{"id":101461,"date":"2026-07-01T17:45:14","date_gmt":"2026-07-01T17:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101461"},"modified":"2026-07-01T17:45:14","modified_gmt":"2026-07-01T17:45:14","slug":"stc1876-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1876-2018\/","title":{"rendered":"STC1876-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1876-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00380-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el once de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil, familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas Miguel Cuadros M\u00e1rquez contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Juana Ramona Rocha de Romero y Alfonso Romero Jim\u00e9nez. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por el juzgado accionado por cuanto revoc\u00f3 la sentencia del A Quo para en su lugar declarar probada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria por cuanto no se determin\u00f3 ni prob\u00f3 que el tercero Johny Alfonso Romero Rocha, haya cancelado la obligaci\u00f3n a nombre de los deudores, \u00abconsignaciones \u00e9stas que fueron reales, pero por una OBLIGACI\u00d2N PERSONAL, diferente, al presente proceso de ejecuci\u00f3n, (ya que aqu\u00ed se demanda una obligaci\u00f3n de sus se\u00f1ores padres, con garant\u00eda hipotecaria); que el se\u00f1or JOHNY ALFONSO ROMERO ROCHA, mantiene conmigo, y por la cual se suscribi\u00f3 otro t\u00edtulo valor, el cual fue aportado al proceso y desconocido por el se\u00f1or Juez, recurrido.\u00bb <\/p>\n

En consecuencia solicit\u00f3 se amparen los derechos invocados y se \u00abdeclare la Existencia de CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE AMPARO CONSTITUCIONAL a favor de JES\u00daS MIGUEL CUADROS MARQUEZ, y que en un t\u00e9rmino de 48 horas se ordene al tutelado, se permita proferir una nueva providencia acorde a las normas sustantivas f\u00e1cticas y procesales en el expediente\u2026\u00bb [Folio19, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante formul\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria de menor cuant\u00eda contra Juana Ramona Rocha de Romero y Alfonso Romero Jim\u00e9nez para que se libre mandamiento de pago por la suma de $29.000.000 desde el 5 de julio de 2013 hasta cuando se cancele por completo la obligaci\u00f3n junto con los intereses moratorios. As\u00ed mismo, se decrete el embargo y secuestro del bien de propiedad de los demandados. <\/p>\n

2. Como fundamento de sus pretensiones se\u00f1al\u00f3 que mediante escritura p\u00fablica No. 3.538 del 15 de diciembre de 2011 por valor de $5.000.000 otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Barranquilla y registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-96257; los pagar\u00e9s Nos. 001 y 002 por el valor de $12.000.000 cada uno, suscritos por Juana Ramona Rocha de Romero y Alfonso Romero Jim\u00e9nez y la escritura p\u00fablica No. 1.503 de fecha 18 de junio de 2014 por medio de la cual se ampli\u00f3 el plazo de la hipoteca, la parte demandada se constituy\u00f3 en deudor del tutelante al recibir en calidad de pr\u00e9stamo de consumo con intereses la cantidad de $40.000.000, suma a la que realizaron abono por $11.000.000 quedando un saldo insoluto de $29.000.000. <\/p>\n

2.1. \tQue los deudores para garantizar el pago constituyeron hipoteca abierta de primer grado sin l\u00edmite de cuant\u00eda a su favor frente al inmueble ubicado en la carrera 34, calles 47 y 48 No. 47-23 de Barranquilla. <\/p>\n

2.2. Que la parte pasiva se encuentra en mora respecto al capital y los intereses. <\/p>\n

2.3. Que la obligaci\u00f3n se hizo exigible desde el 5 de julio de 2013 y los deudores entraron en mora desde el 6 de julio de ese a\u00f1o. <\/p>\n

3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de esa ciudad, autoridad que el 6 de octubre de 2015 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n

4. La parte demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n tras indicar que \u00abse vislumbra una ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales raz\u00f3n por la cual no se debi\u00f3 librar mandamiento ejecutivo.\u00bb <\/p>\n

