{"id":101446,"date":"2026-07-01T17:43:07","date_gmt":"2026-07-01T17:43:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101446"},"modified":"2026-07-01T17:43:07","modified_gmt":"2026-07-01T17:43:07","slug":"stc1689-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1689-2018\/","title":{"rendered":"STC1689-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1689-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00292-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la tutela instaurada por T\u00e1mara Forero Quintana, a nombre del menor Antony Sequeda Forero, en contra de los Juzgados Primero de Familia de esa ciudad, Segundo Promiscuo Municipal y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, \u00e9stos dos de Ci\u00e9naga, tr\u00e1mite extensivo al Juez Cuarto de Familia de la mencionada capital y la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo por alimentos del infante aqu\u00ed representado, iniciado por la ac\u00e1 agente oficiosa respecto de Armando Sequeda Burgos. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante suplica para su descendiente la protecci\u00f3n de, entre otros, los derechos de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por los acusados. <\/p>\n

2. T\u00e1mara Forero Quintana sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 y 2): <\/p>\n

2.1. El litigio materia de esta salvaguarda fue repartido inicialmente al Juez Cuarto de Familia de Santa Marta, funcionario que dispuso su tr\u00e1mite y, adem\u00e1s, el embargo de un inmueble de Armando Sequeda Burgos. <\/p>\n

2.2. El referido estrado comunic\u00f3 de ello al Juez Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga, ante quien se adelanta un compulsivo en contra del citado se\u00f1or y se halla cautelado el mismo predio, pidiendo \u201c(\u2026) se diera cumplimiento a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito, de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 542 de C.P.C. (sic) y (\u2026) la sentencia T-557 de 2002 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asimismo, se requiri\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ci\u00e9naga la inscripci\u00f3n de la mencionada disposici\u00f3n, solicitud denegada por cuanto \u201cexist\u00eda una anterior\u201d anotada, es decir, la fijada por el funcionario municipal aludido. <\/p>\n

2.3. En virtud de \u201cla entrada en vigencia del sistema oral\u201d, el coercitivo por alimentos fue trasladado al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, lugar en el cual el expediente se extravi\u00f3; program\u00e1ndose la diligencia de reconstrucci\u00f3n respectiva para el pr\u00f3ximo 28 de febrero. <\/p>\n

2.4. Asegura haber tenido conocimiento que el funcionario municipal est\u00e1 pendiente de rematar el fundo inmiscuido. <\/p>\n

3. Implora ordenar i) al estrado Primero de Familia \u201c(\u2026) tom[ar] las medidas necesarias para garantizar el derecho a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito del menor (\u2026)\u201d; y ii) al Juez Promiscuo Municipal y al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos acatar el embargo fijado en el decurso por alimentos. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

1. El Juzgado Primero de Familia de Santa Marta explic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El 18 de septiembre de 2017, el notificador comunic\u00f3 que el proceso no se hallaba en esa agencia judicial, por lo que en decisi\u00f3n de 24 de octubre, se fij\u00f3 como fecha para la reconstrucci\u00f3n del expediente el d\u00eda 9 de febrero de 2018 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e realiz\u00f3 una organizaci\u00f3n f\u00edsica y del sistema interno que se lleva, denotando que el proceso se encontraba archivado, por lo que se procedi\u00f3 de manera inmediata a requerirlo a archivo, quien de manera c\u00e9lere nos hizo entrega del paginario (sic) en la misma tarde\u201d. <\/p>\n

\u201cEl 12 de diciembre de 2017, se puso en traslado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte activa y se dej\u00f3 sin efecto el auto adiado el 24 de octubre de 2017 (\u2026)\u201d (fls. 52 y 53). <\/p>\n

2. El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga manifest\u00f3, en concreto, que en consideraci\u00f3n a la regla 465 del C\u00f3digo General del Proceso, el \u201c(\u2026) ejecutivo singular llevado ante este despacho debe tramitarse hasta el remate [el cual a\u00fan no se ha adelantado], y una vez efectuado el mismo, s\u00ed darle prelaci\u00f3n al cr\u00e9dito por concepto de alimentos con el producto del remate (\u2026)\u201d (fls. 52 y 53). <\/p>\n

3. La Procuradora Veinticinco Judicial de Familia manifest\u00f3 atenerse a \u201clo que resulte probado y demostrado\u201d (fls. 56 a 60). <\/p>\n

4. El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Ci\u00e9naga se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder (fls. 62 a 63 vuelto). <\/p>\n

5. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s prematuro hablar de una vulneraci\u00f3n teniendo en cuenta que la ejecuci\u00f3n civil no ha llegado (\u2026) al remate, y por tanto no hay producto que entregar, por ende, no es el momento en que se resuelve sobre la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y por tal motivo no se puede decir que se est\u00e1n desconociendo las prerrogativas derivadas del cr\u00e9dito alimentario (\u2026)\u201d (fls. 81 a 85). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora precisando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l proceso civil se ha realizado de manera irreal, (\u2026) es necesario hacer \u00e9nfasis en el aval\u00fao que se realiz\u00f3 del inmueble, donde se establece un valor de menos de cuatro millones de pesos de un inmueble cuyo valor es superior a treinta millones, lo que deja claro que se est\u00e1 manipulando con el fin de desconocer, de no pagar los derechos de un menor de edad (\u2026)\u201d (fls. 104 y 105). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. T\u00e1mara Forero Quintana persigue que las autoridades querelladas dispongan lo pertinente para hacer efectiva la \u201cprelaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d reclamado a trav\u00e9s del comentado subex\u00e1mine, pues, en su opini\u00f3n, se est\u00e1n quebrantado las prerrogativas de su menor hijo. <\/p>\n

