{"id":101453,"date":"2026-07-01T17:43:57","date_gmt":"2026-07-01T17:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101453"},"modified":"2026-07-01T17:43:57","modified_gmt":"2026-07-01T17:43:57","slug":"stc1775-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1775-2018\/","title":{"rendered":"STC1775-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1775-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2017-03497-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Procede la Corte a desatar la tutela adelantada por Gildardo Ceballos Zuluaga frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, espec\u00edficamente la conformada por los Magistrados C\u00e9sar Augusto Guerrero D\u00edaz, Sonya Aline Nates Gavilanes y Jorge Arturo Unigarro Rosero, con vinculaci\u00f3n de los Juzgados Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n y Tercero Civil del Circuito en Oralidad, ambos de esa capital, y las partes y dem\u00e1s intervinientes dentro del compulsorio 2011-00341. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor inform\u00f3 la vulneraci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado por la querellada, y pidi\u00f3 dejar sin valor los numerales 4\u00ba y 5\u00ba de la sentencia de 2 de octubre de 2017, y, en su lugar, hacerle extensivos los efectos de la prescripci\u00f3n extintiva declarada a favor de la otra ejecutada. <\/p>\n

2.- Como soporte de su pretensi\u00f3n dijo que Victoria Eugenia Lozano Quintero lo demand\u00f3 por una obligaci\u00f3n dineraria documentada en letra de cambio, juicio al que tambi\u00e9n llam\u00f3 a Marien Cohecha de Ceballos en condici\u00f3n de codeudora, quien aleg\u00f3 prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la primera instancia culmin\u00f3 con fallo de 10 de septiembre de 2015 que acogi\u00f3 la defensa, termin\u00f3 la litis y levant\u00f3 las medidas cautelares practicadas; empero, la parte vencida recurri\u00f3 y el 2 de octubre pasado, en Sala mayoritaria, la censurada mut\u00f3 parcialmente el veredicto y, en su lugar, declar\u00f3 probada la citada excepci\u00f3n \u00fanicamente a favor de Cohecha de Ceballos, con lo que desconoci\u00f3 los alcances de la figura analizada, porque, al tratarse de una prestaci\u00f3n solidaria, es indivisible y su extinci\u00f3n respecto de uno de los obligados cobija a todos los dem\u00e1s. <\/p>\n

3.- La queja fue admitida y notificada. La c\u00e9lula reprochada remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n

Los dem\u00e1s implicados no se hab\u00edan pronunciado hasta el momento de registrar el proyecto. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- En la tarea de administrar justicia, los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos, a no ser que incurran en una desviaci\u00f3n evidente o grosera de la ley; planteamiento que ha sido reiterado por la Sala en varias oportunidades, al se\u00f1alar que el amparo s\u00f3lo se abre paso si <\/p>\n

(\u2026) se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (C.S.J. STC, 18 dic. 2013, rad n\u00b0 02914-00). <\/p>\n

2.- Est\u00e1n probados, con incidencia en este caso, los siguientes aspectos: <\/p>\n

a). \tQue Gildardo Ceballos Zuluaga y Mari\u00e9n Cohecha de Ceballos aceptaron -en un mismo grado- una letra de cambio a favor de Henry Ocampo Suaza, por ciento treinta millones de pesos ($130.000.000), pagadera el 19 de diciembre de 2008. <\/p>\n

b).\tQue ese t\u00edtulo valor fue endosado en propiedad a Victoria Eugenia Lozano Quintero, que present\u00f3 demanda ejecutiva contra los obligados el 18 de noviembre de 2011, asignada al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la capital de Quind\u00edo (fl. 6, c. 1). <\/p>\n

c).\t Que se libr\u00f3 mandamiento notificado a la actora mediante anotaci\u00f3n en estado de 11 de enero de 2012 (fls.10 a 11 c. 1 exp). <\/p>\n

d).\tQue los deudores fueron noticiados por aviso el 25 de marzo de 2014 (fls. 25 a 30, c. 1 exp). <\/p>\n

e).\tQue Gildardo Ceballos Zuluaga guard\u00f3 silencio, en tanto Mar\u00eden Cohecha de Ceballos aleg\u00f3 prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n (fls. 35 a 36, c.1). <\/p>\n

f).\tQue el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Armenia, en prove\u00eddo de 10 de septiembre de 2015, declar\u00f3 probado el fen\u00f3meno liberatorio y termin\u00f3 el juicio (fl. 66 a 74, c.1 exp), apelado por el demandante, quien discuti\u00f3 puntualmente lo relacionado con la comunicabilidad de la prescripci\u00f3n que hall\u00f3 configurada el sentenciador (fl. 78 a 80, c.1 exp). <\/p>\n

g).\tQue el 2 de octubre de 2017 el superior, en Sala mayoritaria, revoc\u00f3 parcialmente el fallo y orden\u00f3 seguir adelante el cobro respecto de Ceballos Zuluaga, tras establecer que no era viable hacerle extensivos los efectos de la prescripci\u00f3n porque \u00e9ste no la aleg\u00f3 (fl. 24 a 38, c. Tribunal). <\/p>\n

3.-\tAuscultados los antecedentes del caso, y despu\u00e9s de confrontar la postura del estrado de cierre con las normas sustanciales y adjetivas aplicables al sub lite, encuentra esta Corporaci\u00f3n que el Tribunal enjuiciado no incurri\u00f3 en las anomal\u00edas que se le enrostran, habida cuenta que respald\u00f3 su conclusi\u00f3n en una postura respetable, sin que el criterio hermen\u00e9utico que aplic\u00f3 sugiera la presencia de un actuar torticero o separado de la ley. <\/p>\n

Se afirma lo anterior, porque concluy\u00f3 que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por uno de los ejecutados no es extensiva al otro que no la invoc\u00f3, lo que per s\u00e9 no constituye v\u00eda de hecho, en virtud a que las motivaciones esbozadas tienen sustento en las especiales circunstancias f\u00e1cticas escudri\u00f1adas y en las normas que regulan la materia que, por s\u00ed solas, descartan un proceder caprichoso o antojadizo. <\/p>\n

Para ello, descont\u00f3 primeramente la petici\u00f3n de nulidad adjetiva que adujo la recurrente, razonando as\u00ed \u00abEn el caso de ahora, debe memorarse que el apelante estim\u00f3 como nulidad, la omisi\u00f3n del juzgado de retrotraer el tr\u00e1mite para decidir el desistimiento de las pretensiones respecto de la demandada Mari\u00e9n Cohecha de Ceballos, en contrav\u00eda de la decisi\u00f3n del Tribunal para que resolviera ese pendiente\u00bb. <\/p>\n

(\u2026) A pesar de que la alegaci\u00f3n careci\u00f3 de sustento legal, el motivo presentado tampoco progresa, porque en verdad, los hechos denunciados ya hab\u00edan sido analizados en su oportunidad con resultados adversos al solicitante, en ambas instancias, mediante autos de 12 de septiembre y 3 de noviembre (fls. 106 c.1 y 3 a 8, c.4), con lo cual se cerr\u00f3 desde entonces el debate reciclado ahora por el recurrente, sin posibilidad de reapertura del mismo ante la firmeza de las providencias definitivas. <\/p>\n

Luego, abord\u00f3 el embate relacionado con la comunicabilidad de la prescripci\u00f3n reconocida por su inferior funcional, y precis\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) Ahora, en cuando a la comunicabilidad de los efectos ben\u00e9ficos de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por uno de los demandados respecto del otro cuando ambos son obligados cambiarios en el mismo orden, la Sala mayoritaria estima que ni sustancial, ni procesalmente puede ocurrir semejante fen\u00f3meno, es decir, que si se demanda a dos aceptantes de una letra de cambio \u2013signatarios y obligados en el mismo grado como obligados solidarios-, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por uno de ellos carece de alcance para favorecer al otro que guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

Sobre ese hilo conductor, prosigui\u00f3 <\/p>\n

(\u2026) Agr\u00e9gase en el perfil sustancial, que la solidaridad pasiva es definida por la ley, como aquella obligaci\u00f3n que es contra\u00edda por muchas personas respecto de un mismo acreedor, garant\u00eda personal que surge de la convenci\u00f3n, el testamento o la ley y que implica que cada deudor es obligado, al total de la deuda y el accipiens podr\u00e1 dirigir la demanda contra todos los comprometidos o contra cualquiera de ellos \u201ca su arbitrio\u201d, sin que puedan oponer el beneficio de la divisi\u00f3n (arts. 1568 y 1571 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

