\u00bb; dicha partida de conformidad con el art\u00edculo 501 del C.G.P deb\u00eda ser aceptada u objetada por la contraparte. <\/p>\n

2.3. Adujo que la jueza \u00abno solo exclu[y\u00f3] los frutos sino que adem\u00e1s, neg\u00f3 la prueba solicitada [\u2026] sobre la real existencia de los frutos, ya que la prueba pidiendo oficiar a la Cooperativa Coogranada, era con el prop\u00f3sito de conocer el estado de los dineros all\u00ed depositados por la demandada, en raz\u00f3n a que ni los bancos, ni el sistema financiero en general, da ese tipo de informaci\u00f3n a terceros, solo a la autoridad competente, en \u00e9ste caso el juzgado\u00bb accionado. Dentro de la oportunidad procesal, interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, los que fueron negados en estrados \u00absin una sustentaci\u00f3n t\u00e9cnica ni jur\u00eddica que soportara en derecho su actuar\u00bb. <\/p>\n

2.4. Se\u00f1al\u00f3 que \u00abante acciones de la demandada de detrimento al patrimonio social, al dejar de pagar en forma deliberada el impuesto predial y megaobras por valor de ochenta y dos millones de pesos, y la no entrega de los frutos, la jueza accionada, exoner\u00f3 a la demandada de la responsabilidad de restituir los frutos de los inmuebles, violando el debido proceso al desconocer y no aplicar\u00bb la normatividad civil colombiana, que \u00aben esencia indica que los frutos deben ser restituidos y divididos en el proceso de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abdejar sin efecto el auto de 21 de noviembre de 2017\u00bb; as\u00ed mismo, ordenar al despacho encartado se \u00absirva incluir la partida segunda del activo social presentada en la audiencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb, es decir \u00abque se restituyan, se liquiden y se dividan los c\u00e1nones de arrendamientos percibidos y recaudados por la se\u00f1ora adriana yulieth aguilar garc\u00eda, entre el 6 de septiembre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2017\u00bb (fls. 41-54 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO. <\/p>\n

La titular del despacho encartado, manifest\u00f3, en primer t\u00e9rmino que \u00abla diligencia de inventarios y aval\u00faos programada para el pasado 10 de octubre de la calenda, se suspendi\u00f3 en raz\u00f3n a que el apoderado judicial de la parte actora, no present\u00f3 los inventarios con los requisitos y ritualismos que establece la ley [\u2026] situaci\u00f3n que no fue desconocida por la parte interviniente [\u2026], se dispuso programar nueva calenda y hora para la celebraci\u00f3n de la fallida diligencia, prove\u00eddo respecto del cual no se hizo ninguna manifestaci\u00f3n de inconformidad\u00bb, en segundo lugar, dijo que en la diligencia de 21 de noviembre de 2017, \u00abse excluy\u00f3 la partida segunda de los activos correspondientes a c\u00e1nones de arrendamientos de los que dijo la parte acudiente a la diligencia, que hab\u00edan sido percibidos por la parte pasiva, entre el 6 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2017, consider\u00f3 el despacho en su momento, que la parte interesada le correspond\u00eda enlistar los bienes y aportar la indicaci\u00f3n espec\u00edfica de donde se encuentran los dineros, pues no bastaba con hacer una simple manifestaci\u00f3n de la existencia de los dineros, pues aunado a ello, era una carga indicar, exactamente, donde estaban capitalizados los mismos. Lo anterior no significa que se desconozca que esos bienes puedan hacer parte de la sociedad patrimonial, s\u00f3lo que su relaci\u00f3n debe estar acompasado a unos lineamientos m\u00ednimos que de no cumplirse, dar\u00eda al traste a otras actuaciones, como lo es, la etapa de partici\u00f3n. As\u00ed mismo, se puso de presente que una vez se conozca el paradero de lo que pretend\u00eda inventariar, la parte interesada pod\u00eda incluirlos a trav\u00e9s de los mecanismos que ofrece la ley\u00bb. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que en esa audiencia se dispuso a \u00abdecretar la partici\u00f3n dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial y nombr\u00f3 partidora [\u2026] lo que no fue objeto de reparo\u00bb (fls. 102-104 Ibidem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, aduciendo por una parte que \u00abrespecto del auto No 744 del 10 de octubre de 2017, no sucede lo mismo, en tanto, no se cumple con el segundo de los requisitos generales de procedibilidad, esto es, que se hayan agotado todos los medios-ordinarios y extraordinarios-de defensa judicial al alcance de la persona afectada; en la medida, que no se observa que el actor haya Interpuso recurso ordinario alguno contra dicha decisi\u00f3n, a pesar de ser susceptible el mentado auto del recurso de reposici\u00f3n, tal como lo dispone el art\u00edculo 318 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n