2. Delanteramente, debe se\u00f1alarse, tal como inform\u00f3 el estrado municipal acusado, al interior del compulsivo singular adelantado por esa dependencia judicial est\u00e1 a la espera de realizarse la subasta de un inmueble de propiedad del se\u00f1or Armando Sequeda Burgos, padre del infante agenciado y demandado en el ejecutivo por alimentos objeto de esta salvaguarda. <\/p>\n

Por lo tanto, en aplicaci\u00f3n de lo consignado en el canon 465 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando se materialice esa diligencia y <\/p>\n

\u201c(\u2026) antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitar\u00e1 al juez (\u2026) de familia (\u2026) la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial. Dicho auto se comunicar\u00e1 por oficio al juez del proceso (\u2026) de familia. (\u2026) Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podr\u00e1n interponer reposici\u00f3n dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al del recibo del oficio. Los gastos hechos para el embargo, secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelar\u00e1n con el producto del remate y con preferencia al pago de los cr\u00e9ditos laborales, fiscales y de alimentos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por lo antelado, la conculcaci\u00f3n alegada en este ruego no se ha presentado, teniendo en cuenta que est\u00e1n pendientes de llevarse de cabo los actos rese\u00f1ados en la norma transcrita, en contra de los cuales, si la ac\u00e1 quejosa est\u00e1 inconforme, podr\u00e1 ejercer oportunamente el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n

En torno a la mencionada almoneda, la ahora accionante tambi\u00e9n est\u00e1 facultada para \u201c(\u2026) alegar las irregularidades que puedan afectar la validez de [la misma] hasta antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes (\u2026)\u201d, en acatamiento a lo reglado en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 452 del aludido compendio adjetivo. <\/p>\n

Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 el amparo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3: <\/p>\n

3. Tampoco se avizora la conducta transgresora endilgada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ci\u00e9naga, por cuanto, de la \u201cnota devolutiva\u201d de 8 de septiembre de 2014 (fl. 26), se colige que la negativa a inscribir el embargo fijado por el juzgado de familia accionado est\u00e1 justificada en la existencia de una medida similar anterior, esto es, la dispuesta por el estrado promiscuo municipal, en donde se deber\u00e1 resolver sobre la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta que por tratarse de ejecutivos singulares la normatividad adjetiva civil no establece ninguna primac\u00eda para la anotaci\u00f3n de uno u otro en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, como si se regula para los compulsivos con garant\u00eda hipotecaria (arts. 468 del C\u00f3digo General del Proceso y 558 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de emisi\u00f3n del acto criticado). <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00292-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb5, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb6; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al final del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja constitucional, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que permita concluir que las disposiciones de la \u00faltima han sido quebrantadas, pues all\u00ed si se habilita el ejercicio del aludido control. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas, ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

Dicho an\u00e1lisis de consonancia que plantea el ponente entre las acciones u omisiones del accionado y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, no se inscribe, en todo caso, en una categor\u00eda superior al examen de constitucionalidad difuso que realiza el juzgador en la acci\u00f3n de tutela, sino que queda subsumido dentro de \u00e9ste. <\/p>\n

La raz\u00f3n de lo anterior reside en que, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional7, los tratados internacionales de derechos humanos que, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 93 de la Carta Magna prevalecen en el orden interno, no tienen mayor jerarqu\u00eda normativa que el texto superior en virtud del principio de supremac\u00eda constitucional consagrado en el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, conforme al cual \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n

De ah\u00ed que la Corte Constitucional haya sostenido que la violaci\u00f3n de normas que integran el bloque de constitucionalidad, como lo son los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, \u00abse resuelve en \u00faltimas en una violaci\u00f3n del Estatuto Superior\u00bb (CC, C-578-1995), y que las disposiciones de la citada Convenci\u00f3n Americana no se aplican de manera directa en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, pues \u00abla integraci\u00f3n normativa debe partir de una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de la Carta Pol\u00edtica en su conjunto\u00bb (CC, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009). <\/p>\n

Adicionalmente y en cuanto al efecto vinculante de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3 que \u00abs\u00f3lo obligan al Estado colombiano cuando \u00e9ste ha sido parte en el respectivo proceso\u00bb, en tanto fuera de esos puntuales casos, la jurisprudencia de ese \u00f3rgano cumple el papel de \u00abun criterio hermen\u00e9utico relevante que deber\u00e1 ser considerado en cada caso\u00bb, el cual tambi\u00e9n debe ser objeto de armonizaci\u00f3n con el precedente constitucional vinculante (CC, C-500-2014). <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala al hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre el control de convencionalidad en lugar de insertar en las decisiones de tutela afirmaciones gen\u00e9ricas en torno de ese concepto, que lo \u00fanico que revelan es la ausencia de un estudio serio, riguroso y detallado sobre la aplicabilidad del mismo, su alcance e implicaciones. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n2 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n6 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n7 \tSentencias \tC-225-1995, C-028-2006, C-355-2006 y C-488-2009 entre otras.
\n20<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1689-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00292-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101446","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}