{"id":101505,"date":"2026-07-01T18:13:05","date_gmt":"2026-07-01T18:13:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101505"},"modified":"2026-07-01T18:13:05","modified_gmt":"2026-07-01T18:13:05","slug":"stc1941-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1941-2018\/","title":{"rendered":"STC1941-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC1941-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-01776-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de octubre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Flober Larrahondo Manchola contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en nombre propio, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia y resocializaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas.
\n2.\tExpuso que purga una pena de 186 meses de prisi\u00f3n que le impuso el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes, decisi\u00f3n que apelada se halla surtiendo esa instancia ante el Tribunal Superior de ese Distrito. <\/p>\n

Acudi\u00f3 al Juez del proceso solicitando la sustituci\u00f3n de la \u00abmedida intramural o libertad provisional\u00bb con fundamento en la Ley 1786 de 2016, petici\u00f3n negada por el referido Funcionario el 28 de julio de 2017, y en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales el 13 de septiembre, posterior, bajo el argumento que, como la restricci\u00f3n de la libertad del procesado es en virtud de una sentencia de condena, no es aplicable la normativa que invoca. <\/p>\n

Acusa las anteriores determinaciones de afectar su debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia, por cuanto desconocen los falladores que si bien est\u00e1 cumpliendo una condena \u00aben la apelaci\u00f3n u otro recurso yo pudiera salir absuelto, lo cual es violatorio a todas luces\u00bb, derechos que la Corte Constitucional protegi\u00f3 en sentencia C-221 de 2017, y la cual debe ser considerada por \u00abfavorabilidad\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia pide \u00abse ordene al Tribunal Superior de Manizales anular lo actuado por la Juez Primero Penal del Circuito de Manizales, y en su lugar despachar la petici\u00f3n de libertad provisional o sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento intramural a un juez con funciones de control de garant\u00edas, quien es el indicado para resolver las peticiones que tengan con una medida de aseguramiento\u00bb (ff. 1 a 25, cd. 1).
\nRESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juez Primero Penal del Circuito de Manizales, relacion\u00f3 las incidencias procesales del asunto que tuvo bajo su conocimiento por el punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes en la modalidad de conservar, al respecto precis\u00f3 que dict\u00f3 sentencia contra el aqu\u00ed accionante el 4 de agosto de 2015, imponiendo pena de 186 meses de prisi\u00f3n; la decisi\u00f3n fue apelada y hasta ahora no ha sido resuelta por el Superior. <\/p>\n

Sobre la petici\u00f3n concreta de libertad provisional, indic\u00f3 que la neg\u00f3 en auto de 28 de julio de 2017 al considerar que no era procedente tal figura porque no \u00abse est\u00e1 en presencia de una medida de aseguramiento, sino de una sanci\u00f3n punitiva (\u2026)\u00bb, inform\u00f3 que dicho prove\u00eddo fue ratificado por el Tribunal (f. 35, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos reprochados fueron razonables y no se advierten contrarios a los mandatos constitucionales y legales, por el contrario, realizaron \u00abun an\u00e1lisis objetivo (\u2026) del contexto normativo que permiti\u00f3 determinar la improcedencia de la libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos del accionante, an\u00e1lisis que independientemente de que sea compartido o no por esta Corporaci\u00f3n (\u2026) examin\u00f3 todas las cuestiones sometidas a su consideraci\u00f3n, sin que se configure un yerro de entendimiento manifiesto u ostensible, que justifique la intervenci\u00f3n del Juez de tutela\u00bb (ff. 49 a 61, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante, insistiendo en los argumentos del escrito inicial y censurando el fallo constitucional de primer grado porque no se tuvo en cuenta los fundamentos de la sentencia C-221 de 2017 de la Corte Constitucional, por el contrario se acogi\u00f3, desconociendo el principio de favorabilidad, \u00abla jurisprudencia m\u00e1s negativa para el procesado, en este caso como lo es la sentencia 49734 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb (ff. 66 a 71, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016). <\/p>\n

2.\tEn el asunto sub examine, el reclamo constitucional se dirige contra las decisiones proferidas por el Juzgado Penal accionado \u2013 17 de julio de 2017 \u2013 y su superior funcional \u2013 13 de septiembre de 2017 \u2013 que negaron al actor la concesi\u00f3n de la libertad \u00abpor vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n

Si bien el reclamo se enfila contra los prove\u00eddos de ambas instancias, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 al del 13 de septiembre, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, por cuanto fue el que en \u00faltimas defini\u00f3 el tema planteado. <\/p>\n

