{"id":101504,"date":"2026-07-01T18:12:49","date_gmt":"2026-07-01T18:12:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101504"},"modified":"2026-07-01T18:12:49","modified_gmt":"2026-07-01T18:12:49","slug":"stc1940-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1940-2018\/","title":{"rendered":"STC1940-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

STC1940-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2017-00737-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 12 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Teresa Rend\u00f3n Henao y Lina Mar\u00eda Londo\u00f1o Rend\u00f3n contra el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el Divisorio n\u00ba 2000-00609. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, las solicitantes reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada al decretar el desistimiento t\u00e1cito dentro del litigio antes referido.
\n2. En s\u00edntesis, expusieron que en el pleito tendiente a obtener la divisi\u00f3n de un predio, al cual acudieron como sucesoras procesales de su padre Sergio Londo\u00f1o Gaviria, tras haberse indicado que al no haberse dado el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n no se requer\u00eda el \u00absecuestro\u00bb del bien previo a su remate, el Juzgado, atendiendo \u00abcausas de dilaci\u00f3n\u00bb promovidas por la parte demandada, el 10 de agosto de 2017 las requiri\u00f3 para que realizaran dicho \u00abtr\u00e1mite indebido\u00bb. <\/p>\n

Adujo que estando por resolver una solicitud para que se fijara fecha para la subasta, tras el anterior requerimiento, el 11 de octubre de 2017 el acusado declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, aduciendo \u00abinactividad\u00bb de la actora, lo que, en su criterio, es inexistente. <\/p>\n

3. Pretenden que \u00abse deje sin efecto\u00bb el auto que dispuso el desistimiento t\u00e1cito (fls. 3 a 8, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El funcionario accionado se opuso a lo pretendido, aduciendo que \u00abno se configuran los requisitos para la procedencia de este tipo de acci\u00f3n\u00bb ya que \u00abno se agotaron los recursos de ley (\u2026) que proced\u00edan contra el citado auto, el cual y por dicha raz\u00f3n, para el momento se encuentra ejecutoriado\u00bb (fl. 24, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio implorado al considerar que el amparo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que las accionantes no mostraron inconformidad alguna contra las decisiones aqu\u00ed censuradas, pues no recurri\u00f3 \u00abni el auto del 17 de agosto de 2016 que dispuso aplicar el art\u00edculo 411 de CGP y ordenar el secuestre del inmueble previo a la diligencia de remate, ni el prove\u00eddo del 10 de agosto de 2017 por el que se requiri\u00f3 impulsar el proceso dentro de los 30 d\u00edas siguientes surtiendo la diligencia de secuestro, como tampoco el auto del 11 de octubre de 2017 que decreta el desistimiento t\u00e1cito\u00bb (fls. 37 a 39, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el mandatario judicial de los reclamantes para insistir en que hubo una indebida interpretaci\u00f3n de las normas procedimentales, ya que en el asunto en cuesti\u00f3n no proced\u00eda el secuestro previo al remate del bien, y que para aplicar el desistimiento t\u00e1cito, el querellado debi\u00f3 verificar que se cumpliera lo exigido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que la inactividad del demandante hubiera sido de un a\u00f1o, y en su caso solo \u00abhan transcurrido 3 meses\u00bb (fls. 51 a 56, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC4885-2017, 6 abr. 2017, rad. 00398-01, entre otras). <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. Bajo tales premisas, la Corte respaldar\u00e1 el fallo denegatorio del auxilio, porque \u00e9ste no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad, precisando que tal impedimento de procedibilidad surge porque los demandantes dejaron de emplear los recursos previstos ordinariamente en la ley, lo cual configura incuria. <\/p>\n

Ciertamente, el comportamiento procesal de la parte actora, no abre camino a la protecci\u00f3n excepcional invocada, en tanto previamente a intentar la tutela, no se dirigieron ante el juzgador de instancia para poner de presente su pretensi\u00f3n, y mucho menos demostraron que habi\u00e9ndola realizado, hubiesen obtenido una respuesta desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad.
\nLo anterior por cuanto de la inspecci\u00f3n que realizara el Tribunal a-quo al expediente, se estableci\u00f3 que al igual que ocurri\u00f3 con la orden de practicar el secuestro previo del inmueble objeto de divisi\u00f3n, las accionantes no agotaron los recursos ordinariamente previstos en la ley para controvertir las decisiones que antecedieron a la declaraci\u00f3n de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

En efecto, ni el auto proferido por el acusado el 10 de agosto de 2017, requiriendo a la parte actora para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, impulsara el tr\u00e1mite procesal gestionando lo pertinente para viabilizar el remate del bien, cual era materializar su secuestro, ni el dictado el 11 de octubre de la misma anualidad, mediante el cual decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito, fueron atacados a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso), pues sabido es que contra esa decisi\u00f3n cab\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, sin que para tal omisi\u00f3n medie justificaci\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n

Sobre la desatenci\u00f3n en el uso de dicho medio de impugnaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo: \u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada en STC11979-2014, 5 sep., rad. 00138-01 y STC5747-2017, 26 abr. 2017, rad. 00164-01). <\/p>\n

Adicionalmente, la advertida negligencia se evidencia una vez m\u00e1s, porque contra el auto cuyos efectos jur\u00eddicos se duelen las accionantes, era susceptible del recurso de apelaci\u00f3n conforme a lo preceptuado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 321 del actual estatuto adjetivo, ya que refiere a una decisi\u00f3n que pone fin al proceso. <\/p>\n

En este orden, no surge viable pretender que la queja constitucional provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria. Al respecto, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuanto se prescinde de hacer uso de las herramientas jur\u00eddicas legalmente previstas: <\/p>\n

3. Ahora, frente a la posibilidad de conceder el resguardo como mecanismo transitorio, la Corte no encuentra que se hayan configurado las m\u00ednimas exigencias de gravedad, urgencia e inminencia intervenci\u00f3n del juez excepcional, y en tales condiciones, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n

4.\tCorolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el amparo solicitado, al evidencia que contra las determinaciones que dicen afectar las prerrogativas fundamentales de los demandantes, no agotaron los medios ordinarios de defensa judicial y por tanto el auxilio no logra superar el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA STC1940-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2017-00737-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 12 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101504","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101504\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}