{"id":101471,"date":"2026-07-01T17:46:33","date_gmt":"2026-07-01T17:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101471"},"modified":"2026-07-01T17:46:33","modified_gmt":"2026-07-01T17:46:33","slug":"stc1888-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1888-2018\/","title":{"rendered":"STC1888-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1888-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2017-02041-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lu\u00eds Javier L\u00f3pez Urbi\u00f1a en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chin\u00fa, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda y a todas las partes e intervinientes en el proceso penal que se adelanta contra el accionante. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales considera vulnerados por la autoridad accionada por cuanto desatendi\u00f3 el 6 de mayo de 2016 su solicitud de aplazamiento de la audiencia preparatoria a efectos de adelantar preacuerdo con el ente acusador, pese a que dicha figura es potestativa de las partes por ello no pod\u00eda desatender su pedimento. <\/p>\n

Pretende en consecuencia que se ordene \u00ab[declarar] la nulidad y dejen sin efecto todo lo actuado en el proceso penal de marras, a partir de la audiencia preparatoria de fecha 06 de Mayo de 2016\u2026por desconocer la reiterada jurisprudencia constitucional y penal colombiana al respecto.\u00bb [Folio 3, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. La se\u00f1ora Nelsy Saditth Zabaleta Vega, instaur\u00f3 denuncia penal contra el accionante por el presunto delito de Acto Sexual con menor de 14 a\u00f1os, por hechos cometidos contra la ni\u00f1a S.C.A.Z. el 17 de junio de 2012. <\/p>\n

3. El actor no acept\u00f3 cargos y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario. <\/p>\n

4. El 4 de octubre siguiente, se le concedi\u00f3 al tutelante el beneficio de la libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n

5. El 26 de febrero de 2015, se realiz\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n

6. Posteriormente el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Penal del Circuito de Sahag\u00fan, sin embargo la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda acept\u00f3 el impedimento manifestado por el juez por enemistad grave con el defensor del accionante y dispuso que el conocimiento fuera asumido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chin\u00fa \u2013 C\u00f3rdoba. <\/p>\n

7. El 6 de mayo de 2016, se realiz\u00f3 la audiencia preparatoria, diligencia donde el apoderado del actor solicit\u00f3 su aplazamiento para entrar a \u00abnegociar los t\u00e9rminos de un preacuerdo sobre la acusaci\u00f3n\u00bb con la Fiscal\u00eda respecto a las pruebas, solicitud que le fue negada tras considerarse que no era procedente por cuanto se trata de un asunto priorizado por la naturaleza del delito investigado y la v\u00edctima es una menor de edad, aunado a que han transcurrido cuatro a\u00f1os sin poder adoptarse alguna decisi\u00f3n definitiva acerca de la responsabilidad penal del acusado, por las m\u00faltiples dilaciones procesales y puede acudir al ente acusador sin necesidad de suspender la diligencia. <\/p>\n

8. Inconforme el abogado interpuso recurso de reposici\u00f3n, decisi\u00f3n que mantuvo el despacho. <\/p>\n

9. El 21 de septiembre de ese a\u00f1o, se continu\u00f3 con la audiencia preparatoria, estadio procesal donde se decretaron la pruebas a practicar en el juicio, sin embargo, el juez inadmiti\u00f3 la solicitud subsidiaria del ente acusador respeto del testigo perito con que incorporar\u00eda el dictamen m\u00e9dico sexol\u00f3gico, pues deb\u00eda hacerse \u00fanica y exclusivamente por medio de la m\u00e9dico que lo suscribi\u00f3 y no por intermedio de otro galeno, como lo pretende la Fiscal\u00eda. <\/p>\n

10. Contra dicha decisi\u00f3n el ente acusador interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue confirmado por el Tribunal Superior de Monter\u00eda el 8 de septiembre de 2017. [Folios 93-102, c.1] <\/p>\n

11. Actualmente el asunto se encuentra en la etapa de juzgamiento. <\/p>\n

12. En criterio del tutelante se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto el argumento del accionado para no aplazar la audiencia preparatoria fue arbitrario tras indicar que se trataba de un proceso del a\u00f1o 2012, lo que a su juicio hace que el funcionario se encuentre incurso en el delito de prevaricato por acci\u00f3n por desbordar la din\u00e1mica del sistema penal acusatorio. [Folios 1-4, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 22 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, se orden\u00f3 el traslado al juzgado querellado y a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 73,c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Chin\u00fa \u2013 C\u00f3rdoba se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo manifestado por el accionante la Fiscal\u00eda no coadyuv\u00f3 la solicitud de aplazamiento de la audiencia y no se coart\u00f3 la posibilidad que tiene el actor de realizar preacuerdo con el ente acusador, si es su intenci\u00f3n. <\/p>\n

De otra parte manifest\u00f3 que en sesi\u00f3n de 21 de septiembre de 2016 se evacuaron las solicitudes probatorias cuya decisi\u00f3n fue apelada y confirmada por el superior. [Folios 88-91,c.1] <\/p>\n

El Procurador 229 Judicial I Penal expres\u00f3 que no se satisface con el principio de la inmediatez por cuanto se est\u00e1 cuestionando una decisi\u00f3n de 6 de mayo de 2016 y no se advierte irregularidad alguna en detrimento de los derechos del quejoso aunado a que si la intenci\u00f3n del accionante era la de llegar a un preacuerdo con la Fiscal\u00eda, bien pudo haberlo realizado desde la finalizaci\u00f3n de la aludida audiencia sin que hasta el momento se haya presentado tal acto procesal. [Folios 112-114,c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con el fallo, el accionante lo impugn\u00f3 para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abla subsidiaridad aludida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no puede analizarse en abstracto, ya que en la pr\u00e1ctica, una vez termine la audiencia de juicio oral se ver\u00eda afectado mi quantum punitivo, porque los medios judiciales distintos a la tutela del que habla la Sala ni son id\u00f3neos, ni son eficaces, por no producir el efecto protector de mis derechos fundamentales oportunamente, siendo evidente la equivocaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal sobre la existencia de otros medios de defensa judicial.\u00bb [Folio 136,c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con el principio de inmediatez, entre otros.
\nLa mencionada caracter\u00edstica, vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona el accionante, es la proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chin\u00fa \u2013 C\u00f3rdoba que neg\u00f3 la solicitud de aplazamiento de la audiencia preparatoria para \u00abefectos de adelantar unos acercamientos con la Fiscal 27 Seccional de Sahag\u00fan\u00bb, determinaci\u00f3n que data del 6 de mayo de 2016 y el amparo constitucional s\u00f3lo fue representado hasta el 1 de noviembre de 2017. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir alrededor de un a\u00f1o y cinco meses despu\u00e9s de emitida la decisi\u00f3n atacada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo v\u00e1lido que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n. <\/p>\n

3. Aunado a lo anterior, es claro que al encontrarse en curso la investigaci\u00f3n penal que se cuestiona, concretamente en etapa de juzgamiento, el promotor del amparo, cuenta con la facultad de participar en el desarrollo de la fase probatoria, presentando los medios de conocimiento que le fueron decretados y controvirtiendo aquellos que presentar\u00e1 la Fiscal\u00eda, as\u00ed como exponiendo los argumentos finales en los que soporta su teor\u00eda defensiva. <\/p>\n

Ello, sin desconocer que de resultar adversa a sus pretensiones la sentencia, est\u00e1 en posibilidad de recurrirla a trav\u00e9s de los recursos de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n, que se caracteriza por ser un medio de control constitucional para el proceso. <\/p>\n

Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del funcionario competente que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen los sujetos procesales, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello. <\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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