{"id":101396,"date":"2026-07-01T17:34:06","date_gmt":"2026-07-01T17:34:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101396"},"modified":"2026-07-01T17:34:06","modified_gmt":"2026-07-01T17:34:06","slug":"stc1532-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1532-2018\/","title":{"rendered":"STC1532-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1532-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-01252-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Judith Aponte Salazar contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa urbe, vincul\u00e1ndose a Gerardo Aponte Salazar y al Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro del juicio de ejecutivo hipotecario que junto al se\u00f1or Gerardo Aponte Salazar, le adelant\u00f3 el banco Colpatria S.A. bajo radicado No. 2014-00375. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que dentro del proceso de marras, se present\u00f3 ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn el 30 de junio de 2016 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago. <\/p>\n

2.2. El referido incidente fue fundado en que no se enter\u00f3 del proceso que se adelantaba en su contra porque nunca ha vivido en Medell\u00edn y la notificaci\u00f3n fue recibida por su hermano, Gerardo Aponte Salazar, quien \u00abha estado domiciliado y reside en Medell\u00edn desde hace 34 a\u00f1os\u00bb, adem\u00e1s no tiene contacto por \u00abdiscrepancias de \u00edndole familiar y personal\u00bb. <\/p>\n

2.3. Adujo que el 30 de junio de 2016, solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado por haber incurrido en indebida notificaci\u00f3n, y el despacho encartado, en auto de 19 de octubre de 2016, neg\u00f3 la solicitud de nulidad, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.4. Manifest\u00f3 que el despacho encartado mantuvo la decisi\u00f3n y la alzada fue conocida por el Juzgado Segundo Civil de Ejecuci\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn, quien en prove\u00eddo de 3 de octubre de 2017, concluy\u00f3 que no se present\u00f3 irregularidad en la notificaci\u00f3n en comento, por lo que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n

2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y no valor\u00f3 las pruebas que demostraban que la codemandada siempre ha vivido en Bogot\u00e1, y no en Medell\u00edn. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse revoque la providencia\u00bb dictada el 3 de octubre de 2017, al considerar que se configur\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n dentro del asunto de marras. (fls. 1-14 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO. <\/p>\n

El Juzgado Segundo civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso por \u00abel recurso de apelaci\u00f3n que fue repartido a este despacho resolvi\u00e9ndolo mediante providencia de 3 de octubre del a\u00f1o en curso, confirmando el auto apelado y ordenando que por intermedio de la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Medell\u00edn, se remitiera el expediente al Juzgado de origen una vez se encontrara en firme\u00bb (fl. 65 Ibidem). <\/p>\n

El banco Colpatria S.A., se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos se\u00f1ores ALBA JUDITH Y GERARDO APONTE SALAZAR ya hab\u00edan promovido acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos que ahora elevan ante su digno despacho [\u2026] la cual fue negada por improcedente mediante sentencia proferida el d\u00eda 16 de noviembre de 2017\u00bb, adem\u00e1s que no se ha vulnerado derecho alguno a la accionante, toda vez, que se han resuelto todos los recursos que legalmente se interpusieron, garantiz\u00e1ndosele todas las garant\u00edas por parte de los Juzgados que intervinieron en el proceso (fls. 73-78 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, aduciendo que \u00abindependientemente de la posici\u00f3n que pudiere asumir si lo hiciera como Juez ordinario, no encuentra arbitrariedad ni capricho en el proceder del Juzgado accionado, toda vez que su pronunciamiento se bas\u00f3 en una interpretaci\u00f3n normativa y probatoria, l\u00f3gica, razonada, coherente y arm\u00f3nica con la jurisprudencia y la doctrina, en lo atinente con la notificaci\u00f3n personal y por aviso, diferenciando el lugar de domicilio con el lugar de residencia de la codemandada – accionante\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abel Juzgado cumpli\u00f3 estrictamente con lo reglado por los art\u00edculos 291 y 292 del CGP, puesto que enunciada la direcci\u00f3n de la codemandada por parte de la entidad demandante, remitida la citaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n personal y luego el aviso de notificaci\u00f3n personal sin que los mismos fueren devueltos "…con la anotaci\u00f3n de que la direcci\u00f3n no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar…", se cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite legal y sustancial que tiene que ver con la notificaci\u00f3n personal de la demandada – hoy accionante\u00bb (fls. 95-101 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa, alegando que \u00abdebo presumir, con contrariedad, que el Se\u00f1or Juez no examin\u00f3 mis argumentos acerca de la conducta omisiva por parte del juzgado segundo civil municipal de ejecuci\u00f3n de sentencias, respecto a la notificaci\u00f3n realizada por la apoderada de Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. desconociendo el numeral octavo del c\u00f3digo general del proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando se present\u00f3 la prueba que la se\u00f1orita Alba Judith Aponte Salazar NO ESTA DOMICILIADA NI RESIDENCIADA EN LA CIUDAD DE MEDELL\u00cdN, esto es, NO VIVE NI LABORA, que si bien la primera notificaci\u00f3n la recibi\u00f3 el se\u00f1or GERARDO APONTE SALAZAR, por ser parte del proceso le advirti\u00f3 al empleado de servientrega que la se\u00f1ora ALBA JUDITH viv\u00eda para entonces en Bogot\u00e1, y sigue viviendo en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., y en la notificaci\u00f3n por aviso aplican otra actuaci\u00f3n torticera dejando la notificaci\u00f3n donde un vecino de la residencia del se\u00f1or GERARDO APONTE, vulnerando el debido proceso, por tal raz\u00f3n bajo ninguna premisa acepto su hip\u00f3tesis que se debi\u00f3 haber avisado al juzgado cuando la carga de la responsabilidad la tiene la persona que notifica y no el notificado, por lo tanto debe tener en cuenta que la ley indica con nombre propio NOTIFICACI\u00d3N PERSONAL, esto es, a la residencia o domicilio exacto de la persona a quien se quiere notificar y no se realiz\u00f3 este procedimiento\u00bb (fls. 105-106 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende la gestora se deje sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del 3 de octubre de 2017, al considerar que se configur\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n dentro del sub judice, y afirma que el despacho encartado incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental y sustantivo\u00bb. <\/p>\n

