{"id":101399,"date":"2026-07-01T17:34:32","date_gmt":"2026-07-01T17:34:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101399"},"modified":"2026-07-01T17:34:32","modified_gmt":"2026-07-01T17:34:32","slug":"stc1535-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1535-2018\/","title":{"rendered":"STC1535-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrada ponente <\/p>\n

STC1535-2018 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-01305-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, vincul\u00e1ndose a la Alcald\u00eda de esa municipalidad, al Procurador y al Defensor del Pueblo ambos Regional Risaralda. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro de la acci\u00f3n popular No. 2016-00465. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis que \u00abpresent[\u00f3] acci\u00f3n popular 2016-465, donde el [despacho] no cumple con el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998 y el art\u00edculo 42 del CGP\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que i) \u00abse ordene al tutelado cumplir con el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998 y art\u00edculo 42 del CGP\u00bb; ii) \u00abse ordene aplicar art. 121 del CGP\u00bb; iii) \u00abse ordene informar a la comunidad a trav\u00e9s de p\u00e1gina web\u00bb (fls. 1-2 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

La autoridad judicial censurada, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n popular que el querellante impetr\u00f3 contra banco Davivienda, y manifest\u00f3 que \u00abeste Juzgado acept\u00f3 la petici\u00f3n del accionante y se le concedi\u00f3 amparo de pobreza, design\u00e1ndole como su apoderado al dr. Uriel Hincapi\u00e9 y estamos a la espera que el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos cumpla con lo reglado en el art. 21 Ley 472 de 1998, ya que el accionante no lo ha hecho\u00bb (fl. 14 Ibidem). <\/p>\n

La asesora de la Procuradur\u00eda Regional Risaralda, adujo que no ha actuado dentro de la acci\u00f3n popular objeto de la tutela que ocupa el estudio de la Sala, por lo que lo all\u00ed acontecido es completamente ajeno a esa dependencia, solicitando su desvinculaci\u00f3n (fls. 17 y 18 Idem). <\/p>\n

El representante legal del banco Davivienda S.A., se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas actuaciones surtidas [dentro de la acci\u00f3n popular] son recientes, por lo que no le asiste la verdad al accionante que existe una dilaci\u00f3n del proceso por parte del juzgado por lo que no hay violaci\u00f3n a derecho fundamental alguno del se\u00f1or Arias Id[\u00e1]rraga\u00bb (fls. 28-29 Ibid.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar, en primer lugar, que \u00absurge de las pruebas recaudadas que la funcionar\u00eda demandada sustent\u00f3 la decisi\u00f3n en la que encuentra el actor lesionado sus derechos en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, que en su parte pertinente dice: "A los miembros de la comunidad se les podr\u00e1 informar a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios. Para este efecto, el juez podr\u00e1 utilizar simult\u00e1neamente diversos medios de comunicaci\u00f3n". Del contenido de tal disposici\u00f3n se desprende que es potestad del juez de conocimiento establecer cu\u00e1l es el medio m\u00e1s eficaz para avisar a la comunidad de la existencia de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00absi en este caso se determin\u00f3 que aquel es la radio o la prensa de amplia circulaci\u00f3n en la ciudad en la ocurre la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos, puede entonces decirse que la juez accionada adopt\u00f3 sus decisiones con fundamento en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que en ning\u00fan momento se puede tachar de caprichosa, es decir, que obedezca a su mera voluntad y que por lo tanto se constituya en una v\u00eda de hecho, sin que por lo tanto se vislumbre situaci\u00f3n excepcional en su an\u00e1lisis que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la conclusi\u00f3n a que sobre el punto lleg\u00f3 no se torna antojadiza, ni contraria al ordenamiento constitucional\u00bb. <\/p>\n

En segundo t\u00e9rmino, frente a la presunta inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G.P., manifest\u00f3 que \u00abse deprende tambi\u00e9n que el demandante ninguna actividad ha desplegado en el proceso en el que encuentra lesionados sus derechos, con el fin de obtener se de aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, tal como lo pretende por este medio excepcional de protecci\u00f3n y que por ende, la funcionar\u00eda accionada tampoco ha tenido oportunidad de resolver lo que corresponda. Ese pasivo comportamiento impide otorgar el amparo solicitado, porque el juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protecci\u00f3n decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello\u00bb (fls. 60-64 Ib.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, aduciendo que \u00abapelo\u00bb (fl. 71 C.1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el gestor que se ordene al despacho recriminado, informar a la comunidad de la acci\u00f3n popular que \u00e9l impetr\u00f3, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como que d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C.G.P., por considerar que con su actuaci\u00f3n ha incurrido en \u00abdefecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n

