{"id":101400,"date":"2026-07-01T17:34:35","date_gmt":"2026-07-01T17:34:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101400"},"modified":"2026-07-01T17:34:35","modified_gmt":"2026-07-01T17:34:35","slug":"stc1536-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1536-2018\/","title":{"rendered":"STC1536-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrada ponente <\/p>\n

STC1536-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2017-00099-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 del Carmen Mu\u00f1oz Pedraza contra el Juzgado Primero Civil del Circuito del Socorro, vincul\u00e1ndose al Juzgado Promiscuo Municipal de Chima y a las partes e intervinientes dentro del juicio que ocupa el estudio de la Sala. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro del juicio de ejecutivo que le adelant\u00f3 a Luis Fernando Florez Pinz\u00f3n y Mar\u00eda Filomena Hern\u00e1ndez Estevez bajo radicado No. 2015-00036. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Que entre \u00e9l y los se\u00f1ores Luis Fernando Florez Pinz\u00f3n y Mar\u00eda Filomena Hern\u00e1ndez Estevez, fueron suscritas dos letras de cambio por el valor de $15.000.000 cada una, y que con soporte en ellas formul\u00f3 demanda Ejecutiva ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Chima, Santander, solicitando se ordenara el pago del capital aducido m\u00e1s los intereses moratorios autorizados por la superintendencia financiera. <\/p>\n

2.2. Que \u00abel juzgado mediante auto de 30 de junio de 2015, libro mandamiento de pago, y una vez notificados los demandados, propusieron excepciones que denominaron: omisi\u00f3n de requisitos del t\u00edtulo, existencia de anatocismo, regulaci\u00f3n de intereses, enriquecimiento sin causa, cobro de lo no debido, no acatarse las instrucciones para el llenado del t\u00edtulo y exceptio no numeratae pecuniae\u00bb. <\/p>\n

2.3. Manifest\u00f3 que el 3 de marzo de 2016 se llev\u00f3 a cabo la audiencia del art\u00edculo 432 del C.P.C., y se lleg\u00f3 a acuerdo conciliatorio entre las partes \u00abel cual fue aprobado en todas sus partes\u00bb. <\/p>\n

2.4. Que motivo del incumplimiento en los pagos acordados por parte de los demandados, solicit\u00f3 el d\u00eda 11 de mayo de 2017 \u00abque se ordenara pagar lo pactado\u00bb, procediendo el Juez de instancia a realizar audiencia para la continuaci\u00f3n del proceso, d\u00e1ndose traslado del escrito presentado y sus anexos a los demandados, quienes manifestaron estar al d\u00eda con los pagos acordados en la conciliaci\u00f3n y solicitaron se mantuviera la misma en los t\u00e9rminos ya acordados. <\/p>\n

2.5. Arguy\u00f3 que \u00abel juez concluy\u00f3 que el incumplimiento estaba demostrado y [\u2026] procedi\u00f3 a decretar interrogatorio a las partes, quienes expusieron versiones contradictorias sobre el origen de las cambiales base de recaudo\u00bb. <\/p>\n

2.6. Que el Juez de instancia profiri\u00f3 sentencia en la cual \u00abacepto la legalidad de la capitalizaci\u00f3n de intereses de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 886 del C. de C.O., declarando no prosperas las excepciones de omisi\u00f3n de los requisitos que el t\u00edtulo debe contener y que la ley no suple expresamente, existencia de anatocismo, enriquecimiento sin causa y no haberse llenado el t\u00edtulo de acuerdo con las instrucciones\u00bb, luego \u00aben forma contradictora declarando la prosperidad de la regulaci\u00f3n de intereses, el cobro de lo no debido y la exceptio non numeratae pecuniae\u00bb, disponiendo as\u00ed continuar con la ejecuci\u00f3n por el capital de 13.500.000, \u00absin derecho a intereses por declararse la p\u00e9rdida total de los intereses del demandante en contra de los demandados y condenando en costas a la parte demandada en $945.000\u00bb. <\/p>\n

