{"id":101402,"date":"2026-07-01T17:35:01","date_gmt":"2026-07-01T17:35:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101402"},"modified":"2026-07-01T17:35:01","modified_gmt":"2026-07-01T17:35:01","slug":"stc1547-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1547-2018\/","title":{"rendered":"STC1547-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01979-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Saturnino Camacho Ni\u00f1o en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los LLanos Meta, vincul\u00e1ndose a los delegados de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y del Ministerio P\u00fablico que hayan actuado en el proceso penal seguido en contra del actor y de quien se haya constituido como v\u00edctima. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en extenso escrito, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos, Meta, se adelanta en su contra el proceso penal n\u00b0 2014-00001, por el delito de demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os. <\/p>\n

2.2. El 26 de noviembre de 2015 se dio inicio a la \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb en la cual la Fiscal\u00eda 39 Seccional Delegada procedi\u00f3 al \u00abdescubrimiento probatorio\u00bb; y en la continuaci\u00f3n, el 10 de noviembre de 2016, solicit\u00f3 su decreto; la defensa solicit\u00f3 el rechazo de algunos medios demostrativos y la exclusi\u00f3n o inadmisi\u00f3n de otros. <\/p>\n

2.3. La \u00abaudiencia preparatoria\u00bb tuvo lugar los d\u00edas 10 de noviembre de 2016 y 3 de agosto de 2017, \u00faltima en la que el Estrado enjuiciado profiri\u00f3 auto interlocutorio decidiendo las peticiones de pruebas formuladas por las partes, decretando unos elementos de persuasi\u00f3n y negando otros; y, adem\u00e1s, orden\u00f3 un testimonio solicitado por el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n

2.4. Contra esa decisi\u00f3n su defensor interpuso recurso de apelaci\u00f3n que le fue concedido por el a quo, pero la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, se abstuvo de desatar la alzada \u00abatendiendo a que el recurso reca\u00eda en la decisi\u00f3n de decreto de pruebas, mas no en las que negaba las mismas, siendo, para la sala improcedente el recurso\u00bb, dej\u00e1ndolo de ese modo \u00absin recursos ordinarios\u00bb para la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n

2.5. Se queja que en la audiencia preparatoria \u00abfue alterado totalmente el orden de intervenci\u00f3n\u00bb, toda vez que en la primera sesi\u00f3n, \u00abdespu\u00e9s de hacer su presentaci\u00f3n la Fiscal\u00eda y luego la Defensa quien manifest\u00f3 su inconformidad con las pruebas y especialmente la que tiene que ver con [la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Luis Alberto Mart\u00ednez Erazo], y frente a su inminente rechazo […] la Se\u00f1ora Procuradora, solicit\u00f3 esta misma sin exponer temas relacionados con conducencia, pertinencia entre otros, y finalmente sin tener la oportunidad la defensa de pronunciarse sobre el ejercicio de contradicci\u00f3n\u00bb, y en la continuaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico a pesar de haber manifestado que no la solicitar\u00eda, luego de un breve receso \u00abafirm\u00f3 que tuvo una confusi\u00f3n, y que s\u00ed hab\u00eda solicitado el testimonio […] del Se\u00f1or LUIS ALBERTO MART\u00cdNEZ ERAZO, teniendo en cuenta que la Fiscal\u00eda no hab\u00eda descubierto esas pruebas y que en el desarrollo de la audiencia preparatoria, se supo de ese testimonio [\u2026], justificando \u00fanicamente que se hace en facultad del art\u00edculo 357 de la ley 906 de 2004\u00bb; por lo que al concederse una vez m\u00e1s la oportunidad a la Procuradur\u00eda, que \u00abya que hab\u00eda renunciado a la prueba solicitada\u00bb, procedi\u00f3 a retractarse, con lo cual \u00ab[s]e revive no solo la etapa de petici\u00f3n de pruebas que ya hab\u00eda sido concluida, sino tambi\u00e9n una prueba a la que expresamente renuncia la procuradora\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, ordenar que \u00abse revoque la decisi\u00f3n\u00bb proferida el 3 de agosto de 2017 por el Juzgado querellado; y consecuencialmente, proceda a rechazar \u00abel testimonio del Se\u00f1or LUIS ALBERTO MART\u00cdNEZ ERAZO, comprendiendo que el mismo no fue solicitado en debida forma por parte de la [P]rocuradur\u00eda, y que el mismo fue producto de una serie de irregularidades por parte de la misma delegada\u00bb; y \u00ab[s]e realice el pronunciamiento de fondo de las solicitudes de inadmisi\u00f3n, exclusi\u00f3n y rechazo que no se tuvieron en cuenta en la decisi\u00f3n adoptada por el Se\u00f1or Juez al momento de decretar las pruebas; toda vez que los funcionarios p\u00fablicos y en especial los Se\u00f1ores Jueces debe pronunciarse una a una sobre las solicitudes realizadas por las partes intervinientes en un caso\u00bb (ff. 1-24 cuad. 1). <\/p>\n

