{"id":101540,"date":"2026-07-01T18:20:49","date_gmt":"2026-07-01T18:20:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101540"},"modified":"2026-07-01T18:20:49","modified_gmt":"2026-07-01T18:20:49","slug":"stc1989-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1989-2018\/","title":{"rendered":"STC1989-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1989-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03287-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela instaurada por Mar\u00eda Catalina Micolta Portocarrero, a nombre propio y en representaci\u00f3n de su hermano interdicto Juan Camilo Micolta Portocarrero, en contra de los Juzgados Sesenta y Uno Civil Municipal Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario \u201cLa Picota\u201d, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, la Polic\u00eda Nacional y la Fiscal\u00eda Ciento Sesenta y Siete Seccional, todos de esta capital, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de bien inmueble\u201d iniciado por los aqu\u00ed gestores respecto de Oliverio y Luz Nancy Garc\u00eda Alarc\u00f3n.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante suplica, para s\u00ed y su agenciado, la protecci\u00f3n de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por los querellados. <\/p>\n

2. Mar\u00eda Catalina Micolta Portocarrero sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 92 a 99): <\/p>\n

Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 dict\u00f3 fallo favorable a las pretensiones; no obstante, asegura que no se ha dado la restituci\u00f3n all\u00e1 deprecada, pues en el inmueble inmiscuido habita Pedro Nel Guti\u00e9rrez Ojeda, quien mediante \u201camenazas, intimidaciones y artima\u00f1as\u201d ha impedido ese acto. <\/p>\n

Adem\u00e1s, informa que el referido se\u00f1or se encuentra gozando de \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d en ese predio, <\/p>\n

\u201c(\u2026) y por lo tanto, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha sido posible que ni el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias (sic), ni el Inpec, ni La Picota, ni el Juez Sesenta y Uno Civil Municipal, ni el Inspector de Polic\u00eda, realicen el respectivo traslado del sujeto, por cuanto cada entidad tiene su excusa, v\u00e1lida o no, para no cumplir con sus obligaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora amparar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Mediante auto de 26 de julio de 2017, se le revoc\u00f3 al sentenciado Pedro Nel Guti\u00e9rrez Ojeada, [la prisi\u00f3n domiciliaria], el cual, en su parte resolutiva contiene la orden de traslado del sentenciado, una vez esta quedara en firme, lo que se dio el pasado 14 de noviembre de 2017, (\u2026) [y] se ofici\u00f3 al establecimiento La Picota, para que pudiese hacer efectivo el traslado del condenado a dicho establecimiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]o pertinente al traslado del sentenciado del lugar de residencia al establecimiento, a cargo de este despacho fue realizado cabalmente mediante las actuaciones que nos competen, es del Inpec, en este caso el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, darle cumplimiento a la orden de traslado (\u2026)\u201d (fls. 116 a 120). <\/p>\n

2. Por fuera del t\u00e9rmino concedido, el Juez Sesenta y Uno Civil Municipal asegur\u00f3 estar \u201c(\u2026) a la espera del traslado efectivo del se\u00f1or Guti\u00e9rrez Ojeda a donde disponga la autoridad correspondiente, para proceder de manera inmediata a realizar la entrega del predio a los accionantes (\u2026)\u201d (fls. 432 y 433). <\/p>\n

3. En escritos separados, la Fiscal\u00eda Ciento Sesenta y Siete Seccional, la Sala Disciplinaria accionada, la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 y la Polic\u00eda Nacional, las tres \u00faltimas extempor\u00e1neamente, deprecaron su desvinculaci\u00f3n, alegando no tener injerencia en el comentado asunto (fls. 134 a 139, 359 a 361, 362 a 363 y 364 a 388, respectivamente). <\/p>\n

