{"id":101427,"date":"2026-07-01T17:40:38","date_gmt":"2026-07-01T17:40:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101427"},"modified":"2026-07-01T17:40:38","modified_gmt":"2026-07-01T17:40:38","slug":"stc1594-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1594-2018\/","title":{"rendered":"STC1594-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1594-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00913-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n de la Unidad Residencial Linda Villa P.H. contra la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que le neg\u00f3 la tutela que instaur\u00f3 a los Juzgados Primero Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal de esa ciudad, siendo vinculados Jos\u00e9 Jairo Madrigal Uribe y Piedad Duque Su\u00e1rez. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Mediante su representante legal, la promotora solicit\u00f3 que se le proteja su derecho al debido proceso, ordenando a cada uno de los denunciados revocar sus respectivos fallos y, en su lugar, acoger la prescripci\u00f3n que aleg\u00f3 en la ejecuci\u00f3n que sigui\u00f3 a las precitadas personas.
\n2. Relat\u00f3 que el 18 de diciembre de 2015 reclam\u00f3 coercitivamente las cuotas de administraci\u00f3n adeudadas por los prenombrados desde febrero de 2006, quienes excepcionaron \u201cprescripci\u00f3n y caducidad parcial\u201d de las de m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os de antig\u00fcedad, en cuyo traslado se manifest\u00f3 sobre la exigibilidad del t\u00edtulo y, por consiguiente, en torno a tal defensa, a la vez que pidi\u00f3 interrogatorio tendiente a demostrar la renuncia t\u00e1cita por abonos. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que el Juzgado Noveno Civil Municipal fij\u00f3 el 2 de noviembre de 2016 para acopiar ese elemento, pero el 31 de octubre dict\u00f3 sentencia anticipada \u201cpor estar probados los hechos\u201d de la r\u00e9plica, sin tener en cuenta que estaba pendiente dicha diligencia (num. 2, art\u00edculo 278 del C.G.P.). <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que puso de presente esa situaci\u00f3n al ad quem, as\u00ed como que despu\u00e9s de que venci\u00f3 en primera instancia la oportunidad para pronunciarse sobre la mentada contestaci\u00f3n se produjeron abonos que imput\u00f3 a los intereses m\u00e1s antiguos (art. 1653 del C\u00f3digo Civil), el \u00faltimo el 4 de octubre postrero, por lo que le insisti\u00f3 en el recaudo del medio suasorio ya indicado, am\u00e9n de documentos, oficios y un testimonio, pero aqu\u00e9l \u201cdesconoci\u00f3 el art\u00edculo 327 del CPG,\u2026cancel\u00f3 la audiencia programada para el 8 de mayo de 2017\u201d y desestim\u00f3 su apelaci\u00f3n. <\/p>\n

La juez municipal defendi\u00f3 su pronunciamiento, destacando que su superior lo ratific\u00f3 (fls. 45 al 48). <\/p>\n

No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n

LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El Tribunal no hall\u00f3 ninguna irregularidad en el procedimiento examinado, pues el art\u00edculo 278 citado habilita fallar en las condiciones anotadas cuando el funcionario llega al convencimiento de la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo, para lo que bastaba un simple c\u00f3mputo, lo que no se opone a que hubiera probanzas por practicar, comoquiera que esto implicar\u00eda no decidir hasta agotar el respectivo periodo. Sostuvo que a partir de la mentada contabilizaci\u00f3n se concluy\u00f3 v\u00e1lidamente que se dio la \u201cprescripci\u00f3n\u201d y que no hubo renuncia o interrupci\u00f3n, fen\u00f3menos que por lo dem\u00e1s la acreedora no expuso en la oportunidad debida, caso en el cual habr\u00edan sido tema del debate respectivo. A\u00f1adi\u00f3 que los supuestos medios de persuasi\u00f3n preteridos s\u00f3lo fueron invocados en la alzada (fls. 53 al 58). <\/p>\n

La gestora ratific\u00f3 sus alegaciones primarias, insistiendo en que pidi\u00f3 y obtuvo el decreto probatorio ante el a quo, en cuyo desarrollo se habr\u00eda podido detectar la \u201crenuncia o interrupci\u00f3n\u201d, que inicialmente le era \u201cf\u00edsicamente imposible\u201d poner en conocimiento de la judicatura \u201cya que s\u00f3lo hasta \u00faltimo momento la administraci\u00f3n pudo identificar el pago\u201d respectivo. Insisti\u00f3 en que en la segunda instancia expuso estas circunstancias, pero no fueron atendidas (fls. 64 y 65). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La tutela es un instrumento preferente y sumario mediante el que toda persona puede pedir que los jueces preserven sus garant\u00edas fundamentales violadas o amenazadas por los servidores p\u00fablicos, o por los particulares en los precisos eventos previstos en el art\u00edculo 86 de la carta pol\u00edtica, destac\u00e1ndose como presupuestos esenciales la inmediatez y la subsidiaridad, en cuanto \u00fanicamente procede si se impetra en un plazo razonable que, en principio, la jurisprudencia ha fijado en seis (6) meses, siempre y cuando no exista otro medio de defensa ni \u00e9ste se haya desperdiciado. <\/p>\n

Si su finalidad es reprochar los prove\u00eddos de los juzgadores naturales, exclusivamente se abre paso en los inusuales eventos en que \u00e9stos incurran en una protuberante trasgresi\u00f3n de la legislaci\u00f3n, es decir, \u201ccon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado[s] en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure[n] \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u201d (entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada STC1842-2017), lo que de suyo descarta divergencias meramente interpretativas. <\/p>\n

