{"id":101507,"date":"2026-07-01T18:13:53","date_gmt":"2026-07-01T18:13:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101507"},"modified":"2026-07-01T18:13:53","modified_gmt":"2026-07-01T18:13:53","slug":"stc1943-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1943-2018\/","title":{"rendered":"STC1943-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1943-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2017-03471-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de diciembre de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Gloria Elvira L\u00f3pez frente a los Juzgados Treinta y Siete Civil del Circuito y Veinticuatro Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad; siendo vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del juicio abreviado n\u00ba 2012-00199. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, la reclamante solicita la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por las autoridades judiciales acusadas al declarar probada, en ambas instancias, la excepci\u00f3n de pago parcial y seguir la ejecuci\u00f3n a favor de Leonor Rodr\u00edguez L\u00f3pez en contra suya y de Jos\u00e9 Vicente Guevara, por los c\u00e1nones de arrendamiento causados entre junio de 2011 a febrero de 2012 y noviembre de 2013 a enero de 2015. <\/p>\n

3. Pretende, en consecuencia, que se anulen los fallos cuestionados (fls. 2 a 8, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Juez Veinticuatro Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 su proceder y dijo que el referido documento, cuyo an\u00e1lisis echa de menos la peticionaria, s\u00f3lo vers\u00f3 sobre la entrega del predio y en el mismo no se dej\u00f3 constancia alguna sobre las obligaciones pendientes por c\u00e1nones de arrendamiento (fls. 13 a 17, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Juez Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad expuso que valor\u00f3 las pruebas \u00abcon base en las reglas de la sana cr\u00edtica y la evaluaci\u00f3n conjunta de los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n aportados al paginario\u00bb (fl. 19, ib.).
\nFALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque las providencias reprochadas fueron debidamente sustentadas con criterios de razonabilidad y se apoyaron en los elementos de demostraci\u00f3n obrantes en el expediente (fls. 28 a 30, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La querellante, actuando por intermedio de apoderado, insisti\u00f3 en que se ignor\u00f3 el alcance probatorio del acta de entrega del inmueble arrendado, pues, seg\u00fan su contenido literal \u00ablas partes se declaran satisfechas de la forma como se han cumplido todas las obligaciones mutuas\u00bb y no se mencion\u00f3 ninguna deuda pendiente (fl. 35 a 40, cit). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas al encontrar probada la excepci\u00f3n de pago parcial y ordenar seguir la ejecuci\u00f3n para el pago de c\u00e1nones de arrendamiento de Leonor Rodr\u00edguez L\u00f3pez contra Gloria Elvira L\u00f3pez y Jos\u00e9 Vicente Guevara. <\/p>\n

2. Las determinaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n

3. Si bien el reclamo se dirige contra las sentencias de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 9 de agosto de 2017 por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC7638, 9 jun. 2016). <\/p>\n

En ese orden, atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n objeto de estudio, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, el ad-quem concluy\u00f3 para ratificar la sentencia de primer grado, en lo que respecta al acta de entrega del inmueble, que \u00ab(\u2026) la misma s\u00f3lo liber\u00f3 a la demandada de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n del bien ordenada en la sentencia del 30 de octubre de 2015, y hacer unas precisiones sobre el pago de los servicios p\u00fablicos domiciliarios del fundo, que quedar\u00edan a cargo de la arrendataria hasta el momento en que se efect\u00fae la entrega (\u2026) sin embargo, en dicha acta nada se dijo en torno a la obligaci\u00f3n de pagar los c\u00e1nones de arriendo adeudados y que fue la causal demostrada en el fallo declarativo de la restituci\u00f3n de inmueble, ni tampoco del interrogatorio de parte absuelto por la actora se desprende aseveraci\u00f3n alguna que permita inferir la remisi\u00f3n o condonaci\u00f3n de la deuda por c\u00e1nones de arriendo no satisfecha por la demandada\u00bb <\/p>\n

Luego, indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) examinado el numeral 2\u00ba del documento visible a folio 16 del cuaderno de la ejecuci\u00f3n, su contenido es ambiguo, no es preciso en se\u00f1alar si lo consignado es la terminaci\u00f3n del contrato o del proceso de restituci\u00f3n de inmueble, y al margen de ello, es claro que el contrato se declar\u00f3 terminado con la sentencia y que con la entrega del predio que all\u00ed se plasm\u00f3 a favor de la aqu\u00ed demandante, se dio cumplimiento a una orden emitida por el juez de primer grado, sin haber quedado satisfecha la obligaci\u00f3n de pagar los c\u00e1nones de arriendo, lo cual legitimaba a la arrendadora a reclamar su soluci\u00f3n por la v\u00eda ejecutiva\u00bb (fls. 20 y 21, cd. 1). <\/p>\n

4. La Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un medio alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. Sobre el tema se ha puntualizado que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada STC2067, 27 de feb. 2015 rad. 2014-02055-01). <\/p>\n

Luego, aunque eventualmente pudiera disentirse de la providencia censurada, ello no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el auxilio, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ 21 jul. 1995, Rad. 2397 reiterado STC2067-2015, 25 feb. 2015). <\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria es anteponer su propio criterio al de los accionados y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que la desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
\nComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1943-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2017-03471-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}