{"id":101462,"date":"2026-07-01T17:45:19","date_gmt":"2026-07-01T17:45:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101462"},"modified":"2026-07-01T17:45:19","modified_gmt":"2026-07-01T17:45:19","slug":"stc1877-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1877-2018\/","title":{"rendered":"STC1877-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1877-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2017-00822-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el trece de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013Familia del Tribunal Superior de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida Elizabeth Amaya de Vargas, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

En el libelo introductorio de la presente tutela, la ciudadana, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, vida, dignidad humana, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima conculcados por la autoridad judicial accionada al negar hacerle entrega del dep\u00f3sito judicial consignado a \u00f3rdenes del despacho por concepto de la indemnizaci\u00f3n reconocida en el proceso de expropiaci\u00f3n conocido con radicado N\u00b0 2011-00189. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se conceda el resguardo implorado y en consecuencia, i) se deje sin valor la sentencia de 26 de octubre de 2012, para que en su lugar, \u00abse valide en debida forma que los dineros dejados en dep\u00f3sito judicial pertenecen a la sucesi\u00f3n de los se\u00f1ores Ana Belinda Ochoa de Amaya (q.e.p.d) y Arcenio Amaya Vargas (q.e.p.d.).\u00bb [Folio 4, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El Instituto Nacional de Concesiones – INCO formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra los herederos indeterminados de Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o, con el prop\u00f3sito de conseguir para la ejecuci\u00f3n del proyecto vial Brice\u00f1o \u2013Tunja \u2013Sogamoso, una zona de terreno segregada del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201clote pocuali\u201d, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 070-111155. <\/p>\n

Entre los hechos narrados en la demanda, la parte actora expuso que en la foliatura mentada se registr\u00f3 una falsa tradici\u00f3n la cual no se hallaba saneada, por lo que el predio requerido, figuraba a\u00fan en propiedad de Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o. <\/p>\n

2. Le correspondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, quien en auto de 18 de abril de 2012, lo admiti\u00f3 y orden\u00f3 el enteramiento de los demandados. <\/p>\n

3. La parte pasiva fue representada por curador ad litem, quien se abstuvo a lo que se probara en el proceso. <\/p>\n

4. El 26 de octubre de 2012, se dict\u00f3 sentencia en la que el despacho accionado resolvi\u00f3 declarar la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica a favor de la entidad demandante; as\u00ed mismo, orden\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n a favor de la sucesi\u00f3n del causante Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o, por la suma de $11.495.757,23. <\/p>\n

5. De otro lado, la aqu\u00ed accionante, junto con Mar\u00eda Belarmina Amaya Ochoa y Javier Amaya Ochoa, en representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de los se\u00f1ores Ana Benilda Ochoa de Amaya y Arcenio Amaya Vargas, promovieron demanda de pertenencia contra personas indeterminadas, a fin de conseguir la adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n extraordinaria, del predio denominado \u201cPocuali\u201d. <\/p>\n

Dentro de los hechos all\u00ed enunciados, contaron que Ana Benilda Ochoa Amaya y Arsenio Amaya Vargas adquirieron el bien, en 1966 y ejercieron la posesi\u00f3n sobre el mismo hasta la fecha de su fallecimiento, la que pas\u00f3 entonces, a manos de los demandantes. <\/p>\n

6. Para su tr\u00e1mite, la demanda se asign\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, quien dict\u00f3 sentencia el 4 de marzo de 2013 y declar\u00f3 prosperas las pretensiones. <\/p>\n

7. Con memorial de 13 de octubre de 2017, la tutelante, por intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 en el proceso de expropiaci\u00f3n la entrega de dep\u00f3sito judicial, tras ponerle en conocimiento el fallo mentado en precedencia. <\/p>\n

8. Mediante providencia de 26 de octubre del a\u00f1o pasado, el despacho resolvi\u00f3 no acceder a la petici\u00f3n \u00abhasta tanto se establezca el inicio del proceso de sucesi\u00f3n ante juez o notario del causante Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o, a fin de que el dinero entre a formar parte de la respectiva masa sucesoral, en observancia de lo dispuesto en el art\u00edculo 496 del CGP, en concordancia con el art\u00edculo 1297 del C. C.
\nLa parte solicitante deber\u00e1 acreditar que la apertura del respectivo proceso de sucesi\u00f3n, en el cual, la suma que le corresponda al beneficiario fallecido, sea incluida como un activo de la masa sucesoral, o en su defecto allegar copia de la partici\u00f3n en la cual se efect\u00fae la adjudicaci\u00f3n a uno o varios herederos\u00bb <\/p>\n

