{"id":101467,"date":"2026-07-01T17:45:49","date_gmt":"2026-07-01T17:45:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101467"},"modified":"2026-07-01T17:45:49","modified_gmt":"2026-07-01T17:45:49","slug":"stc1884-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1884-2018\/","title":{"rendered":"STC1884-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1884-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00392-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente el fallo de tutela proferido el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ximena Lucila Ram\u00edrez Lizarazo, en representaci\u00f3n de su menor hija LVJR, contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a Daniel Jaimes Su\u00e1rez, la sociedad Mundo Partes Inversiones SAS, as\u00ed como a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de la adolescente al debido proceso, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad accionada, porque en auto de 10 de octubre de 2017 se abstuvo de dar apertura del \u201cincidente de sanci\u00f3n\u201d contra la sociedad Mundo Partes Inversiones SAS al no acatar la medida cautelar decretada. <\/p>\n

En consecuencia, solicita que se amparen las prerrogativas fundamentales de la menor, por tanto, se ordene a la autoridad judicial accionada tramitar el mencionado incidente, en consideraci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 1 del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, as\u00ed que se sancione al empleador del ejecutado por no efectuar los descuentos del salario, se compulse copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el posible fraude a resoluci\u00f3n judicial. [Folio 9, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 16 de agosto de 2013, la accionante y Daniel Jaimes Su\u00e1rez conciliaron ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Universidad Libre de C\u00facuta, que el referido se\u00f1or, como padre de las ni\u00f1as XXX, aportar\u00eda para su manutenci\u00f3n la suma de $100.000.oo quincenales, m\u00e1s el pago de una prima por un valor igual a la cuota alimentaria en los meses de junio y diciembre, y que esta se incrementar\u00eda en forma anual de acuerdo con el \u00cdndice de Precios al Consumidor. <\/p>\n

2. Ante el incumplimiento del obligado, la tutelante, en representaci\u00f3n de LVJR y Daniela Alexandra Jaimes Ramirez, que para ese entonces \u00e9sta \u00faltima era menor de edad, inici\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos contra \u00e9ste, a fin de que cancelara las mensualidades comprendidas entre los meses de agosto de 2013 a junio de 2016, as\u00ed como las que en lo sucesivo se causaran. De igual forma, solicit\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 50% del salario que reciba como empleado de Mundo Partes Chevirenault Ltda. <\/p>\n

3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta, con radicado 2016-00401, autoridad que en auto de 5 de agosto de 2016 libr\u00f3 mandamiento de pago por las cuotas atrasadas y las que en lo sucesivo se causaran. <\/p>\n

4. En esa misma providencia, decret\u00f3 la medida cautelar solicitada. <\/p>\n

5. Luego de que el demandado se notificara en forma personal y no propusiera excepci\u00f3n alguna, en pronunciamiento de 22 de septiembre de 2016 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por las mensualidades atrasadas y las sucesivas hasta que se pague el total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n

6. En auto de 21 de febrero de 2017, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por la suma de $2'905.630. <\/p>\n

7. Ante la solicitud de la ejecutante, en prove\u00eddo de 4 de abril de 2017, el funcionario requiri\u00f3 a Mundopartes Inversiones S.A.S. a fin de que explique el motivo por el cual no ha dado estricto cumplimiento al embargo ordenado por este juzgado mediante oficio 2955 de fecha 8 de agosto de 2016. <\/p>\n

8. El 28 de abril posterior, aquella entidad inform\u00f3 que el demandado labor\u00f3 en esta empresa hasta el d\u00eda 31 de diciembre del a\u00f1o 2016. <\/p>\n