3. De las copias allegadas al expediente, se observan las siguientes pruebas en relaci\u00f3n con el amparo: <\/p>\n

a) Mandamiento de pago de 10 de octubre de 2014, a favor de banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., en contra de Gerardo Aponte Salazar y Alba Judith Aponte Salazar (fl. 4 C. Corte). <\/p>\n

b) Gu\u00eda de env\u00edo de las notificaciones a la aqu\u00ed gestora, por parte de la empresa de mensajer\u00eda Servientrega (fls. 5-9 Ibidem). <\/p>\n

c) Auto de 30 de julio de 2015, dictado por el Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, que orden\u00f3 \u00abdecretar el aval\u00fao y remate del inmueble [\u2026] previo secuestro del mismo, para que se cancele a favor de la demandante y a cargo del demandado\u00bb el monto adeudado (fls. 10-12 C.1). <\/p>\n

d) Incidente de nulidad formulado por la aqu\u00ed gestora, alegando la causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C.G.P., el 30 de junio de 2016 (fls. 15-23 Ibid.). <\/p>\n

e) Prove\u00eddo de 19 de octubre de 2016, dictado por el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, en que resolvi\u00f3 \u00abnegar la declaratoria de nulidad de indebida notificaci\u00f3n, deprecada por la demandada alba judith aponte salazar a trav\u00e9s de apoderado judicial\u00bb, al considerar que \u00abse tiene que a la demandada ALBA JUDIT APONTE SALAZAR como primera medida se le envi\u00f3 el citatorio para la diligencia de notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago, de manera que se hiciera presente ante el Juzgado de conocimiento dentro del cinco d\u00edas a la entrega de la comunicaci\u00f3n; comunicaci\u00f3n que de acuerdo a la empresa SERVIENTREGA, fue entregada en el lugar de destino, esto es, carrera 65 G Nro. 17A 31, segundo piso, al se\u00f1or Gerardo Aponte, su hermano, as\u00ed como se observa a folio 74. Ante la no comparecencia de la ejecutada, se le envi\u00f3 la correspondiente notificaci\u00f3n por aviso, la que tambi\u00e9n fue positiva en la misma direcci\u00f3n pero recibida por Martha Henao (visible a fl. 104)\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que, \u00aben relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n a la demandada no encuentra el Juzgado reparo alguno, pues esta se hizo guardando los par\u00e1metros establecidos en los art\u00edculos 315 y 320 del C. de P. Civil. La inconformidad de la ejecutada radica en que ella nunca ha vivido en Medell\u00edn, por el contrario su lugar de domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1, por lo que debi\u00f3 haberse notificado en dicha ciudad o en su lugar debi\u00f3 haberse emplazado\u00bb, agreg\u00f3, adem\u00e1s que \u00abaunque las argumentaciones del apoderado de la demandada sostiene que ella no ha vivido en Medell\u00edn, se pasa por alto el hecho de que la notificaci\u00f3n no necesariamente debe surtirse en su vecindad, sino en cualquier otro lugar donde pueda ser localizada, sin que se hubiese demostrado que ella no era ubicable en el predio del cual es due\u00f1a en com\u00fan y proindiviso, donde reside su hermano a quien se le entrego la notificaci\u00f3n dirigida a la demandada, sin que se manifestara por su parte la imposibilidad de localizar a su hermana, situaci\u00f3n que se sigue cuando se recibe la notificaci\u00f3n por aviso por parte de la se\u00f1ora Martha Henao, quien en ning\u00fan momento expone el desconocimiento de la persona a notificar o su lugar de notificaci\u00f3n. Por el contrario, qued\u00f3 acreditado que all\u00ed se ubica a su hermano (fl. 71), y como consecuencia de ello comparece este \u00faltimo al proceso (fl. 89). <\/p>\n