4. Intempestivamente, la Inspecci\u00f3n 3C Distrital de Polic\u00eda y el Inpec allegaron memoriales realzando la legalidad de su proceder (fls. 164 a 357 y 389 a 393). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N] o existe protecci\u00f3n que dispensar, habida cuenta que de conformidad con lo expuesto por el Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, mediante auto de 26 de julio de 2017, (\u2026) resolvi\u00f3 (\u2026) revocar la prisi\u00f3n domiciliaria al sentenciado Pedro Nel Guti\u00e9rrez Ojeda. (\u2026) Entonces, como (\u2026) la anterior decisi\u00f3n qued\u00f3 en firme el 14 de noviembre de 2017, el supuesto de hecho que dio origen a esta acci\u00f3n desapareci\u00f3 y, en consecuencia, ces\u00f3 el quebrantamiento de la garant\u00eda reclamada (\u2026)\u201d (fls. 140 a 143). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora precisando, en concreto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o obstante haber una confirmaci\u00f3n de la providencia mediante la cual se revoc\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria al sujeto que osa en burlar a los funcionarios judiciales y sus decisiones, no obra un oficio en el que de manera perentoria se le ordene a los funcionarios competentes, Inpec y Picota, el traslado del mismo y por supuesto ninguna prueba de que el traslado se hubiere dado (\u2026)\u201d (fls. 474 a 476). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Mar\u00eda Catalina Micolta Portocarrero persigue mediante este auxilio se disponga lo pertinente para lograr reubicar a Pedro Nel Guti\u00e9rrez Ojeda en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, y la posterior entrega, a ella y a su agenciado, del inmueble reclamado a trav\u00e9s del comentado subex\u00e1mine. <\/p>\n

2. Delanteramente, es pertinente se\u00f1alar que seg\u00fan lo informado por el Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, el 14 de noviembre de 2017, cobr\u00f3 firmeza la determinaci\u00f3n mediante la cual se revoc\u00f3 la \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d inicialmente conferida al aludido se\u00f1or, estando pendiente en la actualidad de conducir a la penitenciaria correspondiente. <\/p>\n

3. Lo expuesto permite deducir el fracaso de la salvaguarda deprecada, pues el despacho de ejecuci\u00f3n de penas rese\u00f1ado emiti\u00f3 la providencia pretendida por los hoy querellantes, por tanto, pese a estar a la espera de concretarse tal mandato, ello no implica el quebranto isufundamental alegado, pues, previo a materializarse, es necesario llevar a cabo diferentes actuaciones administrativas y judiciales para conducir al all\u00e1 condenado a la c\u00e1rcel respectiva. <\/p>\n

Inclusive, revisado el estado del expediente penal de Guti\u00e9rrez Ojeda, aqu\u00e9l present\u00f3 el 26 de enero de 2018, una petici\u00f3n para lograr se le otorgue nuevamente la \u201clibertad condicional\u201d, la cual a\u00fan no ha sido resuelta (fl. 3 cdno. Corte). <\/p>\n

4. Por lo discurrido, aun cuando le asiste raz\u00f3n al extremo tutelante en lo tocante a la demora presentada para la entrega del bien de su propiedad, lo cierto es, los estrados jurisdiccionales atacados est\u00e1n obrando diligentemente en la tramitaci\u00f3n de los asuntos de su conocimiento. <\/p>\n

No obstante, se exhortar\u00e1 a las autoridades judiciales y administrativas convocadas para que, en lo de su competencia, trasladen cuanto antes a Guti\u00e9rrez Ojeda al establecimiento penitenciario pertinente o al lugar dispuesto por el juez de ejecuci\u00f3n de penas, si resuelve conceder el beneficio de \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d y, luego de ello, al juez civil municipal, llevar a cabo la restituci\u00f3n echada de menos por los hoy actores. <\/p>\n

5. Es importante precisar, en este tipo de casos, le corresponde al juez constitucional ponderar los derechos que le asisten, por una parte, a quienes en sentencias proferidas en procesos civiles les reconocieron prerrogativas, tales como, por ejemplo, la propiedad o la restituci\u00f3n de la tenencia; y, por la otra, los de los condenados o imputados en causas penales que gocen de subrogados, medidas o beneficios extramurales tales como libertad condicional, prisi\u00f3n domiciliaria o vigilancia electr\u00f3nica. <\/p>\n

Adicionalmente, le ata\u00f1e a los funcionarios judiciales penales verificar con sumo cuidado el lugar de permanencia de un recluso cuando ha sido acreedor de alguno de los citados beneficios, para que no se presenten situaciones como la planteada en este resguardo, en la cual, de alguna manera, a una ciudadana ajena al pleito penal se le est\u00e1 supeditando el ejercicio de sus potestades respecto de un bien suyo. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos1 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nY, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19692, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

7. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: EXHORTAR a los funcionarios accionados para que procedan seg\u00fan lo previsto en el ac\u00e1pite 4\u00b0 de consideraciones de la presente providencia. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n2 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n3 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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