{"id":101466,"date":"2026-07-01T17:45:43","date_gmt":"2026-07-01T17:45:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101466"},"modified":"2026-07-01T17:45:43","modified_gmt":"2026-07-01T17:45:43","slug":"stc1883-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1883-2018\/","title":{"rendered":"STC1883-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1883-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00285-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Santa Marta dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Lu\u00eds Javier Cepeda Visbal contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga \u2013 Magdalena; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Municipio de Sitionuevo \u2013 Magdalena. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que estima vulnerado por el juzgado accionado por cuanto al interior del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra el Municipio de Sitionuevo, pese a que estaban dadas las condiciones para que se emitiera sentencia definitiva, el despacho opt\u00f3 por decretar unas pruebas de oficio tendientes a esclarecer si hab\u00eda operado la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria, a pesar que la parte demandada no propuso esta circunstancia como excepci\u00f3n de m\u00e9rito. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende se ordene \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n interlocutoria proferida por el se\u00f1or juez accionado en el desarrollo de la audiencia inicial del 22 de noviembre hoga\u00f1o\u00bb. [Folio 33,c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante con el fin de obtener la plena satisfacci\u00f3n de las obligaciones contenidas en los cheques Nos. 2101154 y 2101158 girados por el Municipio de Sitionuevo \u2013 Magdalena formul\u00f3 proceso ejecutivo en su contra. <\/p>\n

2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga \u2013 Magdalena, autoridad que mediante auto de 30 de agosto de 2016 consider\u00f3 que previo a definir lo atinente al mandamiento de pago era pertinente requerir documentaci\u00f3n para determinar la caducidad de la acci\u00f3n, otorg\u00e1ndole al actor para ello un plazo de cinco d\u00edas. [Folio 7,c.1] <\/p>\n

3. En desacuerdo el tutelante manifest\u00f3 la extra\u00f1eza que le causaba la decisi\u00f3n e inform\u00f3 que le era imposible suministrar la informaci\u00f3n requerida por estar protegida por la reserva bancaria. <\/p>\n

4. En vista que no se subsan\u00f3 lo requerido dentro del t\u00e9rmino concedido, el 11 de octubre de ese a\u00f1o, el juzgado neg\u00f3 el mandamiento de pago y advirti\u00f3 que su determinaci\u00f3n no luc\u00eda arbitraria como quiera que persegu\u00eda averiguar \u00absi la acci\u00f3n cambiaria estaba caduca o no\u00bb. [Folio 50, c.1] <\/p>\n

5. En desacuerdo el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n bajo el argumento que no le era dado al operador judicial \u00abinadmitir una demanda ejecutiva por fuera de los motivos que dan lugar a este fen\u00f3meno\u00bb y m\u00e1s cuando es el demandado, en ejercicio de su derecho de defensa y no el juez, el legitimado para en el momento de contestar la demanda, proponer como excepci\u00f3n de m\u00e9rito la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n

6. El 24 de noviembre siguiente, el Tribunal Superior de Santa Marta, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del A Quo y dispuso librar mandamiento de pago tras considerar que \u00absi bien es cierto que el juez tiene la potestad de declarar de manera oficiosa la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria, no lo es menos que su conducta debe ser esa cuando del escrito genitor y los anexos refulja con nitidez que as\u00ed ocurri\u00f3, pero en ning\u00fan caso est\u00e1 habilitado para auscultar m\u00e1s all\u00e1 de la informaci\u00f3n suministrada por el promotor de la causa, en aras de obtener un pronunciamiento de esa naturaleza, pues, adem\u00e1s, si en un primer momento esa situaci\u00f3n pasa inadvertida, el convocado a juicio tendr\u00e1 la posibilidad de alegarlo como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, y por \u00faltimo podr\u00e1 reconocerlo aun oficiosamente en la sentencia.\u00bb [Folios 63-70, c.1] <\/p>\n