M\u00e1s adelante reflexion\u00f3 <\/p>\n

(\u2026.) En el mismo plano adjetivo, la demanda para reclamar la satisfacci\u00f3n de una obligaci\u00f3n solidaria permite al ejecutante, de acuerdo con sus intereses, elegir los demandados, entre los cuales se integra un litisconsorcio facultativo, pues la naturaleza del cr\u00e9dito y el ejercicio de esa potestad traducen la secuela de que el fallo pueda dictarse con alguno, algunos o todos los deudores, sin afectar la validez de la decisi\u00f3n judicial, porque nunca existe necesidad de elevar las pretensiones contra todos. <\/p>\n

Con base en esos lineamientos, puntualiz\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026) en primer lugar, si las alegaciones de cada litisconsorte facultativo carecen de alcance para perjudicar o beneficiar al otro ejecutado demandado, tal postulado permite inferir que las excepciones propuestas por un litis facultativo ning\u00fan provecho redundan para el otro, por lo tanto, tampoco la de prescripci\u00f3n que favorec\u00eda a los dos, m\u00e1xime si ninguna posibilidad existe para declararla oficiosamente en relaci\u00f3n con el deudor que ninguna defensa como esa presenta contra la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Dijo tambi\u00e9n, <\/p>\n

(….) en segundo lugar, el silencio del otro de los litisconsortes respecto de la prescripci\u00f3n, que debe tomarse como renuncia t\u00e1cita al medio de defensa, carece de significado para perjudicar al que alega la extinci\u00f3n del derecho del acreedor, tanto m\u00e1s, si dicho acto resulta personal\u00edsimo en la medida en que solo puede provenir del deudor que podr\u00eda invocar el medio exceptivo (\u2026) <\/p>\n

A todo lo expuesto, a\u00f1adi\u00f3, <\/p>\n

(\u2026) Entonces, los efectos extintivos de la excepci\u00f3n propuesta por uno de los codeudores no pueden comunicarse al otro que con su silencio sell\u00f3 la suerte adversa respecto del fen\u00f3meno delet\u00e9reo, pues debe entenderse que lo renunci\u00f3 t\u00e1citamente, abdicaci\u00f3n que supone un efecto jur\u00eddico que, en manera alguna puede desconocerse por la conducta de la parte que la invoc\u00f3 y que puede tener una decisi\u00f3n judicial diferente, porque se trata de litisconsortes facultativos. <\/p>\n

Con base en todos esos derroteros hall\u00f3 la \u00abincomunicabilidad\u00bb del medio defensivo ya mencionado, en rigor, porque <\/p>\n

(..) la demandada Marien Cohecha de Ceballos se notific\u00f3 por conducta concluyente el 15 de mayo de 2014 (fl. 32 c.1) y plante\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva (fls. 35 y 36 c.1), mientras el ejecutado Gildardo Ceballos Zuluaga se notific\u00f3 por aviso (fl. 28 c.1) y el juzgado tuvo en cuenta que ning\u00fan mecanismo de defensa plante\u00f3 (fl.52 c.1). La ejecutante present\u00f3 un documento en que manifest\u00f3 que hab\u00eda endosado en propiedad el t\u00edtulo valor a Jorge Iv\u00e1n S\u00e1nchez Rodr\u00edguez (fl. 53 c.1), acto que el juzgado acept\u00f3 como \u201ccesi\u00f3n de derechos litigiosos\u201d. <\/p>\n

Y agreg\u00f3 <\/p>\n

(\u2026.) En ese contexto, advierte la Sala mayoritaria que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por Marien Cohecha de Ceballos en ning\u00fan momento pod\u00eda aprovechar al demandado Gildardo Ceballos Zuluaga, que guard\u00f3 silencio, por tanto proced\u00eda seguir adelante con la ejecuci\u00f3n frente a \u00e9l y mantener vigentes las medidas cautelares practicadas sobre bienes de dicho demandado, situaci\u00f3n que provoca la revocaci\u00f3n parcial de la providencia impugnada para adoptar las decisiones pertinentes. <\/p>\n

4.- Desde esa perspectiva, no existe el desfase denunciado, toda vez que el Colegiado abord\u00f3 los puntos objeto de discordia y luego de estudiar el ingrediente probatorio acoplado, labor que despleg\u00f3 conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 176 C.G.P.), encontr\u00f3 equivocada la postura del Estrado de primer grado en el sentido de no hacer extensiva la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb a aquel de los compelidos que no la propuso, habiendo podido invocarla, porque, seg\u00fan lo dedujo, al tratarse de una obligaci\u00f3n crediticia plasmada en un t\u00edtulo valor rubricado por dos signatarios le pod\u00eda ser exigida a cualquiera de ellos, ora a los dos, seg\u00fan el arbitrio del acreedor. <\/p>\n

Bajo ese entendido, no se evidencia un dislate, porque al detallar la determinaci\u00f3n criticada se advierte que en ella el juzgador estudi\u00f3 las particularidades del compulsorio y encontr\u00f3 que ambos ejecutados hab\u00edan firmado la cambial en un mismo grado, por lo que deb\u00eda entenderse que eran \u00abobligados solidarios\u00bb en la modalidad \u00abpari gradu\u00bb y que su vinculaci\u00f3n al litigio se dio bajo la modalidad de litisconsortes facultativos, siendo claro que, en tal caso, conforme lo dijo, no era viable comunicar los efectos de la enunciada figura extintiva a Gildardo Ceballos Zuluaga, quien, al ser noticiado por aviso, guard\u00f3 silencio frente a la orden de apremio librada en su contra. <\/p>\n

5.- En un caso de contornos similares, esta Magistratura dilucid\u00f3 lo siguiente: \u00abCorresponde anotar que en el caso reprochado el ejecutante demand\u00f3 a los dos suscriptores del pagar\u00e9 base del compulsivo, obligados en el mismo grado, para obtener el recaudo de la deuda\u00bb. Con esa advertencia, sostuvo <\/p>\n

(\u2026) Respecto de los instrumentos de pago rige el principio de autonom\u00eda (art. 627 del Co. Co), el cual \u201c(\u2026) versa sobre el ejercicio independiente del derecho incorporado en el t\u00edtulo valor por parte del tenedor leg\u00edtimo (T-310 de 1999)\u201d. Tal circunstancia permite que el acreedor tenga el mismo v\u00ednculo jur\u00eddico frente a cada uno de los obligados, quienes, a su vez, deben procurar su propia defensa, por cuanto los actos que invalidan o modifican la obligaci\u00f3n respecto de los dem\u00e1s deudores, no afectan su relaci\u00f3n con aqu\u00e9l. <\/p>\n

Seguidamente, enfatiz\u00f3 que <\/p>\n

(\u2026.) La solidaridad pasiva comulga del litisconsorcio facultativo, pues demandados algunos de los obligados, es dable resolver de fondo sin la presencia de los otros. Por esto, seg\u00fan el art\u00edculo 1571 del C\u00f3digo Civil, el \u201c(…) acreedor podr\u00e1 dirigirse contra todos los deudores solidarios, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que pueda opon\u00e9rsele el beneficio de divisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Por \u00faltimo, estableci\u00f3 \u00abAhora, si en nombre de Vera Cardona no se formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se reitera, \u00e9ste no pod\u00eda beneficiarse de la misma por el hecho de alegarla Guti\u00e9rrez Parrado\u00bb (CSJ. STC13091-2016,15 sep., rad. 01284-01) <\/p>\n

En \u00e9poca m\u00e1s reciente, al revisar un caso an\u00e1logo, la misma Corporaci\u00f3n estim\u00f3 que \u00abel error de la providencia radica en comunicar los efectos de la enunciada figura a Gloria Rueda Angarita, enterada por aviso y quien guard\u00f3 silencio frente al mandamiento librado en su contra\u00bb, explicando, que <\/p>\n

(\u2026) En el caso reprochado la ejecutante demand\u00f3 a los tres suscriptores del pagar\u00e9 base del compulsivo, obligados en el mismo grado, para obtener el recaudo de la deuda (\u2026). Respecto de los instrumentos de pago rige el principio de autonom\u00eda (art. 627 del Co.Co), el cual \u201c(\u2026) versa sobre el ejercicio independiente del derecho incorporado en el t\u00edtulo valor por parte del tenedor leg\u00edtimo (\u2026)\u201d. Tal circunstancia permite que el acreedor tenga el mismo v\u00ednculo jur\u00eddico frente a cada uno de los obligados, quienes, a su vez, deben procurar su propia defensa, por cuanto los actos que invalidan o modifican la obligaci\u00f3n respecto de los dem\u00e1s deudores, no afectan su relaci\u00f3n con aqu\u00e9l (\u2026.). La solidaridad pasiva comulga del litisconsorcio facultativo, pues demandados algunos de los obligados, es dable resolver de fondo sin la presencia de los otros. Por esto, seg\u00fan el art\u00edculo 1571 del C\u00f3digo Civil, el \u201c(…) acreedor podr\u00e1 dirigirse contra todos los deudores solidarios, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que pueda opon\u00e9rsele el beneficio de divisi\u00f3n. <\/p>\n

