{"id":101444,"date":"2026-07-01T17:42:50","date_gmt":"2026-07-01T17:42:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101444"},"modified":"2026-07-01T17:42:50","modified_gmt":"2026-07-01T17:42:50","slug":"stc1686-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1686-2018\/","title":{"rendered":"STC1686-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1686-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00408-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernando Due\u00f1as en contra de la Polic\u00eda Nacional, con ocasi\u00f3n de la desvinculaci\u00f3n laboral del aqu\u00ed gestor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante demanda la salvaguarda de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente quebrantado por la acusada. <\/p>\n

2. Fernando Due\u00f1as sostiene como base de su reparo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 2 a 6): <\/p>\n

2.1. Ingres\u00f3 como patrullero a la Polic\u00eda Nacional el 23 de julio de 2003. <\/p>\n

2.2. El 18 de febrero de 2015, mientras \u201c(\u2026) realizaba un procedimiento para restablecer el orden p\u00fablico de Oca\u00f1a, fue emboscado por parte de un grupo armado al margen de la ley (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n que le produjo m\u00faltiples heridas y secuelas. <\/p>\n

2.3. A ra\u00edz de lo antelado, fue trasladado al \u00c1rea Administrativa de la entidad como \u201csecretario del grupo de protecci\u00f3n a personas e instalaciones de la estaci\u00f3n de Oca\u00f1a\u201d, gesti\u00f3n que ha venido desempe\u00f1ando cabalmente y para la cual \u201cha adelantado varios cursos educativos\u201d. <\/p>\n

2.5. Mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba 04649 de 22 de septiembre de 2017, se le retir\u00f3 del servicio activo \u201cpor disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica\u201d. <\/p>\n

2.6. El tutelante censura lo precedente, aduciendo que no se analiz\u00f3 la posibilidad de reubicarlo en una vacante acorde con sus condiciones personales. <\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1ala que sus tratamientos m\u00e9dicos se ver\u00e1n interrumpidos, lo cual conllevar\u00eda al empeoramiento de sus padecimientos. <\/p>\n

3. Implora ordenar reintegrarlo al \u201c(\u2026) cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando en el \u00e1rea administrativa de acuerdo a las recomendaciones m\u00e9dico laborales, mientras se acude a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u201d y pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir. <\/p>\n

1.1. Respuesta de la accionada <\/p>\n

En escritos separados, la Secretar\u00eda General, la Direcci\u00f3n de Talento Humano y el \u00c1rea de Sanidad de Norte de Santander, todas dependencias de la Polic\u00eda Nacional, se opusieron al ruego realzando la legalidad del tr\u00e1mite censurado en esta sede (fls. 157 a 185, 196 a 228 y 146 a 153, respectivamente). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Otorg\u00f3 la protecci\u00f3n tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien es cierto que (\u2026) el retiro del servicio del tutelante obedece a causas legales, pues claramente el art\u00edculo 55-3 del Decreto 1791 de 2000, estipula que ante la disminuci\u00f3n de la capacidad sicof\u00edsica del patrullero se puede proceder a su retiro, tambi\u00e9n lo es, que frente al caso concreto (\u2026) tal precepto al tenor de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica debe implicarse (sic) comoquiera que la entidad policial dio de baja a un patrullero de especial protecci\u00f3n constitucional sin tener en cuenta que la \u00faltima calificaci\u00f3n arroj\u00f3 una p\u00e9rdida de su capacidad laboral del 40.42% (sic) y que de acuerdo a los antecedentes desarrollados, resulta reprochable cualquier forma de discriminaci\u00f3n que se adopte contra este grupo poblacional (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Realidad a la cual deben sumarse circunstancias muy especiales, como que la desvinculaci\u00f3n del actor de la instituci\u00f3n sin el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez lo deja desprovisto de un trabajo que le permita desarrollarse de manera efectiva en la sociedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, de igual manera, a consecuencia de la lesi\u00f3n, quedaron secuelas para la vida, salud, integridad y dignidad humana del actor; por tanto, frente a la condici\u00f3n f\u00edsica en la que se encuentra el accionante Fernando Due\u00f1as, se hace necesario el seguimiento de su enfermedad bien sea hasta su total recuperaci\u00f3n o hasta tanto se establezca un aumento en la p\u00e9rdida de su capacidad laboral y se determine si es beneficiario de la pensi\u00f3n por invalidez (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, anul\u00f3 la resoluci\u00f3n ac\u00e1 criticada y orden\u00f3 a la querellada reubicar al gestor \u201cen una actividad que pueda desempe\u00f1ar\u201d y pagarle \u201ctodos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir\u201d (fls. 250 a 260). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la accionada insistiendo en la improcedencia del amparo debido a la legalidad de la desvinculaci\u00f3n del hoy gestor y destacando la existencia de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d para controvertir las decisiones atacadas en esta sede (fls. 271 a 307). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Fernando Due\u00f1as critica su retiro como patrullero adscrito a la Polic\u00eda Nacional, por cuanto, en su opini\u00f3n, antes debi\u00f3 haberse estudiado la posibilidad de trasladarlo a un cargo acorde a sus condiciones personales. <\/p>\n

