{"id":101476,"date":"2026-07-01T17:47:04","date_gmt":"2026-07-01T17:47:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101476"},"modified":"2026-07-01T17:47:04","modified_gmt":"2026-07-01T17:47:04","slug":"stc1893-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1893-2018\/","title":{"rendered":"STC1893-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1893-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00197-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Patricia Guzm\u00e1n Guti\u00e9rrez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las Magistradas Adriana Saavedra Lozada, Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla y Martha Isabel Garc\u00eda Serrano, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes en el proceso abreviado de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea No. 2015-01008. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La solicitante actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, seguridad jur\u00eddica, transparencia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada con la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2017 en el juicio relacionado en precedencia. <\/p>\n

Pide que se revoque el fallo mencionado y que, \u00abel reemplazo de la sentencia de segunda instancia se haga en los t\u00e9rminos de la sentencia de primera instancia de fecha 23 de febrero de 2017, con las adiciones que solicito en la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb y adem\u00e1s, \u00abse ordene a la autoridad competente se investigue la posible comisi\u00f3n de delito de prevaricato por omisi\u00f3n art. 413 del C\u00f3digo Penal al no dar cumplimiento a la ley 675 de 2001 que regula el r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u00bb (ff. 73 a 76). <\/p>\n

2. En apoyo de lo anterior, aduce en que el Edificio Banco de Colombia ubicado en la Calle 14 con sede en la calle 12 C No. 7-33 de Bogot\u00e1 (antes calle 14 No. 7-33), se acogi\u00f3 al r\u00e9gimen de propiedad horizontal de que trata la ley 675 de 2001 y adopt\u00f3 el reglamento protocolizado mediante escritura p\u00fablica No. 0309 del 17 de febrero de 2003, y ella en calidad de propietaria de la oficina 603 de ubicada en ese inmueble est\u00e1 sometida al cumplimiento de dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n

Sostiene que el art\u00edculo 31 del reglamento, adicionado por el 41 de la escritura p\u00fablica No. 3068 de 18 de diciembre de 2012 establece que para asistir a las asambleas ordinarias o extraordinarias, el propietario de una unidad en el caso de no poder concurrir, puede otorgar poder escrito para que se le represente y acreditarlo con antelaci\u00f3n a la fecha prevista, y el apoderado solo puede recibir m\u00e1ximo un poder. <\/p>\n

Manifiesta que el representante legal de firma inmobiliaria Sociedad Administradora limitada, que administra las oficinas 402, 501, 506, 507 y 508, dirigi\u00f3 una comunicaci\u00f3n el 14 de marzo de 2014 a la Administraci\u00f3n del Edificio en la que expres\u00f3 su inconformidad acerca de la representaci\u00f3n y afirm\u00f3 que cuando se convoca a una asamblea de propietarios se deber\u00eda hacer a la Empresa inmobiliaria que administra el inmueble, y en el acta 21 de 24 de marzo de 2015, la asamblea general de copropietarios aprob\u00f3 una adici\u00f3n al art\u00edculo mencionado en el sentido de determinar que los contratos de mandato de administraci\u00f3n de inmuebles est\u00e1n exceptuados de acreditar poder para las asambleas. <\/p>\n

Agrega que el 12 de junio de 2015 present\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n con el fin que se declarara la nulidad absoluta de la decisi\u00f3n contenida en el numeral 11, punto 2) del acta No. 21 del 24 de marzo de 2015, porque al adicionar el par\u00e1grafo del art. 31 de la escritura p\u00fablica 3068 el 18 de diciembre de 2012 cre\u00f3 una excepci\u00f3n ilegal a favor de los contratos de mandato de administraci\u00f3n de inmuebles incurriendo en contravenci\u00f3n a la ley 675 de 2001 art 37 y del art\u00edculo 26 del reglamento de propiedad horizontal del Edificio Banco de Colombia que puntualiza que los propietarios son los \u00fanicos que tienen legitimidad para intervenir en las asambleas.
\nAfirma que el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 23 de febrero de 2017 declar\u00f3 la nulidad propuesta, teniendo entre otras consideraciones, que el contrato de mandato de administraci\u00f3n de inmuebles no lleva impl\u00edcita la facultad de representar a un propietario respecto a la toma de decisiones inherentes a su derecho de propiedad en las asambleas, decisi\u00f3n que apelada por la parte demandada se revoc\u00f3 el 4 de diciembre de 2017. <\/p>\n