De ese modo, concluy\u00f3 que \u00absi en nombre de Gloria Rueda Angarita no se formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se reitera, \u00e9sta no pod\u00eda beneficiarse de la misma por el hecho de alegarla los dem\u00e1s demandados mediante su curador ad litem\u00bb (STC2314-2017, 22 feb., rad. 02894-01). <\/p>\n

En otra oportunidad (STC2483-2014, 28 feb., rad. 00313-00), al estudiar el tema relacionado con la <<comunicabilidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n entre deudores solidarios>>, esta Sala examin\u00f3 la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n all\u00ed censurada, que reconoci\u00f3 los efectos de dicha figura jur\u00eddica a todos los demandados, seg\u00fan la cual <\/p>\n

(\u2026) En punto de la interpretaci\u00f3n acerca de a qui\u00e9nes debe favorecer la prescripci\u00f3n, se anota que esta controversia en principio escapa al objeto de la acci\u00f3n de tutela que, por su car\u00e1cter residual y excepcional, no es instrumento para corregir criterios hermen\u00e9uticos del Juez natural, aparte de que ese debate qued\u00f3 definido en las instancias legales. As\u00ed las cosas con abstracci\u00f3n del acierto de la tesis sostenida por los falladores de instancia, ella en principio merece respeto propio de la autonom\u00eda del Juez (Exp. 2009-00602-01). <\/p>\n

6.- Con los citados precedentes se quiere hacer notar que las razones que llevaron al Tribunal encartado para no favorecer al codemandado Ceballos Zuluaga con la prescripci\u00f3n extintiva, planteada por la codeudora, no ofrecen reparo en el terreno estrictamente constitucional; pues, a pesar de que sobre dicha tem\u00e1tica pueda existir otra forma de soluci\u00f3n, los fundamentos en los que se edific\u00f3 la determinaci\u00f3n en tal sentido no se muestran abiertamente absurdos ni ostensiblemente contrarios al orden jur\u00eddico. <\/p>\n

7.-\tEn consecuencia, la protecci\u00f3n pedida no puede tener \u00e9xito. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, DENIEGA el resguardo. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque apoyo la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil que encuentra razonable la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia y por lo tanto neg\u00f3 el amparo invocado por el ciudadano Gildardo Ceballos Zuluaga intentando que la jurisdicci\u00f3n le hiciera extensivos los efectos de la prescripci\u00f3n alegada por la otra ejecutada cuando \u00e9l o hab\u00eda propuesto dicha excepci\u00f3n. <\/p>\n

Es necesario que haga la presente aclaraci\u00f3n por cuanto en pret\u00e9ritas ocasiones mi posici\u00f3n en procesos civiles ha sido favorable a lo aqu\u00ed alegado por el actor, e incluso en acciones de tutela he considerado que hab\u00eda v\u00eda de hecho por no decidir en la forma en que el actor pretende. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto en estos casos he considerado que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n es una excepci\u00f3n real y por lo tanto no tiene que ser propuesta por todos los demandados, pues basta que uno de ellos la proponga para que sea reconocida a todos los ejecutados. Por eso la sentencia adecuada debe emitirse declarando la prescripci\u00f3n para todos los ejecutados. <\/p>\n

En efecto, cuando todos los obligados firman un t\u00edtulo valor en el mismo grado, la ley comercial establece que notificado uno de ellos del mandamiento de pago, se interrumpe para todos la prescripci\u00f3n. De la
\nmisma manera, notificados los demandados, si uno de ellos propone la prescripci\u00f3n debe beneficiarlos a todos porque est\u00e1n en el mismo grado y no puede aplicarse de manera diferente la ley. <\/p>\n

Mi posici\u00f3n es que no puede sostenerse como lo dice la providencia, que como la ley establece que la prescripci\u00f3n debe alegarse y que el juez no puede aplicarla de oficio, est\u00e9 prohibido cobijar a todos con la que ha propuesto alguno o algunos de los ejecutados, pues en tal caso no se aplica de oficio sino que se reconoce para todos la propuesta por uno de ellos, pero se tiene en cuenta para todos, pues nadie duda que fue propuesta y que no es una actuaci\u00f3n de oficio, s\u00f3lo que por tratarse de una excepci\u00f3n real no se aplica a la persona que la propone sino a todo el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n

Sin embargo, y en ese sentido va mi aclaraci\u00f3n, pues siendo una interpretaci\u00f3n de la ley y que est\u00e1 debidamente sustentada, no puede menos que decirse que es una decisi\u00f3n razonable as\u00ed no la comparta plenamente, pues hay dos posiciones al respecto y no podr\u00e1 afirmar que solamente mi entendimiento del tema es v\u00e1lido y que la otra posici\u00f3n fuera la equivocada. <\/p>\n

En ese sentido mi voto apoya la decisi\u00f3n aclarando que otras veces he salvado voto pero que no puedo seguir sosteniendo que la posici\u00f3n contraria, debidamente motivada, no sea razonable. <\/p>\n

Es mi concepto personal y obedece a una interpretaci\u00f3n de la ley, que no cambio, pero que debe ser respetuosa de las posiciones que sean contrarias siempre y cuando est\u00e9n debidamente sustentadas. <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dados los precedentes pronunciamientos sobre la materia de fondo, resulta necesario que respetuosamente aclare mi voto para dejar sentado que dicha conformidad radica de forma puntual y determinante, en la innegable circunstancia relativa al car\u00e1cter plausible de las diversas posturas que se han expuesto sobre el problema jur\u00eddico resuelto por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n

En efecto, en punto de la \u00abcomunicabilidad\u00bb a los dem\u00e1s convocados de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que frente a la acci\u00f3n cambiaria invoca otro litisconsorte facultativo por pasiva, en raz\u00f3n de la solidaridad que dimana de la suscripci\u00f3n de un t\u00edtulo valor como obligados en un mismo grado, se han expuesto diversas pero fundadas y razonables posturas jur\u00eddicas, cuya adopci\u00f3n sustentada por una autoridad jurisdiccional en concreto impide predicar la presencia de arbitrariedad o capricho en el providencia que habilite la irrupci\u00f3n del Juez Constitucional. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto a los magistrados que suscribieron la providencia, me permito disentir de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Civil en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, por los motivos que expongo a continuaci\u00f3n, no sin antes precisar que aunque se suscribi\u00f3 la providencia con aclaraci\u00f3n de voto, al revisar las diligencias se evidenci\u00f3 la necesidad de salvarlo: <\/p>\n

1. Los hechos que motivan la solicitud de amparo, pueden ser resumidos de la siguiente manera: <\/p>\n

1.1. El tutelante y Marien Cohecha de Ceballos, se obligaron a favor de Henry Ocampo; al pago de la suma de $130.000.000, a trav\u00e9s de una letra de cambio que suscribieron en un mismo grado, pagadera el 19 de diciembre de 2008. <\/p>\n

1.2. El 21 de noviembre de 2011, Victoria Eugenia Lozano Quintero, quien cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a Jorge Iv\u00e1n S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, present\u00f3 demanda ejecutiva para el recaudo forzoso de su acreencia. <\/p>\n

1.3. El mandamiento de pago fue librado el 16 de diciembre de 2011 y los demandados recibieron notificaci\u00f3n por aviso el 25 de marzo de 2014. <\/p>\n

1.4. La codemandada, manifest\u00f3 oposici\u00f3n al cobro compulsivo, a trav\u00e9s de las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y prescripci\u00f3n. Por otra parte, reconoci\u00f3 el abono realizado en el mes de marzo de 2011, sin precisar el d\u00eda. <\/p>\n

1.5. El 10 de septiembre de 2015, el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Armenia, dict\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 probado el segundo medio exceptivo propuesto por la codeudora y cobij\u00f3 con los efectos de aquella declaraci\u00f3n al deudor solidario, tras considerar que el demandante no demostr\u00f3 la fecha exacta del abono efectuado en el mes de marzo de 2011 por los obligados y descartar como prueba de un segundo abono el escrito adosado a folio 18 de las diligencias, por provenir, exclusivamente del acreedor. Es decir que no tuvo por demostrada la interrupci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n

1.6. Inconforme, la ejecutante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n con sustento en que pese a que el codeudor fue notificado del mandamiento de pago, no postul\u00f3 defensa alguna y por lo tanto, no era posible beneficiarlo con la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