2. No se acceder\u00e1 al resguardo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues el gestor debe ventilar sus reparos frente a los pronunciamientos cuestionados a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026.) [I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Adem\u00e1s, en el eventual proceso, el quejoso puede requerir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, incluyendo la potestad de exigir la suspensi\u00f3n de las determinaciones censuradas. Sobre el particular, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensi\u00f3n provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisi\u00f3n de la demanda (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Q]ue la suspensi\u00f3n provisional es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acci\u00f3n de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado- (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]o que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensi\u00f3n provisional, ha sido ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisi\u00f3n misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la administraci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. Por consiguiente, el ruego tuitivo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque deben agotarse los instrumentos rese\u00f1ados, pues esta sede excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa. <\/p>\n

5. Si bien esta Corporaci\u00f3n ha concedido el amparo en casos de integrantes de la fuerza p\u00fablica retirados del servicio por p\u00e9rdida de la capacidad laboral, cuando no se ha analizado por la instituci\u00f3n la posibilidad de ocupar a las personas en otras labores ajenas a la actividad que su patolog\u00eda les impide realizar, tal evento difiere del presente asunto. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto aqu\u00ed, en la Resoluci\u00f3n N\u00ba 04649 de 22 de septiembre de 2017 (fl. 43), s\u00ed se abord\u00f3 ese estudio, definiendo la imposibilidad de transferirlo a una vacante en la cual sus condiciones personales le permitieran desempe\u00f1arse, atendiendo a las conclusiones del Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda donde se estableci\u00f3 la inviabilidad de ello, pues por las afecciones del tutelante no estaba facultado para adelantar ninguna clase de labor en ese ente (fls. 37 a 42). <\/p>\n

6. En punto de la atenci\u00f3n m\u00e9dica requerida por el se\u00f1or Due\u00f1as, debe aclararse, en el escrito de tutela no se vislumbra ninguna negativa por parte de la entidad querellada en torno a ese t\u00f3pico. Adem\u00e1s, teniendo en cuenta la desvinculaci\u00f3n laboral del actor, le corresponde a \u00e9ste inscribirse al Sistema de Seguridad Social en Salud, en cualquiera de sus dos reg\u00edmenes, contributivo o subsidiado. <\/p>\n

7. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, establece: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5.
\n8. Por los anteriores argumentos, se impone infirmar el fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo razonado, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar NEGAR la salvaguarda presentada por Fernando Due\u00f1as. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1686-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 54001-22-13-000-2017-00408-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2017-00408-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con todo respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar a continuaci\u00f3n las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3, toda vez que revisado el expediente se advierte que lo procedente es salvar voto. <\/p>\n

La Sala revoc\u00f3 la sentencia proferida por el tribunal a quo constitucional porque la mayor\u00eda de la cual me aparto consider\u00f3 que el accionante dispone de otro mecanismo ordinario para reclamar ante la jurisdicci\u00f3n la protecci\u00f3n de los derechos que estima transgredidos, toda vez que puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n

Aunque es cierto que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela se encuentra sometida a la constataci\u00f3n del cumplimiento de ciertos requisitos de procedibilidad como el de subsidiariedad o residualidad, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante, la procedencia del amparo no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendieron requerimientos de naturaleza simplemente procedimental. <\/p>\n

En tal sentido, en oportunidades anteriores, ante la evidente vulneraci\u00f3n de prerrogativas constitucionales, esta Sala ha concedido la protecci\u00f3n reclamada a pesar de que no se agotaron los medios de defensa judicial, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb (CSJ STC, 12 Oct. 2012, Rad. 2012-1545-01; CSJ STC8850-2016, 30 Jun. 2016, Rad. 2016-00186-01). <\/p>\n