Explica que Tribunal accionado con el fallo proferido incurri\u00f3 en: (i) \u00abVIOLACION DE NORMAS SUSTANCIALES\u00bb por vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 6, 29 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; (ii) \u00abAPRECIACCION ERRONEA [que] CONDUJO A LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANCIAL POR FALTA DE APLICACI\u00d3N de LA LEY 675 DE 2001\u00bb; (iii) \u00abquebrant\u00f3 el principio de legalidad consagrado en el art\u00edculo 7o. Del C. G. P., por cuanto adem\u00e1s de que no acat\u00f3 la ley 675 de 2001, no expuso clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n\u00bb, y, (iv) \u00abAL INCURRIR EN FALTA DE APLICACI\u00d3N del art. 2158 del C\u00f3digo Civil, HIZO UNA ARGUMENTACION E INTERPRETACION EQUIVOCADA de la ley 675 DE 2001, sin atender lo dispuesto en los art. 27 y 28 DEL CODIGO CIVIL COLOMBIANO\u00bb; <\/p>\n

Finalmente indica que no comparte la determinaci\u00f3n acusada porque las inmobiliarias \u00abcon la facultad que les cre\u00f3 el Tribunal\u00bb, pueden intervenir a su acomodo ante las asambleas y alterar las decisiones de la copropiedad con ama\u00f1o de intereses particulares, adem\u00e1s que impide el cumplimiento del deber de los copropietarios de asistir personalmente a las Asambleas o a trav\u00e9s de apoderado con poder especial de representaci\u00f3n en su coeficiente (ff. 73 a 84). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS <\/p>\n

La propiedad horizontal Edificio Banco de Colombia, a trav\u00e9s de apoderado se opuso a las pretensiones y manifest\u00f3 que contrario a lo alegado por la accionante, la sentencia acusada no incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho para que prospere la acci\u00f3n de tutela, porque no existe normativa alguna que proh\u00edba a los copropietarios de una propiedad horizontal ser representados en las asambleas generales, y son las Asambleas, los que tienen las facultades de reglamentar esas representaciones (ff. 98 a 105). <\/p>\n

Hasta el momento de radicar el proyecto de sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016)1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

2. En el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte que lo pretendido por Patricia Guzm\u00e1n Guti\u00e9rrez, es que se deje sin efecto la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por la que revoc\u00f3 la de 23 de febrero de 2017 del Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad, pues en criterio de la actora, en la decisi\u00f3n adoptada por la citada Corporaci\u00f3n se interpret\u00f3 err\u00f3neamente la ley que regula la propiedad horizontal, al considerar que en el acta n\u00famero 21 de la Asamblea General de Copropietarios, realizada el 24 de marzo de 2015 no se incurri\u00f3 en nulidad absoluta. <\/p>\n

3. Sin embargo, al verificar la situaci\u00f3n sometida a examen de la Sala, se advierte que no puede triunfar la solicitud aqu\u00ed invocada, puesto que la providencia con la cual el Tribunal cuestionado desat\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada en el tr\u00e1mite del proceso, se apoy\u00f3 en reflexiones de orden probatorio y normativo que en manera alguna pueden considerarse caprichosas o arbitrarias, lo que elimina toda posibilidad de censurar lo resuelto en el escenario de los derechos fundamentales, dado que, en s\u00edntesis, no se trata de un acto ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

Ciertamente, de la revisi\u00f3n de los documentos allegados y fundamentalmente luego de escuchar el audio que contiene la decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento (f. 72), concluye la Corte en cuanto a lo que es materia de queja constitucional, que el Tribunal para revocar la sentencia de primer grado por medio de la cual se declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n propuesta y accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, decret\u00f3 la nulidad del numeral 11 del punto 2 del acta No. 21 de la Asamblea General de Ordinaria del a\u00f1o 2015 de la propiedad horizontal demandada (ff. 68 a 70), para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, no incurri\u00f3 en las anomal\u00edas que le son censuradas. <\/p>\n

