{"id":101463,"date":"2026-07-01T17:45:23","date_gmt":"2026-07-01T17:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101463"},"modified":"2026-07-01T17:45:23","modified_gmt":"2026-07-01T17:45:23","slug":"stc1879-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1879-2018\/","title":{"rendered":"STC1879-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-01354-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Felipe Gaviria Delgado contra el Juzgado Tercero de Ejecucion Civil del Circuito de esa ciudad y Bancolombia SA; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n

I. ANTECEDENTE <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna, que estima vulnerados por los accionados al negar la solicitud de restructurar el cr\u00e9dito que se persiguen en la ejecuci\u00f3n Nos. 2011-00638 y por establecer como base para el remate de su inmueble un avalu\u00f3 alejado del precio real. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que \u00absea restructurada la deuda o en su defecto sea prescrita esta obligaci\u00f3n\u00bb, asimismo, que se realicen las correspondientes investigaciones por presuntas irregularidades en el tr\u00e1mite para fijar un avalu\u00f3 desactualizado del predio. [Folio 1, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Luis \tFelipe Gaviria Delgado y Margarita Mar\u00eda Fern\u00e1ndez \tToban suscribieron el pagar\u00e9 No. 1633-320140636, por medio \tdel cual adquirieron un cr\u00e9dito de vivienda y se obligaron a \tpagar 3.787.1256 UPAC que equival\u00edan para esa fecha a \t$44.000.000, e intereses de plazo de 13,00% EA, a trav\u00e9s 360 \tcuotas mensuales contadas a partir del 9 de enero de 1998, a favor \tde la Corporaci\u00f3n Nacional de Ahorro y Vivienda – Conavi -hoy \tBancolombia SA-. [Folios 9-11, exp. 2011-00638] <\/p>\n

2. Como \tgarant\u00eda del cumplimiento del cr\u00e9dito, los giradores \tconstituyeron hipoteca sobre su inmueble identificado con el FMI No. \t001-389184 de Medell\u00edn por medio de la escritura p\u00fablica \tNo. 6763 de 6 de noviembre de 1997. [Folios 17-19, Ib.] <\/p>\n

3. El \t5 de septiembre de 2011, Bancolombia SA promovi\u00f3 demanda \tejecutiva con t\u00edtulo hipotecario contra los deudores, en \tvirtud de la que pretendi\u00f3 cobrar el saldo insoluto del \tt\u00edtulo valor y los correspondientes intereses de mora y de \tplazo, asimismo, deprec\u00f3 medidas cautelares sobre el predio \thipotecado. [Folios 2-8, Ib.] <\/p>\n

4. Le \tcorrespondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Tercero Civil del \tCircuito de Medell\u00edn, quien el 15 de enero de 2013 libr\u00f3 \tmandamiento ejecutivo por los capitales expresados en Unidades de \tValor Real – UVR, decret\u00f3 cautelas sobre el bien ra\u00edz \ty orden\u00f3 integrar el contradictorio. [Folio 63, Ib.] <\/p>\n

5. El \t27 de febrero de 2014, los ejecutados coadyuvados por el ejecutante \tsolicitaron al Juzgado que los tuviera por notificados a partir del \t15 de enero de 2013, el desembargo del inmueble hipotecado y la \tsuspensi\u00f3n del proceso hasta el 25 de abril de 2017, adem\u00e1s, \trenunciaron t\u00e9rminos. [Folios 166-167, Ib.] <\/p>\n

6. El \t1\u00ba de abril posterior, la Sede Judicial se pronunci\u00f3 \tfrente a la petici\u00f3n, de tal modo, orden\u00f3 la \tsuspensi\u00f3n, el levantamiento de la cautela y acept\u00f3 la \trenuncia; sin embargo, afirm\u00f3 que las notificaciones se \tpracticaron por aviso con anterioridad. [Folios 180-181, Ib.] <\/p>\n

7. A trav\u00e9s del oficio No. 2822 de 13 de mayo de 2014, se comunic\u00f3 el embargo de remanentes decretado por el Juzgado Quinto de Ejecucion Civil Municipal de Medell\u00edn dentro del proceso ejecutivo No. 2011-00638, promovido por la Titularizadora Bancolombiana SA en contra del aqu\u00ed demandado Gaviria Delgado. [Folio 184, Ib.] <\/p>\n

8. El 20 de junio de 2014, el Despacho reanud\u00f3 el proceso por estar vencido plazo de suspensi\u00f3n y tuvo en cuenta el mentado embargo de remanentes. [Folio 185, Ib.] <\/p>\n

7. El \t29 de agosto siguiente, se decretaron medidas cautelares sobre la \tpropiedad hipotecada en atenci\u00f3n a la solicitud que reformul\u00f3 \tla demandante. [Folio 195, Ib.] <\/p>\n

8. Registrado \tel embargo ante la Oficina de Instrumento P\u00fablicos, el 10 de \tnoviembre el Unidad Judicial dispuso el secuestro de inmueble, para \tel efecto comision\u00f3 a los juzgados civiles municipales de \tdescongesti\u00f3n. [Folios 204-205, Ib.] <\/p>\n

