{"id":101524,"date":"2026-07-01T18:17:45","date_gmt":"2026-07-01T18:17:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101524"},"modified":"2026-07-01T18:17:45","modified_gmt":"2026-07-01T18:17:45","slug":"stc1962-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1962-2018\/","title":{"rendered":"STC1962-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1962-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00229-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por C\u00e9sar Hernando Rodr\u00edguez Ramos frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente contra el magistrado Carlos Alberto Romero S\u00e1nchez, con ocasi\u00f3n del juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea adelantado por Beatriz Elena Davis Vel\u00e1squez, Claudia Constanza Sandoval Arias, Maricela Claros Polanco, Humberto Mafla Cifuentes, Carlos Hern\u00e1n Arango Oramas y Sa\u00fal Henr\u00edquez Garc\u00eda al Condominio Campestre Las Mercedes P.H. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. C\u00e9sar Hernando Rodr\u00edguez Ramos propone este auxilio en nombre propio y reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n

2. De lo consignado en el escrito contentivo del ruego constitucional y de las pruebas aportadas en estas diligencias, se colige que el citado se\u00f1or actu\u00f3 como apoderado judicial de la parte convocante dentro del litigio materia de esta salvaguarda. <\/p>\n

Al desatar el remedio horizontal, el a quo revoc\u00f3 la providencia recurrida para en su lugar, rechazar la demanda verbal de impugnaci\u00f3n de actas \u201cen atenci\u00f3n a que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de caducidad\u201d consagrado en la regla 382 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

El anterior prove\u00eddo fue confirmado por el tribunal querellado al desatar la apelaci\u00f3n deprecada por el extremo all\u00e1 actor. <\/p>\n

3. El se\u00f1or Rodr\u00edguez Ramos cuestiona por esta v\u00eda la determinaci\u00f3n del ad quem, por cuanto, en criterio del tutelante, \u201cEnmarcar la caducidad exeg\u00e9ticamente [en el] art\u00edculo 382 del C.G.P., hace que se transgreda el debido proceso que consigna el art\u00edculo 47 de la Ley 675 de 2001 (\u2026) [y las reglas] 29, 228 y 229 de la C.N. (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Luego de asegurar que tambi\u00e9n ataca al tribunal por no haber desatado todos los aspectos en los cuales se fundaron \u201clos recursos que obran en el plenario (sic)\u201d; transcribe in extenso esos t\u00f3picos supuestamente preteridos por el colegiado. <\/p>\n

4. Pide revocar la providencia confutada y dar curso a la memorada demanda. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Indic\u00f3 que en la decisi\u00f3n criticada esboz\u00f3 las \u201crazones de orden jurisprudencia y legal\u201d para zanjar el caso en la forma en la cual lo hizo y manifest\u00f3 remitirse a esas apreciaciones. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSin dificultad se advierte la improcedencia del resguardo por ausencia de legitimaci\u00f3n de C\u00e9sar Hernando Rodr\u00edguez Ramos para rebatir cuestiones atinentes al juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea adelantado por Beatriz Elena Davis Vel\u00e1squez, Claudia Constanza Sandoval Arias, Maricela Claros Polanco, Humberto Mafla Cifuentes, Carlos Hern\u00e1n Arango Oramas y Sa\u00fal Henr\u00edquez Garc\u00eda al Condominio Campestre Las Mercedes P.H., por cuanto en aqu\u00e9l no fungi\u00f3 como parte o tercero debidamente reconocido. <\/p>\n

En torno a la gesti\u00f3n cumplida en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o en lo concerniente a prove\u00eddos dictados dentro de \u00e9sta, la Corte ha estimado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.\tSe destaca, si la pretensi\u00f3n del se\u00f1or Rodr\u00edguez Ramos se dirige a obtener la salvaguarda de las prerrogativas de Beatriz Elena Davis Vel\u00e1squez, Claudia Constanza Sandoval Arias, Maricela Claros Polanco, Humberto Mafla Cifuentes, Carlos Hern\u00e1n Arango Oramas y Sa\u00fal Henr\u00edquez Garc\u00eda, de igual modo carece de legitimaci\u00f3n, pues no cuenta con poder especial para actuar en nombre de \u00e9stos ni adujo raz\u00f3n alguna en aras de justificar la imposibilidad de aquellos para acudir a este decurso directamente. <\/p>\n

Este mecanismo extraordinario es un instrumento procesal preferente y sumario, establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica con el prop\u00f3sito de que cada persona por s\u00ed misma, mediante apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus garant\u00edas fundamentales, si \u00e9stas resultan vulneradas o amenazadas por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares. <\/p>\n

Cuando se ejerce por representante, apoderado o agente oficioso es imperativo, en el segundo evento, anexar el respectivo poder y acreditar la calidad de abogado titulado, y, en el \u00faltimo, manifestar la circunstancia que le impide al prohijado promover su propia defensa. En el asunto actual, no se cumple ninguna de esas opciones. <\/p>\n

Sobre el comentado aspecto, esta Corporaci\u00f3n siguiendo la doctrina constitucional ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u2018cualquier persona\u2019 puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u2018vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u2019, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u2018vulnerados o amenazados\u2019 aquellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u2018dispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n

\u201c(i)\tPor s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado. <\/p>\n

\u201c(ii)\tA trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas. <\/p>\n

\u201c(iii)\tPor intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea.
\n\u201c(iv)\tMediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u2018cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa (\u2026)\u2019. <\/p>\n

\u201cAgrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Igualmente, la regla 93 ej\u00fasdem, estipula: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

4. Sin m\u00e1s disquisiciones el auxilio deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por C\u00e9sar Hernando Rodr\u00edguez Ramos frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente contra el magistrado Carlos Alberto Romero S\u00e1nchez, con ocasi\u00f3n del juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea adelantado por Beatriz Elena Davis Vel\u00e1squez, Claudia Constanza Sandoval Arias, Maricela Claros Polanco, Humberto Mafla Cifuentes, Carlos Hern\u00e1n Arango Oramas y Sa\u00fal Henr\u00edquez Garc\u00eda al Condominio Campestre Las Mercedes P.H. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1962-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-00229-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00229-00 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

Magistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de \t21 \tde enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01.
\n2CSJ \tSTC. Sentencia de 13 de diciembre de 2011, Rad. \t13001 \t22 13 000 2011 00284 02.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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