{"id":101513,"date":"2026-07-01T18:15:25","date_gmt":"2026-07-01T18:15:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101513"},"modified":"2026-07-01T18:15:25","modified_gmt":"2026-07-01T18:15:25","slug":"stc1949-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1949-2018\/","title":{"rendered":"STC1949-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC1949-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02158-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Organizaci\u00f3n Comercial Phoenix S.A.S. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de C\u00facuta, Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas Especializadas de Extinci\u00f3n de Dominio y la Fiscal\u00eda 63 Especializada de la misma Unidad Fiscal\u00edas, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Dinatrans S.A., el Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, la Unidad Nacional de Extinci\u00f3n de Dominio, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y la Fiscal\u00eda 1\u00b0 Seccional de Pamplona, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado 2016-80001 que se adelant\u00f3 contra Eduardo hurtado G\u00f3mez. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa Sociedad accionante, a trav\u00e9s de representante judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abactividad econ\u00f3mica e iniciativa privada\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

2.\tRefiri\u00f3 que la empresa compr\u00f3 la cartera de la concesionaria automotriz Dinatrans S.A., en la cual figuraba la obligaci\u00f3n adquirida por el se\u00f1or Eduardo Hurtado G\u00f3mez, quien retir\u00f3 a cr\u00e9dito un veh\u00edculo tipo cami\u00f3n de placas WGZ586, marca FAW, modelo 2014 con el compromiso de \u00abcancelar en 36 meses (\u2026) obligaci\u00f3n respaldada con el giro de 36 letras de cambio, cada una por la suma de $2\u2019125.000.\u00bb, al igual que suscribi\u00f3 un contrato de prenda sin tenencia de primer grado. <\/p>\n

Indic\u00f3 que, tras incurrir en mora, la Organizaci\u00f3n comercial promovi\u00f3 demanda ejecutiva mixta contra el deudor, la cual conoci\u00f3 el Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, que libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 el embargo y secuestro del automotor. <\/p>\n

Pero luego, el 6 de febrero de 2016, el se\u00f1or Hurtado G\u00f3mez fue detenido por la Polic\u00eda en inmediaciones del kil\u00f3metro 88 v\u00eda Bucaramanga \u2013 Pamplona transportando en el cami\u00f3n referenciado m\u00e1s de 372 kilogramos de marihuana, motivo por el cual fue capturado y el veh\u00edculo dejado a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n

Agrega que en el proceso penal que se inici\u00f3 por esos hechos, Hurtado G\u00f3mez acept\u00f3 cargos en la imputaci\u00f3n y fue condenado; por su parte la empresa inici\u00f3 un tr\u00e1mite incidental ante el Juzgado Penal de conocimiento, solicitando se dispusiera la entrega del cami\u00f3n gravado, petici\u00f3n que fue negada en ambas instancias. <\/p>\n