3. Obran en el plenario la siguiente prueba, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo: <\/p>\n

a) Auto de 19 de octubre de 2017, dictado por el despacho encartado en que resolvi\u00f3 \u00abprimero: admitir la presente acci\u00f3n popular promovida por javier el\u00edas arias id\u00e1rraga en contra de banco davivienda s.a., Bogot\u00e1. [\u2026] s\u00e9ptimo: A costa del interesado, real\u00edcese la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, en prensa o radio de amplia difusi\u00f3n en bogot\u00e1, es decir, en el peri\u00f3dico el espectador, el tiempo o en las emisoras locales de caracol, rcn\u00bb (fl. 4 C. Corte). <\/p>\n

b) Recurso de reposici\u00f3n contra el citado prove\u00eddo, en que el aqu\u00ed gestor solicit\u00f3 que el despacho aplique los art\u00edculos 18 de la Ley 472 de 1998 y 86 y 96 del C.G.P., al considerar, entre otras, que \u00abse niega rotundamente a aplicar las normas, tal como ped\u00ed por celeridad [\u2026] igualmente se niega a informar a la comunidad como lo ped\u00ed en mi demanda, dilatando a\u00fan m\u00e1s mi acci\u00f3n [\u2026]. Manifiesto no tener v\u00ednculo laboral actualmente y lo poco que percibo lo empleo en mi subsistencia [\u2026]\u00bb (fl. 5 Ibidem). <\/p>\n

c) Providencia de 22 de noviembre de 2017, que resolvi\u00f3 el recurso horizontal impetrado en el sentido de disponer \u00abprimero: no reponer el auto de 19 de octubre de 2017, en los t\u00e9rminos solicitados por el accionante. segundo: Conceder el \u201camparo de pobreza\u201d solicitado por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, por las razones de orden legal analizadas precedentemente. tercero: Se ordena a cargo del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, en prensa o radio de amplia difusi\u00f3n en Bogot\u00e1, Departamento de Cundinamarca, es decir, en el peri\u00f3dico el espectador, el tiempo o en las emisoras locales de caracol, rcn [\u2026]\u00bb (fl. 6 Idem). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que en lo que tiene que ver con la queja enfilada frente a la presunta omisi\u00f3n por parte del despacho encartado de dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 C.G.P., el amparo invocado no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que el convocante no ha hecho uso de las herramientas propias que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que sea atendida su petici\u00f3n, esto es, no ha elevado solicitud formal alguna que refiera a lo aqu\u00ed pretendido dentro de la acci\u00f3n popular sub examine, toda vez que, de las copias del expediente allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte que al interior del aludido asunto no ha elevado pedimento en ese sentido, el cual amerite pronunciamiento por parte de ese juzgador; por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las v\u00edas naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal. <\/p>\n

As\u00ed lo ha referido esta Sala, en asuntos semejantes al que aqu\u00ed nos ocupa, impetrados por el mismo accionante, al manifestar que: <\/p>\n

(\u2026) de acuerdo a las documentales adosadas y el informe allegado por el Juzgado convocado el cual se considera rendido bajo la gravedad de\u00a0juramento en virtud del art\u00edculo 19 del Decreto\u00a02591 de 1991 que dispone \u00abEl juez podr\u00e1 requerir\u00a0informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto (\u2026). Los informes se considerar\u00e1n rendidos bajo juramento\u00bb, el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga no ha expuesto las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional\u00edsimo a la citada autoridad jurisdiccional (\u2026) es evidente que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados (CSJ STC7728-2016, 8 de jun. 2016, rad. 00494-01). <\/p>\n

6. Frente a la petici\u00f3n encaminada a que se ordene a la c\u00e9lula judicial recriminada que proceda a dar la orden de realizar la publicaci\u00f3n del emplazamiento a los miembros de la comunidad en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, reclamaci\u00f3n que fue resuelta en auto de 22 de noviembre de 2017, hay que decir que no hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n deprecada, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada. <\/p>\n

