{"id":101503,"date":"2026-07-01T18:12:29","date_gmt":"2026-07-01T18:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101503"},"modified":"2026-07-01T18:12:29","modified_gmt":"2026-07-01T18:12:29","slug":"stc1939-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1939-2018\/","title":{"rendered":"STC1939-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1939-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2017-00480-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 12 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Antonio L\u00e1zaro Salcedo contra la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV- y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los convocados, porque, en su orden, no ha acatado lo ordenado en un fallo de tutela a su favor, ni ha gestionado lo pertinente para que tal disposici\u00f3n constitucional se cumpla. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expuso que como consecuencia de una salvaguarda impetrada contra la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, mediante fallo de segunda instancia proferido el 14 de junio de 2017, el Tribunal concedi\u00f3 a la accionada \u00abun t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de que se realice la recepci\u00f3n de documentos, para incluir al accionante y su n\u00facleo familiar en la lista de priorizados, bajo el presupuesto de la anualidad vigente para la entrega de reparaciones administrativas destinadas a v\u00edctimas dispuestas en el decreto 1084 de 2015\u00bb, y en un lapso no mayor a 30 d\u00edas \u00abofrecer informaci\u00f3n (\u2026) que le permita tener conocimiento del turno o fecha aproximada en que reciba el valor correspondiente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que el 24 de agosto de 2017 present\u00f3 un incidente de desacato ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad, quien luego de varios requerimientos a la entidad demandada, dijo que con base en el auto A-206 de 2017 proferido por la Corte Constitucional, la UARIV contaba \u00abhasta el 31 de diciembre de 2017 para cumplir con el fallo de acuerdo al orden prioridad que adopte\u00bb, pero desconoci\u00f3 que ello no aplica \u00aben los casos excepcionales en los que los solicitantes se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad\u00bb, como lo es el suyo \u00abpor padecer VIH-SIDA\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que tras haberse abierto a tr\u00e1mite el referido incidente desde el 11 de septiembre de 2017, la entidad accionada \u00ablleva m\u00e1s de 5 meses eludiendo tal cumplimento inmediato\u00bb y el Juzgado \u00abse ha negado a que se cumpla\u00bb la sentencia que concedi\u00f3 el amparo. <\/p>\n

3. Pretende que por esta v\u00eda se ordene a la autoridad judicial accionada \u00abque falle sin m\u00e1s dilaci\u00f3n el incidente de desacato\u00bb, y a la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, \u00abel pago de mi indemnizaci\u00f3n individual de manera inmediata\u00bb (fls. 1 a 7, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

La funcionaria judicial accionada, inform\u00f3 que abri\u00f3 a tr\u00e1mite el incidente el 11 de septiembre de 2017, corri\u00f3 traslado a la incidentada \u00abpara que explicara los motivos por los que no ha dado a\u00fan cumplimiento al fallo de tutela\u00bb, y para establecer quien deb\u00eda atender la orden, el 14 de noviembre dispuso \u00abINTEGRAR por pasiva en el presente tr\u00e1mite incidental a la REPRESENTANTE MISIONAL \u2013 DIRECCI\u00d3N DE REPARACIONES de la UARIV (\u2026)\u00bb; que en aplicaci\u00f3n al auto 206 de 2017 emitido por la Corte Constitucional, orden\u00f3 priorizar el caso, y el 4 de diciembre de 2017, \u00aborden\u00f3 abrir a pruebas\u00bb el incidente \u00abpor el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas\u00bb, por lo que \u00abno se ha cometido irregularidad alguna en el tr\u00e1mite de ese procedimiento y que se viene actuando en derecho\u00bb (fls. 71 y 72, ib\u00eddem). <\/p>\n

El Tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio aduciendo que si bien \u00abun incidente de desacato debe resolverse en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas contados a partir de su apertura, no es menos cierto que todo depende del caso en concreto, es por ello que se establece casos excepcional\u00edsimos, en los cuales el Juez puede exceder dicho t\u00e9rmino, y en el asunto de marras se evidencia, que dadas las consideraciones alegadas por la entidad incidentada, se hace necesario la pr\u00e1ctica de pruebas y mayor valoraci\u00f3n de los fundamentos que se alegan, a efectos de no violentar derechos fundamentales colectivos\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que para obligar a la entidad accionada a cumplir de manera inmediata el fallo de tutela, se cuenta con el incidente de desacato, el cual \u00aba\u00fan no ha culminado\u00bb y por ello la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad; por \u00faltimo, neg\u00f3 la compulsa de copias para investigar a los funcionarios accionados (fls. 74 a 81, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La impetr\u00f3 el promotor del resguardo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar (fls. 88 a 99, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.
\nPor regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2. En trat\u00e1ndose de tutela contra decisiones adoptadas al interior de un incidente de desacato de resoluci\u00f3n proferida en acci\u00f3n de similar rango constitucional, se hace necesario abordar su impertinencia, en la medida que: <\/p>\n

