{"id":101477,"date":"2026-07-01T17:47:10","date_gmt":"2026-07-01T17:47:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101477"},"modified":"2026-07-01T17:47:10","modified_gmt":"2026-07-01T17:47:10","slug":"stc1894-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1894-2018\/","title":{"rendered":"STC1894-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1894-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00205-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela de Rosa Emilia Prieto de S\u00e1nchez y Guillermo S\u00e1nchez Boh\u00f3rquez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, integrada por los Magistrados Jairo Armando Gonz\u00e1lez G\u00f3mez, Julio Rafael Tordecilla Payares y \u00c1lvaro Vincos Urue\u00f1a, as\u00ed como frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal y las partes e intervinientes en el proceso de revisi\u00f3n de aval\u00fao de la servidumbre petrolera No. 2014-00057. <\/p>\n

1. Los interesados obrando a trav\u00e9s de apoderada, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abimparcialidad en sus decisiones y propiedad privada\u00bb, que consideran vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, porque en las sentencias de 30 de marzo y 2 de agosto, ambas de 2017, proferidas con ocasi\u00f3n del procedimiento de revisi\u00f3n del aval\u00fao de perjuicios para servidumbre petrolera de que trata la ley 1274 de 2009, incurrieron en defecto f\u00e1ctico \u00abpor haber valorado de manera indebida pruebas inexistentes o por no haber valorado en debida forma las pruebas arrimadas legalmente al proceso y haberle soportado sus decisiones, por obrado de forma parcializada hacia los intereses de ECOPETROL S.A., actuando por fuera de los par\u00e1metros legales\u00bb (sic) (f. 21). <\/p>\n

Solicitan, en consecuencia, que se revoquen los fallos mencionados. <\/p>\n

2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n, se aduce en s\u00edntesis, que el 27 de agosto de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal dict\u00f3 sentencia en el juicio de aval\u00fao por el uso de la servidumbre petrolera transitoria, que les promovi\u00f3 Ecopetrol S.A. y determin\u00f3 que se les deb\u00eda pagar como indemnizaci\u00f3n integral la suma de $405\u2019060.000, descontando $6\u2019555.600 que se encontraban en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Juzgado, valor que tom\u00f3 con base en el dictamen del perito Jos\u00e9 Alfredo Zarate Agudelo. <\/p>\n

Explican que a continuaci\u00f3n, empresa de petr\u00f3leos present\u00f3 recurso de revisi\u00f3n del aval\u00fao por la imposici\u00f3n de la servidumbre en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 1274 de 2009, que admiti\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo el 15 de octubre de 2014, el que contestaron por apoderada judicial. <\/p>\n

Sostienen que en el tr\u00e1mite luego de declararse fallida la conciliaci\u00f3n, se decretaron pruebas, entre ellas, un dictamen pericial que deb\u00eda elaborar el IGAC, y se cit\u00f3 para la recepci\u00f3n de varios testimonios, luego se fij\u00f3 para el 30 de septiembre de 2016 la audiencia de alegatos y sentencia, la que por diferentes circunstancias debi\u00f3 ser reprogramada en 5 ocasiones, y como finalmente en el fallo de 30 de marzo de 2017 el Juzgado de conocimiento accedi\u00f3 a las pretensiones de la empresa demandante y fij\u00f3 como aval\u00fao por la imposici\u00f3n de la servidumbre transitoria a favor de los demandados solamente la suma de $145\u2019886.984, porque \u00abde forma subjetiva y no objetiva acomod\u00f3 el dictamen pericial del se\u00f1or Jos\u00e9 Alfredo Z\u00e1rate, con unos valores de su \u00fanico criterio, que nunca fueron debatidos en el proceso\u00bb, apelaron la decisi\u00f3n, que sustentaron ante el Tribunal el 24 de mayo de 2017 y al continuar la audiencia el 2 de agosto siguiente, profiri\u00f3 sentencia en la que modific\u00f3 el fallo de primer grado para se\u00f1alar que el monto total de la indemnizaci\u00f3n correspond\u00eda a $38\u2019811.984, que deb\u00eda ser indexado a la fecha de pago. <\/p>\n