6.1. Lo anterior en vista que en la referida providencia consider\u00f3, entre otras reflexiones, que \u00aben trat\u00e1ndose de la manifestaci\u00f3n hecha por el se\u00f1or JAVIER EL\u00cdAS ARIAS IDARRAGA donde "Juzgado se niega a informar a la comunidad como \u00bfo ped\u00ed, dilatando m\u00e1s y m\u00e1s mi acci\u00f3n"; se le recuerda que el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 reza: "El auto que admite la demanda el juez ordenar\u00e1 su notificaci\u00f3n personal al demandado. A los miembros de la comunidad se les podr\u00e1 informar a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz… (…) Para este efecto, el juez podr\u00e1 utilizar simult\u00e1neamente diversos medios de comunicaci\u00f3n…" Y efectivamente el juzgado mediante el auto del 19 de octubre de 2017, como lo prev\u00e9 la norma, orden\u00f3 al interesado realizar la publicaci\u00f3n en la prensa o en la radio de amplia difusi\u00f3n de la ciudad. De acuerdo con el art\u00edculo transcrito, es a criterio del juez emplear cualquier medio eficaz para que los posibles o eventuales beneficiarios, usuarios de la entidad demandada, conozcan de la existencia de la demanda, cumpliendo con lo que el legislador ordeno\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abse le informa al accionante que es deber de este Despacho, al encontrarse ante una acci\u00f3n constitucional, impartir el desarrollo de la misma, conforme a la ley, y en cumplimiento del art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. En particular las Acciones Populares se debe a un procedimiento contemplado en la ley 472 de 1998, para establecer las actuaciones procesales, en consecuencia, se le informa al actor que puede remitirse al proceso y observar las actuaciones desplegadas por el juzgado a trav\u00e9s de los diferentes prove\u00eddos, en los cuales adem\u00e1s de agotar las etapas procesales, se procura resolver cada una de las solicitudes de las partes e imprimirse la celeridad que el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular exige\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3, que \u00aben relaci\u00f3n a la solicitud del amparo de pobreza, el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que el beneficio solicitado se le otorgar\u00e1 a quien carezca de recursos econ\u00f3micos para atender los gastos de un proceso, sin menoscabar lo necesario para su propia subsistencia. Igualmente el art\u00edculo 152 de la misma obra, exige que el solicitante afirme bajo la gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n, que se encuentra en las condiciones mencionadas. La petici\u00f3n elevada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, se ajusta a los preceptos de las normas enunciadas, raz\u00f3n por las que es perfectamente viable conceder el amparo solicitado, debi\u00e9ndose imprimir a la misma el tr\u00e1mite que regula el art\u00edculo 153 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 19 de la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n

Y, resolvi\u00f3 \u00aben vista de lo anterior, se ordenara a cargo del FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESE COLECTIVOS, la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, en prensa o radio de amplia difusi\u00f3n en Bogot\u00e1 Departamento de Cundinamarca, es decir, en el peri\u00f3dico EL ESPECTADOR, EL TIEMPO o en las emisoras locales de CARACOL, RCN. L\u00edbrese el oficio\u00bb (fl. 6 C.1). <\/p>\n

6.2. De acuerdo con lo anotado, se advierte que contrastada la situaci\u00f3n desarrollada y la normativa aplicada, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituye defecto material, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida decisi\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de ordenar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, efectuar la publicaci\u00f3n requerida para seguir con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional que all\u00ed adelanta, espec\u00edficamente en el peri\u00f3dico El Espectador o El Tiempo, a la vez que en las emisoras locales de Caracol o RCN, es un proceder que no se estima arbitrario ni subjetivo. <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, prev\u00e9 que el juez del proceso, utilice los medios de comunicaci\u00f3n que a bien considere, en aras de informar a los miembros de la comunidad sobre la respectiva acci\u00f3n popular, y en este caso, se advierte que la sede de la presunta conculcaci\u00f3n de derechos colectivos, es la ciudad de Bogot\u00e1, por tanto, es razonable la orden dada en el sentido de que sean los medios de comunicaci\u00f3n El Espectador, El Tiempo, o radiodifusoras Caracol o RCN, los que el fallador consider\u00f3 id\u00f3neos para enterar de las decisiones a los interesados. <\/p>\n

7. Seg\u00fan lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrada ponente STC1535-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-01305-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101399","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101399"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101399\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}