4. El 16 de noviembre de 2017, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal admiti\u00f3 la tutela (f. 177 ib\u00edd.), y el d\u00eda 30 siguiente neg\u00f3 por improcedente el amparo (ff. 60-68 ib.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El magistrado Froil\u00e1n Sanabria Naranjo, integrante de la Sala Penal del Tribunal accionado, manifest\u00f3 que su despacho conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el defensor del procesado Saturnino Camacho Ni\u00f1o, aqu\u00ed accionante, contra el auto de 3 de agosto de 2017 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de Los Llanos, Meta, mediante el cual se decretaron unas pruebas, pero que en decisi\u00f3n de 5 de septiembre siguiente esa Colegiatura se abstuvo de resolver la alzada por cuanto esta \u00abno procede contra decisiones probatorias positivas distintas a las se\u00f1aladas en los art\u00edculos 359 y 177 del C. de P.P., seg\u00fan los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, all\u00ed destacados\u00bb (f. 190 ib.). <\/p>\n

2. La Procuradora 278 Judicial I Penal solicit\u00f3 se declare improcedente el resguardo por considerar que en la actuaci\u00f3n cuestionada no se le han vulnerado al acusado las prerrogativas invocadas. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3, que \u00abse presenta equivocado el accionante al reclamar que se hubiese vulnerado el debido proceso al decretar el se\u00f1or Juez la prueba solicitada por el Ministerio P\u00fablico sin argumentar pertinencia, conducencia y utilidad, desconociendo que es precisamente al final del desarrollo de la audiencia preparatoria donde se concede la palabra al Ministerio P\u00fablico para que si considera a voces del art\u00edculo 357 del C.P.P, realizar alguna solicitud, la presente y en momento alguno se le debe exigir argumentar pertinencia, conducencia y utilidad por cuanto no es parte ni presenta teor\u00eda del caso, por lo tanto lo que se busca con la prueba que se considera de importancia, es esclarecer la verdad y en esos t\u00e9rminos lo manifest[\u00f3] al momento en que se [l]e concedi\u00f3 la palabra frente al recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. (ff. 195-196 cuad. 1). <\/p>\n

3. El Juez Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos solicit\u00f3 denegar el amparo por considerar que cumpli\u00f3 con el tr\u00e1mite procesal correspondiente, \u00abtomando una decisi\u00f3n de fondo basada en los preceptos legales, la cual estuvo garantizada con la interposici\u00f3n de los recursos legales, recursos que igualmente tuvieron su curso procesal, respetando los preceptos constitucionales y legales\u00bb, pues \u00abdecret\u00f3 el testimonio del se\u00f1or LUIS ALBERTO MART\u00cdNEZ ERAZO, en virtud del art. 357 [del C.P.P.], que le da la facultad al Ministerio P\u00fablico para realizar solicitudes probatorias, cuando se cumplan los requisitos all\u00ed enunciados, adem\u00e1s de ello tal solicitud se realiz\u00f3 indicando la utilidad, pertinencia y conducencia, a pesar de no estar obligado en virtud de la sentencia 42864 del 21 de mayo de 2014 y 24468 del 30 de marzo de 2006\u00bb (ff. 198-199 ib\u00edd.). <\/p>\n