1.7. El 2 de octubre de 2017 el Tribunal acusado revoc\u00f3 parcialmente la anterior decisi\u00f3n y, en su lugar, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n contra el deudor que no propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, por considerar que los efectos ben\u00e9ficos de este medio extintivo no se le comunican "ni sustancial ni procesalmente" al demandado que no lo aleg\u00f3, pues su silencio equivale a una renuncia t\u00e1cita al medio de defensa, que es siempre un acto personal\u00edsimo. [Folio 34] <\/p>\n

Explic\u00f3 que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 627 del C\u00f3digo de Comercio, "todo suscriptor de un t\u00edtulo-valor se obligar\u00e1 aut\u00f3nomamente. Las circunstancias que invaliden la obligaci\u00f3n de alguno o algunos de los signatarios no afectar\u00e1n las obligaciones de los dem\u00e1s"; de lo cual infiri\u00f3 que las obligaciones adquiridas por los distintos signatarios son independientes y, por lo tanto, no afectan las obligaciones adquiridas por los dem\u00e1s. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil impone al interesado la carga de alegar la prescripci\u00f3n si quiere beneficiarse de ella, sin que el juez est\u00e9 facultado para declararla de oficio; a lo cual agreg\u00f3 que el inciso 1\u00b0 del articulo 282 del C\u00f3digo General del Proceso establece que cuando "no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada". <\/p>\n

Finalmente, cit\u00f3 el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor los actos de cada uno de los litisconsortes facultativos "no redundar\u00e1n en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso"; de todo lo cual concluy\u00f3 que no es posible extender los efectos de la excepci\u00f3n propuesta por un litisconsorte facultativo al demandado que no la formul\u00f3. <\/p>\n

2. Esta Corte neg\u00f3 el amparo constitucional invocado por el demandado contra quien continu\u00f3 la ejecuci\u00f3n, por considerar que la decisi\u00f3n del tribunal se sustent\u00f3 en un criterio razonable. <\/p>\n

3. No creo que el criterio del Tribunal haya sido "razonable", por dos razones esenciales, a saber: <\/p>\n

3.1. En primer lugar, porque de una cuidadosa revisi\u00f3n al acontecer f\u00e1ctico y procesal planteado en las diligencias, se extrae con claridad, que no era posible considerar configurado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n en este caso. <\/p>\n

En efecto, si el vencimiento del t\u00edtulo valor presentado para el cobro ten\u00eda fecha del 19 de diciembre de 2008, de acuerdo con el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, la acci\u00f3n cambiar\u00eda prescrib\u00eda el 19 de diciembre de 2011 -tres a\u00f1os a partir del vencimiento-. <\/p>\n

No obstante, la ejecutante afirm\u00f3 en la demanda que en el mes de marzo de 2011, los obligados realizaron un abono a la deuda, hecho que fue confesado por la codeudora Cohecha de Ceballos, en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda (arts. 193 del C\u00f3digo General del Proceso), con lo cual se acredit\u00f3 la interrupci\u00f3n natural del t\u00e9rmino prescriptivo (art. 2539 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

Y si bien ninguna de las partes precis\u00f3 la fecha en que ocurri\u00f3 el mencionado pago parcial, lo cierto es que la confesi\u00f3n de la ejecutada no pod\u00eda desconocerse por parte de los falladores de instancia como aqu\u00ed ocurri\u00f3, bajo el argumento de que la interesada no demostr\u00f3 el d\u00eda de la amortizaci\u00f3n a la deuda. Lo propio era tener por demostrado que, como m\u00e1ximo, los deudores abonaron el \u00faltimo d\u00eda del mes de marzo de 2011, esto es, el 31, que era, en todo caso, la fecha m\u00e1s perjudicial para el acreedor. <\/p>\n

Bajo este panorama, se tiene que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria fue interrumpida naturalmente el 31 de marzo de 2011, pues a m\u00e1s tardar ese d\u00eda los deudores reconocieron la existencia de la obligaci\u00f3n a trav\u00e9s de un abono; dicha interrupci\u00f3n perjudicaba a ambos deudores por ser solidarios, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 792 del C\u00f3digo de Comercio; y, a partir de aquella fecha reiniciaba el lapso extintivo, como lo manda el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, es decir, que el nuevo t\u00e9rmino fenec\u00eda el 31 de marzo de 2014. <\/p>\n

Ahora bien, auscultado el expediente objeto de la queja, se observa que la demanda fue presentada el 21 de noviembre del mismo a\u00f1o en que se produjo la precitada interrupci\u00f3n -2011- y que el mandamiento de pago se libr\u00f3 el 16 de diciembre posterior, mientras que los obligados recibieron notificaci\u00f3n por aviso el d\u00eda 25 de marzo de 2014 (fls. 17, 18 y 24, c. 1) <\/p>\n

Si esto es as\u00ed, como en defecto lo es, ninguna duda queda frente a la inoperancia del fen\u00f3meno extintivo alegado, toda vez que el mandamiento de pago fue notificado a la parte convocada, seis (6) d\u00edas antes de que venciera\tel plazo de prescripci\u00f3n que inici\u00f3 a correr despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n verificada en el asunto. <\/p>\n

De ese modo, ning\u00fan efecto ben\u00e9fico pod\u00eda extenderse al tutelante, como consecuencia del segundo medio defensivo propuesto por la codeudora y, por lo tanto, no pod\u00eda considerarse "razonable" la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n

3.2. En segundo t\u00e9rmino, estimo que el caso objeto de estudio era propicio para que esta Corporaci\u00f3n clarificara su postura en relaci\u00f3n con el tema planteado por el libelista y no simplemente calificara de razonable la del Tribunal accionado, como quiera que la prescripci\u00f3n es uno de los institutos jur\u00eddicos que no admiten verdades a medias por ser su funci\u00f3n, precisamente, la de garantizar la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas de las personas. Por consiguiente, una obligaci\u00f3n est\u00e1 prescrita o no lo est\u00e1, siendo imperioso establecer si las normas civiles consagran que la prescripci\u00f3n es una excepci\u00f3n real o no lo es, pues en caso de que s\u00ed lo sea sus efectos se comunican a los deudores solidarios aunque no la hayan alegado, por lo que no es admisible afirmar que a tal respecto existen "interpretaciones" que puedan optar por una u otra alternativa con igual grado de raz\u00f3n y validez, o que est\u00e9n sometidas a los caprichos de lo que cada quien quiera opinar. <\/p>\n

Particularmente, considero que la prescripci\u00f3n es una excepci\u00f3n real, por lo que cualquiera de los demandados puede formularla y sus efectos cobijan a los dem\u00e1s, lo cual no quiere decir que el juez la est\u00e9 declarando de oficio cuando haya sido alegada por uno de los demandados. Tampoco creo que las consideraciones de tipo procesal alusivas a las limitaciones del litisconsorte facultativo y la nueva cl\u00e1usula introducida por el segundo inciso del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso -que equipara el silencio a la renuncia t\u00e1cita de la prescripci\u00f3n- tengan la aptitud de alterar el significado de las normas sustanciales. <\/p>\n

La prescripci\u00f3n extintiva, como modo de fenecimiento de las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido durante tiempo que establecen las normas pertinentes (art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil), tiene un \u00fanico fundamento tanto en el derecho sustantivo civil como en el comercial, pues sus principios reguladores son los mismos en ambos ordenamientos. La legislaci\u00f3n mercantil, sin embargo, regul\u00f3 de manera especial esa figura para amoldarla a los requerimientos de los instrumentos negociables, que por la funci\u00f3n que cumplen en las relaciones comerciales de los particulares est\u00e1n destinados a tener una existencia ef\u00edmera. <\/p>\n

Dentro de las disposiciones alusivas a los t\u00edtulos valores diferenci\u00f3 la extinci\u00f3n de las obligaciones por prescripci\u00f3n, en consideraci\u00f3n al tipo de v\u00ednculo sustancial que est\u00e1 a la base de la relaci\u00f3n cartular; dependiendo de si se trata de endosantes, avalistas u otras figuras por acomodamiento. La ley comercial distingui\u00f3, de igual modo, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda directa de la de regreso, especificando en qu\u00e9 casos es solidaria y en cu\u00e1les no; y se\u00f1alando de manera clara el tiempo en que opera el fen\u00f3meno extintivo en cada una de esas circunstancias. <\/p>\n

3.2.1. Con relaci\u00f3n a la solidaridad, el art\u00edculo 632 de la ley mercantil estableci\u00f3 que cuando dos o m\u00e1s personas suscriban\tun t\u00edtulo-valor "en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes o avalistas, se obligar\u00e1n solidariamente". Esta disposici\u00f3n introdujo la regla general de que en las obligaciones contenidas en t\u00edtulos valores y contra\u00eddas por varias personas, se presume la solidaridad. <\/p>\n

