{"id":101451,"date":"2026-07-01T17:43:39","date_gmt":"2026-07-01T17:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101451"},"modified":"2026-07-01T17:43:39","modified_gmt":"2026-07-01T17:43:39","slug":"stc1773-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1773-2018\/","title":{"rendered":"STC1773-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1773-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 17001 22 13 000 2017 00752 01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se resuelve la impugnaci\u00f3n propuesta por Javier Alias Id\u00e1rraga frente al fallo proferido el 9 de noviembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Manizales, dentro de la tutela que instaur\u00f3 contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de la misma ciudad, en la que se vincul\u00f3 oficiosamente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El libelista pretendi\u00f3 que se decrete la nulidad de la Circular DESAJMAC 17-60 de 17 de octubre del a\u00f1o anterior, emanada de la Direcci\u00f3n accionada por medio de la cual estableci\u00f3 que \u00fanicamente se recibir\u00edan cinco (5) demandas constitucionales y de otra naturaleza por cada turno al momento de su radicaci\u00f3n ante la oficina de reparto, con lo que estima vulnerado el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

2. La autoridad cuestionada inform\u00f3 que tal directriz se imparti\u00f3 debido a la deficiencia de personal para atender a los usuarios de ese servicio y al alto volumen de actividades manuales, operativas y tecnol\u00f3gicas que se realizan en tal labor (fl. 9, cno. 1). <\/p>\n

Las dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n

El a quo declar\u00f3 improcedente el ruego despu\u00e9s de no encontrar satisfecho el presupuesto se subsidiariedad porque el interesado cuenta contra otra v\u00eda judicial para discutir lo que plantea por esta. \u00c9ste, impugn\u00f3 sin concretar las razones de disenso. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El presente sendero, por regla general, est\u00e1 concebido para resguardar las garant\u00edas de primer orden pero no para anteponerse a los cauces ordinarios establecidos por el legislador, pues no es lo ideal suplantarlos para reabrir debates culminados, para revivir fases que se dejaron vencer en silencio, ni mucho menos para anteponerse a las previstas en el sistema positivo patrio; por lo mismo, es eficaz, preferente, sumario y residual (art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n

En fin, procede siempre que el ciudadano afectado no cuente con otras herramientas para conjurar las situaciones causantes de la presunta transgresi\u00f3n o, existiendo ellos, se utilice en forma provisional para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. En el caso analizado, observa la Corte la necesidad de obviar la aplicaci\u00f3n de dicho requisito porque aun cuando no est\u00e1 superada la \u201csubsidiariedad\u201d, en la medida que el promotor tiene a su alcance otro medio para atacar la decisi\u00f3n que censura, de ella dimana palmariamente una amenaza directa de una garant\u00eda superior, circunstancia que habilita la intervenci\u00f3n de esta justicia especial transitoriamente. <\/p>\n

En pasadas ocasiones se ha dicho: <\/p>\n

Cuando existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir un menoscabo y peligro para los atributos b\u00e1sicos, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del Juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente (\u2026) (STC2020-2017). <\/p>\n

3. El quid se perfila a determinar si con ocasi\u00f3n de la Circular DESAJMAC17-60 de 17 oct. 2017, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales al disponer que solamente recibir\u00eda 5 demandas por cada turno, puso en peligro de menoscabo el \u201cacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d del reclamante; a lo que prontamente hay que responder s\u00ed. <\/p>\n

A prop\u00f3sito de ese atributo esencial, la Corte Constitucional ha explicado: <\/p>\n

El derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia se encuentra consagrado en el art\u00edculo 229 de la norma superior en los siguientes t\u00e9rminos: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 casos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado. Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinaci\u00f3n de los derechos que el ordenamiento jur\u00eddico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en la Constituci\u00f3n y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestaci\u00f3n jurisdiccional a todos los individuos, a trav\u00e9s del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. De esta forma, el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materializaci\u00f3n de los dem\u00e1s derechos fundamentales, ya que, como ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n \u201cno es posible el cumplimiento de las garant\u00edas sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso\u201d. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. (T- 799\/2011). <\/p>\n

