{"id":101468,"date":"2026-07-01T17:45:58","date_gmt":"2026-07-01T17:45:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101468"},"modified":"2026-07-01T17:45:58","modified_gmt":"2026-07-01T17:45:58","slug":"stc1885-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1885-2018\/","title":{"rendered":"STC1885-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1885-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00484-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Barranquilla dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 David Cort\u00e9s Ortega contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Juan David Cort\u00e9s Barros. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que estima vulnerados por la autoridad judicial accionada dentro del proceso ejecutivo de alimentos adelantado por su hijo por cuanto desconoci\u00f3 normas de car\u00e1cter procesal al momento de librar mandamiento ejecutivo en su contra y pese a que solicit\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n le fue despachada desfavorablemente, lo que le est\u00e1 generando graves perjuicios. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende se ordene \u00abdejar sin efecto todo lo actuado en el proceso ejecutivo de Alimentos seguido por JUAN DAVID CORT\u00c9S BARROS contra el suscrito, por Inexistencia de T\u00edtulo Ejecutivo a su favor, tal como lo he venido alegando dentro del proceso referido; que se decrete el levantamiento de las medidas cautelares proferidas en mi contra y que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se investigue la conducta de la se\u00f1ora Jueza S\u00e9ptima de Familia Oral del Circulo de Barranquilla.\u00bb [Folio 14,c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante contrajo matrimonio civil con Carmen Beatriz Barros Lemus y de cuya uni\u00f3n fueron procreados Juan David y Valentina Cort\u00e9s Barros. <\/p>\n

2. Posteriormente, mediante sentencia de 23 de abril de 2007, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla decret\u00f3 el divorcio del matrimonio y respecto a las obligaciones de los entonces hijos menores se indic\u00f3 que la custodia y cuidados estar\u00eda a cargo de su progenitora y \u00aben cuanto a la obligaci\u00f3n alimentaria ser\u00e1 compartida y el padre cubrir\u00e1 el CUARENTA POR CIENTO (40%) de los gastos de manutenci\u00f3n de los menores y a su vez la madre cubrir\u00e1 el SESENTA POR CIENTO (60%) de los gastos de manutenci\u00f3n de los menores\u00bb [Folios 25-27,c.1] <\/p>\n

3. Una vez que el hijo del actor cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad inici\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos en su contra para que se libre mandamiento por la suma de $105.092.235 equivalentes a las cuotas alimentarias dejadas de cancelarle. <\/p>\n

4. El citado despacho mediante prove\u00eddo 20 de junio de 2017 orden\u00f3 mantener en secretar\u00eda la demanda a efectos de que la parte demandante aclarara su escrito y pretensiones tras considerar que siendo un s\u00f3lo alimentario que demanda no puede tener como porcentaje de cuota alimentaria el 40% por cuanto as\u00ed lo establece la sentencia de divorcio aportada. <\/p>\n

5. El 27 de junio de ese a\u00f1o, el extremo activo la subsan\u00f3, sin embargo el estrado procedi\u00f3 a rechazarla el 30 de junio siguiente al se\u00f1alar que no fue subsanada en debida forma ya que la tesis frente a la cuota alimentaria que le corresponde al peticionario es la equivalente al 20% y no al 40% como se pretende. Decisi\u00f3n contra la que no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n

6. Posteriormente el juzgado consider\u00f3 el 7 de julio de 2017 que la demanda no debi\u00f3 ser rechazada sino admitida por el valor a que se oblig\u00f3 el ejecutado, por lo que al reunir los documentos presentados los requisitos de t\u00edtulo valor se orden\u00f3 al demandado pagar la suma de $42.036.894 m\u00e1s los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta cuando se verifique el pago total de la misma. <\/p>\n

As\u00ed mismo, decret\u00f3 el embargo y secuestro del 40% de los dineros que posee el accionante en cuentas de ahorro y corrientes de las diferentes corporaciones bancarias y acciones pertenecientes a las Fundaci\u00f3n Nueva Ciudad, Univertec y la Sociedad Urban Global, igualmente de las utilidades que perciba en los contratos celebrados con la Alcald\u00eda de Barranquilla y Gobernaci\u00f3n de Atl\u00e1ntico. <\/p>\n