2.7. Se\u00f1al\u00f3 que interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra de la providencia, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Socorro, en sentencia del 9 de septiembre de 2017, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo argumentando que \u00abel acuerdo conciliatorio hab\u00eda quedado sin efectos por el incumplimiento de los demandados, sin que hiciera pronunciamiento alguno respecto de lo contenido en la cl\u00e1usula segunda del acuerdo conciliatorio\u00bb, y a su vez manifestando respecto de la capitalizaci\u00f3n de intereses que la misma \u00absolo estaba reservada para las entidades financieras pues as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 121 del decreto 663 de 1993\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse deje sin efecto lo dispuesto en la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito del Socorro de 9 de septiembre de 2017\u00bb y en consecuencia se ordene \u00abproferir una nueva decisi\u00f3n que disponga el pago de lo acordado en la cl\u00e1usula segunda del acuerdo conciliatorio logrado el 3 de marzo de 2016 de dicho juzgado\u00bb (fls. 47-53 C. 1). <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Socorro, se opuso a la prosperidad del amparo deprecado, manifestando que \u00abse atendieron y valoraron en debida forma las pruebas que obran en el expediente que sirvieron de soporte para motivar la decisi\u00f3n atacada\u00bb, adem\u00e1s que \u00abse resalt\u00f3 la autonom\u00eda de la voluntad de las partes, contenida en el acuerdo conciliatorio, seg\u00fan el cual ante el incumplimiento del mismo, \u00e9ste ser\u00eda ineficaz\u00bb (fl. 83 Ibidem). <\/p>\n

El despacho Promiscuo Municipal de Chima, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas, y se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo resuelto por esta agencia judicial ha sido lo anteriormente descrito, por lo dem\u00e1s nos atenemos a lo que funge dentro del proceso y resuelto por el Juzgado de segunda instancia en su oportunidad procesal\u00bb (fls. 87-92 Idem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, aduciendo que \u00abtanto en Primera como en Segunda Instancia se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria ajustada en su conjunto con los elementos de convicci\u00f3n que fueron utilizados para tales fines, sin que se observe falta de motivaci\u00f3n alguna, puesto que razonadamente se analiz\u00f3 el asunto sin que se vislumbre violaci\u00f3n del debido proceso. Adem\u00e1s, no se encuentra actuaci\u00f3n caprichosa con la cual se haya podido amenazar los derechos de la accionante por parte de las respectivas instancias cognoscentes, lo que ciertamente concluye que si !a posici\u00f3n distinta que pueda tener una parte en torno a una determinada situaci\u00f3n f\u00e1ctica o jur\u00eddica de la que pueda asumir un juzgador en sus decisiones, ciertamente no puede ser suficiente para la intervenci\u00f3n del juez constitucional, quien solo est\u00e1 habilitado para hacerlo, cuando quiera que se advierta un proceder meramente caprichoso o subjetivo y por lo mismo, no se haya emitido la decisi\u00f3n cuestionada dentro de los causes de !a razonabilidad del juzgador\u00bb. <\/p>\n