9. El 29 de septiembre siguiente, la ejecutante entabl\u00f3 \u201cincidente para establecer sanci\u00f3n\u201d, ante el incumplimiento de la sociedad Mundopartes Inversiones S.A.S. en acatar la aludida medida previa, puesto que \u00ab\u2026de manera arbitraria y deshonesta la citada empresa manifiesta que el demandado trabajo hasta el 31\/12\/2016, situaci\u00f3n que es falsa, porque el d\u00eda 23\/09\/2017, uno de los empleados de aqu\u00ed oficina se acerc\u00f3 a dicha empresa pregunto por el se\u00f1or CESAR DANIEL JAIMES SUAREZ, luego de manifestarle que le cotizar unos bombillos para su veh\u00edculo porque estaba mal de luces, luego de hacerle un estudio la solicitud le cotizo y el mismo vuelve el d\u00eda 26\/09\/2017, hace efectiva la cotizaci\u00f3n y compra los bombillos y solicita que el mismo se\u00f1or CESAR DANIEL JAIMES SUAREZ, como vendedor de dicha empresa, le facturara lo cotizado, efectivamente le factura y en los documentos que se van aportar con la presente, el se\u00f1or CESAR DANIEL, se identifica como vendedor n\u00famero 4\u00bb. <\/p>\n

10. La anterior solicitud fue negada en auto de 9 de octubre de la pasada anualidad, con fundamento en que \u00ab\u2026al folio 46 del cuaderno, aparece un escrito con membrete de la empresa donde nos indique que el demandado se\u00f1or CESAR DANIEL JAIMES SUAREZ, laboro en dicha empresa hasta 31 de diciembre de 2016. <\/p>\n

Esta carta es firmada por el sub gerente de esa empresa se\u00f1ora JOHANA VALERIE MONTA\u00d1EZ SUAREZ. Por tanto este Juzgado tiene como cierta esa afirmaci\u00f3n. Ahora bien si la parte contraria estima que no es cierta dicha afirmaci\u00f3n debe la parte interesada hacer la respectiva investigaci\u00f3n ante la autoridad competente. Este juzgado solo compulsara copias a la fiscal\u00eda cuando se tiene como cierto un delito o dolo\u00bb. <\/p>\n

11. La anterior decisi\u00f3n no fue objeto de recurso alguno por parte de la accionante. <\/p>\n

12. En criterio de la peticionaria del amparo, la decisi\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico accionado vulnera las prerrogativas invocadas de la menor, en raz\u00f3n a que desconoci\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, pues no adopt\u00f3 las medidas necesarias para asegurar la satisfacci\u00f3n de las obligaciones alimentarias, tampoco apreci\u00f3 las pruebas allegadas, no estim\u00f3 que lo que est\u00e1 en peligro es el m\u00ednimo vital de la impuber. [Folio 2, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 7 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas y vincular a los intervinientes en el asunto objeto del reclamo constitucional. [Folios 11, c. 1] <\/p>\n

2. La subgerente de Mundopartes Inversiones S.A.S. reiter\u00f3 que el ejecutado Cesar Daniel Jaimes Su\u00e1rez trabaj\u00f3 en esa entidad hasta el 31 de diciembre de 2016, para lo cual alleg\u00f3 copia de la planilla de Asopagos. [Folio 29, c.1] <\/p>\n

Por su parte, la Procuradur\u00eda 11 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia se\u00f1al\u00f3 que si bien las manifestaciones de la aludida sociedad est\u00e1n cobijadas por el principio del buena fe, lo cierto es que las mismas pueden ser desvirtuadas a trav\u00e9s del incidente, que ser\u00eda la oportunidad id\u00f3nea para realizar la pr\u00e1ctica de pruebas, para as\u00ed hacer efectiva la cl\u00e1usula de prevalencia del inter\u00e9s superior del menor. [Folio 36, c.1] <\/p>\n

El Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta remiti\u00f3 el expediente en calidad de pr\u00e9stamo, sin pronunciarse acerca de los hechos que motivan la demanda. [Folio 27, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 21 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de C\u00facuta deneg\u00f3 el amparo al se\u00f1alar que no se satisface con el principio de la subsidiaridad, por cuanto la parte actora no recurri\u00f3 el auto fechado 9 de octubre de esa anualidad, omisi\u00f3n que impide acceder a la protecci\u00f3n invocada. [Folios 41-46, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con el fallo, la accionante lo impugn\u00f3, con sustento en que el a quo constitucional olvid\u00f3 que en trat\u00e1ndose de sujetos de protecci\u00f3n especial, aquel requisito se flexibiliza, con el prop\u00f3sito de aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, puesto que est\u00e1 en riesgo la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la adolescente. [Folios 55-56, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento del requisito de subsidiaridad. <\/p>\n

