{"id":101445,"date":"2026-07-01T17:43:00","date_gmt":"2026-07-01T17:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101445"},"modified":"2026-07-01T17:43:00","modified_gmt":"2026-07-01T17:43:00","slug":"stc1687-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1687-2018\/","title":{"rendered":"STC1687-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1687-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00493-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la tutela instaurada por Transporte e Ingenier\u00eda Construcciones y Maquinaria S.A. \u2013Ticom- en contra del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa capital, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo singular iniciado por Unispan Colombia S.A. respecto de la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante suplica la protecci\u00f3n de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por el acusado.
\n2. Transporte e Ingenier\u00eda Construcciones y Maquinaria S.A. \u2013Ticom- sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 y 2): <\/p>\n

2.1. La Fiscal\u00eda Cincuenta y Seis Seccional de Barranquilla le requiri\u00f3 al juez querellado copia aut\u00e9ntica del expediente materia de esta salvaguarda, con ocasi\u00f3n de una denuncia instaurada por la tutelante en contra de Germ\u00e1n Alberto Mej\u00eda Pardo por los presuntos delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, fraude procesal y estafa agravada. <\/p>\n

2.2. Se\u00f1ala que el mencionado estrado judicial no ha atendido lo anterior, aduciendo \u201cque el negocio se encuentra al despacho\u201d. <\/p>\n

2.3. Asegura que esa prueba es necesaria para la continuaci\u00f3n de la causa penal pues, en virtud de la negativa del aludido juez, la ac\u00e1 actora tuvo que postergar una \u201caudiencia preliminar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u201d (sic). <\/p>\n

3. Implora ordenar al hoy accionado proceder a la gesti\u00f3n atr\u00e1s rese\u00f1ada. <\/p>\n

Se opuso al ruego manifestando que mediante auto de 5 de diciembre de 2017, \u201c(\u2026) entre otras decisiones, se dispuso la expedici\u00f3n de las copias autenticadas solicitadas por la Polic\u00eda Judicial (\u2026)\u201d, adem\u00e1s, remiti\u00f3 en pr\u00e9stamo el decurso cuestionado y explic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]uando ingres\u00f3 el proceso al despacho se encontraban pendientes de resolver solicitudes que ameritaban un estudio a fondo, como lo es una demanda acumulada. (\u2026) A eso se le suma, la solicitud de suspensi\u00f3n presentada por la parte demandada. (\u2026) De tal suerte que la solicitud de copias fue relegada a un segundo plano, por el trato prioritario que detentan las solicitudes antes descritas. De igual manera se resalta que la expedici\u00f3n de dichas copias fue efectuada por uno de los funcionarios adscritos a este despacho, sin embargo, result\u00f3 ser un tr\u00e1mite dispendioso, toda vez que las mismas deb\u00edan ser autorizadas por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, y a su vez (\u2026) requiere una autorizaci\u00f3n formal por parte de esta agencia judicial, por lo cual fue emitida la orden respectiva, de la cual se encuentra pendiente su ejecuci\u00f3n, la cual, de no ser por el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional, se estuviera impartiendo (\u2026)\u201d (fl. 74). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]urgen circunstancias que impiden realizar un estudio de fondo de la controversia constitucional, careciendo de objeto tal an\u00e1lisis en la medida que no habr\u00eda raz\u00f3n para emitir \u00f3rdenes encaminadas al restablecimiento de garant\u00edas fundamentales, (\u2026) [por]que el funcionario judicial dispuso la expedici\u00f3n de las copias que el accionante echaba de menos. (\u2026) [N]o hay duda que se dan los supuestos de la carencia de objeto por hecho superado, pues lo que persegu\u00eda el accionante (\u2026) ya fue atendido por la agencia judicial convocada, mediante la orden judicial que beneficia el actor, y aun cuando la entrega de las copias no se hubiera materializado a\u00fan, no es por causa del despacho, sino por encontrarse el expediente en esta sede judicial por cuenta de la acci\u00f3n de tutela interpelada, as\u00ed que se impondr\u00e1 en la resolutiva de esta providencia remitir las diligencias de manera inmediata al juzgado para que obre de conformidad a la orden emitida el 5 de diciembre de 2017 (\u2026)\u201d (fls. 86 a 92). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora precisando, en concreto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) No existe hecho superado, desde hace varios meces (sic) el funcionario de la polic\u00eda judicial se dirigi\u00f3 al juzgado por las copias del proceso y le expusieron m\u00faltiples excusas de la m\u00e1s variada \u00edndole, neg\u00e1ndole la expedici\u00f3n de las mismas, al d\u00eda de hoy no se han expedido (\u2026)\u201d (fls. 100 y 101). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Transporte e Ingenier\u00eda Construcciones y Maquinaria S.A. se duele porque el juez acusado no ha ordenado la expedici\u00f3n de las copias aut\u00e9nticas del expediente subex\u00e1mine, requeridas por la fiscal\u00eda cognoscente de una denuncia por ella formulada. <\/p>\n

2. Las pruebas obrantes permiten deducir el fracaso de la salvaguarda deprecada por hecho superado, pues el 5 de diciembre de 2017, esto es, durante el curso de estas diligencias, el juzgador dispuso la reproducci\u00f3n de las mencionadas diligencias. <\/p>\n

Por tanto, se advierte, la eventual lesi\u00f3n de la garant\u00eda constitucional invocada culmin\u00f3 en el tr\u00e1mite de este ruego. De lo anterior se colige que en este momento no hay lugar a impartir un mandato al querellado. <\/p>\n

En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja (\u2026) ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha] (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. Ahora, si bien no se ha cumplido con la expedici\u00f3n de los duplicados dispuesta por el juez involucrado en el auto de 5 de diciembre pasado, tal como ese funcionario adujo en este ruego, ello aconteci\u00f3 debido al pr\u00e9stamo que con ocasi\u00f3n de este amparo, hizo del expediente fustigado al tribunal constitucional a quo. No obstante, se exhortar\u00e1 a la autoridad tutelada para que efect\u00fae las gestiones tendientes a cumplir con lo resuelto en el mencionado prove\u00eddo. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: EXHORTAR al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito para que d\u00e9 cumplimiento al auto de 5 de diciembre de 2017. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2017-00493-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb5, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb6; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente en los asuntos de tutela entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la indicada acci\u00f3n, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional7, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ.STC. 7 nov. 2012, Rad. 11001-02-04-000-2012-02211-01.
\n2 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n

4 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n6 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n7 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.
\n18<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1687-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00493-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}