En la presente controversia, debi\u00f3 atenderse que el tutelante, atendida la disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica como consecuencia del ataque de que fue objeto cuando realizaba labores propias de su funci\u00f3n para restablecer el orden p\u00fablico, es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, pues se encuentra en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta que lo hace merecedor de un trato preferente frente al auxilio que deben proveerle las autoridades, entre ellas la Corte, para garantizarle de forma efectiva el goce de sus derechos a la salud, dignidad humana, trabajo y debido proceso. <\/p>\n

Por lo anterior, disiento del criterio mayoritario, pues, a mi juicio, debi\u00f3 superarse el requisito meramente instrumental de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela con el fin de procurar una salvaguarda cierta de los derechos fundamentales mencionados y los de estabilidad laboral reforzada y m\u00ednimo vital. <\/p>\n

Si bien la Junta M\u00e9dica Laboral y el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, al calificar la p\u00e9rdida de capacidad para desempe\u00f1arse en su puesto de trabajo, recomendaron no reubicar al accionante en otra dependencia, en mi criterio, tal determinaci\u00f3n desconoce los par\u00e1metros jurisprudencialmente trazados por la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, donde se ha protegido la estabilidad laboral de los miembros de la Polic\u00eda Nacional en situaci\u00f3n de discapacidad, habilit\u00e1ndose con ese hecho la intervenci\u00f3n del juzgador de tutela, aun ante la existencia de instrumentos de car\u00e1cter legal a trav\u00e9s de los cuales puede atacarse la legalidad del acto administrativo de desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre la materia, dicha Corporaci\u00f3n ha puntualizado: <\/p>\n

\u00abEn este punto debe resaltarse que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, la protecci\u00f3n constitucional de los polic\u00edas y soldados discapacitados tiene una\u00a0\u201crelevancia especial\u201d\u00a0por raz\u00f3n, precisamente, de la labor que desempe\u00f1aban y que determin\u00f3 finalmente la disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica. As\u00ed lo indic\u00f3 esta Corte: <\/p>\n

\u201cEn efecto, a la Fuerza P\u00fablica la Carta Magna le asign\u00f3 la funci\u00f3n de la defensa de la soberan\u00eda, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, para lo cual los miembros de las instituciones Militares y de Polic\u00eda comprometen hasta la vida misma, por ello, al Estado, a trav\u00e9s de todas sus instituciones y funcionarios, le asiste el deber de proteger integralmente a sus servidores que, durante el ejercicio de sus funciones, adquieren enfermedades o lesiones que no les permiten estar en igualdad de condiciones que sus dem\u00e1s compa\u00f1eros, pues, sus circunstancias son especiales por la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta en la que se encuentran, por ello, la respuesta que deben esperar de su empleador es de solidaridad, apoyo, protecci\u00f3n de sus derechos; y una actitud desprovista de discriminaciones.\u201d[50] <\/p>\n

As\u00ed las cosas, como quiera que quien demanda la protecci\u00f3n en este caso es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, cuya discapacidad provino precisamente de la prestaci\u00f3n de sus servicios personales a la Naci\u00f3n, y que se encuentra en una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n que exige de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, para esta Sala la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en aras de disponer, si es del caso, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2026\u00bb (CC, T-1048-12, 3 Dic. 2012, Rad. T-3.587.112 y T-3.589.717). <\/p>\n

De acuerdo con las anteriores directrices jurisprudenciales, estimo que la accionada ten\u00eda la obligaci\u00f3n de gestionar la reubicaci\u00f3n del promotor del amparo en un cargo en el que pudiera hacer uso de conocimientos, habilidades o destrezas diferentes de aquellos empleados por \u00e9l antes del insuceso en que result\u00f3 herido y con m\u00faltiples secuelas, porque, tal como lo record\u00f3 la Corte Constitucional en el pronunciamiento que acabo de citar, al examinarse la constitucionalidad del precepto perteneciente al Decreto 1791 de 2000 que establece la p\u00e9rdida de capacidad psicof\u00edsica como causal de retiro del servicio, el Alto Tribunal hab\u00eda considerado que \u00absi bien es imperioso propender porque la Polic\u00eda cuente en sus filas con personal id\u00f3neo para lograr su cometido constitucional, las personas que tienen alg\u00fan tipo de disminuci\u00f3n psicof\u00edsica pueden llegar a ser aptas para efectos del desempe\u00f1o de otras labores propias de esa Instituci\u00f3n y distintas de las meramente policiales\u00bb. <\/p>\n