Indican que las decisiones proferidas por los Juzgadores de instancia quebrantaron los postulados de justicia, debido proceso y buena fe, entre otras razones, por: (i) Tener en cuenta pruebas inexistentes para sustentar los fallos; (ii) \u00abno valorar en su conjunto las pruebas arrimadas al proceso, como son los peritajes, los testimonios y pruebas documentales solicitadas y allegadas al proceso; desconociendo lo establecido por el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; (iii) \u00abPor ser parcializados\u00bb, y, (iv) \u00abCon las decisiones adoptadas, desdibujaron su actuaci\u00f3n, por actuar como juez y parte y no valorar como era su deber el peritaje del se\u00f1or JOSE ALFREDO ZARATE, en los t\u00e9rminos establecidos en el numeral 4 del art\u00edculo 5 de la ley 1274 de 2009, y dieron valores para el resarcimiento como indemnizaci\u00f3n de forma subjetiva\u00bb. <\/p>\n

Finalmente dicen que \u00abel trabajo encomendado al se\u00f1or Zarate, tiene toda la credibilidad, toda vez que no se demostr\u00f3 el error en que incurri\u00f3 dicho perito en su trabajo pericial, por tanto esa es la prueba que debi\u00f3 tener en cuenta el Juzgado y el Tribunal, toda vez que el perito estuvo en el terreno y percibi\u00f3 cada uno de los perjuicios causados a los se\u00f1ores GUILLERMO SACHEZ y ROSA EMILIA, en la inspeccion\u00f3 a los predios, estableciendo los da\u00f1os causados, discriminando la afectaci\u00f3n directa y la servidumbre impuesta\u00bb (ff. 3 a 22). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. El secretario del Tribunal Superior de Yopal, inform\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n conoci\u00f3 en apelaci\u00f3n la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz y Ariporo el 30 de marzo de 2017, que modific\u00f3 el 2 de agosto de 2017 (f. 37). <\/p>\n

2. Ecopetrol S.A. a trav\u00e9s de un profesional adscrito al Departamento Jur\u00eddico Regional Orinoqu\u00eda de la Vicepresidencia Jur\u00eddica, solicit\u00f3 desestimar el amparo, y manifest\u00f3 que en el tr\u00e1mite adelantado por los accionados, las actuaciones surtidas no se revelan arbitrarias y el procedimiento se sujet\u00f3 al ordenamiento constitucional y legal (ff. 54 a 61). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder ileg\u00edtimo, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. En este asunto, pese a que la apoderada judicial de los accionantes censura las sentencia proferidas en ambas instancias, esta Sala analizar\u00e1 \u00fanicamente los reparos realizados al ad quem, porque cerr\u00f3 el debate planteado al desatar la alzada propuesta el 2 de agosto de 2017, contra el fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo (Casanare) de 30 de marzo de 2017 que accedi\u00f3 a las pretensiones de revisi\u00f3n formuladas por Ecopetrol S.A., en el abreviado de revisi\u00f3n de aval\u00fao de servidumbre petrolera, y en este contexto, el problema jur\u00eddico frente al cual compete a la Corte entrar a resolver, consiste en la posible vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales reclamadas por Rosa Emilia Prieto de S\u00e1nchez y Guillermo S\u00e1nchez Boh\u00f3rquez, b\u00e1sicamente porque la Corporaci\u00f3n convocada en la providencia acusada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al valorar indebidamente el acervo probatorio en cuanto a los da\u00f1os causados a sus inmuebles. <\/p>\n

No obstante, la Sala considera, que contrario a lo alegado por los interesados, la providencia atacada se encuentra sustentada en los elementos de persuasi\u00f3n obrantes en el expediente los que le dieron la fuerza de convicci\u00f3n suficiente para modificar parcialmente la decisi\u00f3n del Juzgador a quo y decretar como valor de la indemnizaci\u00f3n la suma de $38\u2019811.984 que deb\u00eda ser indexada por la parte demandante hasta la fecha de su pago total, sin que esa labor valorativa pueda ser catalogada de arbitraria o caprichosa. <\/p>\n