7. La anterior determinaci\u00f3n fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n por parte del extremo activo al se\u00f1alar que debi\u00f3 librarse mandamiento de pago por la suma de $105.092.235 ya que equivale al 40% cuantificado con exactitud de la carga exclusiva del actor y por tanto al tener en cuenta s\u00f3lo $42.036.894 redujo y lesion\u00f3 injustificadamente sus derechos. <\/p>\n

De igual modo, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el aludido auto y formul\u00f3 excepciones previas que denomin\u00f3 \u00abIneptitud de la demanda por falta de requisitos formales; No haberse presentado prueba de la calidad en que act\u00faa la parte demandante; Ausencia de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo complejo aportado con la demanda.\u00bb <\/p>\n

8. El 19 de septiembre de ese a\u00f1o, se resolvieron los recursos formulados en tanto que se revoc\u00f3 el numeral 1\u00ba del mandamiento de pago y en su defecto modific\u00f3 la suma a pagar en valor de $105.092.235. As\u00ed mismo, declar\u00f3 improbadas las excepciones presentadas por el tutelante. [Folio 36, c.1] <\/p>\n

9. El 3 de octubre siguiente, el accionante solicit\u00f3 que se ordenara a la parte demandante prestar la cauci\u00f3n hasta el 10% del valor actual de la ejecuci\u00f3n para responder por los perjuicios que se causen al ejecutado con las medidas ordenadas. <\/p>\n

De otra parte, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad y en escrito separado propuso excepciones de m\u00e9rito de \u00abcobro de lo no debido, compensaci\u00f3n, prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, falta de interpretaci\u00f3n del porcentaje de los alimentos en el t\u00edtulo de recaudo e inexistencia de la necesidad de alimentos\u00bb. <\/p>\n

10. De las excepciones se corri\u00f3 traslado a la contraparte el 18 de octubre siguiente y se orden\u00f3 a la parte activa prestar cauci\u00f3n por el monto del 5% del valor actual de la liquidaci\u00f3n como garant\u00eda de los perjuicios que se causaren con las medidas cautelares y no se accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad. <\/p>\n

11. El 19 de octubre de ese a\u00f1o, el accionante solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado desde el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago y como consecuencia de ello, rechazar la demanda de alimentos por la ocurrencia de las causales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

12. El 1\u00ba de noviembre siguiente el extremo activo present\u00f3 la cauci\u00f3n ordenada por el despacho y descorri\u00f3 las excepciones presentadas por el actor para cuyo efecto solicit\u00f3 fueran rechazadas de plano y declaradas no probadas. <\/p>\n

13. El 3 de noviembre se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia; se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad presentado; se tuvo en cuenta la cauci\u00f3n allegada por la parte demandante y se deneg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo de pobreza. Decisi\u00f3n contra la que el actor solicit\u00f3 se declarara su ilegalidad, solicitud que se encuentra pendiente por resolver. [Folio 38, c.1] <\/p>\n

14. En criterio del accionante se vulneraron sus derechos con las decisiones proferidas por la autoridad accionada dentro del proceso cuestionado por cuanto desconocen \u00abnormas procesales que son de obligatorio cumplimiento, me han acarreado perjuicios morales y materiales, y se notan alejados completamente de la normatividad que rige el proceso que adelanta en mi contra.\u00bb [Folio 1-16,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 29 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 46, c.1] <\/p>\n