3.\tRes\u00e1ltese desde ya, esa finalidad desborda el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de tutela, la cual se encuentra instituida como mecanismo judicial de car\u00e1cter residual y restringido, por lo que su ejercicio se encuentra supeditado a la inexistencia, improcedencia o inutilidad de los dem\u00e1s instrumentos procesales que para cada jurisdicci\u00f3n ha creado el legislador. Adem\u00e1s, de que no constituye un medio supletivo de las falencias de las partes durante el litigio de sus derechos en los procesos judiciales. <\/p>\n

Ahora bien, las cr\u00edticas elevadas contra el proferimiento en cita, se circunscriben a endilgar lo que califica el censor como una desatenci\u00f3n al principio de favorabilidad, al cuestionar que \u00ab(\u2026) el Tribunal Superior de Manizales dej[\u00f3] de aplicar en su decisi\u00f3n principios fundamentales de la ley penal, como son el principio de favorabilidad (\u2026). Sin embargo, ese no es el \u00fanico par\u00e1metro disponible; los principios prohomine y de igualdad de trato cumplen una funci\u00f3n muy similar, como se ha dicho anteriormente las causales de libertad provisional o sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento contemplados en la sentencia C-221 de 2017, as\u00ed como en la Ley 1786 de 2016 y 1760 de 2015, son una especificaci\u00f3n del derecho al plazo razonable. Al ser esa una garant\u00eda fundamental internacionalmente protegida, adquiere relevancia el principio prohomine (\u2026) para el presente caso los juzgadores debieron adoptar la interpretaci\u00f3n extensiva, es decir, la norma de derechos humanos se debe aplicar en el sentido que brinde m\u00e1s protecci\u00f3n a la persona privada de la libertad y en el sentido que menos restrinja los derechos del procesado de manera que optimice el disfrute de los mismos. De igual forma y seg\u00fan el principio prohomine, se debi\u00f3 aplicar la norma que brinda m\u00e1s amplitud en favor del procesado o sea la Ley 1786 de 2016 y la sentencia C-221, mismas que son favorables para el procesado (\u2026)\u00bb (ff. 20 a 22, ib.). <\/p>\n

Sin embargo, esos argumentos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, ya que claramente se evidencia que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n al de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, prop\u00f3sito que resulta ajeno a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n

As\u00ed, la Colegiatura acusada para negar la prerrogativa liberatoria pedida por el sentenciado sostuvo: <\/p>\n

\u00abContrario a lo que le reclama al Juez de conocimiento cuando dicta la sentencia condenatoria de primera instancia, en tanto que en este momento se hace imperativa la encarcelaci\u00f3n del sentenciado incluso, por virtud del art\u00edculo 450 del C.P.P., desde el anuncio del sentido del fallo deber\u00e1 ser recluido porque ya no es requerido como una cautela, sino para que comience a purgar la pena que le ha sido impuesta. Tal criterio no es novedoso y puede encontrarse en decisiones como la STP16383-2015 (rad. 465184), en la cual se lee: <\/p>\n

\u201cAntes las omisiones reiteradas de los jueces en materia de ejecuci\u00f3n de la sentencia, recuerda la Sala que en la sistem\u00e1tica procesal anterior (Ley 600 de 2000, art\u00edculo 188) la pena privativa de la libertad se ejecutaba desde el momento en que se profer\u00eda la sentencia, pero cuando se trataba de una persona a quien se le negaba el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y \u00e9sta se encontraba gozando de una libertad provisional, era necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su captura. <\/p>\n

La situaci\u00f3n es diferente en el nuevo esquema procesal enero le cual se ha advertido expresamente: art\u00edculo 450. (\u2026) Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podr\u00e1 disponer que contin\u00fae en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detenci\u00f3n es necesaria, de conformidad con las normas de este c\u00f3digo, el Juez la ordenar\u00e1 y librar\u00e1 inmediatamente la orden de encarcelamiento. <\/p>\n

Por mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los t\u00e9rminos de la Ley 906 de 2004 la ejecuci\u00f3n de la sentencia y las \u00f3rdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privaci\u00f3n de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia el fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta\u201d. <\/p>\n

De esta manera es que para esta Corporaci\u00f3n, resulta completamente atendible la Corte Suprema de Justicia al expresar que cuando un asunto se encuentra pendiente de la resoluci\u00f3n de la segunda instancia, el sentenciado no se encuentra privado de la libertad por medida de aseguramiento alguna, la que valga decir que solo es dable de solicitar mientras se adelanta el tr\u00e1mite de primera instancia, sin ser posible el reclamo de la imposici\u00f3n de una de ellas cuando el proceso se halla ante el juez de segundo nivel para resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n

