{"id":101499,"date":"2026-07-01T18:11:23","date_gmt":"2026-07-01T18:11:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101499"},"modified":"2026-07-01T18:11:23","modified_gmt":"2026-07-01T18:11:23","slug":"stc1935-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1935-2018\/","title":{"rendered":"STC1935-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1935-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00290-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 14 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Enrique Orozco Barreneche contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal n\u00ba 2002-00058, la Fiscal\u00eda Treinta y Una Seccional y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada al no aplazar la audiencia de inventarios y aval\u00faos dentro del liquidatorio en menci\u00f3n, ni suspender el mismo por \u00abprejudicialidad penal\u00bb. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que en el pleito en comento, dijo que al no haberse podido realizar la diligencia de inventarios \u00abpor imposibilidad f\u00edsica de mi apoderado por encontrarse en una audiencia en la fiscal\u00eda\u00bb, se fij\u00f3 nueva fecha a la cual tampoco asisti\u00f3 su abogado, y en tal virtud \u00abel 7 de noviembre radiqu\u00e9 un memorial revoc\u00e1ndole el poder\u00bb, el cual \u00abno fue tramitado\u00bb. <\/p>\n

Dijo que \u00abante la disyuntiva\u00bb de si se aceptaba o no la revocatoria, \u00abera imposible otorgar un nuevo poder\u00bb y \u00absuscribir un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales\u00bb, aunado a que en precedente oportunidad no se acept\u00f3 la renuncia de quien lo representaba, y \u00abhaber ca\u00eddo enfermo por problemas respiratorios\u00bb, no asisti\u00f3 a la audiencia del 16 de noviembre de 2017. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que hizo llegar al Juzgado la incapacidad m\u00e9dica que le hab\u00eda sido expedida por \u00abtres d\u00edas\u00bb, y por intermedio de \u00abmi nuevo apoderado\u00bb solicit\u00f3 una \u00abprejudicialidad penal\u00bb dada la existencia de un \u00abproceso penal\u00bb que \u00abafectar\u00eda\u00bb la liquidaci\u00f3n, pero no fue atendida ya que la audiencia se realiz\u00f3 \u00absin mi presencia\u00bb y la de su apoderado, y en ella el acusado \u00abacept\u00f3 el inventario y aval\u00fao presentado por la parte demandada\u00bb y \u00abdesign\u00f3 partidor\u00bb, en \u00abclara violaci\u00f3n a mi derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que se ordene al accionado tramitar \u00abla revocatoria del poder (\u2026) la excusa m\u00e9dica (\u2026) la prejudicialidad penal (\u2026) [y] la nulidad de la Audiencia celebrada el \u00ab18 de noviembre\u00bb (sic)\u00bb (fls. 1 a 5, cd. 1).
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Fiscal\u00eda Treinta y Una Seccional de Santa Marta, inform\u00f3 que la denuncia penal formulada contra Yesenia del Carmen Gonz\u00e1lez y tres personas m\u00e1s, \u00abpor el punible de FRAUDE PROCESAL\u00bb (2017-02428), \u00abse encuentra en etapa de indagaci\u00f3n en la que se realiz\u00f3 el respectivo programa metodol\u00f3gico\u00bb, y \u00abse est\u00e1 a la espera de resultados investigativos para tomas las decisiones de rigor\u00bb (fls. 24 y 25, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. Yesenia del Carmen Gonz\u00e1lez Salas, vinculada a este tr\u00e1mite en su calidad de demandada dentro del liquidatorio en cuesti\u00f3n, pidi\u00f3 \u00abdesestimar las peticiones (\u2026) por no existir raz\u00f3n jur\u00eddica ni f\u00e1ctica para su amparo\u00bb (fls. 32 a 36, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. La Juez Segunda de Familia de Santa Marta, expres\u00f3 que a petici\u00f3n del demandante aplaz\u00f3 la presentaci\u00f3n de inventarios prevista para el 12 de septiembre de 2017, y que la renuncia presentada por su apoderado el 7 de noviembre de 2017, la resolvi\u00f3 en la audiencia del 16 del mismo mes y a\u00f1o; sobre la suspensi\u00f3n del proceso elevada a trav\u00e9s de su nuevo mandatario, dijo que ya se resolvi\u00f3 \u00abestando pendiente\u00bb la notificaci\u00f3n por estado del respectivo auto, a lo que dijo se proceder\u00eda cuando regresara el expediente remitido al Tribunal para su inspecci\u00f3n judicial (fls. 37 y 38, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio al encontrar que al haberse resuelto en la audiencia del 16 de noviembre la terminaci\u00f3n del mandato que le hab\u00eda otorgado a su apoderado, tal actuaci\u00f3n no se hizo \u00aba sus espaldas\u00bb por cuanto \u00abhab\u00eda sido reprogramada (\u2026) desde el d\u00eda 25 de octubre de 2017\u00bb, se respet\u00f3 el derecho al debido proceso de las partes, y que surtida la audiencia de rigor, a\u00fan existe la posibilidad de que se practique el inventario adicional igualmente previsto en la ley; respecto de la prejudicialidad, indic\u00f3 que para cuando se impetr\u00f3 la tutela, el Juzgado a\u00fan estaba en t\u00e9rmino para pronunciarse y por tanto el resguardo es prematuro (fls. 86 a 93, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La plante\u00f3 el querellante para insistir en que el accionado vulner\u00f3 sus derechos al realizar la audiencia de inventarios y decretar de la partici\u00f3n, pues omiti\u00f3 resolver lo pertinente frente a la \u00abrenuncia o revocatoria a un poder\u00bb, y se abstuvo de ordenar la suspensi\u00f3n del proceso pese a que \u00abconoc\u00eda de fondo la existencia de una indagaci\u00f3n penal adelantada con base en una denuncia por mi presentada contra la demandada y sus apoderadas\u00bb (fls. 103 y 104, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2. Bajo tales premisas, correspondiendo determinar si el Juzgado acusado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del accionante, al disponer la continuidad del liquidatorio y concretamente adelantar la audiencia de que trata el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo de primer grado que neg\u00f3 el amparo, porque no se configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad que sea capaz de quebrantar la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n

