{"id":101486,"date":"2026-07-01T17:48:07","date_gmt":"2026-07-01T17:48:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101486"},"modified":"2026-07-01T17:48:07","modified_gmt":"2026-07-01T17:48:07","slug":"stc1921-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1921-2018\/","title":{"rendered":"STC1921-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00284-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Nicolasa Bastidas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abla defensa\u00bb, y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n que en su contra, de William Armando Obando S\u00e1nchez y Comercializadora Internacional de Kompras Ltda, promovi\u00f3 Guillermo Ortiz Inmobiliaria. <\/p>\n

Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Tribunal Superior de Pasto -Sala Civil Familia, \u00abdejar sin valor y\/o efecto las providencias de 16 de septiembre de 2016 dictada por el Juez Tercero Civil del Circuito, y de 6 de octubre de 2017, dictada por [esa Sala de Decisi\u00f3n], dentro del proceso ejecutivo singular con radicaci\u00f3n No. 2014.0004\u00bb (fl. 2). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reclamo aduce en compendio, que dicho juicio fue iniciado para el cobro de los c\u00e1nones de arrendamiento de un local comercial y un parqueadero causados entre mayo de 2013 y enero de 2014, a raz\u00f3n de $8\u00b4900.000 mensuales, siendo que, afirma, la mensualidad pactada por tal concepto el 8 de agosto de 2011 fue de $8\u00b4000.000, que tras los aumentos anuales qued\u00f3 en $8\u00b4402.400 al aludido inicio de la mora, y en $8\u00b4810.757 en agosto de 2013, resultando siempre un monto inferior al perseguido dentro de la ejecuci\u00f3n en comento, que elimina \u00abla claridad requerida que d\u00e9 certeza para ordenar el pago de lo adeudado\u00bb. <\/p>\n

Afirma que dicho recaudo judicial fue promovido con sustento en una copia aut\u00e9ntica de la \u00abrenovaci\u00f3n\u00bb del contrato antes referido que fue realizada el 8 de agosto de 2012, la que \u00abno puede prestar m\u00e9rito ejecutivo, al no ser original\u00bb, pues el primer ejemplar del mismo obra en un proceso adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto para la restituci\u00f3n de los mentados inmuebles arrendados; adem\u00e1s, dicho documento \u00abno le es exigible\u00bb, porque no lo suscribi\u00f3 ni acept\u00f3, cambi\u00f3 sustancialmente el acuerdo inicial, y, las partes no pactaron que las \u00abfianzas\u00bb iniciales acoger\u00edan las posteriores renovaciones, situaciones \u00e9stas que en su criterio, hacen posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor (fls. 1 al 16). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 7 de febrero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 44). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

a).\tEl titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del juicio criticado, precis\u00f3 que las partes all\u00ed involucradas estuvieron asistidas por apoderados de confianza, fueron notificadas en debida forma, y, ejercieron su derecho a la defensa; adem\u00e1s resalt\u00f3, que la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 fue respetuosa de las prerrogativas superiores de las partes, motivos por los cuales pidi\u00f3 denegar el amparo solicitado (fl.75). <\/p>\n

b).\tLos Magistrados del Tribunal de la misma localidad manifestaron, que en el fallo cuestionado plasmaron los motivos que conllevaron a adoptar la decisi\u00f3n criticada, y que \u00abno son fruto de un actuar caprichoso que repudie la normatividad que gobierna la materia, y por tanto, generen la necesidad de un control constitucional excepcional a trav\u00e9s del mecanismo tutelar ahora instado\u00bb, haciendo improcedente \u00e9ste (fls. 80 al 82). <\/p>\n

Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTrat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tEn el presente caso, la accionante cuestiona de manera puntual, la sentencia dictada el 6 de octubre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que confirm\u00f3 la que el 16 de septiembre de 2016 profiri\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad ordenando seguir adelante con la referida ejecuci\u00f3n, pues en su criterio, tal decisi\u00f3n no repar\u00f3 en que los valores cobrados no emergen de lo pactado en el t\u00edtulo base de recaudo, y adem\u00e1s, no suscribi\u00f3 este documento, el que corresponde a la renovaci\u00f3n de un contrato de arrendamiento del que s\u00ed fue parte, por lo que le es inexigible la obligaci\u00f3n de pago que se le reclama. <\/p>\n

3.\tNo obstante, revisado el contenido de la decisi\u00f3n antes individualizada, observa la Sala que la misma se soport\u00f3 en una argumentaci\u00f3n que de manera contraria a considerarse caprichosa, absurda o infundada, es el resultado del an\u00e1lisis normativo aplicado al caso controvertido, lo que hace imposible la intervenci\u00f3n del juez de tutela para lograr su modificaci\u00f3n. <\/p>\n

4.\tLo anterior se constata, porque en respuesta a los mismos reparos que expone la accionante en este escenario, y que hab\u00edan sustentado la alzada que interpuso contra la aludida sentencia de primer grado, la Colegiatura accionada consider\u00f3 en su fallo lo siguiente: <\/p>\n

\u00abde acuerdo con lo establecido en el 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ya ocup\u00e1ndonos en el caso concreto, adicionado por la Ley 1395 del 2010, establece que los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, sin que se admita con posterioridad discusi\u00f3n alguna al respecto, salvo el control oficioso de legalidad, en el caso concreto se observa que la parte apelante, el 6 de octubre present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, por la falta de claridad y de exigibilidad del mismo, con argumentos similares a los expuestos en esta audiencia como sustento de la apelaci\u00f3n, habiendo sido resuelto el recurso de manera desfavorable por el juez de instancia, quedando finiquitado all\u00ed el asunto, y vedado para el ac\u00e1 recurrente traerlo nuevamente como sustento de su alzada\u00bb. <\/p>\n