Concluyendo, que en el asunto sub examine \u00abno solo aplicaron las normas sustanciales y procesales en concreto si no que las aqu\u00ed cuestionadas decisiones adoptadas, se soportaron en argumentos que consultaron las reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica y que sin lugar a dudas obedecieron a la labor de interpretaci\u00f3n y uso de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica como herramienta anal\u00edtica propia de todo juzgador, sin que sea factible entonces recurrir por esta v\u00eda de car\u00e1cter preferente, sumaria y eminentemente subsidiaria y residual, como si fuese una instancia alternativa a la cual se pudiere acudir libremente para debatir decisiones judiciales con base en criterios de car\u00e1cter personal\u00bb (fls. 93-104 Ibid.). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicitando revocar el fallo del Tribunal a-quo, alegando que \u00abseg\u00fan se desprende de la sentencia impugnada el acuerdo conciliatorio no tiene ning\u00fan efecto, pero no se da la misma m\u00ednima explicaci\u00f3n sobre este fundamento, pues si ello fuera as\u00ed las diligencias de conciliaci\u00f3n no tendr\u00edan ning\u00fan sentido, pues solo servir\u00edan para dilatar un proceso, cuando la conciliaci\u00f3n sirve para lo contrario agilizar los procesos y descongestionar la justicia y el acuerdo logrado hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, agreg\u00f3 que \u00abparece que el juez de instancia y la se\u00f1ora juez de segunda instancia, ignoran lo que significa un acuerdo conciliatorio aprobado por un juez, pues este tiene fuerza vinculante, obliga a las partes al cumplimiento de las obligaciones conciliadas, hace tr\u00e1nsito de cosa juzgada, no se puede volver a tratar el tema de controversia, y presta m\u00e9rito ejecutivo, por lo tanto es absolutamente irrazonable que despu\u00e9s de que las partes acordaron que el capital adeudado era la suma de $25.000.000, en su "sentencia" lo rebaje a $13.500.000, sin intereses y autoriza otras deducciones, cuando su conclusi\u00f3n ha debido ser ordenar el pago de lo establecido en la cl\u00e1usula segunda del acuerdo conciliatorio para el caso del incumplimiento. en conclusi\u00f3n el incumplimiento de los demandados les reporto mayores beneficios que los concedidos por mi poderdante en el acuerdo conciliatorio\u00bb (fls. 117-121 Ib.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el gestor se ordene dejar sin efecto la sentencia del 9 de septiembre de 2017, dictada por el despacho del circuito convocado, para que proceda a dictar un nuevo fallo, en el que se disponga el pago de lo acordado en la cl\u00e1usula segunda del acuerdo conciliatorio celebrado el 3 de marzo de 2016, pues considera que la c\u00e9lula judicial encartada incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental y sustantivo\u00bb. <\/p>\n

3. De las copias allegadas al expediente, se observan las siguientes pruebas en relaci\u00f3n con el amparo: <\/p>\n

a) Demanda ejecutiva interpuesta por el aqu\u00ed gestor contra Fernando Florez Pinz\u00f3n y Mar\u00eda Filomena Hern\u00e1ndez Estevez, en que pidi\u00f3 librar mandamiento ejecutivo por los valores consignados en las letras de cambio que sirvieron de base para ejecutar la obligaci\u00f3n (fls. 4-7 C. 1 copias). <\/p>\n

b) Mandamiento de pago, librado el 30 de junio de 2015 por las sumas contenidas en los t\u00edtulos valores (fls. 8-11 Ibidem). <\/p>\n

c) Escrito de excepciones presentado por los all\u00ed ejecutados, donde enlistaron las siguientes \u00abOmisi\u00f3n de los requisitos que el t\u00edtulo deba contener y que la ley no supla expresamente; existencia de anatocismo; regulaci\u00f3n de intereses; enriquecimiento sin causa; cobro de lo no debido; no haberse llenado el t\u00edtulo de acuerdo con las instrucciones; exceptio no numeratae pecuniae\u00bb (fls. 4-11 C. 3 copias). <\/p>\n

d) Audiencia llevada a cabo el 10 de marzo de 2016 ante el despacho promiscuo municipal encartado, en que las partes llegaron al siguiente acuerdo conciliatorio: <\/p>\n

\u00abprimero: T\u00e9ngase como capital la suma de veinticinco millones de pesos $25.000.000 pagaderos de la siguiente manera:
\nPrimera cuota: Diez millones de pesos ($10.000.000) para ser cancelados el 15 de diciembre de 2016. Sobre este valor condonan el pago de inter\u00e9s. Segunda cuota: quince millones de pesos ($15.000.000) para ser pagadera el 15 de diciembre de 2017 y sobre esta cantidad s\u00ed se cobraran inter\u00e9s corrientes del 1% a partir de agosto de 2016. De igual forma acuerdan que todos los pagos a realizar van a ser depositados en coomuldesa ltda en la cuenta de ahorro, No. 24.00032351.0, cuyo titular es jose del carmen mu\u00f1oz pedraza, identificados con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 2.083.258 de Chima. <\/p>\n