La ley, en tal sentido, al referirse a los suscriptores "en un mismo grado" como solidariamente obligados al pago de la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo valor, no hizo m\u00e1s que reconocer una situaci\u00f3n jur\u00eddica que emana del texto mismo del documento. Basta, en fin, que los suscriptores adquieran la calidad de obligados par\u00ed gradu para que queden cobijados de inmediato por los efectos de la solidaridad. <\/p>\n

3.2.3. Ahora bien, los efectos de la solidaridad no son los mismos para los casos de interrupci\u00f3n que para los de renuncia de la prescripci\u00f3n, pues ambas fibras cumplen una funci\u00f3n sustancialmente distinta. <\/p>\n

Opera la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n antes de que ella se cumpla; mientras que la renuncia se da s\u00f3lo con posterioridad a la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

A voces del art\u00edculo 2539 ib\u00eddem, la prescripci\u00f3n que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse natural o civilmente: \u00abSe interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados por el art\u00edculo 2524\u00bb. <\/p>\n

La operancia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, est\u00e1 condicionada al cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso; sin que est\u00e9 de m\u00e1s explicar que de conformidad con el art\u00edculo 2540 del C\u00f3digo Civil, \u00abla interrupci\u00f3n que obra a favor de uno o varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya \u00e9sta renunciado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1573, o que la obligaci\u00f3n sea indivisible\u00bb. <\/p>\n

Luego, por un argumento a contrario, los erectos de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se extienden a todos los obligados solidarios que se hallen en un mismo grado, es decir en calidad de codeudores, coaceptantes, coendosatarios o coavalistas. <\/p>\n

Lo anterior es reiterado por la legislaci\u00f3n comercial, cuyo art\u00edculo 792 dispone que \u00ablas causas que interrumpen la prescripci\u00f3n respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios en un mismo grado\u00bb. <\/p>\n

Por consiguiente; como "las causas" que interrumpen la prescripci\u00f3n para uno de los deudores se comunican a los dem\u00e1s obligados solidarios, as\u00ed como sus efectos adversos, es l\u00f3gico concluir, asimismo, que los efectos ben\u00e9ficos de la prescripci\u00f3n tambi\u00e9n se extienden a los demandados que no la alegaron, sobre todo por ser la prescripci\u00f3n una excepci\u00f3n real cuya consecuencia es la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n sin consideraci\u00f3n a las circunstancias personales de los obligados. <\/p>\n

3. 2. 4. Con relaci\u00f3n a las excepciones que puede proponer el deudor demandado, desde un punto de vista sustancial, el art\u00edculo 1577 del C\u00f3digo Civil expresa que puede "oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligaci\u00f3n y, adem\u00e1s, las personales suyas", advirtiendo que no puede oponer, por v\u00eda de compensaci\u00f3n, el cr\u00e9dito de un codeudor \u00b7 solidario como el demandante, si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho. <\/p>\n

Conforme al art\u00edculo 2380 de la misma codificaci\u00f3n, los deudores solidarios pueden oponer al acreedor todas las defensas que les son permitidas, siendo estas excepciones reales o personales. \u00abSon reales -explica la norma- las inherentes a la obligaci\u00f3n principal\u00bb, es decir las intr\u00ednsecas a la obligaci\u00f3n con prescindencia de la calidad, atributo o estado subjetivo de las personas que la han contra\u00eddo. Como ejemplos de excepciones reales\u00b7 se tienen la inexistencia de la obligaci\u00f3n, la nulidad absoluta, el pago, la novaci\u00f3n, la prescripci\u00f3n y la transacci\u00f3n. <\/p>\n

Estas excepciones reales son comunes a todos los demandados, cualquier deudor puede proponerlas y la sentencia que declare su prosperidad libera a todos los deudores. <\/p>\n

De atender a lo 'previsto en el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, \u00abel que quiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio\u00bb. Este es un postulado b\u00e1sico de las obligaciones civiles y es el mismo que ha estado consagrado en materia procesal civil; lo que no obsta para que la prescripci\u00f3n, por ser una excepci\u00f3n real, pueda ser formulada por cualquiera de los demandados y sus efectos cobijen, de paso, a los dem\u00e1s que no la propusieron. <\/p>\n

Como la funci\u00f3n de esta excepci\u00f3n es extinguir la acci\u00f3n sustancial o el derecho material, tal como lo dispone el art\u00edculo 2512 del ordenamiento civil, cualquiera de las partes interesadas en sus consecuencias ben\u00e9ficas est\u00e1 legitimada para alegarla, extendi\u00e9ndose sus, efectos liberatorios, inclusive a los deudores que no invocaron. Tanto es as\u00ed que los deudores y cualquier persona que tenga inter\u00e9s en ella, pueden oponerla y hacerla valer aun cuando aqu\u00e9l en cuyo favor se haya consumado la hubiera renunciado, pues as\u00ed lo establece el art\u00edculo 2513 ib\u00eddem. En este \u00faltimo evento, la renuncia a la prescripci\u00f3n implica para el renunciante la obligaci\u00f3n personal de no obstaculizar el ejercicio de esa figura por parte del interesado que la formule, lo que impide que el derecho de cr\u00e9dito pueda subsistir. <\/p>\n

3.2.5. Es cierto que el tema no ha tenido una soluci\u00f3n un\u00e1nime entre la doctrina, y que esta misma Corte ha decidido de manera contradictoria casos similares. Mas, precisamente por ello, no es posible afirmar que un mismo instituto jur\u00eddico puede tener dos interpretaciones tan dis\u00edmiles que permitan sustentar decisiones diametralmente opuestas. La "discreta autonom\u00eda e independencia" que asiste a los funcionarios judiciales en la labor de interpretaci\u00f3n de los textos legales no llega al extremo del relativismo normativo, ni la facultad hermen\u00e9utica puede confundirse con la inobservancia de la ley. <\/p>\n

La voluntad del legislador respect\u00f3 de los efectos de la prescripci\u00f3n frente a los deudores solidarios tiene que ser una sola; sin ambig\u00fcedades, pues la ley no puede disponer que las excepciones reales terminan una obligaci\u00f3n para todos los deudores y, al mismo tiempo, que la obligaci\u00f3n sigue vigente para los demandados que no las alegaron. Semejante manera de razonar conducir\u00eda a admitir que el legislador consagr\u00f3 una figura jur\u00eddica que puede interpretarse de cualquier manera imaginable. <\/p>\n

La creencia en que dos posturas antag\u00f3nicas e inconciliables pueden ser "criterios razonables" socava las bases del derecho como sistema que garantiza expectativas fiables y estables, toda vez que olvida que su principal funci\u00f3n es resolver definitivamente una controversia jur\u00eddica a partir de la correcta interpretaci\u00f3n de la ley, juzgando cu\u00e1l de las partes tiene raz\u00f3n y cu\u00e1l no. <\/p>\n

Si el derecho se redujera a un problema de argumentaci\u00f3n en el que todo puede ser eternamente discutible y opinable, al punto que dos soluciones contradictorias pueden ser, admisibles frente a un mismo caso, entonces se estar\u00eda acabando con el par\u00e1metro de correcci\u00f3n y derrotabilidad de las decisiones judiciales y con los postulados b\u00e1sicos de coherencia e integridad del sistema jur\u00eddico. Tal modo de concebir el derecho no es, en mi criterio, ni racional ni razonable. <\/p>\n

Una de las principales funciones de la Corte, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, es dar la interpretaci\u00f3n correcta de los institutos jur\u00eddicos que rigen los casos que caen bajo su competencia, sea por v\u00eda de casaci\u00f3n, de tutela o de cualquier otro tr\u00e1mite. De ah\u00ed que prohijar criterios interpretativos contradictorios frente a una norma o eje tem\u00e1tico conformado por varias disposiciones integradas sistem\u00e1ticamente, no s\u00f3lo significa desconocer la funci\u00f3n de este \u00f3rgano, sino que comporta la destrucci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y fomenta el caos y la incertidumbre en las instancias decisoras inferiores y los asociados en general. <\/p>\n

Por ello, no es explicable que en fallo de tutela del 25 de noviembre de 2011 esta sede negara el amparo que invoc\u00f3 la parte demandante, por considerar que es razonable la decisi\u00f3n que declar\u00f3 que los efectos de la prescripci\u00f3n formulada por uno de los demandados beneficiaba al deudor que no la aleg\u00f3;1 y que en STC717 del 31 de enero de 2014 se negara la tutela por considerar razonable la postura contraria,2 sin que pueda sostenerse que se trat\u00f3 de un cambi\u00f3 de jurisprudencia porque menos de un mes despu\u00e9s, en providencia STC2483 del 28 de febrero de 2014, se neg\u00f3 el amparo constitucional por considerar razonable la sentencia acusada que declar\u00f3 probada la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda para todos los demandados, inclusive para los que no la propusieron.3 <\/p>\n