2. Escrutado lo acontecido en el juicio ejecutivo incoado el 18 de diciembre de 2015 por la Unidad Residencial Linda Villa P.H. contra Jos\u00e9 Jairo Madrigal Uribe y Piedad Duque Su\u00e1rez para el cobro de las cuotas de administraci\u00f3n causadas desde el 1\u00ba de febrero de 2006, la Corte no advierte una flagrante vulneraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, en primer lugar porque al descorrer traslado de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n la acreedora en ning\u00fan momento adujo que la misma se hubiese interrumpido o renunciado, ni mucho menos aleg\u00f3 abonos, sino que se enfrasc\u00f3 en otra controversia sobre la posibilidad de discutir los aspectos formales del t\u00edtulo ejecutivo \u00fanicamente con reposici\u00f3n contra el mandamiento, de tal forma que no puede predicarse que cuando el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn prescindi\u00f3 del interrogatorio decretado ese acontecimiento fuera tema de prueba.
\nEn esa medida, no result\u00f3 un desprop\u00f3sito que obrara enmarcado en el supuesto del numeral 3 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso conforme al cual, \u201cEn cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos (\u2026)\u00a0Cuando se encuentre probada\u2026 la prescripci\u00f3n extintiva\u2026\u201d, como en efecto aqu\u00ed acaec\u00eda dado lo ocurrido y, esencialmente, la ausencia de debate al respecto. <\/p>\n

Ahora bien, en segunda instancia fueron pedidas pruebas por la apoderada de la demandante con sustento en que entre el 12 de agosto de 2016 y el 4 de octubre siguiente se hicieron abonos que s\u00f3lo \u201cfueron puestos en mi conocimiento el d\u00eda de hoy, ya que el administrador tuvo que hacer una ardua investigaci\u00f3n para identificarlos, pues los mismos fueron realizados por transferencia electr\u00f3nica desde la cuenta 10272654362 que corresponde a ESTEPHANY MADRIGAL DUQUE que es la hija de los ac\u00e1 demandados, y que implican necesariamente un reconocimiento de la deuda\u2026\u201d. <\/p>\n

Por lo que el auto de 9 de febrero de 2017, que neg\u00f3 la petici\u00f3n no constituye un desafuero, al evidenciarse que la propia interesada reconoci\u00f3 que antes no hab\u00eda aportado los nuevos elementos por una raz\u00f3n que si bien ella estima v\u00e1lida, objetivamente s\u00f3lo puede atribuirse a su incuria, puesto que no hay justificaci\u00f3n para que no conociera de los pagos recibidos y en tiempo los informara, en el supuesto que los mismos tuvieran efecto determinante en el asunto, pues, en todo caso se menciona que los realiz\u00f3 un tercero. <\/p>\n

En ese sentido, se pondera que tornando a lo acontecido en el litigio, el Juzgado Primero verific\u00f3 que ante el a quo <\/p>\n

(\u2026) nada se dice respecto a lo que se pretendiera probar con tales interrogatorios, ni en el escrito que ahora ocupa, y como realmente la r\u00e9plica a las defensas de m\u00e9rito no se enfoc\u00f3 a rebatir las excepci\u00f3n (sic) de \u201cprescripci\u00f3n y caducidad parcial\u201d sino que se orient\u00f3 a argumentar que los requisitos formales del t\u00edtulo solo pueden discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

Resoluci\u00f3n que mantuvo el 2 de mayo siguiente al examinar el correspondiente remedio horizontal e indicar que <\/p>\n

(\u2026) el juzgado de primera instancia procedi\u00f3 conforme a la mencionada norma y como para el surtimiento del recurso de apelaci\u00f3n no se estima necesario ni indispensable la pr\u00e1ctica de pruebas, entre ellas las que se hubieren dejado de practicar en la primera instancia en raz\u00f3n de la sentencia anticipada, no es del caso acceder al pedido de reposici\u00f3n y menos para decretar aqu\u00ed pruebas adicionales que no fueron solicitadas al darse las contestaciones de las excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n

En tal escenario, la confirmaci\u00f3n de la providencia que en primera instancia reconoci\u00f3 la defensa propuesta no entra\u00f1a ninguna flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos de la actora, puesto que se determin\u00f3 fehacientemente que transcurri\u00f3 el lapso requerido para el efecto y no se demostr\u00f3 nada que lo enervara. <\/p>\n

Semejantes reflexiones, al margen de que la gestora no las comparta, sin duda no se apartan de la legislaci\u00f3n patria, de tal forma que aunque pudiera ensayarse otra como la que \u00e9sta propone acorde con sus intereses, como que desde un comienzo su finalidad al replicar la excepci\u00f3n de fondo fue demostrar los abonos y, por ende, sus consecuencias, o que debieron decretarse los medios de convicci\u00f3n que invoc\u00f3 ante el superior, no es esta la ocasi\u00f3n para acoger ese ejercicio argumentativo, toda vez que como se ha subrayado hasta la saciedad, la tutela no es un mecanismo dise\u00f1ado para imponer el criterio del juez constitucional o de alguno de los contendientes, sino para corregir los yerros superlativos en que incurren los funcionarios de instancia, los que no se advierten en este evento. <\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, se impone la ratificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n opugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n de los fallos. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\n\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC1594-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00913-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n de la Unidad Residencial Linda Villa P.H. contra la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2017 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101427"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101427\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}