4. El Fiscal 39 Seccional de San Mart\u00edn pidi\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional porque, en su sentir, \u00abla investigaci\u00f3n se ha adelantado acatando lo preceptuado por el c\u00f3digo de procedimiento penal, la Constituci\u00f3n y la Ley, y que el accionante ha hecho uso de los recursos como consta en las diligencias\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abcuenta con otros medios de defensa para alegar su inconformidad frente a la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas en su momento, y no a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (f. 202 ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda por considerar que el proceso penal seguido contra el accionante se rit\u00faa bajo los postulados de la Ley 906 de 2004, \u00abgarantiz\u00e1ndosele de esta manera un debido proceso, y de ah\u00ed que no pueda predicarse la existencia de v\u00edas de hecho\u00bb, am\u00e9n que \u00abdurante las dos sesiones en que se adelant\u00f3 la audiencia preparatoria el defensor […] intervino no s\u00f3lo para efectuar sus propias solicitudes probatorias sino tambi\u00e9n para oponerse, tanto a las de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como a la excepcional peticionada por la representante del Ministerio P\u00fablico\u00bb, siendo que en la audiencia preparatoria llevada a cabo el 3 de agosto de 2017, \u00abacreditado est\u00e1 que la autoridad judicial accionada interrog\u00f3 a las partes para que manifestaran si el descubrimiento hab\u00eda sido completo sin que ninguna de ellas presentara objeci\u00f3n alguna\u00bb, y \u00abal consult\u00e1rsele al defensor […] "si ten\u00eda alguna otra interlocuci\u00f3n", contest\u00f3 "no se\u00f1or\u00eda, como hab\u00eda dicho el se\u00f1or fiscal, ya solamente faltar\u00eda el pronunciamiento de su se\u00f1or\u00eda con respecto al decreto de pruebas"\u00bb, y luego del receso decretado y del hecho de que \u00abel Ministerio P\u00fablico ratificara su intenci\u00f3n de solicitar de manera excepcional el testimonio de LUIS ALBERTO MART\u00cdNEZ ERAZO, el juez otorg\u00f3 el uso de la palabra a los intervinientes para que se\u00f1alaran si se opon\u00edan a que dictara "el decreto de pruebas", tampoco all\u00ed el defensor expuso la inconformidad que hoy alega en el amparo tutelar\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel demandante cont\u00f3 con m\u00faltiples oportunidades para esgrimir sus discrepancias dentro del proceso penal, como primer escenario para la materializaci\u00f3n de los derechos de las partes, pero no hizo uso de ellas, sin que pueda ahora acudir al tr\u00e1mite constitucional como una instancia alternativa o paralela a los procedimientos ordinarios, pues esa no es la finalidad de la misma\u00bb; y referente a la actuaci\u00f3n de la Colegiatura censurada, sostuvo que \u00abninguna vulneraci\u00f3n de prerrogativas fundamentales del demandante se advierte, toda vez que al pronunciarse frente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo dictado el 03 de agosto de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn, Meta, con argumentos claros y concisos le hizo saber lo improcedente que era acudir a ese procedimiento para atacar decisiones que admiten medios de prueba\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el proceso penal adelantado contra el gestor \u00abse encuentra pendiente de continuar con la audiencia de juicio oral, se presenten los alegatos finales y se tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, frente a la cual, seg\u00fan el caso, puede interponer el recurso ordinario de apelaci\u00f3n e incluso el extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abdentro de las oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jur\u00eddico de rigor, puede emplear los instrumentos de protecci\u00f3n id\u00f3neos para esgrimir las presuntas falencias puestas de presente en la demanda de tutela al interior del escenario natural, m\u00e1xime cuando, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u00bb, y que por estar en curso \u00abcualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la misma estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb (ff. 203-2019 cuad. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el apoderado del gestor aduciendo que el juez \u00abno puede decretar pruebas en forma ilegal bajo el argumento de preclusi\u00f3n de oportunidades procesales\u00bb, pues, en la actuaci\u00f3n del a quo censurado se configura una \u00abdecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb porque no valor\u00f3 los argumentos esbozados por la defensa, ni expuso \u00ablas razones de fondo sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de exclusi\u00f3n, inadmisi\u00f3n y rechazo de las pruebas\u00bb; que ha agotado al interior del proceso todos los medios existentes para poner de presente todas las irregularidades procesales, por lo cual resulta procedente la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que discrepa de la postura del a quo constitucional de que pudo exponer sus inconformidades \u00aben la oportunidad en la que el juez otorgara el uso de la palabra a los intervinientes para que se\u00f1alaran si se opon\u00edan a que se dictara \u201cel decreto de pruebas\u201d\u00bb porque el juez como director del proceso es quien est\u00e1 facultado para \u00abdireccionarlo\u00bb (ff. 228-235 cuad. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. El gestor pretende se deje sin efecto el prove\u00eddo de 3 de agosto de 2017 a trav\u00e9s del cual el juzgado querellado resolvi\u00f3 la solicitud de pruebas de las partes en el juicio penal seguido en su contra, y decret\u00f3 un testimonio solicitado por el Ministerio P\u00fablico; puesto que, en su sentir, este \u00faltimo elemento demostrativo no fue pedido en oportunidad, como tampoco se expuso su conducencia, pertinencia y utilidad, por lo cual le vulnera las prerrogativas invocadas. <\/p>\n