Posteriormente, en STC10744 del 13 de agosto de 2015 se neg\u00f3 la tutela interpuesta contra la sentencia de segunda instancia que declar\u00f3 probada la prescripci\u00f3n frente a todos los demandados, a\u00fan para los que no la formularon, por encontrar razonable dicho criterio.4 Pero un mes despu\u00e9s, en STC 13091 del 15 de septiembre de 2016 se concedi\u00f3 la tutela deprecada por hallar esta Corte que la sentencia del juez de instancia que hizo extensivos los efectos de la prescripci\u00f3n al demandado que no la formul\u00f3, fue irrazonable.5 Esta \u00faltima argumentaci\u00f3n se repiti\u00f3 en STC2314 del 22 de febrero de 2017, en la que esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 arbitraria la providencia acusada, porque la demandada que no formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n no pod\u00eda beneficiarse de la misma aunque hubiera sido alegada por otro demandado.6 <\/p>\n

Este razonamiento se acogi\u00f3 en esta oportunidad, pero esta vez para negar el amparo, por estimar la Corte que es razonable que los efectos de la prescripci\u00f3n formulada por un demandado no se comuniquen al deudor que no la propuso, cuando, como qued\u00f3 evidenciado, en el caso que se analiz\u00f3, ni siquiera se hab\u00eda consumado el lapso prescriptivo alegado. <\/p>\n

Como ha quedado demostrado, no s\u00f3lo las dos posturas son para la Corte criterios razonables a pesar de ser incompatibles, sino que tambi\u00e9n han sido consideradas arbitrarias y por ello se ha tutelado. Luego, lo que resulta irrazonable no son tanto las decisiones particulares sino m\u00e1s bien el criterio mismo de "razonabilidad" empleado por esta Corporaci\u00f3n, que puede dar para sustentar cualquier postura. <\/p>\n

Desde luego que el mensaje que env\u00eda la Corte a los jueces de las instancias y a los habitantes del territorio nacional es que en materia de prescripci\u00f3n cualquier criterio que adopten los funcionarios judiciales es razonable o irrazonable, seg\u00fan lo disponga el azar, en ausencia de par\u00e1metros jur\u00eddicos dirimentes; con lo que desaparecer\u00eda la funci\u00f3n que cumple esa figura en el ordenamiento jur\u00eddico, pues la misma se instituy\u00f3 con el \u00fanico prop\u00f3sito de brindar estabilidad a las relaciones jur\u00eddicas de las personas. <\/p>\n

No es del todo cierto que \u201clos funcionario judiciales gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos\u201d, toda vez que existen decisiones judiciales correctamente motivadas y decisiones que no lo est\u00e1n, dependiendo de si la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley sustancial es correcta o equivocada, y de si la valoraci\u00f3n material de las pruebas se ajusta o no al significado de los elementos de conocimiento que obran en el proceso; y siempre que se demuestre que la decisi\u00f3n estuvo mal motivada se incurrir\u00e1 en una violaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de las personas, lo cual no es una consecuencia de la "razonabilidad" de las providencias judiciales, sino todo lo contrario, porque entre las decisiones ajustadas a derecho y las que no lo est\u00e1n no hay t\u00e9rminos medios o "razonables", al menos en lo que respecta a las instituciones del derecho civil. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

1. Comparto la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia objeto de este pronunciamiento desestimando las pretensiones del promotor del ruego; sin embargo, estimo pertinente aclarar mi voto, por cuanto la determinaci\u00f3n atacada, emitida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, debe mantenerse inc\u00f3lume, no precisamente por razonable, sino porque es correcta y ajustada al ordenamiento, aun cuando la misma debi\u00f3 motivarse en los efectos de la renuncia de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

2. Es indiscutible, la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n y la renuncia de la misma son dos fen\u00f3menos distintos. <\/p>\n

En estricta l\u00f3gica jur\u00eddica, el primero exige que la obligaci\u00f3n a\u00fan no se haya extinguido por el fen\u00f3meno prescriptivo, y a voces del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, puede ser natural (cuando el deudor reconoce expresa o t\u00e1citamente la obligaci\u00f3n) o civil (con la presentaci\u00f3n de la respectiva demanda judicial). La renuncia, por el contrario, ata\u00f1e exclusivamente, cuando se ha cumplido o consumado el t\u00e9rmino prescriptivo (art. 2514 inc. 1\u00ba C.C.)7, regla com\u00fanmente compartida en los c\u00f3digos europeos decimon\u00f3nicos, en especial el franc\u00e9s (arts. 2220-2222, originales8), el Allgemeines b\u00fcrgerliches Gesetzbuch (ABGB) austriaco (\u00a715029, en su redacci\u00f3n primitiva) y el espa\u00f1ol (art. 193510) y cuyos antecedentes datan del Derecho Romano, cual refiere Von Savigny11. <\/p>\n

No s\u00f3lo son diferentes, sino que se contradicen, pues <\/p>\n

\u201c(\u2026) no siendo posible renunciar una prescripci\u00f3n sino despu\u00e9s que se ha cumplido por el vencimiento del plazo se\u00f1alado en la ley, la renuncia excluye la posibilidad de ocurrencia del fen\u00f3meno contemplado en el art\u00edculo 2544 del C.C., puesto que los lapsos de tiempo ya cumplidos no son susceptibles de interrupci\u00f3n y a la inversa, las prescripciones interrumpidas no pueden ser objeto de renuncia. Lo uno o lo otro, pero no los dos fen\u00f3menos jur\u00eddicos\u201d [CSJ SC del 24 de septiembre de 1940 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca)]12. <\/p>\n

En el sentido reci\u00e9n indicado se ha pronunciado la doctrina nacional13. <\/p>\n

3. En el subj\u00fadice, es patente, la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva no interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n. <\/p>\n

3.1. Justamente, en el compendio de los antecedentes del litigio, tra\u00eddo en el fallo objeto de mi disenso, traslucen algunos aspectos centrales a tener en cuenta, y que conviene recordar: (i) la obligaci\u00f3n incorporada en el instrumento negociable (en la especie, una letra de cambio) era pagadera, es decir, exigible, el 19 de diciembre de 2008; (ii) la acci\u00f3n se impetr\u00f3 el 18 de noviembre de 2011, y el mandamiento de pago librado con ocasi\u00f3n de ella se notific\u00f3 a la actora el 11 de enero de 2012; (iii) el extremo resistente fue enterado del asunto (mediante aviso) hasta el 25 de marzo de 2014; y (iv) siendo dos los demandados, s\u00f3lo uno de ellos formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, y el otro, actual tutelante, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

3.2. Preven\u00eda el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, reproducido exactamente por el 94 de la actual codificaci\u00f3n adjetiva: <\/p>\n

\u201cLa presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad, siempre que en el auto admisorio de aqu\u00e9lla, o el del mandamiento de pago (\u2026) se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos s\u00f3lo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u201d. <\/p>\n

La prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa, a voces del art\u00edculo 789 del C.Co., se consuma a los tres a\u00f1os contados a partir de su vencimiento. <\/p>\n

3.3. No obstante haberse presentado en tiempo el libelo, a la luz de las disposiciones pretranscritas, emerg\u00eda patente que la sola formulaci\u00f3n de la demanda introductoria carec\u00eda de la fuerza de interrumpir la prescripci\u00f3n, al no haberse notificado en el t\u00e9rmino previsto en el canon 90 citado. De esto se colige que la obligaci\u00f3n se extingui\u00f3 exactamente el 19 de diciembre de 2011, cumplidas las tres anualidades contadas desde que la letra de cambio se hizo pagadera. <\/p>\n

En consecuencia y de acuerdo a lo resumido, solo Mar\u00eden Cohecha de Ceballos formul\u00f3 la excepci\u00f3n respectiva, mientras Ceballos Zuluaga, el promotor del amparo, no lo hizo; luego, la defensa propuesta \u00fanicamente beneficiaba a aqu\u00e9lla, no a \u00e9ste, por haber guardado silencio. <\/p>\n

Lo dicho por cuanto el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, cual lo establec\u00eda tambi\u00e9n el canon 343 del antiguo C\u00f3digo Judicial de 1931 y lo confirma la regla 2513 del C\u00f3digo Civil, expresa que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n es necesario proponerla para que el juzgador pueda examinarla. <\/p>\n

