{"id":101532,"date":"2026-07-01T18:19:38","date_gmt":"2026-07-01T18:19:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101532"},"modified":"2026-07-01T18:19:38","modified_gmt":"2026-07-01T18:19:38","slug":"stc1973-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1973-2018\/","title":{"rendered":"STC1973-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1973-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-00202-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Jairo Santana Castro frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Gil, integrada por los magistrados Javier Gonz\u00e1lez Serrano, Carlos Augusto Pradilla Tarazona y Yasm\u00edn Angarita Builes, con ocasi\u00f3n del juicio de pertenencia adelantado por Zoraida y Crist\u00f3bal Rinc\u00f3n Cort\u00e9s a Pedro Agust\u00edn D\u00edaz Hern\u00e1ndez, Pedro, Celmira, Jos\u00e9, Celina, Cristian y Myriam Pereira Franco. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El petente aduciendo la \u201ccalidad de defensor de los bienes p\u00fablicos amparados en el Decreto 196 de 19711 art\u00edculos 28 y 29\u201d, asegura interponer esta protecci\u00f3n por la presunta falencia en la cual incurri\u00f3 la corporaci\u00f3n querellada al emitir fallo en el referido asunto. <\/p>\n

2. Agrega que en el litigio ahora criticado, el a quo decret\u00f3 la pertenencia reclamada por la demandante pero solo respecto del 50% del predio objeto de las pretensiones. <\/p>\n

La anterior decisi\u00f3n fue modificada por el colegiado atacado en el sentido de declarar al extremo convocante due\u00f1o total del inmueble materia de usucapi\u00f3n. <\/p>\n

Afirma que conforme al respectivo folio de matr\u00edcula, el bien ra\u00edz \u201ctiene una falsa tradici\u00f3n en la sucesi\u00f3n de Pedro Agust\u00edn D\u00edaz desde el a\u00f1o 1952\u201d. <\/p>\n

Manifiesta que de acuerdo con las Leyes 137 de 1959 y 388 de 1988, el citado \u201c(\u2026) predio es bald\u00edo y (\u2026) no [es] objeto de prescripci\u00f3n\u201d, aspecto \u00faltimo desconocido por el ad quem, quien de \u201cmanera abierta e injusta\u201d despoj\u00f3 al municipio de Cabrera, Santander, de ese inmueble, caus\u00e1ndole con ello \u201c(\u2026) un gran detrimento patrimonial\u201d. <\/p>\n

3. Pide anular el fallo de segundo grado. <\/p>\n

4. Por auto de 8 de febrero pasado, se invalid\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en este ruego por no haber sido enterado del mismo al citado ente territorial. <\/p>\n

El documento visible a folio 48, evidencia que ese defecto ya fue subsanado. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El amparo deprecado por Jairo Santana Castro se denegar\u00e1, por ausencia del principio inmediatez, pues la sentencia confutada se dict\u00f3 el 15 de julio de 2014, y el auxilio se deprec\u00f3 tard\u00edamente el 29 de enero de 2018, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s tres (3) a\u00f1os de proferido ese pronunciamiento, t\u00e9rmino que supera ampliamente el estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a tan especial herramienta. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2. <\/p>\n

Si el quejoso se demor\u00f3 para formular esta acci\u00f3n, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a los tutelados y con repercusi\u00f3n directa en garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

Es palmario que Santana Castro resolvi\u00f3 voluntariamente dejar transcurrir el tiempo sin ejercer el comentado mecanismo, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del mismo, pues el amparo fue creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.). <\/p>\n

2. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma como tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

As\u00ed como por la regla 93 ej\u00fasdem, al estipular: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3. Los argumentos glosados son suficientes para desestimar la salvaguarda deprecada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jairo Santana Castro frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial San Gil, integrada por los magistrados Javier Gonz\u00e1lez Serrano, Carlos Augusto Pradilla Tarazona y Yasm\u00edn Angarita Builes, con ocasi\u00f3n del juicio de pertenencia adelantado por Zoraida y Crist\u00f3bal Rinc\u00f3n Cort\u00e9s a Pedro Agust\u00edn D\u00edaz Hern\u00e1ndez, Pedro, Celmira, Jos\u00e9, Celina, Cristian y Myriam Pereira Franco. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1973-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-00202-00 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00202-00 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tArt\u00edculo 28: \u201cPor \texcepci\u00f3n se podr\u00e1 litigar en causa propia sin ser \tabogado inscrito, en los siguientes casos:\u00a01o. \tEn ejercicio del derecho de petici\u00f3n y de las acciones \tp\u00fablicas consagradas por la Constituci\u00f3n y las \tleyes.\u00a02o. En los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda.\u00a03o. \tEn las diligencias administrativas de conciliaci\u00f3n y en los \tprocesos de \u00fanica instancia en materia laboral.\u00a04o. En \tlos actos de oposici\u00f3n en diligencias judiciales o \tadministrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de \tbienes, posesi\u00f3n de minas u otros an\u00e1logos. Pero la \tactuaci\u00f3n judicial posterior a que de lugar la oposici\u00f3n \tformulada en el momento de la diligencia\u00a0deber\u00e1 ser \tpatrocinada por abogado inscrito, si as\u00ed lo exige la ley\u201d.
\nArt\u00edculo \t29: \u201cTambi\u00e9n \tpor excepci\u00f3n se podr\u00e1 litigar en causa propia o \tajena, sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos: 1o. \tEn los asuntos de que conocen los funcionarios de polic\u00eda que \tse ventilen en municipios que no sean cabecera de circuito y en \tdonde no ejerzan habitualmente por lo menos dos abogados inscritos, \tcircunstancia que har\u00e1 constar el funcionario en el auto en \tque admita la personer\u00eda.\u00a02o. \tEn la primera instancia en los procesos de menor cuant\u00eda que \tse ventilen en municipios que no sean cabecera de circuito y en \tdonde no ejerzan habitualmente por lo menos dos abogados inscritos. \tEl juez har\u00e1 constar esta circunstancia en el auto en que \tadmita la personer\u00eda.\u00a0Se entiende que un abogado ejerce \thabitualmente en un municipio cuando atiende all\u00ed oficina \tpersonalmente y de manera regular, aunque no resida en \u00e9l\u201d.\u00a0
\n2 \tCSJ STC de \t2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros \tpronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n3 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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