(\u2026) Es por virtud entonces de lo precedente que esta Sala en esta oportunidad comparte que quienes han sido condenados y, por tanto, cuentan con una pena que han entrado a purgar mientras se desata la alzada, se apartan de aquellos que han sido detenidos como cautela para que el proceso avance sin contratiempos ni reveses. <\/p>\n

(\u2026) Postura que ciertamente contraviene el precedente constitucional fijado con la decisi\u00f3n de constitucionalidad C-221 de 2017, lo cual se entiende que no es una v\u00eda de hecho ni una visi\u00f3n caprichosa, sino un enfoque concienzudo que, como lo pregona la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acoge una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de normas penales especiales, apegados a la autonom\u00eda judicial que abre la puerta a que el derecho y su interpretaci\u00f3n no sea un absoluto inamovible, propio de sistemas r\u00edgidos y hasta desp\u00f3ticos sino un constante reflexionar. Como bien se lee en la sentencia C-621 de 2015: <\/p>\n

\u201c(\u2026) a pesar de la regla general de obligatoriedad del precedente judicial, siempre que el juez exprese contundentemente las razones v\u00e1lidas que lo llevaron a apartarse del precedente constitucional, su decisi\u00f3n ser\u00e1 leg\u00edtima y acorde a las disposiciones legales y constitucionales, como se ha determinado en distintas decisiones de esta Corporaci\u00f3n como T-446\/2013, T-082\/2011, T-194\/2011, que fueron reiteradas en la sentencia T-309\/2015 concluyendo lo siguiente: <\/p>\n

\u201cLa Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonom\u00eda e independencia en su actividad, al punto que si bien est\u00e1 obligado a respetar el precedente fijado por \u00e9l mismo y por sus superiores funcionales, tambi\u00e9n es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desaf\u00edos propios de la evoluci\u00f3n del derecho. En consecuencia, un juez puede apartarse v\u00e1lidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos an\u00e1logos, pues \u201csolo puede admitirse una revisi\u00f3n de un precedente si se es consciente de su existencia (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y v\u00e1lidas a la luz del ordenamiento jur\u00eddico y los supuestos f\u00e1cticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta v\u00e1lido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonom\u00eda e independencia de los operadores judiciales\u201d. <\/p>\n

Se avizora as\u00ed la posibilidad de que el Juez, aut\u00f3nomo en su ejercicio jurisdiccional pueda separarse del denominado precedente, incluso del constitucional, tal y como viene de verse y como ahora esta Sala lo hace en una decisi\u00f3n que, en todo caso- y en correspondencia con la Corte Constitucional- se discurre no desconoce en momento alguno la existencia, relevancia y obligaci\u00f3n de acatamiento de los l\u00edmites temporales a la duraci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva y las correlativas facultades de la judicatura en asegurar los fines del proceso mediante f\u00f3rmulas de cautela, pero que entiende que ello no puede abarcar a aquellos que, de acuerdo a un visi\u00f3n juiciosa e integral del actual sistema penal, no son privados de la libertad por una medida de aseguramiento, sino porque ya han sido sentenciados, con la posibilidad de que la pena que descuentan (as\u00ed como su responsabilidad penal) sea desmontada en sede de segunda instancia\u00bb (ff. 40 vto. a 48, \u00eddem). <\/p>\n

Conforme lo transcrito, no se advierte que la argumentaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n denunciada enfrente una lesividad a derechos o garant\u00edas del implicado, al explicar fundadamente las razones por las cuales, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Cierre de la justicia Penal, se apart\u00f3 de lo consignado en el pronunciamiento de la Corte Constitucional tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el actor, y el porqu\u00e9 considera inaplicable en su caso, las causales de libertad previstas en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, con las modificaciones introducidas por la Ley 1786 de 2016, bajo el entendido que aquellas no fueron previstas para quienes luego de haber sido vencidos en juicio (por lo menos en primera instancia) adquieren la calidad de sentenciados. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, se itera, la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza o subjetiva, y con independencia de que se comparta, la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. En ese sentido profusamente ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n

\u00abEntonces, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis acogida por esa autoridad, esa divergencia, per se, no es motivo para calificar sus decisiones como configurativas de v\u00eda de hecho, porque reiteradamente se ha dicho que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01 entre otras). <\/p>\n

4.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo desestimatorio de la salvaguarda. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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