{"id":101469,"date":"2026-07-01T17:46:23","date_gmt":"2026-07-01T17:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101469"},"modified":"2026-07-01T17:46:23","modified_gmt":"2026-07-01T17:46:23","slug":"stc1886-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1886-2018\/","title":{"rendered":"STC1886-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1886-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01905-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona \u2013 COOPCARIBONA, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los se\u00f1ores Jos\u00e9 Alvino Parra Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Dar\u00edo Medina Carranza, H\u00e9ctor Nivardo L\u00f3pez y Jos\u00e9 Dar\u00edo Medina, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena, los delegados de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Ministerio P\u00fablico y a las partes e intervinientes del expediente con radicado No. 2012-00467. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso sin dilaciones injustificadas, que estima vulnerado por el Tribunal accionado al no definir la apelaci\u00f3n interpuesta contra el \u201cel auto de prueba\u201d emitido en audiencia preparatoria de 19 de junio de 2015. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda la protecci\u00f3n deprecada, por ende, se le ordene a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que dentro del t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, \u201cproceda a resolver el recurso de apelaci\u00f3n\u201d y, fijara fecha y hora para la celebraci\u00f3n de la audiencia de lectura, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 178 de la Ley 906 de 2004. [Folios 1-15, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona \u2013 COOPCARIBONA instaur\u00f3 denuncia contra Jos\u00e9 Alvino Parra Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Dar\u00edo Medina Carranza, H\u00e9ctor Nivardo L\u00f3pez y Jos\u00e9 Dar\u00edo Medina. <\/p>\n

2. El 30 de septiembre de 2014 el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garant\u00edas (BACRIM) llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. <\/p>\n

3. El 19 de junio de 2015, el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Cartagena en Descongesti\u00f3n adelant\u00f3 la diligencia preparatoria, en la que resolvi\u00f3 las solicitudes probatorias de las partes. <\/p>\n

4. Inconformes con esa decisi\u00f3n la Fiscal\u00eda, el Ministerio Publico y la Defensa propusieron recurso de apelaci\u00f3n, el que fue concedido ante el Tribunal en el efecto suspensivo. <\/p>\n

5. En criterio de la peticionaria del amparo, la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, puesto que no se ha pronunciado frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por contra el auto que decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas en la referida causa penal. [Folios 1-8, c. 1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 7 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la tutela, se orden\u00f3 el traslado a las sedes judiciales querelladas y a los vinculados, para que ejercieran sus garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 71, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena inform\u00f3 que mediante oficio 1343 de 22 de junio de 2015 se remiti\u00f3 la carpeta al Tribunal accionado para que resolviera el mentado medio de impugnaci\u00f3n, sin que a la fecha haya sido resuelto. [Folio 83, c. 1]
\nLa autoridad judicial accionada y los dem\u00e1s entes vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

3. En sentencia de 16 de noviembre de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que la accionante puede acudir al juez natural para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos, lo que impide la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional, en raz\u00f3n a que tiene otros mecanismos para su defensa, tales como la recusaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 o hacer la petici\u00f3n de vigilancia judicial ante el Consejo Seccional o Superior de la judicatura, como tampoco prob\u00f3 que elev\u00f3 requerimiento alguno ante esa autoridad judicial. [Folios 96-103, c. 1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, con el objetivo de enfatizar que no se pueden equiparar los efectos disuasorios de una vigilancia judicial con una orden judicial proferida en sede de tutela; incluso, le resulta imposible presentar la recusaci\u00f3n por escrito, puesto que, en su opini\u00f3n, solo se puede hacer en audiencia y que en ning\u00fan precepto jur\u00eddico se dispone que para acudir a esta herramienta debe hacer un requerimiento previo a la autoridad accionada. [Folios 157 a 185, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como un resguardo provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la coexistencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que la reclamante tiene otros instrumentos de defensa judiciales id\u00f3neos para procurar la defensa de sus intereses. <\/p>\n

En efecto, la inconformidad de la parte actora radica en la omisi\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia que decret\u00f3 pruebas en la audiencia preparatoria, puesto que no ha procedido a se\u00f1alar fecha para audiencia, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 178 de la Ley 906 de 2004, motivo por el cual se est\u00e1n transgrediendo sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n

Sin embargo, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Corte que el juicio penal examinado la tutelante no alleg\u00f3 prueba alguna que demuestre que su requerimiento lo ha efectuado ante el cuerpo colegiado accionado, lo que conlleva ineludiblemente a concluir que la quejosa a\u00fan cuenta con medios de defensa judicial id\u00f3neos a su alcance para formular los reparos alegados por esta v\u00eda, de lo que se deduce, entonces, su improcedencia. <\/p>\n

Por consiguiente, como su reclamo no lo ha elevado ante la autoridad accionada, esa circunstancia torna en prematura la tutela y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que no es permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan los mecanismos procesales de defensa. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta inviable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que est\u00e1 pendiente de ser decidida por los jueces naturales mediante los mecanismos de contradicci\u00f3n que la legislaci\u00f3n adjetiva prev\u00e9. <\/p>\n

Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01) <\/p>\n

3. De otra parte, si la quejosa considera que se ha presentado mora judicial en el tr\u00e1mite del proceso censurado, cuenta con la posibilidad de recusar al funcionario accionado, cuya dilaci\u00f3n se reclama, conforme a lo establecido en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 906 de 2004, que prev\u00e9 como causal de impedimento: <\/p>\n

\u00abQue el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb. <\/p>\n

De igual manera, el art\u00edculo 60 ib\u00eddem, dispone que si el funcionario no se declara impedido cuando concurre un motivo para ello, cualquiera de los sujetos procesales puede recusarlo. <\/p>\n

De lo anterior se colige que ese medio judicial se torna efectivo e id\u00f3neo, cuando se considere que un servidor de la justicia ha superado ampliamente los t\u00e9rminos establecidos en la ley para resolver sobre alg\u00fan asunto, cualquiera de las partes puede instaurar el incidente correspondiente y lograr que sea repartido a otro juez, quien deber\u00e1 ocuparse del mismo apremiantemente. <\/p>\n

4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido con miras a desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver controversias como las aqu\u00ed planteadas, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC1886-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01905-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101469","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101469"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101469\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}