La Corte considera, una vez analizada la sentencia obrante a folios 44 y 45, que a diferencia de lo expresado por los accionantes, que el Tribunal no incurri\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico alegado, porque su determinaci\u00f3n se apoy\u00f3 en las pruebas recaudadas y la normativa aplicable a la materia, que le permitieron concluir que no se pod\u00eda acoger el dictamen pretendido por la parte demandada en la apelaci\u00f3n, por contener \u00abm\u00e1s aspectos gen\u00e9ricos, abstractos, que concretos y puntuales, en cuanto a determinar los da\u00f1os realmente causados, sin especulaciones. Los da\u00f1os probados, objetivos, surgidos realmente como consecuencia de la imposici\u00f3n de la servidumbre\u00bb (f. 45). <\/p>\n

Lo anterior tuvo como fundamento la siguiente argumentaci\u00f3n: <\/p>\n

Dijo la Corporaci\u00f3n accionada, que el proceso por expresa disposici\u00f3n de la Ley 1274 de 2009, ten\u00eda como fundamento revisar el aval\u00fao presentado en el proceso de servidumbre adelantado, en el evento en estudio, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal, funcionario que termin\u00f3 acogiendo el rendido por el perito Jos\u00e9 Alfredo Zarate Audelo, por considerar que recog\u00eda integralmente el tipo de indemnizaci\u00f3n a que hac\u00eda referencia la ley en menci\u00f3n, y adicion\u00f3 que, trat\u00e1ndose de un proceso especial y con un objeto espec\u00edfico, correspond\u00eda a las partes, \u00abno solo cuestionar la sentencia del proceso de servidumbre, probando que los argumentos del juzgado para acoger el peritaje que finalmente acogi\u00f3, fueron infundados, sino esencialmente que los del se\u00f1or Juez del Circuito que la revis\u00f3, no fueron acertados\u00bb, lo anterior por cuanto, \u00abNing\u00fan sentido tiene que despu\u00e9s de varios a\u00f1os se hagan nuevos experticias que van agregando nuevos temas, nuevos valores, siendo que de lo que se trata es de indemnizar por los da\u00f1os causados cuando se realiza la intervenci\u00f3n. De no entenderse as\u00ed, no tendr\u00eda ning\u00fan sentido la actuaci\u00f3n cumplida ante el juzgado municipal, ni se hablar\u00eda de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En seguida se\u00f1al\u00f3 que dado que la sentencia apelada termin\u00f3 acogiendo la revisi\u00f3n solicitada, deb\u00eda entonces analizar los argumentos de los reparos concretos que se hicieron en los recursos interpuestos frente a la misma, y para ello comenz\u00f3 su an\u00e1lisis frente a los de la parte demandante los que sintetiz\u00f3 en lo siguiente, \u00ablos valores asignados por los da\u00f1os causados a la mata de monte, a la vivienda, a la p\u00e9rdida de semovientes y a las cercas\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 entonces, en cuanto a lo primero, \u00abel se\u00f1or Juez lo acoge en virtud de las explicaciones que da el perito al rendir declaraci\u00f3n en este proceso. Tiene en cuenta el \u00e1rea de "las picas", dos metros y que para ello hizo un muestreo de la vegetaci\u00f3n existente. Cuestiona la parte demandante el que no hay prueba sobre la existencia de tales perjuicios, de la cantidad de madera extra\u00edda. La Sala confirma en este aspecto lo consignado en la sentencia. Si existieran declaraciones que establecieran la cantidad de madera sacada, no habr\u00eda necesidad del dictamen pericial. Este es otra forma probatoria de establecerlo y eso fue lo que se hizo, aplicando una formula atendible, ya que est\u00e1 plenamente demostrado que para utilizar la servidumbre transitoria, deb\u00eda intervenirse la mata de monte, hacer un sendero transitable para atravesarla\u00bb. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con la siguiente inconformidad referida al valor asignado a la vivienda, indic\u00f3 que el Juzgador a quo lo acogi\u00f3 en $107.075.000 porque los da\u00f1os fueron probados con fotograf\u00edas y testimonios, y que, por su parte, el apelante se opuso porque \u00abno se pudo adelantar el trabajo de exploraci\u00f3n s\u00edsmica y no se pudieron realizar las activaciones de energ\u00eda en la etapa de registro, por lo que es imposible hablar de afectaciones a la vivienda, la que ni siquiera estaba en el \u00e1rea solicitada para la servidumbre\u00bb, en este entendido, analiz\u00f3 entonces el dictamen pericial realizado por Jos\u00e9 Alfredo Zarate Audelo en enero del a\u00f1o 2012 y explic\u00f3: <\/p>\n