De manera que, a la luz del ordenamiento constitucional vigente y la forma de Estado que nos rige no es admisible cualquier modo de restricci\u00f3n injustificada del paso de los ciudadanos por los estrados jurisdiccionales siendo que esa actividad com\u00fanmente es la que les permite defender sus dem\u00e1s aspiraciones humanas, sociales, econ\u00f3micas, pol\u00edticas, etc. Nadie que pretenda acudir a las puertas de la justicia merece ver menguada la posibilidad de hacerlo, tanto menos por razones atribuibles a entidades p\u00fablicas cuyo fin y raz\u00f3n de ser, en \u00faltimas, es prestar adecuado servicio a los administrados. <\/p>\n

Si el art\u00edculo 229 de la Carta Magna le confiere a toda persona que se halle en el territorio nacional la valiosa alternativa de asistir ante los operadores jur\u00eddicos en procura de satisfacer un inter\u00e9s personal o general, al margen de que al final se le otorgue o no raz\u00f3n, lo cierto es que desde el inicio no puede ved\u00e1rsele dicha facultad con cortapisas que no consagr\u00f3 el constituyente ni se soportan en disposiciones legales. Hacerlo equivaldr\u00eda a soslayar tan preciado mandato (art. 229 citado). <\/p>\n

4. A folio 10 del cuaderno principal reposa el acto administrativo fustigado, seg\u00fan el cual se informa \u201ca todos los usuarios de justicia que a partir de la fecha, en la ventanilla de reparto de la oficina judicial de Manizales por cada turno se recibir\u00e1 m\u00e1ximo cinco (5) acciones constitucionales y\/o procesos de cualquier naturaleza\u201d. En consonancia con ello, la Direcci\u00f3n censurada certific\u00f3 \u201cque actualmente tiene a disposici\u00f3n de los usuarios 2 ventanillas disponibles para realizar el reparto de procesos y acciones constitucionales\u201d, y una de ellas \u201ctiene prelaci\u00f3n para la atenci\u00f3n a personas en condici\u00f3n de discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas\u201d (fl. 4, con. 2). <\/p>\n

La lectura conjunta de esas misivas apunta a concluir, de un lado, que es evidente la \u201crestricci\u00f3n\u201d del ejercicio del \u201cacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d del tutelante y de los litigantes en esa ciudad, y de otro, que la medida se fundamenta en la carencia de recursos y log\u00edstica necesaria para la buena marcha de esa prestaci\u00f3n del servicio como se sostuvo al contestar el libelo, esto es, tal deficiencia administrativa, presupuestal o de personal se le traslad\u00f3 a los usuarios, sin tener la obligaci\u00f3n de soportarla. Pudi\u00e9ndose escoger otras opciones como, por ejemplo, gestionar m\u00e1s puestos de \u201catenci\u00f3n\u201d, se seleccion\u00f3 una que coarta, aunque parcialmente, la asistencia de los que requieren ser o\u00eddos por esta rama del poder p\u00fablico y, de contera, se actu\u00f3 en sentido adverso a la consecuci\u00f3n de los m\u00e1s elementales prop\u00f3sitos Estatales previstos en el pre\u00e1mbulo y art. 2\u00ba del texto supralegal. <\/p>\n

Por ende, la \u201cCircular\u201d en menci\u00f3n no resiste el escrutinio al que ha sido sometido. <\/p>\n

5. Ergo, se revocar\u00e1 el prove\u00eddo impugnado para, en lugar, otorgar el amparo como mecanismo transitorio puesto que el quejoso deber\u00e1 acudir al instrumento correspondiente para discutir la legalidad o validez del \u201cacto administrativo\u201d criticado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y con sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 9 de noviembre de 2017 proferido en estas diligencias. <\/p>\n

SEGUNDO: CONCEDER la protecci\u00f3n implorada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, como mecanismo transitorio. <\/p>\n

TERCERO: ORDENAR a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, representada legalmente por Jos\u00e9 Fernando Salazar Ch\u00e1ves o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que reciba notificaci\u00f3n inaplique la Circular DESAJMMAC17-60 de 17 oct. 2017. <\/p>\n

En todo caso, el accionante deber\u00e1 acudir al medio de control que estime procedente ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa dentro de los 4 meses seguidos a esta decisi\u00f3n, si desea prolongar aquellos efectos. <\/p>\n

CUARTO: Notif\u00edquese lo as\u00ed definido, por el medio m\u00e1s expedito, a los intervinientes. Despu\u00e9s, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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