\u00abRespecto del restante punto de censura, esto es, que al no estar prohibido expresamente que las administradoras de los inmuebles que integran la copropiedad acudan a la asamblea de propietarios representando a m\u00e1s de un titular del derecho de dominio, como a su vez, que para los inmuebles dados en administraci\u00f3n no requer\u00edan mandato especial con facultades de representaci\u00f3n, \u00e9stas son permitidas y, por tanto, no pueden ser anuladas, m\u00e1xime si la Ley 675 de 2001, no represent\u00f3 un marco cerrado para la copropiedad, quien puede reglamentar su administraci\u00f3n de acuerdo a sus necesidades, revocando o modificando su propio reglamento. <\/p>\n

V\u00e9ase que, en primer lugar, que con claridad el art\u00edculo 49 del r\u00e9gimen de propiedad horizontal, limita la libertad dada a los integrantes de la copropiedad en lo tocante a la reglamentaci\u00f3n de la actividad social y administraci\u00f3n de la misma a los par\u00e1metros legales y los estatutos que reglen su actividad, Art\u00edculo 49. \u00abImpugnaci\u00f3n de decisiones. El administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados podr\u00e1n impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n

Por tanto, si bien la norma no establece expresamente una exclusi\u00f3n, al hecho de que las personas naturales o jur\u00eddicas que suscriban un contrato de administraci\u00f3n -respecto de los inmuebles que integran la comunidad- puedan representar a los propietarios dentro de la asamblea, esto es, sin necesidad de poder especial que los faculte para ello; lo cierto, es que la administraci\u00f3n del mandato est\u00e1 reglada en el art\u00edculo 2158 del C\u00f3digo Civil y, dentro de las prerrogativas otorgadas al mandatario no se encuentran las de representaci\u00f3n, sin embargo, valorado el art\u00edculo del reglamento de la copropiedad que fue modificado, en nada afecta dicha disposici\u00f3n, como lo hizo ver la demandante y lo censur\u00f3 el hoy recurrente, debido a que la reforma se limita a la capacidad de representar, mediante poder especial, a m\u00e1s de un propietario que no, a acudir sin necesidad de facultades especiales\u00bb. <\/p>\n

Agregando a continuaci\u00f3n: \u00abN\u00f3tese que con la reforma al reglamento, Escritura P\u00fablica No. 309 del 17 de febrero de 2003, modificada por la Escritura P\u00fablica No. 3068 del 18 de diciembre de 2012, se propuso y aprob\u00f3 en el punto 11 del numeral 2 del acta No. 21 de la Asamblea General Ordinaria de 2015, la adici\u00f3n al par\u00e1grafo art\u00edculo 31 del referido reglamento de la copropiedad de la expresi\u00f3n \u00aba Excepci\u00f3n de los contratos de mandato de administraci\u00f3n de inmueble\u00bb, quedando as\u00ed: \u00abArt\u00edculo 31.- quorum (…) Par\u00e1grafo.- Representaci\u00f3n para asistir a las asambleas ordinarias y\/o extraordinarias. El propietario de una unidad puede otorgar poder escrito y acreditarlo con antelaci\u00f3n a la fecha prevista, para que se le represente en el caso de no poder asistir a una asamblea ordinaria y\/o extraordinaria. Un apoderado puede recibir m\u00e1ximo un poder a excepci\u00f3n de los contratos de mandato de administraci\u00f3n de inmuebles\u00bb, como aparece al folio 59 Cd. 1. <\/p>\n

Empero logra con acierto colegirse, que la adici\u00f3n, es decir, la excepci\u00f3n de quienes act\u00faen como mandatarios de administraci\u00f3n de los inmuebles que integran la propiedad horizontal, se direccion\u00f3 respecto a que pueden recibir m\u00e1s de un poder y, no, a otros t\u00f3picos -actuar directamente y sin mandato especial-, porque en estricto sentido, el reglamento mantiene la necesidad de que comparezcan mediante poder especial, sin embargo, podr\u00e1n actuar como mandatarios especiales de m\u00e1s de una unidad integrante de la propiedad global, es decir, podr\u00e1n recibir m\u00e1s de un encargo de representaci\u00f3n. <\/p>\n