Frente al auto dictado el 21 de noviembre, manifest\u00f3 que \u00abdi\u00e1fano refulge de las decisiones contenidas en la providencia judicial confutada, que las mismas no son arbitrarias ni caprichosas, pues gozan de un claro sustento jur\u00eddico, en tanto, el art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil dispone que " El haber de la sociedad conyugal se compone: (…) 2.) De todos los frutos, r\u00e9ditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los c\u00f3nyuges y que se devenguen durante el matrimonio". Por tanto, los frutos que pertenecen a la sociedad patrimonial deber\u00e1n ser tenidos en cuenta al momento de su liquidaci\u00f3n si existieran\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, \u00abdebe tenerse en cuenta, adem\u00e1s de lo expuesto por la jueza que en lo pertinente a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o patrimonial (arts. 1821 y 1832 C.C.), es procedente aplicar algunas disposiciones del proceso de sucesi\u00f3n, normas dentro de las cuales se ha puesto de presente que los frutos generados disuelta la sociedad patrimonial no son inventariables\u00bb, dijo que \u00absi la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes existi\u00f3 entre el 16 de marzo de 1996 y el 7 de julio de 2011, seg\u00fan sentencia ejecutoriada, proferida el 06 de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero de Familia de Cali, y se pretende incluir en el inventario los frutos civiles generados por bienes sociales, despu\u00e9s del 6 de septiembre de 2012, una vez disuelta la sociedad de gananciales, ha de tenerse en cuenta que mientras perdure la indivisi\u00f3n, estos corresponden a cada comunero sin necesidad de inventariarlos. Por ende, si alguno de los socios se ha beneficiado de la totalidad de esos dineros, le corresponde al otro copropietario o comunero de los inmuebles, proceder a trav\u00e9s de la v\u00eda procesal prevista por el legislador para obtener el reintegro o pago de la cuota por frutos que le corresponde, v\u00eda que para el caso concreto no es el tr\u00e1mite liquidatorio\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00abfrente a la solicitud probatoria elevada por el actor, a fin de que el Juzgado oficiara a la cooperativa San Pio X Coogranada para conocer el estado de los dineros depositados por ese concepto a la cuenta de ahorros a nombre de la se\u00f1ora Adriana Yulieth Aguilar Garc\u00eda, ind\u00edquesele al actor, que tal como lo se\u00f1al\u00f3 la jueza de conocimiento, el art\u00edculo 173 de( C.G.P, dispone que "El juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente"; y para el sub judice, no se encuentra probado siquiera sumariamente, que dicha petici\u00f3n se haya elevado por parte del actor ante la mentada Cooperativa y no hubiese sido atendida; por lo que la abstenci\u00f3n de la falladora de ordenar la pr\u00e1ctica de dicha prueba, contrario a lo manifestado por el promotor del amparo, si se encuentra debidamente fundada\u00bb (fls. 106-111 Idem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, alegando que el Tribunal \u00abesgrime como Argumento para Negar la Tutela, que no se prueba la existencia de los Frutos, cuando \u00e9ste concepto Jur\u00eddico, no se puede asimilar como si tratara de remanentes econ\u00f3micos depositados en un CDT, o dineros en una cuenta de Ahorros y\/o Corriente, que est\u00e1n a la vista esperando ser retirados por el socio. Por el contrario, son percibidos por la sra. Adriana Aguilar y los sustrae de la sociedad defraud\u00e1ndola como hasta fecha sucede. Impone un supuesto f[\u00e1]ctico, para el reconocimiento de los frutos, que se debe tener el conocimiento de la existencia de la cuenta donde se consignaron dichos frutos, de la prueba de ello, de lo contrario, no existen los frutos. Posici\u00f3n contraria al Derecho, a lo establecido por el C\u00f3digo Civil Colombiano, en los art\u00edculos ya citados. Por \u00faltimo, si NO est\u00e1n reconocidos los frutos, como hace el partidor para indicar el monto de la restituci\u00f3n por frutos, que el socio debe restituir a la sociedad patrimonial para que le sea entregada la parte al socio que no se ha beneficiado de ella y que por ley le corresponde\u00bb (fls. 118-126 Ibid.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el gestor se revoque el auto No. 923 de 21 de noviembre de 2017, que resolvi\u00f3 aprobar los inventarios y aval\u00faos de la sociedad patrimonial, al considerar que el despacho encartado incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo\u00bb. <\/p>\n

a) Sentencia de 6 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Cali, que resolvi\u00f3 declarar la \u00abexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre los compa\u00f1eros permanentes, conformada por la se\u00f1ora ADRIANA YULIETH AGUILAR GARC\u00cdA y el se\u00f1or JOS\u00c9 ARIEL CUEVAS L\u00d3PEZ, la cual inici\u00f3 en marzo de 1996 y termin\u00f3 en junio de 2011. DECLARAR la existencia de la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes […] que inici\u00f3 en marzo 16 de 1996 y termin\u00f3 en julio 7 de 2011. DECLARAR DISUELTA y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad patrimonial\u00bb (fls. 29-37 C.1). <\/p>\n

