{"id":101456,"date":"2026-07-01T17:44:23","date_gmt":"2026-07-01T17:44:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101456"},"modified":"2026-07-01T17:44:23","modified_gmt":"2026-07-01T17:44:23","slug":"stc1790-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1790-2018\/","title":{"rendered":"STC1790-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1790-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2017-00404-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Aura Carolina Murcia Mart\u00ednez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Mejengu\u00e9. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y trabajo, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial accionada quien no acept\u00f3 la solicitud que formul\u00f3 a efectos de que se aplazara la audiencia que se hab\u00eda programado para el 3 de octubre de 2017 dentro del proceso ejecutivo que ESE Hospital Divina Misericordia promovi\u00f3 contra Salud Vida EPS. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la referida decisi\u00f3n, as\u00ed como todas aquellas que se hubiesen tomado en la diligencia realizada y se disponga realizarla nuevamente. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Ante el incumplimiento en el pago de las facturas generadas por la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos, el ESE Hospital de la Misericordia de Cartagena convoc\u00f3 SALUDVIDA EPS a audiencia de conciliaci\u00f3n, la cual se realiz\u00f3 el 31 de agosto de 2016. <\/p>\n

2. En dicha ocasi\u00f3n, las partes acordaron que la cantidad adeuda por los servicios m\u00e9dicos que se prestaron durante el 28 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2016 era de $1.477\u2019532.570 pesos y que los mismos ser\u00edan cancelados en 24 cuotas mensuales de $61\u2019563.857 cada una, pagaderas a partir del 14 de octubre de 2016. <\/p>\n

3. Teniendo en cuenta que la EPS convocada incumpli\u00f3 el pago acordado, en ente hospitalario present\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n

4. En auto de 18 de enero de 2017 el despacho judicial mencionado libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de la ejecutada. <\/p>\n

5. Enterada de la actuaci\u00f3n, la entidad demandada con el fin de formular las excepciones previas que estim\u00f3 pertinentes, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, alegando que exist\u00eda falta de competencia originada en los numerales 1 y 5 del art\u00edculo 28 del CGP, cl\u00e1usula compromisoria, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y tr\u00e1mite inadecuado. <\/p>\n

6. Con el fin de resolver las excepciones formuladas por la parte demandada, y proceder al decreto de pruebas pertinente, mediante auto de 14 de septiembre de 2017 se convoc\u00f3 a las partes para audiencia que se realizar\u00eda el martes 3 de octubre de 2017 a las 9:00am. <\/p>\n

7. Mediante escrito radicado el lunes anterior, la apoderada judicial de la entidad convocada, aqu\u00ed accionante, solicit\u00f3 el aplazamiento de la audiencia programada para el d\u00eda siguiente, toda vez que ante su estado de embarazo, por prescripci\u00f3n m\u00e9dica emitida el 30 de septiembre, se le restringieron los viajes por tierra que tengan una duraci\u00f3n superior a tres horas. Explic\u00f3 que su residencia y domicilio se encuentra en Cartagena. <\/p>\n

8. En la fecha y hora programadas, el despacho estableci\u00f3 la improcedencia de aceptar la excusa presentada por la quejosa, de atender que la misma cont\u00f3 con la oportunidad de sustituir el poder que le fue otorgado, as\u00ed las cosas, procedi\u00f3 a continuar con la audiencia programada. <\/p>\n

9. La abogada acude al amparo constitucional por estimar que sus garant\u00edas fundamentales le fueron vulneradas, pues contrario a lo indicado por el despacho judicial no cont\u00f3 con el tiempo suficiente para sustituir el poder que le fue otorgado, en tanto la incapacidad aducida fue prescrita el s\u00e1bado previo a la realizaci\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 1 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 23, c.1] <\/p>\n

2. El juzgado accionado remiti\u00f3 copia del acta de la diligencia programada e indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos de la reclamante. <\/p>\n

Saludvida EPS solicita que se acceda a las pretensiones de la tutela, en tanto la negativa en la aceptaci\u00f3n de la excusa por ella presentada, repercute directamente en la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo cuestionado. <\/p>\n

3. En fallo de 16 de noviembre de 2017 el Tribunal superior de Cartagena deneg\u00f3 el amparo por estimar que la reclamante carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar las decisiones emitidas en el proceso cuestionado, en tanto la misma no es parte en el referido litigio. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, la apoderada judicial impugn\u00f3 la decisi\u00f3n refiriendo que si se vulneran sus derechos fundamentales, en tanto la negativa en el aplazamiento limita el libre ejercicio de su profesi\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y aun de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello. <\/p>\n

Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y, por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n