Sin embargo, esta Corporaci\u00f3n en algunos casos en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, ha admitido que no resultaba conveniente anteponer tal exigencia, pues no constituye un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01) <\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) \u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01) <\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar que contra la providencia que se cuestiona fechada el 9 de octubre de 2017 no se interpuso recurso alguno, es evidente que el Juzgador desconoci\u00f3 que frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, que aquellos se encuentran reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional, como por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, disposiciones en donde consagran que \u00e9stos son sujetos de especial protecci\u00f3n y que, por ende, sus prerrogativas deben ser objeto de atenci\u00f3n y ayuda por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u00abgarantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb. <\/p>\n

De ah\u00ed que se reconozca que cualquier persona puede reclamar de la autoridad competente \u00absu cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb, e incluso ha establecido que existe un inter\u00e9s superior del menor, que consiste en la prevalencia que tienen sus derechos y que impone obligaciones para protegerlos. <\/p>\n

Es as\u00ed que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que, esa especial defensa de los derechos del menor incluyen \u00abi) la prevalencia del inter\u00e9s del menor; ii) la garant\u00eda de la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n requiere; y iii) la previsi\u00f3n de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad\u00bb, por ello, refiere, que frente a los poderes p\u00fablicos, tal r\u00e9gimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita las competencias. <\/p>\n

De manera que para \u00abel legislador y la administraci\u00f3n, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas y tambi\u00e9n los de formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.\u00bb, lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues \u00abtanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos.\u00bb1 (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n

Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a los poderes de los jueces con competencias ordinarias para conocer de los derechos e intereses de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, como se ha previsto el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que indica: \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb. <\/p>\n

Dentro de ese conjunto de garant\u00edas superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes se halla la alimentaci\u00f3n equilibrada, de la cual ha sostenido la Corte en relaci\u00f3n con sus destinatarios que \u00abdebe implicar la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedirles el goce efectivo\u00bb, m\u00e1s cuando \u00abprev\u00e9 el art\u00edculo 134 de la ley 1098 de 2006 que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u00bb2. <\/p>\n

Es as\u00ed que el legislador para proteger tal prerrogativa, ha creado procedimientos especiales, como son los juicios de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos, los cuales, deben guiarse por el principio constitucional mencionado, desarrollado en la Ley 1098 de 2006, que hace referencia al inter\u00e9s superior de los menores en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abART\u00cdCULO 8o. INTER\u00c9S SUPERIOR DE LOS NI\u00d1OS, LAS NI\u00d1AS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.\u00bb <\/p>\n

Lo anterior en aras de rodear a los infantes de garant\u00edas y beneficios que los protejan en su proceso de formaci\u00f3n y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual los recursos para el sostenimiento de los menores juegan un papel primordial. <\/p>\n

3. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia en contra de la que se plante\u00f3 el reclamo en tutela, esto es, la fechada 9 de octubre de 2017, mediante la cual se abstuvo de darle tr\u00e1mite al incidente de aplicaci\u00f3n de sanciones a la Sociedad Mundo Partes Inversiones SAS por el no acatamiento de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n del 50% del salario que percib\u00eda el ejecutado Cesar Daniel Jaimes Su\u00e1rez, se advierte que el Juzgador incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho que vulnera los derechos de las menores, como quiera que les cercen\u00f3 la posibilidad de que se haga uso de una medida correccional, con el fin de obtener el cumplimiento de esa medida, con fundamento en razonamientos no previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