3. Del examen de las pruebas allegadas, se observa lo siguiente: <\/p>\n

a) Grabaci\u00f3n de la \u00abaudiencia preparatoria\u00bb \u2013inicial- surtida el 26 de noviembre de 2016 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito querellado, dentro de la actuaci\u00f3n penal seguida en contra del accionante por el delito de demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os de edad, radicado 50689 61 00 000 2014 00001 (CD 3 \u00abpreparatoria.wma\u00bb). <\/p>\n

b) Medio audiovisual de la continuaci\u00f3n de la \u00abaudiencia preparatoria\u00bb, surtida el 3 de agosto de 2017 en la que el Juez censurado decret\u00f3 las pruebas solicitadas por la Fiscal\u00eda, la defensa y el Ministerio P\u00fablico (min. 10:12), contra el cual el apoderado del encartado interpuso recurso de apelaci\u00f3n (min. 13:36), el cual fue concedido en el efecto suspensivo (min. 1:36:34) (CD 4 \u00ab03082017CONTINUACION AUDIENCIA PREPARATORIA.wmv\u00bb) <\/p>\n

c) Providencia de 5 de diciembre de 2012 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito judicial de Villavicencio que dispuso \u00abAbstenerse de resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra el auto del 3 de agosto de 2017 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos (Meta) dentro del presente asunto, por medio del cual se decret\u00f3 unas pruebas\u00bb por considerar que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en principio \u00abexpuso que el recurso de apelaci\u00f3n no solo proced\u00eda contra las decisiones que negaban la pr\u00e1ctica de la prueba sino tambi\u00e9n las que ordenaban su decreto o admisi\u00f3n\u00bb, en pasada decisi\u00f3n -27 de julio de 2016- \u00abreconsider\u00f3 esa postura y finalmente concluy\u00f3 que, si bien el art\u00edculo 20 del C. de P.P., consagra la alzada para los autos interlocutorios, esa posibilidad est\u00e1 limitada a tres decisiones concretas: (i) las referentes a la libertad; (ii) las que afectan la prueba; y (iii) las que tengan efectos patrimoniales\u00bb y dentro de las relativas al ac\u00e1pite segundo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel legislador regul\u00f3 el tema brindando la posibilidad de impugnar los autos que decide sobre la exclusi\u00f3n, rechazo o inadmisibilidad de pruebas del juicio (art. 259 del C. de P.P.), el que deniega la pr\u00e1ctica del juicio oral y el que decide sobre la exclusi\u00f3n de una prueba del juicio oral (art. 177 del C. de P.P.)\u00bb; y comoquiera que en este caso \u00abla defensa ataca la orden del juez de conocimiento, de admitir varios medios de prueba, decisiones productores positivas contra las cuales no procede el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (ff. 169-174 cuad. 1). <\/p>\n