La raz\u00f3n de ser para que al juez no le sea permisible declararla de oficio, sin embargo de llegar a encontrarla probada, estriba, lo tiene dicho la Sala, en que el amparado con ella puede renunciarla, incluso t\u00e1citamente14.
\n4. La teor\u00eda de la renuncia adquiere particular importancia cuando \u00e9sta se considera en su forma negativa, vale decir, en el mutismo del deudor que omite oponer la prescripci\u00f3n a las exigencias del acreedor (rectius, \u201crenuncia t\u00e1cita\u201d). La doctrina nacional15 y for\u00e1nea (particularmente la italiana16 y espa\u00f1ola17, no as\u00ed la francesa18) tiene admitido que uno de los modos m\u00e1s sencillos y expeditos que tiene el deudor de renunciar a ella es el de no usarla ni invocarla cuando llegue el momento de hacerla valer. <\/p>\n

En verdad, los eventos citados en el art\u00edculo 2514 C.C. los trae ese precepto en forma enunciativa, como simples ejemplos. Y no ejercer las defensas conferidas por la ley, en los t\u00e9rminos que el ordenamiento prev\u00e9, sin duda expresa la voluntad inequ\u00edvoca de declinar su posterior ejercicio. <\/p>\n

5. En corolario, siendo pac\u00edfico lo concerniente a la consumaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en el curso del compulsivo, lo propio era analizar esa figura legal a la luz de lo normado en punto de la aludida renuncia; pues \u00e9sta \u00faltima oper\u00f3 respecto del deudor que pudiendo alegar el se\u00f1alado t\u00e9rmino extintivo, no lo hizo, coligi\u00e9ndose de su conducta pasiva la aceptaci\u00f3n de la acreencia reclamada y la posibilidad de continuar con el tr\u00e1mite coercitivo respecto de \u00e9l. <\/p>\n

6. Ahora, importa exponer, a manera de aditamento, al menos, cuatro razones por las cuales, en mi sentir, no es jur\u00eddicamente viable hablar de comunicabilidad de la prescripci\u00f3n entre codeudores al interior de un juicio ejecutivo cuyo t\u00edtulo contiene obligaciones solidarias cuando s\u00f3lo uno de los demandados la propone. <\/p>\n

La cuesti\u00f3n se presenta: (i) sea por no formularse en tiempo la demanda; o (ii) habi\u00e9ndose presentado tempestivamente, como en el subj\u00fadice, no se notifica el libelo ejecutivo oportunamente, consum\u00e1ndose, entonces, la prescripci\u00f3n al interior de la actuaci\u00f3n judicial. En estas dos hip\u00f3tesis el t\u00edtulo se halla prescrito, y por tanto s\u00f3lo uno o varios, pero no todos los obligados, enerva la compulsi\u00f3n con la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n

6.1. La solidaridad (o correalidad, como la llamaban los romanos) se erige, lo tiene s\u00f3lidamente decantado la doctrina19 y la jurisprudencia nacional20, como garant\u00eda en favor de quien se hallare constituida. Contemplada por su aspecto pasivo, se erige en una cauci\u00f3n establecida en beneficio de los acreedores, en virtud de la cual pueden exigir el pago total de la obligaci\u00f3n a todos o a cualquiera de sus deudores, de la forma como lo dispone el art\u00edculo 1571 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Sobre este aspecto, la Corte ha expresado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la solidaridad tiene como rasgo caracter\u00edstico el que todos y cada uno de los obligado responden por el total de la deuda; es decir, que a los ojos del acreedor cada deudor responde como si fuera el \u00fanico que se encuentra en la parte pasiva del v\u00ednculo obligacional. Es por esto que la solidaridad constituye una cauci\u00f3n para el acreedor, pues as\u00ed se le garantiza que ning\u00fan obligado pueda pretextar que la deuda sea dividida. Tr\u00e1tese, entonces, de la quintaesencia misma de la solidaridad, al punto de que donde se diga obligaci\u00f3n solidaria se dice al propio tiempo que para el acreedor todos los obligados son iguales, y a cualquiera de ellos puede perseguir por la obligaci\u00f3n entera. El acreedor los mira a ras: sencillamente todos son codeudores. No interesa si los deudores reportan beneficio econ\u00f3mico de la negociaci\u00f3n, o no. Para el acreedor es esto indiferente: se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter de cauci\u00f3n que \u00ednsito de ve en la solidaridad, si los deudores eludiesen aquel su principal efecto (\u2026). Vana ilusi\u00f3n del acreedor ser\u00eda que los deudores se digan solidarios al contraer la obligaci\u00f3n, mas no al momento de pagarla\u201d [CSJ SC del 11 de enero de 2000 (M.P. Manuel Isidro Ardila)]. <\/p>\n

De ese car\u00e1cter de cauci\u00f3n deriva que trat\u00e1ndose de obligaciones solidarias, la prescripci\u00f3n alegada por uno de los codeudores no ampara a los dem\u00e1s, pues de lo contrario se perjudicar\u00eda al acreedor al despojarlo, injusta y arbitrariamente, de las garant\u00edas de las que goza y que v\u00e1lidamente se han constituido. <\/p>\n

No sobra indicar, de igual manera, que al pactarse la solidaridad pasiva cualquier duda, y es l\u00f3gico y natural que as\u00ed sea, debe interpretarse a favor del acreedor por tratarse de un beneficio establecido a favor suyo y por no corresponder a otro tipo de obligaciones, ni menos a las conjuntas. <\/p>\n

6.2. La comunicabilidad de la excepci\u00f3n en comento no opera cuando nos encontramos con el fen\u00f3meno de la interrupci\u00f3n frente a varios acreedores, ni cuando hay renuncia por haberse consumado la prescripci\u00f3n. No se trata de una simple hip\u00f3tesis. <\/p>\n

Primero por as\u00ed disponerlo expresamente el art\u00edculo 2540 del C\u00f3digo Civil, a cuya letra \u201c(\u2026) La interrupci\u00f3n que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1573 o que la obligaci\u00f3n sea indivisible\u201d (Resaltos para destacar). <\/p>\n

Lo segundo porque el canon 2513 ib\u00eddem, exige que la misma sea alegada, y en el subj\u00fadice, se insiste, quien ten\u00eda la potestad de invocarla no lo hizo. <\/p>\n

6.3. De conformidad con el art\u00edculo 1527 del C.C., obligaciones naturales son las \u201c(\u2026) que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en raz\u00f3n de ellas\u201d, destacando como modalidad de las mismas las que se hallan extintas por prescripci\u00f3n (n\u00fam. 2). <\/p>\n

De modo que si la obligaci\u00f3n, siendo civil, de pleno derecho se mut\u00f3 en natural, por el curso de la prescripci\u00f3n que la consuma, consecuencialmente, si solo uno de los demandados invoc\u00f3 tal instituto, a \u00e9ste exclusivamente beneficia la excepci\u00f3n deprecada con apoyo en esa alegaci\u00f3n concreta, y no al otro u otros convocados al pleito que no la reclamaron. La tesis deviene porque la obligaci\u00f3n extinguida, conforme se avizor\u00f3, se torn\u00f3 natural y dej\u00f3 de ser solidaria. <\/p>\n

6.4. A lo dicho se a\u00fana el car\u00e1cter decididamente personal, no real, que re\u00fane la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan en trat\u00e1ndose de obligaciones solidarias. <\/p>\n

No sobra memorar, la anotada distinci\u00f3n halla su raz\u00f3n ser tanto en los diferentes hechos que le sirven de base a una u otra defensa como en los sujetos facultados ex lege para proponerlas. <\/p>\n

En cuanto a lo primero, se\u00f1ala Hernando Morales Molina: <\/p>\n

\u201cDesde el punto de vista de los hechos en que se fundan las excepciones de fondo se dividen en reales y personales. Las primeras se refieren a vicios inherentes al derecho invocado por el demandante y pueden ser propuestas por todos los obligados (\u2026); las segundas comprenden a determinadas personas, quienes son las \u00fanicas que pueden proponerlas\u201d21. <\/p>\n

El inigualable Demetrio Porras, autor de la primera obra sobre derecho procesal colombiano, explic\u00f3 el punto as\u00ed: <\/p>\n

\u201cLas excepciones personales son las que s\u00f3lo pueden oponerse por aqu\u00e9l a quien se han concedido por la ley \u00f3 por alg\u00fan contrato \u00f3 pacto, y no por los dem\u00e1s interesados en la cosa, tal es, por ejemplo, la que tiene el que goza el beneficio de competencia \u00f3 de no poder ser reconvenido por el todo de la deuda, sino s\u00f3lo en cuanto pueda pagar, despu\u00e9s de atender \u00e1 su precisa manutenci\u00f3n, del cual no disfrutan los fiadores del deudor ni sus herederos (\u2026); y excepciones reales son las que van inherentes \u00e1 la cosa, \u00f3 \u00e1 la obligaci\u00f3n principal (\u2026)\u201d22 <\/p>\n