De igual modo, en escrito separado formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abInexistencia de la causa petendi; Pago parcial de la obligaci\u00f3n y Temeridad y mala fe\u00bb por cuanto contrario a lo expuesto por la parte demandante la obligaci\u00f3n real adquirida fue de $29.000.000 junto con los intereses generados desde julio de 2013 y han realizado abonos que suman $19.210.000 para cuyo efecto anex\u00f3 consignaciones bancarias efectuadas en la cuenta del tutelante por Johny Romero Rocha, hijo de los demandados. [Folios 22-31, c. Corte] <\/p>\n

5. El 10 de noviembre de ese a\u00f1o, se orden\u00f3 correr traslado del recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

6. El 12 de noviembre siguiente, el actor descorri\u00f3 el traslado, quien solicit\u00f3 rechazar de plano los recursos interpuestos. <\/p>\n

7. Mediante auto fechado 15 de enero de 2016 el despacho no repuso su determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, el cual correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, autoridad que confirm\u00f3. <\/p>\n

8. El 6 de abril de ese a\u00f1o, se corri\u00f3 traslado de las excepciones propuestas por la parte pasiva por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, momento en que el actor solicit\u00f3 declararlas no probadas. [Folios 35 y 36-38, c. Corte] <\/p>\n

9. El 8 de septiembre siguiente, se fij\u00f3 fecha para la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para el 6 de octubre de 2016. <\/p>\n

10. En desacuerdo la parte demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto el 5 de octubre de ese a\u00f1o en forma desfavorable. <\/p>\n

11. Por auto de la misma fecha se reprogram\u00f3 la fecha de la audiencia inicial para el 3 de noviembre siguiente. <\/p>\n

12. El 24 de octubre de ese a\u00f1o, el actor alleg\u00f3 escrito en el que anex\u00f3 copia del pagar\u00e9 de fecha 11 de diciembre de 2011 suscrito por Jhonny Alfonso Romero Rocha con el fin de demostrar que los abonos aportados en la contestaci\u00f3n de la demanda por los deudores nada tienen que ver con la deuda por ellos contra\u00edda por cuanto los mismos obedecen a una obligaci\u00f3n personal que el se\u00f1or Romero Rocha, contrajo con \u00e9l. [Folios 51-52, c. Corte] <\/p>\n

13. El 3 y 15 de noviembre de ese a\u00f1o se llev\u00f3 a cabo la diligencia y se emiti\u00f3 fallo en el que se declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas y se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n tras advertir que no se logr\u00f3 probar de forma coherente los abonos parciales que dice la parte demandada realiz\u00f3 en la cuenta del accionante, toda vez que en el interrogatorio de parte rendido por la se\u00f1ora Juana de Romero existen inconsistencias que no ofrecieron claridad al respecto. <\/p>\n

14. En desacuerdo con la determinaci\u00f3n, el extremo demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

15. La impugnaci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, autoridad que el 26 de julio de 2017 admiti\u00f3 el recurso y se fij\u00f3 fecha para la audiencia de alegato y fallo. <\/p>\n

16. El 16 de agosto siguiente se revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del A Quo al declarar pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n y en consecuencia se\u00f1al\u00f3 que lo adeudado por la parte pasiva a noviembre 15 de 2016 corresponde a $4.903.682, tras considerar las consignaciones efectuadas por Johny Romero Rocha como pagos o abonos a la deuda contra\u00edda por la parte demandada. <\/p>\n

17. En criterio del peticionario del amparo, con la decisi\u00f3n adoptada por la segunda instancia se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto \u00abno se permiti\u00f3 apreciar pruebas esenciales y determinantes, y apreci\u00f3, otra que no ha debido admitir ni valorar de lo cual concluy\u00f3 que hab\u00eda operado la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n en forma parcial, algo arbitrario\u00bb por lo que la determinaci\u00f3n adoptada es \u00abcaprichosa o injustificada\u00bb. [Folios 1-19, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 13 de septiembre de 2017, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 32, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado 13 Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por ese estrado que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia se encuentra amparada bajo las garant\u00edas constitucionales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por tanto no se vislumbra vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno. [Folios 45-46,c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de esa ciudad, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto las pretensiones de la tutela recaen sobre el actuar procesal surtido por la segunda instancia con la decisi\u00f3n emitida el 16 de agosto de 2016. [Folios 49-50, c.1] <\/p>\n