Frente a la trasuntada decisi\u00f3n, la peticionaria no interpuso recurso. <\/p>\n

9. En criterio de la promotora del amparo, se vulneraron sus garant\u00edas superiores al negarle la entrega del dep\u00f3sito judicial correspondiente a la indemnizaci\u00f3n otorgada en la expropiaci\u00f3n, porque no se tuvo en cuenta que sus padres, ya fallecidos, \u00able hab\u00edan comprado los derechos y acciones y gananciales a los herederos de Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o\u00bb, y luego, esa compra fue saneada con la declaraci\u00f3n de pertenencia en sentencia de 4 de marzo de 2013. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. Por auto de 30 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 38 -39, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Civil de Tunja, manifest\u00f3 que se remite a las argumentaciones de hecho y de derecho plasmadas en las actuaciones surtidas en el proceso de expropiaci\u00f3n materia de reproche. A\u00f1adi\u00f3 que el auto de 26 de octubre de 2017, cobr\u00f3 ejecutoria sin que la tutelante formulara recursos. [Folio 42, c. 1] <\/p>\n

3. En sentencia de 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Tunja neg\u00f3 la solicitud de amparo incoada, por ausencia del requisito de la inmediatez, pues la decisi\u00f3n censurada data de 26 de octubre de 2012 y s\u00f3lo intent\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, 5 a\u00f1os despu\u00e9s. [Folios 49 -54, c. 1] <\/p>\n

4. Inconforme, la gestora de la s\u00faplica impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n anotada, bajo el argumento que es ut\u00f3pico pretender realizar la sucesi\u00f3n de Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o, como quiera que aquel no ostentaba la calidad de propietario del bien, raz\u00f3n por la cual, el hecho vulnerador no ha desaparecido. [Folios 59 -63, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros. <\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona la accionante, se remite en primer lugar, a la sentencia de 26 de octubre de 2012, en la cual se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n del predio perseguido por el Instituto Nacional de Concesiones \u2013INCO, y se orden\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n a favor de la sucesi\u00f3n del causante Alejandro Gonz\u00e1lez Mari\u00f1o; sin embargo, el amparo constitucional, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 29 de noviembre de 20171. <\/p>\n

El mismo infortunio resulta, si en su sentir, con la declaraci\u00f3n de pertenencia, se sane\u00f3 lo referente a la titularidad del dominio del predio expropiado, pues la sentencia por ella aludida, se dict\u00f3 el 4 de marzo de 2013. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, despu\u00e9s de la \u00faltima actuaci\u00f3n referida, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para controvertir lo resuelto por el despacho frente a su petici\u00f3n radicada el 13 de octubre de 2017. <\/p>\n

Si bien, la querellante se duele de que el juzgado no accediera a su reclamaci\u00f3n de entrega de dep\u00f3sito judicial existente a \u00f3rdenes del despacho, por concepto de la indemnizaci\u00f3n ofrecida por la parte demandante en el proceso de expropiaci\u00f3n, advierte esta Sala que contra el auto de 26 de octubre 2017, la quejosa no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n, el cual cab\u00eda contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Recurso que a todas luces fue instituido para que el juzgador de instancia reexaminara los defectos en los que eventualmente pudiera incurrir; en decir, atendiendo su finalidad, este instrumento le permite al juez natural reevaluarse sobre la posici\u00f3n jur\u00eddica adoptada, que de ser procedente, dentro del marco de legalidad, el operador judicial subsane o ajuste su actuar, en aras de garantizar el debido proceso de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

De ah\u00ed que resulte ostensible que si la peticionaria del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, la acci\u00f3n de tutela, no puede ser utilizada para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, inicialmente, al fallador ordinario. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tActa de reparto, visible en folio 36 de la \tencuadernaci\u00f3n principal.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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