Tambi\u00e9n es la tesis de Ennecerus, para quien la nota distintiva entre una u otra radica en la posibilidad, en las personales, de ejercitarse por y contra determinadas personas, mientras que las reales (impersonales, como las llama) pueden hacerse valer por cualquier titular y erga omnes23. <\/p>\n

Atendiendo a estos criterios, fluye incontestable, cual se adelant\u00f3, que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva reviste necesariamente el aludido rasgo de \u201cpersonal\u201d, pues a la luz de lo dispuesto en el tantas veces citado art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, s\u00f3lo quien la aduzca puede aprovecharse de sus efectos. <\/p>\n

Aun haci\u00e9ndose abstracci\u00f3n de lo anterior, y admitiendo en gracia de discusi\u00f3n que la de prescripci\u00f3n, en estos \u00e1mbitos, pueda hipot\u00e9ticamente asumir el car\u00e1cter de excepci\u00f3n real \u2013simple distinci\u00f3n doctrinaria-, lo cierto es que con ocasi\u00f3n de la mutaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, de civil a natural por efecto de su extinci\u00f3n, la solidaridad desapareci\u00f3, y en ese sentido no es factible, jur\u00eddicamente hablando, contemplar que la aludida defensa pudiere aprovechar a quienes no la propusieron. Y esto tambi\u00e9n al desaparecer la unidad de prestaci\u00f3n que implica la obligaci\u00f3n solidaria, ante el efecto aniquilante del tiempo. <\/p>\n

Dicho de otra manera, y teniendo la prescripci\u00f3n, cual se adelant\u00f3, la virtualidad de destruir la solidaridad, mal podr\u00eda considerarse, en una doctrina coherente, que la no aducci\u00f3n en juicio de dicha defensa pueda beneficiar a todos los deudores que alg\u00fan d\u00eda fueron solidarios y que no la invocaron. Del todo, se desnaturalizar\u00eda la prescripci\u00f3n en el \u00e1mbito del derecho privado. <\/p>\n

7. En los anteriores fundamentos dejo consignada mi anunciada discrepancia. <\/p>\n

Fecha ut supra, <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tRef.: Exp. 11001-22-03-000-2011-01489-01.
\n2\u0002 \tRef.: Exp. 41001-22-14-000-2'013-00400-01.
\n3\u0002 \tRef.: Exp. 11001-02-03-000-2014-00313-00.
\n4\u0002 \tRef.: Exp. 11001-02-03-000-2015-01546-00.
\n5\u0002 \tRef.: Exp. 11001-22-03-000-2016-01284-01.
\n6\u0002 \tRef.: Exp. 11001-22-03-000-2016-02894-01.
\n7\u0002 \tReferente al hecho de que la prescripci\u00f3n no puede \trenunciarse sino cuando se hubiese consumado, v\u00e9ase: V\u00c8LEZ, \tFernando. Estudio \tsobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo IX. \tParis. 314 y ss.; ANZOLA, Nicasio. Lecciones \tElementales de Derecho Civil. Curso Tercero. \tBogot\u00e1. 1918. P\u00e1g. 473; URIBE HOLGU\u00cdN, Ricardo. \tTeor\u00eda \tGeneral de las Obligaciones. \tBogot\u00e1. 1973. P\u00e1g. 304; GONZALEZ, Eudoro. De \tlas Obligaciones en el Derecho Civil Colombiano. \tBogot\u00e1. 1981. P\u00e1g. 259; VALENCIA ZEA, Arturo\/ORTIZ \tMONSALVE, \u00c1lvaro. Derecho \tCivil. Tomo III. De las Obligaciones. \tBogot\u00e1. 2010. P\u00e1g. 556.
\n8\u0002 \tVide: \tJOSSERAND, Louis. Derecho \tCivil. Tomo II. Vol. I. Teor\u00eda General de las Obligaciones. \tTrad. de Santiago Cunchillos y Manterola. Buenos Aires. 1950. P\u00e1g. \t762.
\n9\u0002 \tDispon\u00eda as\u00ed la regla 1502 ABGB: \u201cLa \tprescripci\u00f3n no puede ser objeto ni de una renuncia \tanticipada, ni de una ampliaci\u00f3n m\u00e1s larga de la \tfijada en la ley\u201d.
\n10\u0002 \tCfr. DOM\u00cdNGUEZ LUELMO, Andr\u00e9s. Comentarios \tal Art\u00edculo 1935 del C\u00f3digo Civil. \tEn: DOMINGUEZ LUELMO, Andr\u00e9s (dir.). Comentarios \tal C\u00f3digo Civil. \tValladolid. 2010. P\u00e1gs. 2099-2100.
\n11\u0002 \tVON SAVIGNY, Friedrich Karl. Sistema \tde Derecho Romano Actual. \tTraducido al castellano por Jacinto Mes\u00eda y Manuel Poley. \tGranada. 2005. P\u00e1g. 938.
\n12\u0002 \tVer tambi\u00e9n: CSJ SC del 3 de mayo de 2002; 9 de septiembre de \t2013.
\n13\u0002 \tURIBE HOLGU\u00cdN, Ricardo. Teor\u00eda \tGeneral de las Obligaciones. \tBogot\u00e1. 1973. P\u00e1g. 304.
\n14\u0002 \tCSJ SC del 13 de octubre de 1993 (M.P. Rafael Romero Sierra).
\n15\u0002 \tHINESTROSA FORERO, Fernando. La \tPrescripci\u00f3n Extintiva. \tBogot\u00e1. 2006. P\u00e1g. 182, nota al pie n\u00fam. 16; \tCASTRO DE CIFUENTES, Marcela. La \tPrescripci\u00f3n Extintiva (Liberatoria). En: \tCASTRO \tDE CIFUENTES, Marcela (coord.). Derecho \tde Obligaciones. Tomo II. Vol. II. \tBogot\u00e1. 2010. P\u00e1g. 339.
\n16\u0002 \tCfr. GIORGI, Jorge. Teor\u00eda \tde las Obligaciones en el Derecho Moderno. Vol. VIII. Trad. \tpor la Redacci\u00f3n de la Revista General de Legislaci\u00f3n \ty Jurisprudencia. Madrid. 1981. P\u00e1g. 499; GRASSO, B. \tPrescrizione, \tDiritto Privato. Mil\u00e1n. \t1986. P\u00e1g. 59.
\n17\u0002 \tCfr. DOM\u00cdNGUEZ LUELMO, Andr\u00e9s. Comentarios \tal Art\u00edculo 1935 del C\u00f3digo Civil. En: \tDOMINGUEZ LUELMO, Andr\u00e9s (dir.). Comentarios \tal C\u00f3digo Civil. Valladolid. 2010. \tP\u00e1gs. 2099-2100.
\n18\u0002 \tEt \tal: \tJOSSERAND, Louis. Derecho \tCivil. Tomo II. Vol. I. Teor\u00eda General de las Obligaciones. \tTrad. de Santiago Cunchillos y Manterola. Buenos Aires. 1950. P\u00e1g. \t762.
\n19\u0002 \tBRAVO UPEGUI, Carlos. Obligaciones \tSolidarias. Tesis para el Doctorado por la Facultad de Derecho y \tCiencias Pol\u00edticas de Bogot\u00e1. Bogot\u00e1. \t1899. P\u00e1gs. 22, 34; SANMIGUEL, Roberto. Obligaciones \tSolidarias. \tTesis \tpara optar por el t\u00edtulo de doctor en Derecho y Ciencias \tPol\u00edticas de la Universidad Nacional. \tBogot\u00e1. 1923. P\u00e1g. 19.
\n20\u0002 \tAs\u00ed: CSJ SSC del 11 de enero de 2000 (M.P. Manuel Isidro \tArdila); y del 27 de noviembre de 2002 (M.P. Silvio Fernando \tTrejos).
\n21\u0002 \tMORALES MOLINA, Hernando. Curso \tde Derecho Procesal Civil. Parte General. \tBogot\u00e1. 1978. P\u00e1g. 151. <\/p>\n

23\u0002 \tCitado en: DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIM\u00c9NEZ-ALFARO, \tFrancisco. Diccionario \tde Derecho Privado. Tomo I. \tBarcelona. 1950. P\u00e1g. 1845.
\n21<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1775-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2017-03497-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Procede la Corte a desatar la tutela adelantada por Gildardo Ceballos Zuluaga frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101453","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101453"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101453\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}