2.1. En efecto, para que el Despacho accionado adoptara la decisi\u00f3n censurada por el ahora accionante, tuvo en cuenta que la audiencia se ven\u00eda aplazando a petici\u00f3n del demandante, atendiendo similar argumento al que ahora suscitaba, esto es, que carec\u00eda de apoderado judicial y por ende de defensa t\u00e9cnica en la evacuaci\u00f3n de tal acto procesal, el que inicialmente debi\u00f3 surtirse el 12 de septiembre de 2017, seg\u00fan convocatoria realizada por auto del 24 de julio de dicha anualidad (fl. 63, ib\u00edd.). N\u00f3tese que en esa oportunidad, el demandante pidi\u00f3 aplazar la diligencia por no encontrarse presente su abogado, y a ello se accedi\u00f3 fijando para ello el 24 de octubre de 2017 (fl. 68, \u00eddem). <\/p>\n

Observ\u00f3 tambi\u00e9n el querellado que en la fecha anteriormente prevista (24 de octubre de 2017), el hoy reclamante anunci\u00f3 al Juzgado que su apoderado no asistir\u00eda a la audiencia y por tanto volvi\u00f3 a solicitar \u00abel aplazamiento\u00bb, expresando que debido a esa situaci\u00f3n \u00abme permito revocarle el poder conferido\u00bb y que no ten\u00eda con dicho abogado \u00abninguna obligaci\u00f3n pecuniaria\u00bb (fl. 70, ib.), y que en tal virtud, por auto dictado al d\u00eda siguiente, se\u00f1al\u00f3 el 16 de noviembre del mismo a\u00f1o, a fin de llevar a cabo la referida diligencia (fl. 71, cit.). <\/p>\n