En efecto, en trat\u00e1ndose de obligaciones alimentarias a favor de menores de edad, el art\u00edculo 130 de la Ley 1098 de 2006 le impone al funcionario judicial adoptar medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar su oportuna satisfacci\u00f3n, para lo cual lo faculta a ordenarle \u00ab\u2026al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a \u00f3rdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley.\u00bb. <\/p>\n

En el evento de que aquella orden sea incumplida, esa circunstancia \u00ab\u2026hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aqu\u00e9l o de este se extender\u00e1 la orden de pago\u00bb. (se subraya) <\/p>\n

El art\u00edculo 130 del CGP prev\u00e9 tres causales por las cuales el funcionario judicial est\u00e1 facultado para rechazar ese tipo de tr\u00e1mites, las cuales son: (i) que no est\u00e9n expresamente autorizados por la ley; (ii) los que se promuevan fuera de t\u00e9rmino o en contravenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0128 ib\u00eddem; (iii) cuando no re\u00fana los requisitos formales, esto es, no \u00ab\u2026expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer\u00bb (art\u00edculo 129 ib\u00eddem). <\/p>\n

4. Bajo las anteriores premisas, resulta indubitable que el fallador accionado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho cuando se abstuvo de dar apertura al plurievocado tr\u00e1mite, pues el hecho de que la sociedad incidentada haya esgrimido los argumentos por los que no dio cumplimiento a la orden judicial, ello acorde con la disposici\u00f3n reci\u00e9n citada no lo autorizaba para denegar la apertura del incidente y desconocer el procedimiento que viene de anotarse, por lo que estaba en la obligaci\u00f3n de admitirlo y darle el tr\u00e1mite respectivo, m\u00e1s a\u00fan cuando es precisamente dentro de dicho rito que se debe verificar la observancia de la medida previa. <\/p>\n

Con lo dicho, es evidente que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por el defecto procedimental, por tanto, esa situaci\u00f3n transgrede el derecho al debido proceso de las partes incidentante e incidentada, al pretermitir las etapas procesales que se tornan pertinentes para efectos de decidir de fondo el asunto, as\u00ed como pas\u00f3 por alto su deber de adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar la oportuna satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n

Lo que de ninguna manera puede respaldarse, pues recu\u00e9rdese que dentro de las obligaciones de los jueces, se encuentra el \u00abadoptar con premura las \u00f3rdenes necesarias para procurar el goce de los derechos fundamentales del infante, m\u00e1s aun, trat\u00e1ndose de los alimentos, ya que estos son indispensables para \u2018el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u2019 (art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u2013Ley 1098 de 2006-)\u201d (Sentencia 24 de septiembre de 2010, exp. 11001-22-10-000-2010-00266-01). <\/p>\n

5. De lo anterior se concluye la procedencia del resguardo impetrado, pues la sede judicial accionada incurri\u00f3 en una indebida interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al asunto, lo cual vulner\u00f3 la garant\u00eda superior invocada y amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se revis\u00f3 y, en su lugar, se acceder\u00e1 a la protecci\u00f3n invocada, para ordenar al Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta \u2013 Norte de Santander que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin efectos el prove\u00eddo fechado 9 de octubre de 2017 y renueve su actuaci\u00f3n con observancia de los argumentos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, AMPARA los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Ximena Lucila Ram\u00edrez Lizarazo, en representaci\u00f3n de su menor hija LVJR. <\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Segundo de Familia de C\u00facuta \u2013 Norte de Santander que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, dejar sin valor ni efecto la providencia dictada el 9 de octubre de 2017, a trav\u00e9s de las cuales se abstuvo de dar inicio al incidente de sanci\u00f3n presentado por la accionante; para que, en su lugar, renueve su actuaci\u00f3n y proceda a tramitarlo con observancia de los argumentos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tCorte \tConstitucional Sentencia C-055 de 2010
\n2\u0002 \tCSJ TSC, de 6 de agosto de \t2009, Rad. 6800122130002009-00238-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1884-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00392-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente el fallo de tutela proferido el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101467","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101467\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}