{"id":101430,"date":"2026-07-01T17:40:55","date_gmt":"2026-07-01T17:40:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101430"},"modified":"2026-07-01T17:40:55","modified_gmt":"2026-07-01T17:40:55","slug":"stc1619-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1619-2018\/","title":{"rendered":"STC1619-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1619-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03140-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 6 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Jenny Carrillo Arias respecto del Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta capital, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo\u201d N\u00b0 2007-00875-00, adelantado por el Banco BCSC S.A. contra Jos\u00e9 Arley Ram\u00edrez Acevedo. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora solicita la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n

2. De lo consignado en el libelo constitucional y los documentos adosados, se colige que dentro del compulsivo materia de este amparo, la tutelante se desempe\u00f1\u00f3 como auxiliar de la justicia y se le adelant\u00f3 un \u201cincidente\u201d, culminado con auto del 29 de marzo de 2012, excluy\u00e9ndola de la lista de auxiliares. <\/p>\n

Posteriormente, la aqu\u00ed quejosa requiri\u00f3 la nulidad de esa tramitaci\u00f3n, denegada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en audiencia del 25 de mayo de 2017, determinaci\u00f3n confirmada en segunda instancia el 18 de septiembre posterior. <\/p>\n

Considera que las decisiones adoptadas por los estrados fustigados, no se ajustan a lo se\u00f1alado en la sentencia de la Corte Constitucional C-798 del 16 de septiembre de 2003. <\/p>\n

Adiciona que conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 41 de la Ley 1474 de 2011, era \u201c(\u2026) el Consejo Seccional de Judicatura (\u2026)\u201d el competente para asumir decursos como el aludido y no el juez del ejecutivo (fls. 1 a 14). <\/p>\n

3. Suplica dejar sin valor y efecto la providencia del 18 de septiembre de 2017, y en su lugar, invalidar todo lo actuado, ordenando el archivo del proceso incidental adelantado en su contra. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Los juzgados censurados guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el caso en estudio, efectuadas las averiguaciones de rigor, se observa que la decisi\u00f3n mediante la cual se resolvi\u00f3 el incidente de exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia data del 29 de marzo del 2012, sin que ante la misma se haya formulado recurso alguno, empero, la demanda de tutela se presenta tan solo hasta el 30 de noviembre de 2017 (fl.15), es decir, transcurridos m\u00e1s de cinco a\u00f1os de la fecha en que ocurri\u00f3 el acto del cual deriva la salvaguarda, superando de esta manera ampliamente el tiempo previsto en la jurisprudencia para que fuera oportuna la solicitud de amparo y se cumpliera con el requisito de inmediatez que debe acompa\u00f1arla; circunstancia que no puede pasar inadvertida, toda vez que, denota una reclamaci\u00f3n tard\u00eda en el empe\u00f1o de hacer retroceder las determinaciones adoptadas, y sin que hubiere justificado la demora para promover este amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que con su demanda de tutela la accionante no aport\u00f3 ning\u00fan medio de convicci\u00f3n que permita inferir la veracidad de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que relata, ni argument\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00edan los yerros atribuidos a las providencias fustigadas. (\u2026) Con fundamento en lo discurrido, el mecanismo de amparo est\u00e1 llamado a ser negado (\u2026)\u201d (fls. 22 a 26). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La interpuso la gestora sin aducir argumento alguno (fl. 53). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \tsuplicante se duele porque dentro del comentado subex\u00e1mine: \ti) fue sancionada injustamente mediante auto del 29 de marzo de \t2012, y ii) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n \tde Sentencias de Bogot\u00e1 el 18 de septiembre de 2017, confirm\u00f3 \tel prove\u00eddo nugatorio de la nulidad propuesta contra el \taludido incidente de exclusi\u00f3n de auxiliares de la justicia, \tvulnerando con ello sus derechos fundamentales. <\/p>\n