7. El 7 de febrero de 2017, la entidad territorial mediante apoderado alleg\u00f3 escrito en el que formul\u00f3 excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abcarencia de recurso y de disponibilidad presupuestal, para enervar las pretensiones de la demanda ejecutiva singular de la referencia\u00bb. <\/p>\n

8. El 14 de febrero de ese a\u00f1o, se dispuso correr el traslado de las excepciones a la contraparte por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas. [Folio 81, c.1] <\/p>\n

9. Dentro del lapso concedido, el accionante solicit\u00f3 declarar no probada la excepci\u00f3n por cuanto la falta de recursos \u00abno es hecho que pueda aniquilar la pretensi\u00f3n ejecutiva; si lo fuese, ser\u00eda el acabose del proceso ejecutivo como forma especial para obtener el recaudo forzado de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n

10. El 14 de marzo siguiente se fij\u00f3 fecha para adelantar la audiencia inicial prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

11. Posteriormente, las partes allegaron escrito en el que solicitaron la suspensi\u00f3n del proceso hasta el 30 de septiembre, en atenci\u00f3n a que consiguieron un acuerdo tendiente al pago total de la obligaci\u00f3n, solicitud que fue acogida mediante auto de 26 de julio de ese a\u00f1o. [Folio 100, c.1] <\/p>\n

12. Vencido el anterior plazo, se fij\u00f3 el 22 de noviembre de 2017 para celebrar la audiencia inicial, diligencia donde una vez practicado el interrogatorio de parte al actor, se decretaron pruebas de oficio consistentes en solicitar certificado expedido por el Banco de Bogot\u00e1 en el que conste si la cuenta corriente contra la que fueron girados los cheques presentados como t\u00edtulo ejecutivo pertenece al Municipio demandado. <\/p>\n

De igual modo se solicit\u00f3 certificaci\u00f3n del mismo Banco en el que conste si dentro del mes siguiente al giro de los citados cheques, la cuenta tuvo o no fondos suficientes para cancelar el importe de cada uno, con el fin de determinar de conformidad con el art\u00edculo 729 del C\u00f3digo de Comercio que la acci\u00f3n no este caducada por ser un deber del juez declararla de oficio en el evento en que se encuentre estructurada. <\/p>\n

13. Inconforme el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, los cuales fueron despachados desfavorablemente al tenor del art\u00edculo 169, inciso 2 del C\u00f3digo General del Proceso que reza \u00abLas providencias que decretan pruebas de oficio no admiten recurso.\u00bb <\/p>\n

14. A continuaci\u00f3n se se\u00f1al\u00f3 el 18 de enero de 2018 para llevar a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n

15. En criterio del accionante se vulneraron sus derechos con la decisi\u00f3n adoptada de decretar pruebas de oficio por cuanto \u00abel comportamiento del se\u00f1or juez accionado ES ID\u00c9NTICO AL QUE PUEDE ASUMIR LA PARTE DEMANDADA en un proceso ejecutivo, o mejor, EST\u00c1 ACTUANDO COMO PARTE, NO COMO JUEZ, habida cuenta, ES \u00c9L, NO EL DEMANDADO, el que ha propuesto la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n cambiaria y motu proprio, aprovechando su condici\u00f3n de juez, oficiosamente intenta demostrarla.\u00bb [Folios 1- 33,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 29 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 112-113, c.1] <\/p>\n