9. Comoquiera \tque no se formularon medios exceptivos y al estar debidamente \tnotificados los demandados, el Juzgador profiri\u00f3 el auto que \torden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 9 de \tfebrero de 2015; por consiguiente, orden\u00f3 el avalu\u00f3 y \tposterior remate de inmueble cautelado, la liquidaci\u00f3n del \tcr\u00e9dito, as\u00ed como de las costas, estas \u00faltimas \tcon cargo al extremo pasivo. [Folios 211-213, Ib.] <\/p>\n

10. Por \tdisposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura, la \tejecuci\u00f3n se sigui\u00f3 adelantando por el Juzgado Tercero \tde Ejecucion Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n

11. El \t18 de marzo de 2015, se agreg\u00f3 al expediente el despacho \tcomisorio de secuestro, auxiliado y debidamente diligenciado por el \tJuzgado Segundo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn. \t [Folio 253, Ib.] <\/p>\n

12. El \td\u00eda 27 de la misma mensualidad, se aprob\u00f3 la \tliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en $134.531.178. [Folios \t259-260, Ib.8] <\/p>\n

14. El \t1\u00ba de diciembre posterior, los accionados informaron que han \treclamado sin \u00e9xito la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, \tasimismo, se opusieron al avalu\u00f3 efectuado por el Juzgado por \tdesajustado, pues no tuvo como referencia el avalu\u00f3 catastral \tni en el comercial del predio, en este orden, peticionaron \t\u00absuspender\u00bb \tel remate hasta tanto, se resuelvan las presuntas nulidades. [Folios \t280-281, Ib.] <\/p>\n

15. En \tcriterio del peticionario del amparo, considera lesionadas sus \tgarant\u00edas superiores toda vez que a los largo de 13 a\u00f1os \tha cancelado a la entidad bancaria acusada m\u00e1s de \t$150.000.000 y a\u00fan no ha saldado una deuda que inicialmente \tequival\u00eda a $49.000.000, por tal situaci\u00f3n, le ha \tsolicitado de manera insistente que le restructure el cr\u00e9dito; \tsin embargo, la respuesta es que a\u00fan le falta cubrir \t$60.000.000 de la obligaci\u00f3n pecuniaria, circunstancia que lo \tperjudica porque est\u00e1 a punto de perder su vivienda dentro de \tla ejecuci\u00f3n, de la que depende \u00e9l y su familia. \tAdem\u00e1s, porque el avalu\u00f3 catastral del inmueble, que \tes apreciado por el Juzgador querellado, refleja una diferencia con \tel comercial de $210.000.000. [Folio 1, c. 1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 5 de diciembre de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 64 -65, c. 1] <\/p>\n

2. El Juzgado Tercero de Ejecucion Civil del Circuito de Medell\u00edn, se limit\u00f3 a remitir el proceso ejecutivo hipotecario 2011-00638-00. [Folio 20, c. 1] <\/p>\n

Dentro del t\u00e9rmino concedido para rendir informe, los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

3. Mediante sentencia de 18 de diciembre de 2017 el Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 el amparo constitucional, tras establecer que la acci\u00f3n carece del requisito de subsidiariedad por cuanto el accionante no emple\u00f3 las herramientas previstas al interior del proceso para defender sus intereses, aunado a que la pretensi\u00f3n de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito se escapa del \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la tutela. [Folios 22-25, c. 1] <\/p>\n

4. Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3, para ello profundiz\u00f3 en las argumentaciones expuesta inicialmente en el libelo genitor. [Folios 27-32, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica creara la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos. <\/p>\n

Acorde con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 como causal de improcedencia, la de disponer el interesado de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara de forma provisional para evitar un da\u00f1o que no pudiera corregirse, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. Hecho el anterior recuento, evidente es la improcedencia de esta acci\u00f3n, toda vez que no re\u00fane los requisitos para su excepcional viabilidad, en la medida en que en el momento en que se acudi\u00f3 a la misma, el ejecutado expuso al interior del proceso los respectivos reparos, sin que a la fecha haya sido objeto de resoluci\u00f3n por parte del Juez natural, en ese sentido, resulta prematura, como a continuaci\u00f3n pasa a explicarse. <\/p>\n

En efecto, es claro que el promotor del amparo formul\u00f3 el 1\u00ba de diciembre de 2017, la reclamaci\u00f3n relacionada con \u00absuspender\u00bb la actuaci\u00f3n judicial hasta tanto se resuelvan las posibles nulidades derivadas de la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y del valor establecido a su inmueble, pues estim\u00f3 que tal precio resulta incluso, muy por debajo del aval\u00fao catastral. <\/p>\n

Sin embargo, del an\u00e1lisis de las actuaciones recopiladas en la presente acci\u00f3n, se evidencia que semejantes manifestaciones, a la fecha no han sido objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que el amparo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como un mecanismo que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. Por \t\u00faltimo, no se acceder\u00e1 a la solicitud de promover las \tinvestigaciones penales o disciplinarias por la conducta desplegada \ten torno a la pr\u00e1ctica del avalu\u00f3 de predio, por \tcuanto se trata \tde una carga que le corresponde asumir directamente al interesado; \tsin embargo, no existe prueba que demuestre que \u00e9l haya \tacudido ante las respectivas autoridades a exponer los hechos y \tfaltas sobre las que fundamenta sus acusaciones. <\/p>\n

4. Razones \tque en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n \test\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el \tfallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
\nComun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-01354-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101463","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101463\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}