A su turno, los vinculados Alfonso Romero Jim\u00e9nez y Juana Ramona Rocha de Romero mediante apoderado solicitaron no acoger las pretensiones del accionante por cuanto la motivaci\u00f3n de la sentencia deber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas, con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas y a los razonamientos constitucionales, legales y de equidad, disposiciones que fueron debidamente apreciadas por la segunda instancia. [Folios 57-58,c.1] <\/p>\n

Finalmente, el tambi\u00e9n vinculado Johny Alfonso Romero Rocha expres\u00f3 que hizo a nombre de sus padres Alfonso Romero Jim\u00e9nez y Juana Ramona Rocha de Romero las consignaciones correspondientes a los pagos de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por ellos, raz\u00f3n por la cual fueron aportadas al proceso como prueba para que fueran valoradas, lo que fue ignorado por la autoridad demandada. [Folios 110-112, c.1] <\/p>\n

3. Superada la irregularidad que dio lugar a que esta Corporaci\u00f3n declarara la nulidad de la actuaci\u00f3n el pasado 7 de noviembre de 2017, el Tribunal mediante sentencia de 11 de diciembre siguiente concedi\u00f3 el amparo tras considerar que el juzgado accionado al valorar el contexto de las consignaciones aportadas por la parte pasiva tom\u00f3 elementos de juicio que no se encuentran en los documentos donde constan esos dep\u00f3sitos bancarios, es decir extrajo de ellos la existencia de unos determinados hechos sobre los cuales el medio probatorio allegado al expediente realmente no es el eficaz, pertinente, ni conducente para demostrarlos en este caso espec\u00edfico, lo que gener\u00f3 una determinaci\u00f3n contraria a derecho. <\/p>\n

Por consiguiente, orden\u00f3 al juzgado demandado que dentro del t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, proceda a dejar sin efecto la sentencia emitida el 16 de agosto de 2017, y en su lugar, fije nueva fecha para realizar la audiencia de fallo y proferir una nueva decisi\u00f3n. [Folios 141-145, c.1] <\/p>\n

4. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, los vinculados Alfonso Romero Jim\u00e9nez y Juana Ramona Rocha de Romero la impugnaron y para cuyo efecto se\u00f1alaron que el A Quo se \u00abolvid\u00f3 que fung\u00eda como juez constitucional, no como superior funcional del juez de segunda instancia a quien le pueda imponer un criterio ordinario de autoridad. En caso de colisi\u00f3n de interpretaciones entre el juez accionado y el juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sido di\u00e1fana en reconocer la autonom\u00eda judicial del funcionario accionado porque la tutela se restringe a los casos en que el fallo cuestionado carezca de razonabilidad\u00bb. [Folios 160-164, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales. <\/p>\n

2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la sentencia en contra de la que se enfil\u00f3 el reclamo en tutela, esto es, la proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, se advierte su incursi\u00f3n en un defecto f\u00e1ctico, que transgrede los derechos fundamentales del accionante, y que hac\u00eda necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, conforme lo advirti\u00f3 el A Quo. <\/p>\n

En efecto, en la mencionada determinaci\u00f3n, el juez acusado incurri\u00f3 en un error en la apreciaci\u00f3n probatoria que le dio a las consignaciones aportadas por la parte demandada por cuanto consider\u00f3 que \u00abdentro del folial sumarial obra prueba documental aportada por la parte pasiva de la litis, fotocopia de las consignaciones realizadas como abono a la obligaci\u00f3n adquirida, folios 54 a 61 del cuaderno de las excepciones, consignaciones que fueron depositadas en la cuenta bancaria de Jes\u00fas Miguel Cuadros tal y como este lo reconoci\u00f3 en el interrogatorio absuelto, documentos que no fueron valorados en debida forma por el solo hecho que el depositario de las mismas era el se\u00f1or Johny Romero Rocha, hijo de los demandados, grave error, am\u00e9n que en momento alguno y en su oportunidad procesal, dichos documentos no fueron tachados de falso o desvirtuados con prueba alguna que deslegitimara la veracidad y contenidos de los mismos\u00bb [Audio 23:47-25:11 minutos] <\/p>\n