Y si se confronta la reforma tra\u00edda al reglamento con las normas, particularmente con el R\u00e9gimen de Propiedad horizontal, \u00e9sta no se opugna a dicha Ley, en tanto, no se impide la posibilidad de concurrencia de mandatos en uno o varios apoderados, aspecto que entonces, debe ser reglado por la Asamblea de conformidad con las facultades a ella otorgadas en el numeral 6 del art\u00edculo 38 de la Ley 675 de 2001. <\/p>\n

Como tampoco, dicha modificaci\u00f3n lesiona el art\u00edculo 37 de la norma en comento, ni la esencia de que quienes conforman la Asamblea son los propietarios o sus representantes o delegados, pues, it\u00e9rese, la estudiada reforma no otorg\u00f3 tales prerrogativas a los mandatarios administradores de inmuebles, dicho deber recae en los titulares de derechos reales, sin perjuicio que confieran poder para que en su nombre ejerzan las funciones sociales que les son propias, facultades que, \u00fanicamente, para el caso de los administradores de inmuebles, pueden ser otorgadas por m\u00e1s de uno de los propietarios a un solo administrador y, para el resto de eventos, un apoderado solo podr\u00e1 recibir un poder de un propietario\u00bb. <\/p>\n

Concluyendo de todo lo anterior, \u00abPor lo expuesto, le asisti\u00f3 raz\u00f3n al demandado apelante al afirmar en sus reparos que no existe prohibici\u00f3n para que m\u00e1s de un mandatario pueda estar en la asamblea representando a distintos propietarios no presentes f\u00edsicamente en el acto social, raz\u00f3n por la que se atender\u00e1 su inconformidad y se proceder\u00e1 a revocar la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb (Cd. f. 72). <\/p>\n

4. Surge de lo anteriormente expuesto, que los mencionados argumentos en los que el Tribunal acusado edific\u00f3 la providencia aqu\u00ed cuestionada, no revelan arbitrariedad o desmesura, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la negativa de las pretensiones reclamadas por la parte aqu\u00ed interesada, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituye causal de procedencia del amparo, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ 21 jul. 1995, rad. 2397 reiterado entre muchas otras, en STC8572-2014, STC2067-2015, STC577-2016 y, STC21435-2017, 15 dic, rad. 03419-00).
\nA ese respecto, igualmente esta Corte ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n

5. Finalmente, en relaci\u00f3n a la solicitud de compulsar copias para iniciar investigaci\u00f3n penal por \u00abla posible comisi\u00f3n de delito de prevaricato por omisi\u00f3n art. 413 del C\u00f3digo Penal al no dar cumplimiento a la ley 675 de 2001 que regula el r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u00bb que eleva la accionante (ff. 73 y 74), la Sala ha sido constante en sostener que le corresponde a la parte que est\u00e1 persuadida de que hay m\u00e9rito para adelantarla, dar la noticia a las respectivas autoridades, asumiendo la responsabilidad por la denuncia y las consecuencias que se deriven de ello. <\/p>\n

Al respecto, ha dicho que \u00absi el memorialista cree que la falladora incurri\u00f3 en alg\u00fan comportamiento que amerite averiguaci\u00f3n penal o disciplinaria, el ordenamiento jur\u00eddico contempla v\u00edas adecuadas a las cuales puede acudir directamente, no siendo este instrumento el camino para emprender indagaciones que la supuesta afectada debe promover sin mediaci\u00f3n de terceros y, soportando, naturalmente, todas las responsabilidades y secuelas que dimanen de su conducta\u00bb (CSJ STC, 11 nov. 2011, rad. 00502-01, reiterada en STC, 14 mar. 2013, rad. 00492-00, CSJ STC3099-2016, STC6145-2016, STC4857-2017 y, STC17120-2017, 19 de oct. rad. 01600-03, entre muchas otras). <\/p>\n

6. Las razones expuestas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b011001-02-03-000-2018-00197-00)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1893-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00197-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Patricia Guzm\u00e1n Guti\u00e9rrez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}