{"id":101512,"date":"2026-07-01T18:15:16","date_gmt":"2026-07-01T18:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101512"},"modified":"2026-07-01T18:15:16","modified_gmt":"2026-07-01T18:15:16","slug":"stc1948-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1948-2018\/","title":{"rendered":"STC1948-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1948-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-01317-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 17 de enero de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Abel Mauricio Arias Cort\u00e9s contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil Municipal de esa capital y las partes en el juicio ordinario n\u00ba 2014-00346. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando por intermedio de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al resolver desestimar en segunda instancia las pretensiones dentro del pleito antes referido. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que instaur\u00f3 demanda contra Yolanda V\u00e1zquez para que se declarara la resoluci\u00f3n de un contrato de compraventa, porque pese a que la promitente vendedora se oblig\u00f3 a \u00abresponder por el saneamiento de la venta (\u2026) concurri\u00f3 a la notar\u00eda, pero solo para hacer presencia, pues no se (sic) estaba en condiciones de perfeccionar la promesa\u00bb, mientras que de su parte, la apoderada general que lo representar\u00eda como comprador \u00abno pudo llegar a la hora indicada\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que el juzgador de primera instancia, tras una \u00abamplia, razonada y fundada argumentaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, declar\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del dinero cancelado, pero, como consecuencia de la apelaci\u00f3n incoada por su contraparte, mediante fallo del 9 de junio de 2017, el accionado revoc\u00f3 la anterior resoluci\u00f3n y neg\u00f3 lo pretendido, incurriendo en \u00abdefectos factico, org\u00e1nico, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n y violaci\u00f3n de precedentes\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que se ordene al acusado \u00abdejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 09 de junio de 2017\u00bb, y en su lugar \u00abdicte una nueva que consulte los par\u00e1metros legales, jurisprudenciales, doctrinales y constitucionales (\u2026)\u00bb (fls. 2 a 7, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

No hubo pronunciamiento de parte del funcionario accionado ni de los vinculados a este tr\u00e1mite tutelar.
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la mandataria judicial del demandante para reiterar los argumentos de su queja constitucional, refutando que el Tribunal no puede dejar \u00aben el limbo\u00bb lo relacionado con el perjuicio que causa \u00abhaber entregado la suma de $30\u00b4000.000\u00bb, sin recibir contraprestaci\u00f3n (fls. 55 a 58, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2. Bajo tales premisas, correspondiendo determinar si el querellado, fungiendo como juzgador ad quem dentro del proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato n\u00b0 2014-00346, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del accionante, principalmente las derivadas del debido proceso, al revocar la sentencia estimatoria de pretensiones proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali el 19 de octubre de 2015, la Corte respaldar\u00e1 la negaci\u00f3n del amparo porque no advierte defecto espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantar la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

En efecto, revisado el reclamo constitucional y con observancia en las piezas procesales allegadas, en especial el fallo dictado por el acusado el 9 de junio de 2017 (fls. 23 a 26, ib\u00edd.), no se vislumbra que pueda dar como resultado la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, sino que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, por lo siguiente: <\/p>\n

De acuerdo a la decisi\u00f3n censurada y al contenido del recurso de apelaci\u00f3n, el problema jur\u00eddico comprend\u00eda determinar si \u00abel incumplimiento rec\u00edproco de las partes conduc\u00eda a la confrontaci\u00f3n de las culpas\u00bb tendiente a \u00abestablecer si hay compensaci\u00f3n de las mismas\u00bb o a descartar la resoluci\u00f3n del contrato deprecada, y que \u00abla prosperidad de la acci\u00f3n resolutoria exige que se verifique: i) la existencia de un contrato v\u00e1lido celebrado entre las partes, ii) Que el demandante hubiese cumplido con sus cargas o se hubiese allanado a cumplirlas y iii) Que la contraparte hubiese desatendido las prestaciones -correlativas a su cargo\u00bb, y que \u00aben todo caso, el incumplimiento deber\u00e1 aparecer como carente de justificaci\u00f3n y tender entidad y trascendencia suficientes para conducir a la resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Para resolver el anterior planteamiento, parti\u00f3 del supuesto de hecho probado y por ende carente de controversia en el juicio, seg\u00fan el cual \u00abla parte demandante dej\u00f3 de asistir en la fecha y hora se\u00f1aladas para otorgar la escritura de compraventa\u00bb, para seguidamente aseverar que \u00abtrat\u00e1ndose de un contrato preparatorio la obligaci\u00f3n espec\u00edfica que de \u00e9l surge para las partes es la concurrir a la celebraci\u00f3n eficaz del contrato prometido. As\u00ed, la no comparecencia en los t\u00e9rminos acordados tiene entidad y trascendencia suficientes para impedir la materializaci\u00f3n del acuerdo\u00bb. <\/p>\n

Ahondando en tal afirmaci\u00f3n, dijo que \u00abel incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratante que invoca la acci\u00f3n resolutoria es condici\u00f3n imprescindible para el \u00e9xito de su emprendimiento, as\u00ed lo ha establecido la jurisprudencia y la doctrina\u00bb, para lo cual cit\u00f3 aparte de un precedente de esta Corporaci\u00f3n que alude a la condici\u00f3n resolutoria contemplada en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, y que como la concurrencia de la demandada, seg\u00fan la certificaci\u00f3n notarial, \u00abno fue id\u00f3nea\u00bb ya que \u00abno tra\u00eda consigo el certificado de tradici\u00f3n ni el paz y salvo fiscal del inmueble y que el mismo permanec\u00eda embargado por decreto judicial\u00bb, ambos contratantes incumplieron lo pactado. <\/p>\n

3. Seg\u00fan lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no configura una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta excepcional v\u00eda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada, la cual no puede verse como caprichosa o arbitraria sino que obedece a un criterio razonable, frente a la cual no procede la intervenci\u00f3n del juez constitucional.
\nAl respecto es necesario reiterar que mientras las determinaciones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, en la medida en que: <\/p>\n

\u00abeste mecanismo no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC10869-2017, 25 jul. 2017, rad. 01406-01). <\/p>\n

En similar sentido la Corte ha venido reiterando que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada entre otras en STC123-2018, 18 ene. 2018, rad. 00859-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, esta Sala ha enfatizado en que en circunstancias como la ac\u00e1 descrita, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial, ya que, de un lado, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, reiterada en STC14142-2016, 5 oct. 2016, rad. 02667-00); y, de otro, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, citada en STC2770-2017, 2 mar. 2017, rad. 00122-01, entre otras). <\/p>\n

En este orden, como la decisi\u00f3n que se censura no comprende defecto alguno de procedibilidad de la protecci\u00f3n deprecada, y en tales condiciones, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n

4. Por \u00faltimo, sobre la posibilidad de conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), elementos que en este evento no se vislumbran y por tanto no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n

Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante la cual se deneg\u00f3 el resguardo implorado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1948-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-01317-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}