{"id":101452,"date":"2026-07-01T17:43:46","date_gmt":"2026-07-01T17:43:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101452"},"modified":"2026-07-01T17:43:46","modified_gmt":"2026-07-01T17:43:46","slug":"stc1774-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1774-2018\/","title":{"rendered":"STC1774-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1774-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2017-03000-01
\n(Aprobado en Sala de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 30 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela instaurada por Germ\u00e1n Mu\u00f1oz Hoyos contra la Presidencia de las Rep\u00fablica, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

Relat\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n el 15 de marzo de 2017 profiri\u00f3 concepto favorable para su extradici\u00f3n a los Estados Unidos, por ello el Ministerio de Justicia y del Derecho el 5 de abril siguiente expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n Ejecutiva 150, concediendo el requerimiento de la justicia norteamericana por el delito de \u00abconcierto para distribuir 5 kilos o m\u00e1s de mezclas o sustancias que conten\u00edan una cantidad perceptible de coca\u00edna\u00bb, contra la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n y fue confirmada el 16 de junio de 2017. <\/p>\n

Indic\u00f3 que \u00absoy beneficiario de la garant\u00eda de NO extradici\u00f3n\u00bb por ser miembro o integrante de las FARC-EP, bajo la modalidad de \u00abcolaborador\u00bb; no obstante, el Departamento Administrativo de la Presidencia por intermedio del Alto Comisionado para la Paz expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 025 del 8 de septiembre de 2017 con la que lo excluy\u00f3 del listado de militantes de esa organizaci\u00f3n junto a otras 122 personas. <\/p>\n

Por ello solicit\u00f3 la revocatoria directa de tales actos dada su presunta inconstitucionalidad, pues en su sentir se contraponen al acto legislativo 01 de 4 de abril de 2017. <\/p>\n

Asever\u00f3 que Ricardo Grajales Rinc\u00f3n alias \u00abComandante Germ\u00e1n\u00bb, excomandante de la columna m\u00f3vil Gabriel Galvis del sexto frente de las FARC, manifest\u00f3 bajo la gravedad de juramento la calidad de \u00abcolaborador\u00bb desde el a\u00f1o 2008 de Mu\u00f1oz Hoyos, lo que no se tuvo en cuenta para emitir las decisiones cuestionadas, configur\u00e1ndose de esa manera la lesi\u00f3n a las prerrogativas citadas a las que le endilg\u00f3, adem\u00e1s, falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n

2. El Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, adujo que las funciones de ese organismo se centran en el tr\u00e1mite de las \u00abactas de compromiso\u00bb de quienes se acogen al sistema, como inicialmente ocurri\u00f3 con el promotor, pero que dada la \u00abexclusi\u00f3n\u00bb, se dej\u00f3 sin efectos la N\u00ba 102556; anot\u00f3 que la declaraci\u00f3n extra juicio aportada con el libelo, no se puede apreciar en raz\u00f3n a que no satisface los requisitos establecidos en el Acuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera, como tampoco del art\u00edculo 11 del Decreto 277 de 2017. Advirti\u00f3 que el activante \u00abpromovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela sobre los mismos hechos\u00bb que conoci\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n

El Ministerio de Justicia y del Derecho, comunic\u00f3 que Mu\u00f1oz Hoyos contaba con otras v\u00edas de defensa para censurar la legalidad de las determinaciones que definieron de manera positiva su extradici\u00f3n; acot\u00f3 la existencia de demandas similares que persegu\u00edan el reconocimiento aspirado en el presente decurso. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, se pronunci\u00f3 en el sentido de que el concepto emitido que termin\u00f3 con la \u00abviabilidad de la solicitud de extradici\u00f3n\u00bb, se ajust\u00f3 a la normatividad aplicable al caso. <\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dijo que las actuaciones desplegadas lo fueron conforme a las atribuciones y preceptos que rigen esos asuntos. Puntualiz\u00f3 que \u00aben firme la decisi\u00f3n de aprobaci\u00f3n para remisi\u00f3n al gobierno extranjero, se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los Estados Unidos de Am\u00e9rica dentro de los treinta (30) d\u00edas previstos en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n

Los dem\u00e1s interesados guardaron silencio. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio porque hall\u00f3 tipificada la temeridad ante tutelas anteriores por los mismos hechos aqu\u00ed referidos y porque el gestor contaba con otros medios de defensa, para en ese contexto ventilar las inquietudes aqu\u00ed planteadas y, si es del caso, \u00abinvocar la suspensi\u00f3n provisional de los efectos de la actuaci\u00f3n enrostrada\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Prima facie debe decirse que en relaci\u00f3n con la facultad para resolver la alzada debe la Sala remitirse a lo manifestado en STC12429-2017 cuando dispuso, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) se advierte que esta Sala es competente para conocer en segunda instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que la misma se dirige contra autoridades p\u00fablicas de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden nacional del sector central (art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998), cuya naturaleza jur\u00eddica dio lugar a que en primer grado la conociera el Tribunal Superior de este distrito judicial, seg\u00fan las reglas contenidas en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (el cual contiene, entre otras disposiciones, el Decreto 1382 de 2000, reglamentario del canon 37 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n