Aparte donde se observa una razonable interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable, que proscrib\u00eda, hoy en el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, la discusi\u00f3n sobre requisitos formales del t\u00edtulo a trav\u00e9s de mecanismo y momento diferente al recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, recurso que al ya haber sido resuelto de manera desfavorable a la aqu\u00ed interesada cuando aleg\u00f3 similares quejas a las aqu\u00ed expuestas, cerr\u00f3 la posibilidad de reabrir dentro del juicio el debate sobre esa particular tem\u00e1tica. <\/p>\n

Y a continuaci\u00f3n, precis\u00f3 dicha autoridad: <\/p>\n

\u00abno obstante, considera la Sala que al hacer el control de legalidad que la norma exige sobre el t\u00edtulo ejecutivo presentado como soporte de la demanda, estimamos que el juez de instancia acert\u00f3 al considerar que s\u00ed exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo exigible a la se\u00f1ora Mar\u00eda Nicolasa, vigente para el periodo 2011-2014, a\u00fan si el documento suscrito el 8 de agosto de 2012, no le es oponible a ella por no haberlo suscrito, pues se encontraba obligada conforme al contrato inicial, mientras que los otros 2 arrendatarios, quedan obligados o quedaban obligados, conforme a la modificaciones que ellos pactaron; sin embargo, en este proceso el demandante \u00fanicamente reclam\u00f3 que se ejecutara el primer contrato, no el segundo, y conforme a ello fue que celebr\u00f3 el mandamiento de pago, tal como qued\u00f3 definido por el juez de primera instancia, desde el momento en que resolvi\u00f3 el debate planteado sobre el punto, mediante el recurso de reposici\u00f3n planteado frente al mandamiento de pago y al cual ya nos referimos. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, considera la Sala que el t\u00edtulo ejecutivo s\u00ed es claro, expreso y exigible, tal como qued\u00f3 definido en sede de primera instancia, sin que uno de los argumentos expuestos all\u00ed, haya sido la discusi\u00f3n sobre la renovaci\u00f3n del contrato, y por ello, esta Sala se exonera de ocuparse de tal aspecto\u00ab. <\/p>\n

En seguida procedi\u00f3 a precisar: <\/p>\n

\u00abAhora bien, se percata esta Sala que el mandamiento de pago se libr\u00f3 por ($8.900.000.oo) Ocho Millones Novecientos Mil pesos, correspondiente al canon de arrendamiento mensual causado entre mayo de 2013, fecha en que inicia la mora, y enero del 2014, fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, reclamando los subsiguientes c\u00e1nones que se fueran causando en el transcurso del proceso, m\u00e1s la cl\u00e1usula penal pactada, pero dicha suma no es la consignada en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima sobre incumplimientos del canon pactado, seg\u00fan la cual, vencido el primer a\u00f1o de vigencia de este contrato, el reajuste anual corresponder\u00e1 a la proporci\u00f3n m\u00e1xima que factorice el gobierno, del IPC, m\u00e1s 3 puntos; es decir, que a partir del 8 de agosto del 2012, el incremento ser\u00e1 del 6.73%, lo que equivale a ($8.538.400.oo) Ocho Millones Quinientos Treinta y Ocho mil Cuatrocientos pesos, y a partir del 8 de agosto de 2013, se considerar\u00e1 como canon el valor reclamado en la demanda de ($8.900.000.oo), en virtud de que no le es posible al juez otorgar m\u00e1s all\u00e1 de lo pretendido. Es as\u00ed como se confirmar\u00e1 la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y se modificar\u00e1 conforme a lo dicho\u00bb (fls. 55 al 58). <\/p>\n

Fragmento donde el Tribunal hall\u00f3 que el valor de los c\u00e1nones reclamados con la demanda ejecutiva coincid\u00eda con el pactado por las partes en el contrato originario, junto con sus respectivos aumentos, sin que en tal operaci\u00f3n se observe un yerro que conlleve falta de claridad en el t\u00edtulo sustento del recaudo. <\/p>\n

De modo que, al quedar as\u00ed expuestos los motivos de la Colegiatura accionada para haber ordenado seguir adelante con el cobro compulsivo cuestionado, atinentes, en apretada s\u00edntesis, a que el debate sobre los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo ya hab\u00eda sido clausurado con el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el mandamiento de pago; esa pieza procesal consist\u00eda en el contrato inicial suscrito por la accionante, mas no el otros\u00ed que se hizo al mismo; y a que adem\u00e1s los valores cobrados emerg\u00edan de aquel documento, queda vedada la posibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto, por la inexistencia de capricho o arbitrariedad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n

5.\tDe este modo es evidente entonces, que la decisi\u00f3n de la Colegiatura convocada no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque la actora no comparta la inferencia a finalmente arrib\u00f3, ello no es motivo suficiente para la procedencia del amparo suplicado, pues como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si, <\/p>\n

\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1229-2017). <\/p>\n

An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte, <\/p>\n

\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ib.). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo expuesto, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia Justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00284-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Nicolasa Bastidas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101486","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101486","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101486"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101486\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101486"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101486"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101486"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}