Aleg\u00f3 que los funcionarios judiciales para desestimar la pretensi\u00f3n se enfocaron en debatir qui\u00e9n ten\u00eda la propiedad del automotor y dejaron de lado \u00abel hecho concreto cual es el derecho que tiene la compa\u00f1\u00eda (\u2026) como acreedor prendario sin tenencia exento de culpa y que busca con la acci\u00f3n garantizar la obligaci\u00f3n contra\u00edda por el deudor (\u2026) pues carecer\u00eda de sentido buscar el embargo de un bien que no es del dominio de la persona ejecutada\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que acudi\u00f3 ante el Fiscal Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de C\u00facuta y ante la Unidad Nacional de esa misma especialidad, procurando obtener informaci\u00f3n sobre el bien incautado, pero las dos dependencias le contestaron de manera escueta que \u00aba la fecha no cursa tr\u00e1mite extintivo sobre el veh\u00edculo de placas WGZ586 sin que esto sea \u00f3bice para que el mismo sea requerido a futuro por otra Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas\u00bb. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que han demostrado \u00abque es un acreedor prendario exento de culpa, que no hay participaci\u00f3n en el punible del se\u00f1or hurtado G\u00f3mez y que (\u2026) ha sido un acreedor perjudicado econ\u00f3micamente\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia pide, \u00ab(i) se ordene a la Fiscal\u00eda Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio (\u2026) proceda con el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio del veh\u00edculo de placas WGZ586 de propiedad del sentenciado Hurtado G\u00f3mez y (\u2026) se vincule a Organizaci\u00f3n Comercial Phoenix SAS., en su calidad de tercero de buena fe exento de culpa (\u2026) [y] si el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n (\u2026) ya se realiz\u00f3, se decrete la nulidad del mismo y proceda a ordenar nuevamente su ejecuci\u00f3n (\u2026) notificando a los terceros de buena fe; (ii) se ordene a la Fiscal\u00eda Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio (\u2026) o la autoridad competente, poner a disposici\u00f3n del Juzgado 68 Civil Municipal de Bogot\u00e1, donde cursa proceso ejecutivo mixto [contra] Hurtado G\u00f3mez (\u2026) el veh\u00edculo objeto de comiso con el fin de que el Despacho proceda a ordenar el secuestro y posterior remate del bien objeto de garant\u00eda real (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 18, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Juez Penal del Circuito de Pamplona, inform\u00f3 que en su despacho respecto del C.U.I. 54172-61-06096-2016-80001 se efectuaron dos tr\u00e1mites distintos: incidente de solicitud de entrega definitiva de veh\u00edculo promovido por la empresa Phoenix SAS, petici\u00f3n que fue desestimada el 20 de junio de 2016, luego confirmada por el Tribunal el 13 de octubre del mismo a\u00f1o; y el proceso penal que se sigui\u00f3 contra Eduardo Hurtado G\u00f3mez por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, donde se profiri\u00f3 sentencia de condena el 22 de noviembre de 2016 en la que tambi\u00e9n se dispuso el decreto de comiso del veh\u00edculo cami\u00f3n de placas WGZ586 (ff. 120 y 121, ib\u00eddem). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda al concluir que la Compa\u00f1\u00eda tutelante desperdici\u00f3 la oportunidad procesal pertinente para cuestionar la decisi\u00f3n que decret\u00f3 el comiso del veh\u00edculo que reclama, esto es, la sentencia condenatoria que se dict\u00f3 contra Eduardo Hurtado G\u00f3mez, al respecto se\u00f1al\u00f3: \u00ab(\u2026) le correspond\u00eda a la referida organizaci\u00f3n intervenir como tercero una vez m\u00e1s, para reclamar de la judicatura y obtener una respuesta sobre tu inter\u00e9s como tercero a partir de la decisi\u00f3n definitiva adversa. Por lo tanto, es notorio el silencio de parte de la tutelante, que impone concluir que dej\u00f3 vencer esa oportunidad o teni\u00e9ndola a su disposici\u00f3n, rehus\u00f3 ejercerla\u00bb (ff. 128 a 137, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la Sociedad querellante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, insistiendo en los argumentos del escrito inicial, adicionalmente alega que no puede tenerse como negligente su proceder respecto de la actuaci\u00f3n penal \u00absino que no existe como yal un proceso en tr\u00e1mite que permita a esta Sociedad la oportunidad de hacer valer sus derechos tal (\u2026)\u00bb y que adem\u00e1s ha acudido a la Fiscal\u00eda Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio a indagar sobre el tr\u00e1mite que le corresponde frente al bien, pero no ha obtenido respuesta (ff. 466 a 487, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n

En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

El referido incidente se surti\u00f3 ante el Juez de conocimiento que en primera instancia neg\u00f3 la solicitud el 20 de junio de 2016 (ff. 33 a 38, ib.), decisi\u00f3n que apelada, la confirm\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, Sala \u00danica, mediante auto de 13 de octubre de 2016 (ff. 60 a 73, \u00eddem), y es frente a estas determinaciones que se advierte suficientemente tard\u00edo el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional, por cuanto, la presente tutela fue radicada el 1\u00ba de diciembre de 2017, esto es, si se toma como punto de referencia la \u00faltima de las providencias en cita, transcurridos m\u00e1s de 13 meses sin que la Compa\u00f1\u00eda afectada activara dentro del tiempo que la jurisprudencia de esta Corte estableci\u00f3 como plazo razonable, el mecanismo de amparo. Frente a la oportunidad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n

3.\tPor otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte de la empresa accionante en participar de la actuaci\u00f3n penal que se sigui\u00f3 contra Eduardo Hurtado G\u00f3mez, y espec\u00edficamente, de la sentencia condenatoria (22 de noviembre de 2016 \u2013 ff. 77 a 80, \u00edd.) en la cual se resolvi\u00f3 sobre la suerte definitiva del automotor perseguido. La apelaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n se constitu\u00eda adem\u00e1s en el escenario propicio para plantear los cuestionamientos frente a la disposici\u00f3n del bien mueble, sin embargo, pese a tener pleno conocimiento del tr\u00e1mite judicial, no compareci\u00f3 a la diligencia de lectura de fallo, luego no efectu\u00f3 ning\u00fan tipo de reparos a dicho prove\u00eddo, lo cual, tal como la Sala a quo advirti\u00f3, evidencia una total inactividad en la relevante oportunidad de debate que esa providencia representaba frente a sus intereses particulares. Sobre la omisi\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

4.\tFinalmente, en torno al procedimiento que demanda la actora, esto es, el proceso de extinci\u00f3n de dominio donde eventualmente podr\u00eda hacer valer sus prerrogativas, huelga precisar que, se trata de un tema de resorte exclusivo de la Fiscal\u00eda Especializada, a la que le corresponde definir si dicho tr\u00e1mite procede, aun cuando judicialmente se haya decretado el comiso del bien incautado, es decir, se resalta, no es al juez constitucional a quien le ata\u00f1e resolver esa cuesti\u00f3n porque no significar\u00eda otra cosa distinta que interferir y asumir competencias y funciones que le son ajenas, inherentes al Ente investigador, quien cuenta con mejores elementos de juicio, considerando que es el facultado para adelantar la investigaci\u00f3n y determinar la viabilidad del tr\u00e1mite reclamado. <\/p>\n

5.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1949-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02158-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 14 de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101513","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101513"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101513\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}