No obstante, se observa en el acervo probatorio recaudado, especialmente en el interrogatorio de parte absuelto por la parte demandante y demandada, que no qued\u00f3 demostrado de forma clara y precisa que efectivamente las consignaciones aportadas por los deudores obedec\u00edan a pagos a la deuda contra\u00edda, por cuanto el ejecutante fue puntual en manifestar que \u00abentreg\u00f3 a los demandados $40.000.000 en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla el 15 de diciembre de 2011 (\u2026) los demandados realizaron abono de $11.000.000, quedando pendiente un saldo de $29.000.000, no he recibido m\u00e1s dinero de parte de ellos\u00bb y cuando se les interrog\u00f3 a los se\u00f1ores Juana Ramona Rocha de Romero y Alfonso Romero Jim\u00e9nez respecto a esos dep\u00f3sitos presentaron inconsistencias tales como no recordar el valor de los abonos ni porque medio los hicieron llegar. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se evidencia que la autoridad demandada al valorar las consignaciones aportadas por la parte demandada, se extralimit\u00f3, teniendo en cuenta que en las mismas no se aprecia que los pagos o abonos efectuados por Johny Romero Rocha sean imputados como pago de la deuda obtenida por sus padres Juana Ramona Rocha y Alfonso Romero Jim\u00e9nez, por tanto mal podr\u00eda el accionado considerar que fueron con esa finalidad ya que no existe certeza ni se logr\u00f3 probar que ello fuere as\u00ed. <\/p>\n

Al respecto, es preciso recordar que si bien los juzgadores cuentan con autonom\u00eda para valorar las pruebas que deben soportar su decisi\u00f3n, esa labor no puede ser arbitraria, pues la motivaci\u00f3n de la sentencia debe sustentarse en el examen cr\u00edtico de todas las pruebas (art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso) De igual modo, el art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo ordena que \u00ablas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n

3. Sobre la apreciaci\u00f3n fragmentada de los medios demostrativos y la falta de exposici\u00f3n del m\u00e9rito asignado a ellos, en STC de 28 de marzo de 2012, Rad. 2012-00526-00, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n

\u00abY es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso. <\/p>\n

c.-) Esa especie de defecto es atribuible a la providencia aqu\u00ed cuestionada, por cuanto el Tribunal omiti\u00f3, como era su deber, analizar en su integridad el contrato aportado por la parte actora cuando descorri\u00f3 el traslado del incidente de mejoras, pues, ning\u00fan pronunciamiento hizo con relaci\u00f3n a lo estipulado en la cl\u00e1usula octava de aquel, desatendiendo as\u00ed las reglas de valoraci\u00f3n probatoria que impone el art\u00edculo 187 del estatuto procesal civil, seg\u00fan el cual \u201cel juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigna a cada prueba. <\/p>\n

La verdad es que el sentenciador se percat\u00f3 de la existencia de tal documento, toda vez que analiz\u00f3 lo consignado en la cl\u00e1usula sexta sobre el no reembolso del valor de las mejoras realizadas por el administrador (el demandado), sin la autorizaci\u00f3n escrita de los dem\u00e1s cond\u00f3minos, infiriendo que esa regla contractual ten\u00eda efectos respecto a las obras ejecutadas con posterioridad a la suscripci\u00f3n del negocio jur\u00eddico y, por ello no ten\u00eda incidencia en las que fueron reconocidas por haber sido efectuadas con antelaci\u00f3n a la firma de \u00e9ste, seg\u00fan lo atestado por \u2026 <\/p>\n

Empero, ning\u00fan pronunciamiento hizo respecto a lo pactado en la cl\u00e1usula octava de dicha convenci\u00f3n, lo que evidencia una ponderaci\u00f3n parcial de dicho medio de persuasi\u00f3n.\u00bb (Se destaca) <\/p>\n

De otra parte, si no exist\u00eda claridad en los abonos efectuados en la cuenta del accionante por parte del se\u00f1or Romero Rocha, bien pudo el juez accionado antes de adoptar una decisi\u00f3n definitiva, decretar y practicar pruebas de manera oficiosa con el fin de otorgar certeza a los hechos discutidos por las partes y as\u00ed un mejor proveer, ello en atenci\u00f3n al numeral 4 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso que establece como uno de los deberes del juez \u00abEmplear los poderes que este C\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes.\u00bb lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1876-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00380-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el once de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil, familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101461","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101461","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101461"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101461\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101461"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101461"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}