Arguy\u00f3, que \u00able correspond\u00eda tambi\u00e9n a la accionada demostrar que no pod\u00eda ser localizada en la direcci\u00f3n en donde se verific\u00f3 la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, sin embargo, no fue as\u00ed, pues por el contrario existe prueba de que s\u00ed pod\u00eda recibir notificaciones en dicho lugar, tales como que ni el citatorio ni el aviso fueron devueltos, adem\u00e1s, que all\u00ed vive su hermano, quien en actitud de lealtad procesal, no tuvo problema en comparecer al proceso y apersonarse del mismo. Est\u00e1 acreditado entonces dentro del expediente que los resultados del env\u00edo de las comunicaciones a la incidentista fueron positivas y que el hermano de esta -codemandado en este caso, efectivamente vive all\u00ed, circunstancias que denotan que estuvo en posici\u00f3n de conocer sobre la existencia del proceso\u00bb, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n por la aqu\u00ed accionante (fls. 27-32 Ib.). <\/p>\n

f) Providencia de 14 de diciembre de 2016 dictada por el despacho sexto convocado, que resolvi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n de 19 de octubre de 2016, y conceder la apelaci\u00f3n (fls. 15-27 Id.). <\/p>\n

g) Interlocutorio de 3 de octubre de 2017, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n convocado, que decidi\u00f3 \u00abCONFIRMAR el auto apelado, de fecha, naturaleza y contenido descritos al inicio de \u00e9ste prove\u00eddo, por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia\u00bb (fls. Xxx C. Corte). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, cabe advertir que en \u00faltimas, la queja est\u00e1 enfilada contra el auto de 3 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Medellin, que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de 19 de octubre de 2016, en el sentido de negar la declaratoria de nulidad por indebida notificaci\u00f3n formulada por el apoderado de la aqu\u00ed gestora dentro del juicio sub examine; en ese orden, hay que decir que no hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, tal como lo resolvi\u00f3 el a-quo, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada. <\/p>\n

4.1. Lo anterior en vista que all\u00ed consider\u00f3, entre otras reflexiones, que \u00aben el caso sub examine, para efectos de la notificaci\u00f3n, se denunci\u00f3 como direcci\u00f3n, la misma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de manera exitosa de la los demandados (ver folios 58 C. 01 del Copiado), siendo \u00e9sta la Carrera 65 G No. 17 A – 31, Segundo Piso, de Medell\u00edn, direcci\u00f3n a la que se les envi\u00f3 citaci\u00f3n para la diligencia de notificaci\u00f3n personal a los ejecutados (ver folios 70 a 77 C. 01 del Copiado), observ\u00e1ndose que las mismas fueron recibidas por el codemandado GERARDO APONTE SALAZAR, quien se notific\u00f3 de forma personal el 16 de enero de 2015 (fl. 89 C. 01 del Copiado); siendo este el momento propicio para que fre[n]te a la notificaci\u00f3n de la se\u00f1ora ALBA JUDITH APONTE SALAZAR, el se\u00f1or GER\u00c1RDO APONTE SALAZAR hiciera alg\u00fan reparo sobre su ubicaci\u00f3n o no en esta direcci\u00f3n, situaci\u00f3n que no se dio\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00ab[t]ambi\u00e9n consta que a la misma direcci\u00f3n fue remitida notificaci\u00f3n por aviso a la se\u00f1ora ALBA JUDITH APONTE SALAZAR (ver folios 93 a 99 C. 01 del Copiado), el cual fue devuelto por la empresa de servicios postales con la anotaci\u00f3n "Nadie atendi\u00f3 al colaborador de Servientrega, por lo cual no hay certeza de que la persona a notificar vive o labora all\u00ed". Raz\u00f3n por lo que la parte ejecutante, peticion\u00f3 el emplazamiento de la ejecutada ALBA JUDITH APONTE SALAZAR, por cuanto se hab\u00eda cumplido con la carga procesal establecida en el inciso 1\u00ba numeral 4\u00ba del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fl. 100 C. del Copiado); no obstante, el Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, mediante prove\u00eddo del 17 de junio de 2015, previo a ordenar el emplazamiento de la citada codemanda, orden\u00f3 que se intentar\u00e1 nuevamente la remisi\u00f3n del aviso en diferentes d\u00edas y horas h\u00e1biles y no h\u00e1biles (fl. 101 C. 01 del Copiado). <\/p>\n