segundo: En caso de incumplimiento en el pago del arreglo y\/o cualquiera de las obligaciones contra\u00eddas por las partes, quedar\u00eda sin efectos y se acuerda por las partes que los demandados pagar\u00edan la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) o sobre el saldo restante, m\u00e1s los intereses moratorios comerciales a la tasa m\u00e1xima de acuerdo a lo permitido por la superintendencia bancada a partir del d\u00eda de hoy.
\ntercero: Los honorarios de los abogados son reconocidos por las partes.
\ncuarto. Sin costas por acuerdo entre las partes.
\nquinto: Dejar vigente todas las medidas decretadas dentro de este proceso en garant\u00eda de la obligaci\u00f3n, hasta tanto se d\u00e9 cumplimiento a lo pactado.
\nsexto: Aprobar en todas sus partes el acuerdo a que llegaron los interesados.
\ns\u00e9ptimo: Como consecuencia de lo anterior y de cara a lo dispuesto en el Art. 170 del C.P.C. se decreta la suspensi\u00f3n de este proceso ejecutivo hasta que se le d\u00e9 cumplimiento al acuerdo conciliatorio tal como fue solicitado por los intervinientes en esta Audiencia. <\/p>\n

noveno: notificados en estrados de conformidad a lo establecido en el Art. 325 del C.P.C.\u00bb (fls. 31-34 Ibid.). <\/p>\n

e) Auto de 27 de marzo de 2017, por medio del cual el juzgado promiscuo encartado, resolvi\u00f3 reanudar el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n, al haberlo solicitado as\u00ed el aqu\u00ed querellante, ante el incumplimiento del acuerdo conciliatorio por parte de los ejecutados (fl. 45 Id.). <\/p>\n

f) Audiencia llevada a cabo el 11 de mayo de 2017, en que el despacho promiscuo municipal recriminado, resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepci\u00f3n de regulaci\u00f3n de intereses, cobro de lo no debido, y exceptio non numerae pecuniae por lo expuesto en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA las excepciones de omisi\u00f3n de los requisito que el t\u00edtulo deba contener y que la ley no supla expresamente, existencia de anatocismo, enriquecimiento sin causa y no haberse llenado el t\u00edtulo de acuerdo con las instrucciones. TERCERO: Se ordena SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCI\u00d3N por la suma de capital de $13.500.000, sin derecho a inter\u00e9s por declararse la p\u00e9rdida total de los intereses al demandante en contra de los demandados [\u2026]\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada por la apoderada del aqu\u00ed convocante (fls. 70 y 71 Ib.). <\/p>\n

g) Sentencia de segundo grado, proferida el 7 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Socorro, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo (fl. 82 C.D. C.1.). <\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, cabe advertir que en \u00faltimas, la queja est\u00e1 enfilada contra la sentencia de de 7 de septiembre de 2017, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Socorro, que resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de 11 de mayo de ese mismo a\u00f1o, en el sentido de declarar probadas solo las excepciones de \u00abregulaci\u00f3n de intereses, cobro de lo no debido y exceptio non numerae pecuniae\u00bb, y continuar con la ejecuci\u00f3n por la suma de $13.500.000, sin derecho a intereses, dentro del juicio sub examine; en ese orden, hay que decir que no hay lugar a otorgar la protecci\u00f3n reclamada, tal como lo resolvi\u00f3 el a-quo, dado que la c\u00e9lula judicial censurada no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda enrostrada para que se imponga la perentoria salvaguardia deprecada. <\/p>\n

4.1. Lo anterior en vista que all\u00ed consider\u00f3, entre otras reflexiones, que \u00abentre las partes no existe controversia que los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n, quienes manifestaron que los referidos t\u00edtulos son el resultado de la acumulaci\u00f3n de intereses vencidos respecto de pr\u00e9stamos realizados por el demandante a los ejecutados. Por ende los t\u00edtulos son el resultado de la capitalizaci\u00f3n de los intereses. Esto se afirma porque las partes manifestaron que los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n son el resultado de la acumulaci\u00f3n de intereses de un capital inicialmente prestado, luego no existe alguna duda sobre esta premisa, adem\u00e1s el ejecutante manifest\u00f3 que el valor prestado a los ejecutados fue 13.500.000. As\u00ed mismo, se descarta la afirmaci\u00f3n hecha por los ejecutados de que el pr\u00e9stamo es de menor valor, por lo que se desestima esa afirmaci\u00f3n, los t\u00edtulos valores demuestran otro valor, las partes no probaron lo contrario\u00bb. <\/p>\n