b) Auto de 9 de febrero de 2017, dictado por el Juzgado Catorce convocado, que orden\u00f3 realizar la publicaci\u00f3n del edicto emplazatorio a los acreedores de la sociedad patrimonial Cuevas-Aguilar (fls. 70-71 Ibidem). <\/p>\n

c) Prove\u00eddo de 5 de septiembre del a\u00f1o anterior, en que se fij\u00f3 la fecha para realizar la diligencia de inventarios y aval\u00faos para el d\u00eda 10 de octubre de ese a\u00f1o (fl. 72 Idem). <\/p>\n

d) Escrito radicado el 10 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, por medio del cual el aqu\u00ed gestor, a trav\u00e9s de apoderado, present\u00f3 los inventarios y aval\u00faos de la sociedad patrimonial en estado de liquidaci\u00f3n (fls. 73-77 Ibid.). <\/p>\n

e) Acta de la audiencia llevada a cabo el d\u00eda 10 de octubre, misma que fue suspendida y reprogramada para el d\u00eda 21 de noviembre de 2017 (fls. 84-85 Ib.). <\/p>\n

f) Constancia de la diligencia llevada a cabo el 21 de noviembre de 2017, en la que se dict\u00f3 el auto No. 923, resolviendo:
\n\u00abprimero: aprobar los inventarios y aval\u00faos de la sociedad patrimonial cuevas-aguilar en el siguiente sentido:
\nactivos: primera partida. Inmueble ubicado en la carrera 66b No. 2B-55 del barrio El Refugio de la ciudad de Cali, se identific\u00f3 con matr\u00edcula inmobiliaria 370-69725 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, con el siguiente aval\u00fao catastral por valor de $423.012.000.
\npasivos. Impuesto predial y Megaobras del inmueble ubicado en la Carrera 66 B No. 2B-55 del barrio el Refugio, con matricula inmobiliaria 370-69725 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, por los siguientes valores: Impuesto predial por valor de $69.028.391 y Megaobras por valor de $13.358.370.
\nsegundo. excluir la partida segunda de los activos relacionada con los c\u00e1nones de arrendamientos percibidos y recaudados presuntamente por la se\u00f1ora adriana yulieth aguilar garcia entre el 6 de septiembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2017, por las razones que el Despacho indic\u00f3 con antelaci\u00f3n\u00bb (fls. 87 y 88 Id.). <\/p>\n

4. En cuanto concierne con la disconformidad planteada relativamente al auto No. 923, proferido en la audiencia de 21 de noviembre de 2017, que resolvi\u00f3 \u00abaprobar los inventarios y aval\u00faos de la sociedad patrimonial cuevas-aguilar\u00bb, cabe referir que no hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada. <\/p>\n

4.1. Lo anterior en vista que all\u00ed consider\u00f3, entre otras reflexiones, que \u00abel apoderado de la parte demandante nos pide en esta diligencia dentro del activo en la partida segunda, unos c\u00e1nones de arrendamiento percibidos seg\u00fan su dicho, entre el 6 de septiembre de 2012 y el 30 de septiembre 2017, y que esos frutos fueron percibidos por la actividad productiva que genera el inmueble relacionado en la partida primera; si bien el despacho no desconoce que los frutos deben hacer parte de la sociedad conyugal, y en ese entendido deben ser adjudicados por partes iguales, lo cierto es que el despacho y la norma son muy claros para determinar cu\u00e1les son los pasos a seguir para que sean tenidos en cuenta. La parte solicita que se oficie a la Cooperativa Coogranada, pero se supone que a la parte interesada en enlistar esos dineros, por concepto de frutos, le corresponde aportar la indicaci\u00f3n espec\u00edfica de donde est\u00e1n esos dineros. No basta con indicar que esos bienes son productivos, porque tiene unos apartamentos y un local comercial, y con ocasi\u00f3n a esto genera renta, porque lo que pide la norma es indicar el lugar exacto de donde se encuentran esos dineros, porque si ya han sido gastados, no puede hacer parte de la sociedad conyugal, si la aceptara, y ni siquiera existen, y si a su parte le corresponde esa partida, usted se ver\u00eda afectado\u00bb. <\/p>\n

Reiter\u00f3 que \u00abse debe especificar e indicar el lugar donde se encuentran los bienes, pues siempre han sido claras las normas para enlistar bienes y deudas sociales, en este momento se debe excluir la partida segunda. No obstante la parte deber\u00e1 o podr\u00e1 hacer uso de los recursos cuando tenga la informaci\u00f3n precisa. El despacho negar\u00e1 la solicitud probatoria, basado en el art. 173 del CGP [\u2026]. El despacho por lo pronto se abstiene de decretar esa prueba y la parte tiene a su mano la herramienta para que en su momento pueda enlistar los bienes para que se puedan inventariar\u00bb. <\/p>\n