Continu\u00f3, se\u00f1alando que \u00ab[p]or lo anterior, la parte actora alleg\u00f3 nuevamente constancia de entrega de la notificaci\u00f3n por aviso a la codemandada ALBA JUDITH APONTE SALAZAR, con la constancia de haber sido recibida por la se\u00f1ora MARTHA HENAO en la direcci\u00f3n en la que fue recibida la citaci\u00f3n, seg\u00fan fue certificado por la empresa de servicios postales Servientrega (fl, 102 a 112 C. 01 del Copiado), ubicaci\u00f3n de la codemandada en esa direcci\u00f3n, por el contrario, la persona que recibe, la se\u00f1ora MARTHA HENAO, indica al empleado de la empresa de mensajer\u00eda, ser "amiga" de la codemandada (Ver fl. 1058 C. 01 del copiado, all\u00ed bajo la firma de quien recibe se lee "AMIGA"), a\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[e]n consecuencia y no habi\u00e9ndose propuesto excepciones por la parte demandada, ni encontrando reparo alguno respecto de las notificaciones realizadas, el Despacho primigenio por auto del 30 de julio de 2015, resolvi\u00f3 decretar el avalu\u00f3 y remate del inmueble identificado con M. I. No. 001-670908, previo secuestro del mismo (fl. 113 a 115 C. 01 del Copiado)\u00bb. <\/p>\n

A la par, dijo que \u00abde lo narrado se desprende que no hubo irregularidad alguna en el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n que se le hizo a la ejecutada ALBA JUDITH APONTE SALAZAR del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, que tenga la idoneidad necesaria para dar al traste con lo actuado dentro del proceso, por cuanto la misma fue enviada a la direcci\u00f3n que le fue "informada al juez de conocimiento como lugar de habitaci\u00f3n o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente." seg\u00fan lo se\u00f1ala el inciso tercero del numeral primero del art\u00edculo 315 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy inciso segundo del numeral tercero del art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual reza: "La comunicaci\u00f3n deber\u00e1 ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al Juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado"\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo, que \u00abefectivamente la codemandada ALBA JUDITH APONTE SALAZAR, fue notificada en la direcci\u00f3n que le fue informada al Juez de conocimiento como lugar de habitaci\u00f3n; adem\u00e1s de que quien recibi\u00f3 tanto la citaci\u00f3n para la diligencia de notificaci\u00f3n personal, como el aviso de notificaci\u00f3n, no expuso al empleado de la empresa de servicios postales que la persona a notificar no vive o labora a all\u00ed, y sin que dicha situaci\u00f3n fuera desvirtuada, pues aunque se alegue que la ejecutada residen en Bogot\u00e1 D.C., dicha situaci\u00f3n no es \u00f3bice para que su lugar de notificaci\u00f3n sea diferente al lugar de su domicilio, acredit\u00e1ndose que en aquel inmueble, se\u00f1alado previamente por la parte ejecutante, pod\u00eda ser localizada la se\u00f1ora ALBA JUDITH APONTE SALAZAR\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00absi por lo que viene de decirse entonces, a la se\u00f1ora ALBA JUDITH APONTE SALAZAR, se le hizo debida notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, no pudo hab\u00e9rsele conculcado su defensa, reflexi\u00f3n suficiente para que deba denegarse la nulidad invocada, por lo que habr\u00e1 de CONFIRMARSE el auto apelado, ya que las irregularidades alegadas por la parte demandada no son determinantes para viciar el presente proceso ejecutivo hipotecario\u00bb (fls. 28-31 C. Corte). <\/p>\n