2. Atinente al primer reclamo, no hay lugar a acoger el resguardo deprecado por ausencia del requisito de inmediatez, por cuanto el mismo fue incoado tard\u00edamente el 30 de noviembre de 2017, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os despu\u00e9s de emitida la providencia finiquitoria del aludido decurso incidental, t\u00e9rmino que supera ampliamente el estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a la actual jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Sala ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para presentar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al juzgado querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. Respecto al segundo motivo de inconformidad, la juzgadora del circuito en la motivaci\u00f3n de su decisi\u00f3n, expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Frente al primer planteamiento como fundamento de la apelaci\u00f3n, debe indicarse que no tiene prosperidad por cuanto el objeto del Acuerdo 2518 de 2002, del Consejo Superior de la Judicatura, no regula el derecho de postulaci\u00f3n de los auxiliares de la justicia dentro del proceso en el que se desempe\u00f1an como auxiliarles, pues lo \u00fanico que dicho acuerdo reglamenta, es el r\u00e9gimen y los honorarios de los auxiliares de la justicia y su aplicaci\u00f3n, por ende como quiera que no existe norma especial que indique que los auxiliares de la justicia pueden comparecer al proceso directamente sin ser abogados inscritos, se tiene que su actuaci\u00f3n litigiosa se regula por el art\u00edculo 73 del C. G. del P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [F]rente al segundo fundamento, consistente en que para la \u00e9poca en que se present\u00f3 el incidente, no se encontraba vigente el art\u00edculo 41 de la Ley 1474 del 2011, lo cierto es que dicha circunstancia no tiene incidencia en la decisi\u00f3n, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura ha sido enf\u00e1tico en indicar que es el juzgado quien debe efectuar el tramite previsto en el art\u00edculo 9 del C. de P.C., y aclara que cuando el art\u00edculo 41 de la Ley 1474 de 2011, habla de las funciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) hace referencia a la anotaci\u00f3n que ejecutan sobre las sanciones una vez el juez profiere el auto con la pena impuesta (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]especto a la notificaci\u00f3n incorrecta de la apertura del incidente de exclusi\u00f3n, la norma general, art\u00edculo 314 del C. de P.C. vigente al momento en que se profiri\u00f3 dicha providencia (\u2026) no la consagra como aquellas que deben notificarse personalmente, tampoco la norma especial que regula el tr\u00e1mite de los incidentes, as\u00ed lo establece (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Desde ya se advierte el fracaso del ruego, por cuanto el pronunciamiento tachado, no se aprecia como el resultado de un razonamiento arbitrario, pues la funcionaria censurada apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en la actuaci\u00f3n surtida y en las normas aplicables al caso particular. <\/p>\n

En efecto, la juzgadora fund\u00f3 su providencia en un examen sensato de la gesti\u00f3n desarrollada, verificando que el proceder del a quo se ajust\u00f3 a los presupuestos fijados por el legislador para este tipo de tr\u00e1mites, indicando que el estrado judicial s\u00ed era el competente para finiquitar el proceso incidental del exclusi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el canon 41 de la Ley 1474 de 2011. <\/p>\n

4. Aunque la actora no comparta la anterior argumentaci\u00f3n, ello no convierte dicha determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n

5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

6. En lo concerniente a la competencia para adelantar incidentes como el atacado, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La anterior facultad no es excluyente prima facie de la funci\u00f3n asignada por el art\u00edculo 41 de la Ley 1474 de 2011 a los Consejos Seccionales de la Judicatura y a su Superioridad para juzgar disciplinariamente a los auxiliares de la Justicia, cuando incurran en las faltas reguladas por la Ley 734 de 2002 (Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, prov. 3 nov. 2011, rad. 11001-11-02-0002010-04010-01), por cuanto aquella norma no derog\u00f3 las conferidas a los jueces por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Tanto el juez del proceso donde act\u00faa el auxiliar, como la autoridad disciplinaria pueden conocer y sancionar el comportamiento cometido por los referidos servidores, empero, no puede violentar el principio non bis in \u00eddem. Ahora, el incidente de relevo (\u2026) busca evaluar y reprobar su desempe\u00f1o respecto a la administraci\u00f3n y custodia de los bienes a este conferidos; a contrario sensu, el r\u00e9gimen disciplinario se concentra en establecer un juicio de reproche frente al ordenamiento jur\u00eddico, imponiendo inhabilidades en caso de comprobarse su responsabilidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, no puede perderse de vista que ante la concurrencia de reg\u00edmenes a partir de la vigencia del art\u00edculo 50 del C\u00f3digo General del Proceso, el se\u00f1alado tr\u00e1mite exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia se concentrar\u00e1 en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ STC, 12 ago. 2014, Rad. 2014-01186) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

Seg\u00fan el precedente transcrito, antes de la vigencia de la regla 50 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual ocurri\u00f3 el 1 de enero de 2016, tanto los jueces como el Consejo Superior de la Judicatura eran competentes para asumir el conocimiento de incidentes de exclusi\u00f3n de auxiliares de la justicia; por tanto, la actuaci\u00f3n surtida en el asunto materia de este ruego tiene plena validez, pues se desarroll\u00f3 y culmin\u00f3 en el a\u00f1o 2012. <\/p>\n

7. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se percibe vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma, ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

8. Por las razones mencionadas, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-03140-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb7, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb8; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto.
\nEn lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude.
\nDicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste.
\nLa raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional9, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d.
\nDe ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009).
\nAdicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014).
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC 2 de agosto de \t2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, \t16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tCSJ \tSTC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \tde 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n3 \tCSJ. Civil, sentencia de \t5 \tde septiembre de 2014, exp. 2014-00369-01, postura reiterada en el \tradicado 2015-00169-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n

9 \tSentencias C-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre \totras.
\n20<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1619-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03140-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 6 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101430","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101430"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101430\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}