\u00abEn lo relativo a la vivienda, adem\u00e1s de describirla, dice que result\u00f3 afectada por las detonaciones, ya que las paredes se fisuraron, y unas se desplomaron. Y el monto que se\u00f1ala como indemnizaci\u00f3n, hace referencia a una "construcci\u00f3n en obra gris", siendo que la existente est\u00e1 hecha en tapia pisada, madera y palma. Pero adem\u00e1s, en el peritaje realizado por el IGAC, en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre, se consigna claramente que la vivienda no se halla en el \u00e1rea objeto de la servidumbre. Incluso es el propio ZARATE quien en su informe inicial consigna que "En el \u00e1rea que se destin\u00f3 para la posible servidumbre no se encuentra ninguna clase de infraestructura"\u00bb. <\/p>\n

Una vez examinado el informe del auxiliar de la justicia, las declaraciones de expertos involucrados en el debate, y diferentes testimonios rendidos a petici\u00f3n de la parte demandada, concluy\u00f3 \u00ablo que surge es que con las pruebas existentes no puede tenerse por probado que las fisuras que muestra la vivienda hayan sido producidas por las detonaciones que se atribuyen a la demandante (\u2026) Como bien se dice en el recurso, no aparece probatoriamente sustentado que la presunta afectaci\u00f3n haya sido originada en las detonaciones, no hay medios probatorios que permitan establecer tal nexo\u00bb, y agreg\u00f3, \u00abno resulta proporcionado se\u00f1alar que tomando un rango de afectaci\u00f3n directa de DOS HECTAREAS se pretenda afirmar que resulta perjudicada toda la finca, en una extensi\u00f3n de CUATROSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE HECT\u00c1REAS (\u2026) La indemnizaci\u00f3n es una compensaci\u00f3n por da\u00f1os causados, efectivamente demostrados, probados. Resulta por ello absurdo, por decir lo menos, que el dictamen de ZARATE termine se\u00f1alando como monto de la misma una suma superior a CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS, cuando est\u00e1 demostrado que el \u00e1rea de afectaci\u00f3n, de utilizaci\u00f3n de la servidumbre, escasamente supera las dos hect\u00e1reas, y que es de car\u00e1cter eminentemente TRANSITORIO. Es \u00e9l mismo quien dice que la afectaci\u00f3n es por un tiempo aproximado de seis (6) meses. Por esta raz\u00f3n, se excluir\u00e1 del monto total de la indemnizaci\u00f3n, el valor correspondiente a la asignaci\u00f3n por concepto de vivienda\u00bb. <\/p>\n

Ahora, en cuanto al valor por la p\u00e9rdida de semovientes, afirm\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada que pese a que este alegato se hizo en la interposici\u00f3n del recurso y hac\u00eda relaci\u00f3n a lo que fue consignado en el dictamen, su valor no fue acogido en la sentencia de primer grado, por lo que, \u00abno hay lugar a an\u00e1lisis alguno\u00bb. <\/p>\n

Finalmente respecto al valor por las cercas, en el fallo se dijo \u00abcuestiona el recurrente que no se haya demostrado su existencia o sus condiciones anteriores. No obstante, aunque aparece un poco elevado dado el rango de afectaci\u00f3n a las mismas, es evidente que ella si existi\u00f3, que las cercas debieron ser reconstruidas, debido al paso de la servidumbre, todos los dict\u00e1menes y los testimonios hablan de ello, y al contrario de lo que ocurre con la vivienda, es una circunstancia de hecho, perceptible por cualquier persona. Se confirmar\u00e1 entonces la sentencia en este aspecto\u00bb. <\/p>\n