2. En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n

3. Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 9 feb. 1996, rad. 2822; 9 oct. 1998, rad. 5429; 19 feb. 2002, rad. 00159-01; 24 feb. 2004, rad. 00219-01; y 11 Mar. 2009, rad. 00001-01, entre otras). <\/p>\n

As\u00ed mismo, en lo relativo a la actuaci\u00f3n en sede de tutela a trav\u00e9s de apoderado, la jurisprudencia constitucional ha precisado que: <\/p>\n

(\u2026) [dentro de] los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (CC T-531\/02; reiterada en CC T-1025\/06). <\/p>\n

Por \u00faltimo, frente a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o de providencias dictadas dentro de \u00e9sta, se ha considerado que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2012, rad. 2012-00357-00; reiterada, entre muchas otras, en STC, 22 ene. 2015, rad. 2014-02929-00). <\/p>\n

4. En el sub judice, la acci\u00f3n de tutela la promueve quien aduce que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales dentro del proceso ejecutivo donde figura como apoderada judicial de Saludvida EPS, empero, observa la Sala que la gestora del amparo no cuenta con poder especial para representar en esta acci\u00f3n constitucional, los intereses de tal entidad, ni tampoco ostenta la condici\u00f3n de parte o tercero reconocido en el tr\u00e1mite que critica en sede constitucional, para de all\u00ed derivar la eventual vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n

Luego, siendo evidente que la reclamante carece de poder especial para impetrar el amparo y que no es parte ni tercero reconocido en el proceso que cuestiona, surge patente que no ostenta legitimidad para acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n en nombre de la parte demandada en el proceso ejecutivo, ni para aducir que con la actuaci\u00f3n all\u00ed desplegada resultaron afectados sus derechos, m\u00e1xime cuando su inasistencia a la audiencia no gener\u00f3 la imposici\u00f3n de multa econ\u00f3mica en su contra. <\/p>\n

En ese orden, \u00fanicamente contando con mandato especial de quien funge como demandante en el tr\u00e1mite cuestionado, la tutelante lograr\u00eda la legitimaci\u00f3n necesaria para hacer uso de esta herramienta constitucional, a efectos de solicitar la protecci\u00f3n, como quiera que, como qued\u00f3 dicho, cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, y no a sus apoderados o representantes. <\/p>\n

5. Con todo, si se hiciera abstracci\u00f3n de la falencia antes advertida, observa la Sala que la determinaci\u00f3n adoptada por el estrado judicial accionado no es irracional ni caprichosa, en tanto el operador estudi\u00f3 la prescripci\u00f3n m\u00e9dica allegada por la apoderada judicial y estableci\u00f3 que la misma cont\u00f3 con el tiempo suficiente para sustituir el poder que ella le fue conferido en otro profesional. <\/p>\n

Al respecto, indic\u00f3 el despacho accionado que de acuerdo con la excusa arrimada a la apoderada judicial \u00abse le ha prohibido el trasporte por carretera por m\u00e1s de tres horas, porque ella reside en Cartagena.\u00bb sin embargo, estim\u00f3 que en cualquier estado del proceso y durante el periodo de gestaci\u00f3n de aquella, la imposibilidad en el transporte se mantendr\u00eda \u00abporque ella no va poder asistir bajo estas condiciones, adem\u00e1s, -indic\u00f3- la ley prev\u00e9 que los apoderados pueden sustituir en otro apoderado en el momento que no puedan comparecer a la audiencia\u00bb raz\u00f3n por la cual, concluy\u00f3 que \u00abla solicitud de aplazamiento, pedida por la apoderada de Saludvida EPS no se tomar\u00e1 en cuenta.\u00bb <\/p>\n

Motivaciones que no pueden considerarse contrarias al ejercicio de la profesi\u00f3n de la hoy reclamante, pues verificado el contenido de la excusa por ella arrimada, se advierte que en la misma, si bien existe una recomendaci\u00f3n respecto de los viajes por largos periodos de tiempo, no se da una incapacidad que le impida completamente el desplazamiento dentro de la ciudad de su residencia, lo que demuestra que cont\u00f3 con el estado de salud adecuado y el tiempo suficiente para concretar la sustituci\u00f3n del apoderamiento que le fue conferido. <\/p>\n

De all\u00ed que se concluya, que la pretensi\u00f3n de la tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el juzgador se fund\u00f3 para arribar a tal conclusi\u00f3n, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. <\/p>\n

Lo pretendido por la peticionaria del amparo, es anteponer su propio criterio al del accionado, y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.\u00a0 <\/p>\n

No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que aduj\u00f3 en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante. <\/p>\n

6. Consecuente con lo anterior y al constatarse la improcedencia del amparo, el fallo impugnado debe ser confirmado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia anotadas <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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