Del mismo modo, tuvo en cuenta que el 7 de noviembre de 2017, el apoderado en comento, tras indicar que no pudo acudir a la audiencia \u00abpor problemas de \u00edndole personal\u00bb, pidi\u00f3 al Juzgado \u00abaceptar la revocatoria del poder hecho por el demandante\u00bb y que \u00abtanto mi poderdante como mi persona quedamos libres de obligaciones nacidas del poder revocado\u00bb (fl. 72, cd. 1). <\/p>\n

2.2. Seg\u00fan lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no configura una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta excepcional v\u00eda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio razonable, frente a la cual no procede la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Al respecto es necesario reiterar que mientras las determinaciones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, en la medida en que: \u00abeste mecanismo no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC10869-2017, 25 jul. 2017, rad. 01406-01). <\/p>\n

En similar sentido la Corte ha venido reiterando que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada entre otras en STC123-2018, 18 ene. 2018, rad. 00859-01). <\/p>\n

En este orden, como la decisi\u00f3n que se censura no comprende defecto alguno de procedibilidad de la protecci\u00f3n deprecada, y en tales condiciones, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n

3. Ahora, en lo que ata\u00f1e a los efectos perseguidos por el demandante con ocasi\u00f3n de la presentaci\u00f3n de una \u00abincapacidad m\u00e9dica\u00bb, as\u00ed como la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por una \u00abprejudicialidad penal\u00bb que planteara su nuevo apoderado judicial, derivada de la existencia de una denuncia penal formulada, entre otras, contra la demandada en dicho liquidatorio, se proh\u00edja el an\u00e1lisis y conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el fallador constitucional de primer grado en cuanto a que la queja en tal sentido no alcanza a superar el requisito de subsidiariedad por evidenciarse prematura. <\/p>\n

Lo anterior en la medida en que conforme a lo manifestado por la funcionaria accionada, corroborado por el Tribunal a trav\u00e9s de la inspecci\u00f3n judicial practicada al expediente el 13 de diciembre de 2017 y las copias de las piezas procesales adosadas al expediente (fls. 49, 50 y 80, ib\u00eddem), para cuando se defini\u00f3 la primera instancia en esa senda excepcional, lo resuelto por el acusado sobre esa tem\u00e1tica no hab\u00eda sido siquiera notificado por estado a las partes porque la foliatura no estaba a su disposici\u00f3n, y por tanto pod\u00eda ser objeto de los medios ordinarios de defensa judicial legamente establecidos. <\/p>\n

Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha dicho que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, porque ese proceder es contrario a su car\u00e1cter subsidiario, y en tal virtud: <\/p>\n

\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6172-2015, 21 may. 2015, rad. 00163-01, reiterada, entre otras en STC16050-2017, 4 oct. 2017, rad. 00287-01). <\/p>\n

En este orden, mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los puntos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez constitucional no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, pues la tutela no es una instancia alterna a la ordinaria, ni puede verse al juez de la salvaguarda como un operador adicional de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el juicio.
\nSobre el tema la Corte reitera que: \u00ab\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC21632-2017, 15 dic. 2017, rad. 02906-01, entre otras). <\/p>\n

4. Por \u00faltimo, sobre la posibilidad de conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), y porque esa modalidad de salvaguarda, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n

4. Corolario de las consideraciones dadas en precedencia, se impone ratificar la desestimaci\u00f3n del amparo, porque frente a la queja por haberse adelantado la audiencia de inventarios, no se muestra vulnerador de derecho fundamental alguno al no constituir defecto espec\u00edfico de procedibilidad, y segundo, porque las dem\u00e1s reclamaciones pueden ser discutidas al interior del proceso, torn\u00e1ndose prematura la salvaguarda. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1935-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00290-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101499","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101499"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101499\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}