\u201c[\u2026] existen tareas -explic\u00f3- que contribuyen a dar cumplimiento a los prop\u00f3sitos constitucionales de la instituci\u00f3n y que a pesar de no ser, por ejemplo, de car\u00e1cter estrictamente operativo, revisten importancia y requieren para su desarrollo la presencia de personal vinculado a la instituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Entre las actividades de ese tipo, destac\u00f3 las relacionadas con el ejercicio de la docencia e instrucci\u00f3n; las de naturaleza administrativa al interior de la instituci\u00f3n y las encaminadas al fortalecimiento de las relaciones entre la Fuerza P\u00fablica y la ciudadan\u00eda, funciones que, en principio, \u00abpodr\u00edan ser desempe\u00f1adas por personas que sufren alg\u00fan tipo de discapacidad\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abfrente a la disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica de uno de sus miembros, la Polic\u00eda Nacional tiene el deber constitucional de intentar su reubicaci\u00f3n a un cargo en el que pueda seguir siendo \u00fatil para la instituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Y aunque la apreciaci\u00f3n de los conocimientos, destrezas y habilidades diferentes de las requeridas para actividades operativas le compete realizarla a la Junta M\u00e9dico Laboral de la Polic\u00eda Nacional, lo cierto es que dicho \u00f3rgano se limit\u00f3 en este caso a calificar la p\u00e9rdida sufrida y a rendir un concepto desfavorable de reubicaci\u00f3n, pero no someti\u00f3 al patrullero a una valoraci\u00f3n especial que tuviera por objeto determinar, bajo criterios t\u00e9cnicos, especializados y objetivos, si aquel cuenta con otro tipo de capacidades que puedan ser aprovechadas por la instituci\u00f3n para tareas administrativas, de ense\u00f1anza o instrucci\u00f3n, o de atenci\u00f3n al ciudadano. <\/p>\n

La indicada omisi\u00f3n de la accionada y la decisi\u00f3n de desvincular a su subordinado constituye fuente de quebranto de los derechos de aquel a gozar de una estabilidad laboral reforzada atendida su situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, coloc\u00e1ndose en peligro su m\u00ednimo vital, en tanto la emboscada de que fue v\u00edctima min\u00f3 de forma considerable sus posibilidades de vincularse laboralmente a la sociedad civil y de proveer su sustento, y el retiro del servicio necesariamente va a repercutir en la continuidad de los tratamientos m\u00e9dicos que requiere, con lo cual se produce la afectaci\u00f3n de su derecho a la salud. <\/p>\n

De haber reparado en lo anterior, la providencia de la cual disiento habr\u00eda dejado sin efecto la Resoluci\u00f3n que dispuso desvincular al ex servidor de la Polic\u00eda Nacional y, en consecuencia, habr\u00eda ordenado su reincorporaci\u00f3n a la funci\u00f3n administrativa que desempe\u00f1aba o a otra similar con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, como as\u00ed lo dispuso el sentenciador a quo de esta sede constitucional, decisi\u00f3n que, a mi juicio, debi\u00f3 confirmarse. <\/p>\n

Por \u00faltimo, en lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

En mi criterio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional8, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Corte cuando aborde el tema del control de convencionalidad para llevar a cabo un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicaci\u00f3n de dicha figura. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignado mi desacuerdo con lo decidido en este asunto. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) \tLas \tmedidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, \tanticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener \trelaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la \tdemanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 \tdecretar una o varias de las siguientes medidas:
\n\u201c1. \tOrdenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al \testado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o \tamenazante, cuando fuere posible\u201d.
\n\u201c2. \tSuspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, \tinclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 \tel Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de \tconjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su \tadopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el \tJuez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 \tlas pautas que deba observar la parte demandada para que pueda \treanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga \tla medida\u201d.
\n\u201c3. \tSuspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d.
\n\u201c4. \tOrdenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o \tla realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto \tde evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus \tefectos\u201d.
\n\u201c5. \tImpartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del \tproceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. Rad. 2013-00180-01, reiterado en STC. 17 Jul. 2013-00118-01.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n8 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.
\n25<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1686-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00408-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 24 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101444","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101444"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101444\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}