En seguida se ocup\u00f3 del recurso propuesto por la parte demandada sustentado especialmente en el peritaje rendido por Zarate y que acogi\u00f3 el Juzgado Municipal, y en relaci\u00f3n con el mismo advirti\u00f3 que no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad por cuanto, <\/p>\n

\u00abResulta totalmente desproporcionado que por una afectaci\u00f3n que escasamente supera las dos hect\u00e1reas, cada una de las cuales, seg\u00fan el peritaje por ella avalado, cuesta $6.300.000.oo, se deba pagar una indemnizaci\u00f3n superior a CUATROCIENTOS MILLONES, cuando adem\u00e1s la afectaci\u00f3n es transitoria. Y a\u00fan m\u00e1s, que ante una solicitud de aclaraci\u00f3n de su inicial dictamen, termina casi doblando el monto de la indemnizaci\u00f3n, con la sencilla explicaci\u00f3n de que en el primero no tuvo en cuenta el lucro cesante. Lo que adem\u00e1s no es cierto, pues en su experticia describe lo que podr\u00eda constituirlo: mensualidad de arriendo del pasto, el aumento del pesaje y leche de los ganados, "lo anterior durante un tiempo determinado, para este caso 6 meses". <\/p>\n

Es la misma Ley 1274 la que dice lo que debe contener el dictamen, los da\u00f1os que son indemnizables, descartando de plano los inmateriales o morales. Solamente son objeto de valoraci\u00f3n "las condiciones objetivas de afectaci\u00f3n que se puedan presentar de acuerdo con el impacto que la servidumbre genere sobre el predio". Y en ese mismo sentido l\u00f3gico, no puede tampoco el juzgador desconocer aspectos puramente objetivos y determinados, tales como la cantidad de hect\u00e1reas que conforman el predio afectado, su valor comercial, la cantidad de hect\u00e1reas afectadas, la calidad de las tierras y de la zona cobijada, la clase de servidumbre, de pastos, etc. <\/p>\n

Pero adem\u00e1s, la misma ley, 1274 de 2009, en su art\u00edculo 5-5 prev\u00e9 la posibilidad de una reclamaci\u00f3n posterior, si surgen da\u00f1os no indemnizados: "Sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que pueda presentar el propietario, poseedor u ocupante de los predios afectados por da\u00f1os ocasionados a los mismos durante el ejercicio de las servidumbres". Disposici\u00f3n que resulta acorde con lo ya expuesto sobre la necesidad de demostrar los perjuicios, de la actualidad de los mismos, de su existencia. <\/p>\n

No puede acogerse un dictamen como el que se pretende en el recurso de la parte demandada, que contiene m\u00e1s aspectos gen\u00e9ricos, abstractos, que concretos y puntuales, en cuanto a determinar los da\u00f1os realmente causados, sin especulaciones. Los da\u00f1os probados, objetivos, surgidos realmente como consecuencia de la imposici\u00f3n de la servidumbre\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3 entonces de todo lo anterior, que deb\u00eda modificarse la sentencia de primer grado, para determinar que lo debido por Ecopetrol S.A. a favor de los demandados era la suma de $38\u2019811.984, valor que resultaba de restar al valor total concedido en primera instancia, esto es, $145\u2019886.984 el valor correspondiente a la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os en la vivienda, $107\u2019075.000 (ff. 44 y 45, negrilla en texto). <\/p>\n

3. En el contexto expuesto, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed demandados), es anteponer su propio criterio al de la Corporaci\u00f3n accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Esta Sala ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

4. De otra parte, como la acci\u00f3n ataca la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas pretendiendo que mediante esta v\u00eda extraordinaria se dirima la controversia que plantean frente a la Corporaci\u00f3n accionada respecto de este asunto, encuentra la Sala improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, porque, es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia, determinando que: <\/p>\n

\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC15879-2016, STC17828-2016, y STC16155-2017, 5 oct. rad. 02586-00, entre muchas otras). <\/p>\n

5. Por las razones anotadas, el amparo pedido ser\u00e1 negado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1894-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00205-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela de Rosa Emilia Prieto de S\u00e1nchez y Guillermo S\u00e1nchez Boh\u00f3rquez contra la Sala \u00danica del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101477\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}