Esto por cuanto la vinculaci\u00f3n que se hiciera respecto de esta Corporaci\u00f3n, es apenas aparente, ya que en momento alguno se cuestiona el concepto favorable que para la extradici\u00f3n emitiera la hom\u00f3loga Penal, respecto de lo cual vale recordar que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01 y ATC1697-2017, 16 mar. 2017, rad. 00005-01, entre otros).
\nAdem\u00e1s, n\u00f3tese que de conformidad con lo contemplado en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 906 de 2004, el concepto que emite la Corte Suprema de Justicia, cuando es favorable, no obliga al Ejecutivo, sino que, por el contrario \u00ablo dejar\u00e1 en libertad de obrar seg\u00fan las conveniencias nacionales\u00bb, y esa falta de efectos vinculantes significa que la decisi\u00f3n final acerca de conceder la entrega del tutelante al Estado requirente, compete de manera exclusiva al Gobierno Nacional\u00bb. <\/p>\n

2.\tVislumbrado lo anterior tal como se viene pregonando, la salvaguarda est\u00e1 prevista en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica como una herramienta para proteger de forma inmediata y efectiva las dispensas esenciales de las personas, cuando arbitrariamente fueren desconocidas o seriamente amenazadas por cualquier autoridad o por particulares, a menos que su titular tenga o haya tenido la posibilidad de hacerlas prevalecer con otros caminos legales, siempre y cuando se haya interpuesto oportunamente. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de ritualidades y providencias, se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

3.\tCircunscrita la Sala a los motivos de impugnaci\u00f3n, se encuentra que en el sub lite, a pesar de que el actor haya interpuesto varias acciones de tutela (STC12429-2017, STC12835-2017 y ante la Sala Laboral del Tribunal de esta ciudad rad. 2017-02341-01), que en principio buscaban similar fin, \u00abrevocar su extradici\u00f3n\u00bb, se infiere que las mismas obedecieron a razones dis\u00edmiles; en la primera se pretendi\u00f3 la revocatoria de la autorizaci\u00f3n de \u00abextradici\u00f3n\u00bb; la segunda aspir\u00f3 a que se dejara sin efectos el concepto favorable emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y la tercera obedeci\u00f3 a falta de notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n 025 del 8 de septiembre de 2017 que dispuso la exclusi\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, en tanto aqu\u00ed busca \u00abse suspenda la orden de extradici\u00f3n contenidas en las resoluciones ejecutivas Nos. 150 del 05 de abril de 2017, 242 del 16 de junio de 2017 y 344 del 03 de octubre de 2017 (\u2026) se deje sin efecto la Resoluci\u00f3n 025 de 08 de septiembre de 2017 [que lo excluy\u00f3 del listado de militantes de las FARC] de manera transitoria mientras se da inicio al proceso administrativo (\u2026) suspender la aplicaci\u00f3n de los actos administrativos (\u2026) por medio de los cuales concedi\u00f3 la extradici\u00f3n (\u2026)\u00bb. As\u00ed las cosas en verdad no hay temeridad en la conducta desplegada por Mu\u00f1oz Hoyos. <\/p>\n

4. Igualmente, se advierte el fracaso del amparo, al percatarse el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que Mu\u00f1oz Hoyos tiene a su alcance un remedio id\u00f3neo para plantear los reproches aqu\u00ed esgrimidos, consistente en la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la ilegalidad que le enrostra a las resoluciones ya rese\u00f1adas. <\/p>\n

En un asunto de similar linaje dijo la Corte <\/p>\n

\u00ab(\u2026) los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026), (se resalta). <\/p>\n

Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (STC125-2015, STC8742-2016 y STC9649-2017, citadas en STC19408-2017). <\/p>\n

Por ello debe reiterarse que esta especial justicia no puede arrogarse competencias para pronunciarse sobre un asunto que en principios debe ser abordado por las v\u00edas legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural, de consiguiente, sin asidero por esta ruta residual y extraordinaria. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026) (SC de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; citada en STC20906-2017, entre otras). <\/p>\n

5. Adem\u00e1s, el peticionario no demostr\u00f3 hallarse frente a un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves, inminentes y urgentes, con entidad suficiente para facultar la intervenci\u00f3n de esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

6. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 el veredicto examinado, por las razones aqu\u00ed plasmadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1774-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2017-03000-01 (Aprobado en Sala de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 30 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}