4.2. De acuerdo con lo anotado, se advierte que contrastada la situaci\u00f3n desarrollada y la normativa aplicada, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituyen defecto material o procedimental, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida resoluci\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de no acceder a la formulaci\u00f3n de nulidad planteada, toda vez que seg\u00fan qued\u00f3 expresamente consignado en el pronunciamiento a que aqu\u00ed se alude, la aqu\u00ed querellante no demostr\u00f3 lo que afirm\u00f3 dentro del escrito del incidente, y con base en lo expuesto, el juez realiz\u00f3 el labor\u00edo pertinente, que a juicio de la Sala no se estima arbitrario ni subjetivo. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se observa que en el escrito de nulidad, la querellante manifest\u00f3 que \u00abnunca ha tenido su domicilio en la ciudad de Medell\u00edn, y siempre ha residido en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, para lo cual, en el ac\u00e1pite de pruebas se\u00f1al\u00f3 que \u00absolicit[a] tener como pruebas los documentos aportados al proceso principal y las actuaciones surtidas en el mismo y que se ha venido describiendo en los hechos\u00bb, por lo que el despacho sexto de ejecuci\u00f3n convocado, profiri\u00f3 auto el 25 de agosto, en que decret\u00f3 las pruebas solicitadas, que por la parte incidentista adujo \u00abt\u00e9ngase en su valor legal y probatorio, al momento de decidir, los documentos allegados con la solicitud de nulidad\u00bb, y fij\u00f3 el 19 de octubre de 2016, como fecha para adelantar la audiencia respectiva. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, el Juzgado Sexto convocado, resolvi\u00f3 en prove\u00eddo de 19 de octubre de 2016, negar la declaratoria de nulidad, argumentando, en s\u00edntesis que \u00abaunque las argumentaciones del apoderado de la demandada sostiene que ella no ha vivido en Medell\u00edn, se pasa por alto el hecho de que la notificaci\u00f3n no necesariamente debe surtirse en su vecindad, sino en cualquier otro lugar donde pueda ser localizada, sin que se hubiese demostrado que ella no era ubicable en el predio del cual es due\u00f1a en com\u00fan y proindiviso, donde reside su hermano a quien se le entrego la notificaci\u00f3n dirigida a la demandada, sin que se manifestara por su parte la imposibilidad de localizar a su hermana, situaci\u00f3n que se sigue cuando se recibe la notificaci\u00f3n por aviso por parte de la se\u00f1ora Martha Henao, quien en ning\u00fan momento expone el desconocimiento de la persona a notificar o su lugar de notificaci\u00f3n\u00bb (se resalta), determinaci\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Acto seguido, el despacho del circuito encartado, resolvi\u00f3 confirmar lo decidi\u00f3 por el a-quo\u00b8 al arg\u00fcir, en \u00faltimas, que \u00abse colige que efectivamente la codemandada ALBA JUDITH APONTE SALAZAR, fue notificada en la direcci\u00f3n que le fue informada al Juez de conocimiento como lugar de habitaci\u00f3n; adem\u00e1s de que quien recibi\u00f3 tanto la citaci\u00f3n para la diligencia de notificaci\u00f3n personal, como el aviso de notificaci\u00f3n, no expuso al empleado de la empresa de servicios postales que la persona a notificar no vive o labora a all\u00ed, y sin que dicha situaci\u00f3n fuera desvirtuada, pues aunque se alegue que la ejecutada residen en Bogot\u00e1 D.C., dicha situaci\u00f3n no es \u00f3bice para que su lugar de notificaci\u00f3n sea diferente al lugar de su domicilio, acredit\u00e1ndose que en aquel inmueble, se\u00f1alado previamente por la parte ejecutante, pod\u00eda ser localizada la se\u00f1ora ALBA JUDITH APONTE SALAZAR\u00bb (se denota). <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que, dentro del incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, est\u00e1 a cargo de la parte incidentante demostrar por los medios probatorios las afirmaciones a que all\u00ed alude, por cuanto debe desvirtuar la veracidad de la que est\u00e1 permeado el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n. <\/p>\n

Lo precedente, m\u00e1xime cuando si lo perseguido por la quejosa era desvirtuar la legalidad de la notificaci\u00f3n por aviso que se le endilg\u00f3, pues la misma no acredit\u00f3 lo afirmado en el incidente presentado, quedando sujeta a la suerte de su propia incuria, lo que es asunto que no puede remediarse a trav\u00e9s de esta excepcional\u00edsima senda constitucional. <\/p>\n

5.1. Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n"\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/p>\n

5.2. Sumado a lo anterior, esta Sala ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1532-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-01252-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}