Sostuvo a la par, que \u00abcomparte el juzgado lo expuesto por el fallador de primera instancia, seg\u00fan el cual se debe entender que al carecer de fecha de vencimiento, fueron presentados para su pago el 25 de octubre de 2010, y el 23 de febrero de 2011, por lo tanto al liquidarse, se observa que los intereses sobrepasan los l\u00edmites legales. Al efectuarse la liquidaci\u00f3n del capital dado en mutuo, con las tasas m\u00e1ximas legales permitidas\u00bb, concluye que \u00abla tasa cobrada es muy superior a la permitida, con ello se desvirt\u00faa la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual no existe prueba de que la tasa cobrada no es superior a la permitida. Esta conclusi\u00f3n se llega al sumar el capital que equivale 13.500.000 m\u00e1s el valor de los intereses de las 3 letras que equivale a un total de 18.561.396, esta sumatoria no alcanza a llegar a los 30millones de pesos, que pide el ejecutante\u00bb. <\/p>\n

Continu\u00f3, se\u00f1alando que \u00abno es cierto que se permita un cobro de una tasa superior por el art. 884 del C\u00f3digo de Comercio, pues en relaci\u00f3n con la capitalizaci\u00f3n de intereses que supuestamente es permitida con base en el art. 886 c.co, este despacho considera que no le asiste raz\u00f3n porque si bien el C\u00f3digo de Comercio permite el anatocismo en las relaciones mercantiles, esta norma debe interpretar en concordancia del art. 121 del Decreto 663 de 1993, estatuto org\u00e1nico del sistema financiero, por tanto es permitida en caso de establecimientos de cr\u00e9dito, y en cr\u00e9ditos de largo plazo. En este orden de ideas se observa que en el derecho mercantil si bien es posible, en el caso no es dable aplicar esta figura porque el acreedor no es un establecimiento de cr\u00e9dito, ni tampoco el capital es de largo plazo\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3 que \u00abse est\u00e1 cobrando intereses superiores a la tasa m\u00e1xima legal autorizada, sumado a que tambi\u00e9n se est\u00e1 capitalizando intereses, aspecto que no puede realizarse en el asunto de la referencia. Aclarado lo anterior, se tendr\u00edan m\u00e1s que demostradas las excepciones de \u201ccobro de lo no debido\u201d, pues se est\u00e1n cobrando cantidades que no fueron pactadas y la de \u201cnon numerae pecuniae\u201d pues el dinero por el que se ejecuta no se hab\u00eda entregado. <\/p>\n

Frente a la eficacia del acuerdo conciliatorio que otrora fue pactado, adujo que \u00abante ese reparo el despacho manifiesta que en el acuerdo conciliatorio, se estableci\u00f3 que en el evento de presentarse un incumplimiento, se dejar\u00eda sin efecto el mismo, y esta fue la raz\u00f3n por la cual el juzgado de 1\u00aa instancia, ante el incumplimiento aducido por la parte demandante, continu\u00f3 con el proceso ejecutivo. Es decir que por cuenta de la autonom\u00eda de la voluntad de las partes, el juzgado d 1\u00aa instancia, rest\u00f3 la eficacia del acuerdo conciliatorio, y reanud\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente del proceso ejecutivo. Por dem\u00e1s, hay que decir que el ejecutante no manifest\u00f3 nada cuando se reanud\u00f3 el proceso, por lo tanto la oportunidad se encuentra vencida, y las partes acordaron que en el eventual incumplimiento de las partes, se acord\u00f3 la ineficacia del mismo\u00bb (fl. 82 C.D. C.1) <\/p>\n