2. Dentro del t\u00e9rmino concedido no hubo pronunciamiento por parte de las autoridades encartadas. <\/p>\n

3. En sentencia de 12 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior deneg\u00f3 el amparo tras considerar que analizada la providencia atacada se encuentra que el funcionario no hizo m\u00e1s que una exposici\u00f3n l\u00f3gica y razonada de los argumentos que, a su modo de ver, se alzaban id\u00f3neos para soportar las probanzas que, de oficio, estima necesarias para un mejor proveer y para cuyo efecto explic\u00f3 los fundamentos en que finc\u00f3 su determinaci\u00f3n, sin que se advierta una manipulaci\u00f3n grosera de las normas que rit\u00faan este tipo de procedimientos, ni mucho menos de aquellas que encausan el debate probatorio.[Folios 130-137, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor del resguardo la impugn\u00f3 con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el dossier se constata, desde un principio, la manifiesta intenci\u00f3n del se\u00f1or juez accionado por crear, por su propia cuenta, situaciones que embarazan y dilatan el derecho del ejecutante, como lo est\u00e1 realmente haciendo, lo cual es inadmisible frente a nuestro derecho fundamental a LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA\u00bb. [Folios 144-147,c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga – Magdalena, para decretar pruebas de oficio al interior del proceso ejecutivo adelantado por el accionante contra el Municipio de Sitionuevo, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el demandado se\u00f1al\u00f3 en el minuto 05:49 de la audiencia de inicio adelantada el 22 de noviembre de 2017 lo siguiente: \u00ab\u2026me permito de inmediato absolver la inquietud leg\u00edtima que por lo dem\u00e1s tiene el demandante en cuanto a su deseo de que en esta misma diligencia se profiera el veredicto de rigor, sin embargo, ya se dar\u00e1 cuenta de que tal decisi\u00f3n no es posible\u2026 quiero ponerle de presente cual es la situaci\u00f3n que me impide en este momento proferir el fallo definitorio de sus pretensiones y tiene que ver con algo que ya fue planteado en su momento en el auto por medio del cual este servidor le inadmiti\u00f3 la demanda ejecutiva y que est\u00e1 fechado 30 de agosto del a\u00f1o 2016. <\/p>\n

(\u2026) y lo hice no de manera caprichosa o arbitraria sino en aplicaci\u00f3n de la norma contenida en el art\u00edculo 729 del C\u00f3digo de Comercio que habla de la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria y efectivamente como dice el art\u00edculo 729, la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria intentada con fundamento en cheques est\u00e1 llamada a ser declarada cuando quiera que se demuestre que en la cuenta contra la cual fueron girados los cheques s\u00ed hab\u00edan fondos suficientes a trav\u00e9s de los cuales habr\u00edan podido ser pagados esos cheques\u2026 <\/p>\n

Y con la otra particularidad que la caducidad a diferencia de la prescripci\u00f3n, pues s\u00ed tiene que ser declarada de manera oficiosa por parte de los jueces, si fuera un tema de prescripci\u00f3n pues no podr\u00eda meterme en eso, porque realmente esa es una excepci\u00f3n que requiere alegaci\u00f3n de parte con las circunstancias que inhibe al juez poderse meter all\u00ed mismo, pero con la caducidad de la acci\u00f3n sucede distinto, inclusive la caducidad no s\u00f3lo se decreta de manera oficiosa sino que da lugar al rechazo de la demanda y entonces por esa raz\u00f3n para evitarnos ese escenario y dejar definido de entrada si la acci\u00f3n estaba caduca o no, por eso fue que en ese auto de 30 de agosto le hice el requerimiento. <\/p>\n

As\u00ed las cosas concluy\u00f3 en los minutos 09:12 y 18:52 \u00abEntonces en ese orden de ideas, doctor no podr\u00eda acceder a su solicitud, vamos a culminar en esta audiencia inicial, decretando las pruebas y fijando la fecha de instrucci\u00f3n (\u2026) simplemente quiero reiterarle que aqu\u00ed el tema tiene que ver con la posibilidad de que la acci\u00f3n cambiaria est\u00e9 caduca o no y el art\u00edculo 729 del C\u00f3digo de Comercio es el que nos dice cu\u00e1les con los supuestos de hecho para esa caducidad de la acci\u00f3n cambiaria (\u2026.) es simplemente una cuesti\u00f3n de algo que es un deber de este servidor, un deber impuesto adem\u00e1s por el mismo C.G.P. y que apunta al deber de ver declarada la excepci\u00f3n de caducidad cuando quiera que efectivamente ella se encuentre estructurada.\u00bb <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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