\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n

En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n

Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01, y STC14036-2017, 8 sep. 2017, rad. 00289-01. <\/p>\n

De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n

Seguidamente ese alto tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14), y m\u00e1s recientemente, recogiendo sus propios precedentes mediante sentencia SU-627\/15, entre otras conclusiones, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab\u2026Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude\u00a0(Fraus omnia corrumpit);\u00a0y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb.
\n\u00a0
\nSobre el punto esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia, cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n

3. Bajo las anteriores premisas, frente a la eventual vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del accionante porque no se ha sancionado al representante legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, por desacato al fallo de tutela proferido a su favor el 14 de junio de 2017 (fls. 17 a 21, ib\u00edd.), la Sala proh\u00edja el estudio y conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal a-quo, en cuanto a que las explicaciones dadas por la autoridad accionada para no haber resuelto a\u00fan el correspondiente incidente (rad. 2017-00159), obedecen a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por ende no censurable por esta excepcional senda. <\/p>\n

Esto por cuanto, ante la innegable complejidad que acarrea atender con rigurosidad el pago a una inmensa cantidad de v\u00edctimas del conflicto armado, al punto que en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004, mediante auto 206 del 28 de abril de 2017 la Corte Constitucional defini\u00f3 que la querellada no pod\u00eda ser declarada en desacato a las \u00f3rdenes de tutela sino a partir del \u00ab31 de diciembre de 2017\u00bb y \u00abde acuerdo al orden prioridad que adopte\u00bb. <\/p>\n

4. En este orden, comoquiera que en este asunto no se conoce a\u00fan la definici\u00f3n del incidente, en el cual debe realizarse la ponderaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n allegados para concluir si el destinatario de la orden de tutela atendi\u00f3 o no su cumplimiento, no es factible establecer cuestionamiento frente a esa concreta actuaci\u00f3n, y en lo atinente al plazo para resolver se ha establecido que existen especiales circunstancias que justifican la tardanza, por lo que no habr\u00e1 lugar a conceder el resguardo implorado. <\/p>\n

Empero, coligiendo que desde cuando se dict\u00f3 el fallo de primer grado a la fecha, ha transcurrido un lapso suficiente para que el juzgador a quien legalmente se le atribuy\u00f3 la funci\u00f3n de controlar y ejecutar el fallo de tutela, con sustento en los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente haya verificado si se produjo o no desacato a lo ordenado por el Tribunal Superior de Barranquilla el 14 de junio de 2017 dentro de la tutela n\u00ba 2017-00159, se exhortar\u00e1 a la funcionaria judicial para que, de no haberlo hecho para el momento en que reciba notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a definir el incidente impetrado por el ac\u00e1 accionante, atendiendo las disquisiciones dadas en esta instancia. <\/p>\n

5. Finalmente, se niega la solicitud de compulsar copias para que se adelanten investigaciones de \u00edndole disciplinaria y\/o penal contra los funcionarios de la entidad inicialmente accionada, ya que sobre el punto la Corte ha dicho que si el interesado en tal actuaci\u00f3n \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, y STC8993-2017, 22 jun. 2017, rad. 00254-01, entre otras). <\/p>\n

6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone ratificar el fallo proferido por el fallador de primer grado, pero exhortando a la autoridad judicial ac\u00e1 accionada, para que proceda de conformidad con lo anotado en precedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

EXHORTAR a la Juez Segunda Promiscuo de Familia de Soledad, para que de no haber hecho para cuando reciba notificaci\u00f3n de este fallo, con sujeci\u00f3n al precedente jurisprudencial y dem\u00e1s discurrido en la parte motiva, proceda a resolver de fondo el incidente de desacato promovido por el se\u00f1or Jes\u00fas Antonio L\u00e1zaro Salcedo respecto del auxilio concedido en segunda instancia el 14 de junio de 2017, dentro de la salvaguarda con radicaci\u00f3n 2017-00159. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n\u00b0 08001-22-13-000-2017-00480-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1939-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2017-00480-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}