4. La concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que concurre la causal de improcedencia de la subsidiariedad, toda vez que el actor debi\u00f3 acudir a los medios de resguardo judicial que consagra la ley penal para exponer los motivos en que apoya su queja, concretamente, el recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 3 de agosto de 2017 del Juzgado Promiscuo del Circuito querellado, puesto que, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 176 de la Ley 906 de 2006, \u00abSalvo la sentencia la reposici\u00f3n procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia\u00bb; empero, lo que hizo fue equivocar el mecanismo de defensa ya que formul\u00f3 \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos procesales id\u00f3neos para la custodia de sus derechos, de donde emerge, iterase, la improcedencia del amparo invocado dado que no es dable pretender la sustituci\u00f3n de los instrumentos legales mediante este mecanismo constitucional, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera de instancia, seg\u00fan se pretende. <\/p>\n

Al, respecto, esta Corporaci\u00f3n ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar, que: <\/p>\n

Asimismo, frente al particular la Sala ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, este colegiado ha expuesto: <\/p>\n

\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n

5. Pero adem\u00e1s de lo anterior, frente a la queja relacionada con el supuesto que la prueba testimonial solicitada por el Ministerio P\u00fablico, no se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales para su decreto, tampoco resulta viable el amparo constitucional puesto que, el proceso adelantado en contra del peticionario est\u00e1 en curso, pendiente de continuar con la audiencia de juicio oral y, por ende, como lo sostuvo el juzgador constitucional de primer grado, puede solicitar las nulidades que considere pertinentes e interponer los recursos contra las determinaciones que le sean desfavorables a sus intereses, siendo entonces que por disposici\u00f3n legal, otro es el escenario en el que puede discutirse lo aqu\u00ed alegado, que ser\u00eda en la audiencia oral de juzgamiento, donde podr\u00e1 apelar la sentencia, en caso de serle desfavorable o en \u00faltima instancia, acudir al \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (causales 2\u00aa y 3\u00aa Art. 181 ejusdem), m\u00e1s no por medio de esta herramienta de car\u00e1cter residual y subsidiaria, habida cuenta que \u00abde otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u00bb (CSJ STC7886-2017). <\/p>\n

Luego, es prematuro en este caso reclamar un pronunciamiento del juez de tutela que le est\u00e1 vedado por cuanto no puede arrogarse facultades que no le corresponden, decidiendo lo que debe resolver el funcionario competente, aspecto que se erige en motivo de improcedencia seg\u00fan lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Al respecto, ha dicho la Corte que <\/p>\n

\u00ab[N]o es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 el mecanismo de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n\u00bb (CSJ STC7886-2017). <\/p>\n

6. Cabe recordar, que la intenci\u00f3n del constituyente al establecer tal instrumento con el car\u00e1cter de supletorio, fue la de preservar la integridad del ordenamiento jur\u00eddico como un todo arm\u00f3nico, estructurado sobre la base de brindar a las personas medios eficientes de acceso a la administraci\u00f3n de justicia para la defensa de los derechos de que son titulares, protegidos por las leyes y la propia constituci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el tema la Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n

En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia de primera instancia, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n

7. De acuerdo con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01979-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101402","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101402"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101402\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}