4.2. De cara los argumentos expuestos en el escrito de impugnaci\u00f3n, y analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, se advierte que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados se guarece en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el juicio planteado y que no constituyen defecto material o procedimental, acaeciendo que no hay lugar a sustraerle a la referida resoluci\u00f3n las presunciones de legalidad y acierto de que goza, dado que seg\u00fan qued\u00f3 expresamente consignado en el pronunciamiento a que aqu\u00ed se alude. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se observa que el argumento de la impugnaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de amparo de primer grado, refiere a que el Tribunal a-quo, omiti\u00f3 que los jueces \u00abignoran lo que significa un acuerdo conciliatorio aprobado por un juez, pues este tiene fuerza vinculante, obliga a las partes al cumplimiento de las obligaciones conciliadas, hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, no se puede volver a tratar el tema de controversia\u00bb, por lo que consider\u00f3 que deb\u00eda haberse ejecutado la cl\u00e1usula segunda del acuerdo conciliatorio, al haberse incumplido lo pactado. <\/p>\n

Ante esta afirmaci\u00f3n, esta Sala observa que el Juez del circuito recriminado se refiri\u00f3 expresamente a lo que aqu\u00ed alude el accionante, arguyendo que \u00aben el acuerdo conciliatorio, se estableci\u00f3 que en el evento de presentarse un incumplimiento, se dejar\u00eda sin efecto el mismo, y esta fue la raz\u00f3n por la cual el juzgado de 1\u00aa instancia, ante el incumplimiento aducido por la parte demandante, continu\u00f3 con el proceso ejecutivo\u00bb, agregando, por dem\u00e1s, que la autonom\u00eda de la voluntad de las partes prima, y este fue el resultado de las actuaciones que se adelantaron con posterioridad al incumplimiento, pues se continu\u00f3 con el tr\u00e1mite que se encontraba suspendido por el despacho municipal convocado desde el 10 de marzo de 2016, por lo que se cit\u00f3 para \u00abcontinuaci\u00f3n de la audiencia referida en el art\u00edculo 432 del C.P.C., conciliaci\u00f3n, saneamiento del proceso, fijaci\u00f3n del litigio, se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n pruebas, se recepcionar\u00e1n los interrogatorios de parte, se oir\u00e1 en alegatos de conclusi\u00f3n y de ser posible se proferir\u00e1 el fallo\u00bb, para el d\u00eda 11 de mayo de 2017. <\/p>\n

5. Depurado lo anterior, se reitera que los pronunciamientos, seg\u00fan emerge de sus tenores literales, dieron precisa y completa cuenta de los reparos planteados, exponiendo la causa por la cual, no hab\u00eda lugar a tener como documento que preste m\u00e9rito ejecutivo al referido acuerdo conciliatorio, pues, seg\u00fan se lee de la cl\u00e1usula segunda, se anot\u00f3 que \u00aben caso de incumplimiento en el pago del arreglo y\/o cualquiera de las obligaciones contra\u00eddas por las partes, quedar\u00eda sin efectos\u00bb, y de esta forma fue que procedieron los despachos encartados, adelantando las dem\u00e1s etapas del litigio, donde despu\u00e9s de realizar el labor\u00edo correspondiente, se resolvi\u00f3 declarar probadas las tres excepciones planteadas, y continuar con la ejecuci\u00f3n por el valor de $13.500.000, seg\u00fan se demostr\u00f3. De ese modo, las aserciones elevadas por la c\u00e9lula judicial querellada, que vienen de reproducirse, encierran una postura interpretativa que no es abierta y ostensiblemente arbitraria, por lo que no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental. <\/p>\n

De modo que, v\u00e9ase, el despacho censurado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con sustento en una v\u00e1lida hermen\u00e9utica que, independientemente de que la Corte la proh\u00edje en su totalidad ya que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, s\u00ed resulta ser valedera y respetable, tanto m\u00e1s por cuanto que, est\u00e1 a cargo de las partes demostrar por los medios probatorios las afirmaciones a que all\u00ed aluden, y quedan supeditadas al resultado del labor\u00edo que ejerza el funcionario judicial, al tomar la determinaci\u00f3n final. <\/p>\n

5.1. Sea del caso destacar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa y, es que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n

[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n"\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00). <\/p>\n

5.2. Sumado a lo anterior, esta Sala ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrada ponente STC1536-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2017-00099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101400","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101400"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101400\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}