Frente a la decisi\u00f3n anterior, el aqu\u00ed gestor interpuso recurso de reposici\u00f3n, aduciendo que \u00aben cuanto al numeral segundo donde se excluyen del activo de frutos, efectivamente se debe tener al menos la prueba de que se ha intentado acceder a dicha prueba, sin embargo, hay que decirle al despacho que en ese momento su representado, no ten\u00eda dicha prueba, pero acaba de comunicarle que encontr\u00f3 el documento con la constancia donde solicit\u00f3 a la Cooperativa ese documento, por lo que se solicita a la se\u00f1ora Juez se permita aportar el referido documento\u00bb. <\/p>\n

Y la jueza recriminada, decidi\u00f3 \u00abniega el recurso de reposici\u00f3n y niega dar tr\u00e1mite la apelaci\u00f3n. Es claro que la ley dice que para efectos de inventariar unos bien que se reputan como propios de la sociedad patrimonial, debe enmarcarse bajo unos requisitos. Dice el art. 1\u00ba del D. 1730 de 2009, que se precisar\u00e1 \u201cen relaci\u00f3n con cada uno de los bienes, tanto en el inventario como en el aval\u00fao se precisar\u00e1n la naturaleza jur\u00eddica que les corresponden, as\u00ed como el lugar en que se encuentran y los datos que permitan su identificaci\u00f3n o registro, tales como sexo, marca, modelo, a\u00f1o de fabricaci\u00f3n, n\u00famero de registro, color y caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas, seg\u00fan lo que corresponda a cada cosa o derecho\u201d, resulta que con la informaci\u00f3n aportada por la parte, no es suficiente para efectos de identificar la partida que se pretende relacionar, porque a pesar de que se da cuenta de unos frutos ocasionados, no se indica en donde est\u00e1n capitalizados esos recursos\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que \u00abluego, c\u00f3mo se permite este despacho que se ingrese algo que ni siquiera sabe que exista. Y no solo porque asegure que seguramente se recibieron por la contraparte, ello no resulta cierto que los dineros existan. C\u00f3mo se van a desarrollar las etapas siguientes, por ejemplo la partici\u00f3n, ello no obstante el abogado tiene otra oportunidad de incluir estos viernes, en etapas posteriores puede incluir el bien. La ley es muy clara y dice que en este momento que cuando se trate de obtener informaci\u00f3n, que la parte puede obtener de manera directa, debe acudir a ello, y aqu\u00ed no se acredit\u00f3 ni siquiera sumariamente\u00bb (fls. 87-88 C.D.) <\/p>\n

4.2. De acuerdo con lo anotado, se advierte que contrastada la situaci\u00f3n desarrollada y la normativa aplicada, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituye defecto procedimental, f\u00e1ctico ni sustantivo, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida resoluci\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de excluir de los inventarios y aval\u00faos lo relacionado a los c\u00e1nones de arrendamiento percibidos y recaudados presuntamente por la se\u00f1ora Adriana Yulieth Aguilar Garc\u00eda, es un proceder que no se estima arbitrario ni subjetivo. <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que la jueza recriminada hizo alusi\u00f3n a las normas que regulan el preciso t\u00f3pico, en especial al Decreto 1730 de 2009, que en su art\u00edculo primero establece que se debe precisar \u00abel lugar donde se encuentren los bienes y los datos que permitan su identificaci\u00f3n\u00bb, por lo que en el asunto sub lite el despacho consider\u00f3 que no se cumpli\u00f3 con lo previsto por la norma, am\u00e9n que tampoco cumpli\u00f3 con la carga de obtener la prueba a la que aludi\u00f3 en la referida audiencia, tendiente a demostrar el valor de los supuestos c\u00e1nones que pretend\u00eda inventariar en la diligencia, tal como qued\u00f3 all\u00ed consignado. <\/p>\n

Por tanto, se advierte que el argumento de la tutelista en ese sentido decae de suyo, pues no prob\u00f3 lo que aleg\u00f3, quedando sujeto al labor\u00edo que ejerci\u00f3 el despacho encartado, en tanto que fue lo que se acredit\u00f3 dentro de la audiencia de aprobaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, por lo que las aserciones elevadas por la c\u00e9lula judicial querellada, encierran una postura interpretativa que no es abierta y ostensiblemente arbitraria, por lo que no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental. <\/p>\n

5. Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n"\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/p>\n

5.1. Sumado a lo anterior, esta Sala ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1530-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2017-00270-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101394","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101394"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101394\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}