2. El vinculado Juan David Cort\u00e9s Barros se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que al accionante se le ha respetado el debido proceso y cuenta con todos los mecanismos judiciales para ejercer su derecho a la defensa frente a las determinaciones que se adopten en el futuro aunado a que no acredit\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita obviar el principio de la subsidiaridad de la acci\u00f3n constitucional. [Folios 53-58,c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 13 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Barranquilla deneg\u00f3 el amparo tras considerar que de la inspecci\u00f3n judicial realizada al expediente se observa que la actuaci\u00f3n del juzgado se encuentra ajustada a derecho por cuanto ha surtido los tr\u00e1mites propios de acuerdo con la naturaleza misma de proceso, garantiz\u00e1ndoles a las partes el ejercicio efectivo del derecho de defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia al resolver de fondo y debidamente sustentados los recursos interpuestos contra las providencias adoptadas. [Folios 62-71, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor del resguardo la impugn\u00f3 con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo expuesto por el juez constitucional las determinaciones emitidas por el accionado carecen de la debida motivaci\u00f3n y no ha podido entender que no es posible tener como t\u00edtulo ejecutivo la sentencia de divorcio entre el actor y su ex esposa en beneficio de su hijo Juan David Cortes Barrios, quien para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda presentada en su contra no pod\u00eda ser beneficiario de dicho documento por haber adquirido la mayor\u00eda de edad desde el a\u00f1o 2012. [Folios 78-83,c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el caso sub judice, la principal censura que expone el accionante es que no debi\u00f3 librarse mandamiento de pago en su contra por cuanto existe ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales; no se present\u00f3 prueba de la calidad en que act\u00faa la parte activa y se presenta ausencia de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo complejo aportado toda vez que su hijo aport\u00f3 como t\u00edtulo para la exigibilidad de su obligaci\u00f3n la sentencia de divorcio de sus padres, es decir el accionante y Carmen Beatriz Barros Lemus la cual era aplicable cuando era menor pero al haber adquirido la mayor\u00eda de edad no puede servirse del mismo documento para iniciar un proceso ejecutivo contra cualquiera de sus progenitores. <\/p>\n

Ahora bien, se observa que por auto de fecha 19 de septiembre de 2017, mediante el cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado por el actor contra el auto que dispuso librar mandamiento de pago en su contra, el accionado declar\u00f3 improbadas las excepciones previas por \u00e9l propuestas tras considerar que era \u00abdesacertado el criterio del apoderado recurrente, ya que la cuota alimentaria fijada a favor de menor de edad persiste hasta cuando sean mayores de edad los alimentarios y cumplan los requisitos de ley o hasta cuando sea el alimentante quien promueva el respectivo proceso para exonerarse de la carga alimentaria, por ello la demanda est\u00e1 acorde y el t\u00edtulo ejecutivo contiene una obligaci\u00f3n, clara, expresa y su exigibilidad depende de las pruebas aportadas y que soporten la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 que en cuanto a la excepci\u00f3n de no haberse presentado prueba de la calidad en que act\u00faa el demandante, \u00abse tiene que el proceso ejecutivo es seguido de un proceso de Divorcio de mutuo acuerdo, donde se demostr\u00f3 claramente la descendencia del matrimonio y por esta prueba oportuna en el tr\u00e1mite de divorcio, fue que se fij\u00f3 la cuota alimentaria, por ello este punto no est\u00e1 llamada a prosperar la excepci\u00f3n. <\/p>\n

Referente a la ausencia de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo complejo aportado con la demanda. Se tiene que sobre este punto, \u00fanicamente se esboza la exigibilidad del t\u00edtulo, sin entrar a determinar cu\u00e1l es el requisito ausente en el presente caso y revisado el proceso y el t\u00edtulo ejecutivo el despacho encuentra que est\u00e1 acorde a la ley.\u00bb <\/p>\n

De lo anterior, se concluye que no es procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

3. De otra parte, en torno a la inconformidad del accionante respecto al prove\u00eddo fechado 3 de noviembre de 2017 que entre otras determinaciones rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad presentado por el quejoso por las causales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, se observa que contra esa decisi\u00f3n el actor solicit\u00f3 se declarara su ilegalidad, la cual se encuentra pendiente por resolver. <\/p>\n

Quiere ello decir, que el peticionario se apresura a solicitar que sea el Juez de tutela quien defina si la actuaci\u00f3n mencionada se ajust\u00f3 o no a la ley, m\u00e1s no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

En efecto, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada. <\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n

4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales. <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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