{"id":101544,"date":"2026-07-01T18:21:25","date_gmt":"2026-07-01T18:21:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101544"},"modified":"2026-07-01T18:21:25","modified_gmt":"2026-07-01T18:21:25","slug":"stc1996-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1996-2018\/","title":{"rendered":"STC1996-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1996-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00312-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aceites y Cacaos del Sur S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con garant\u00eda real impulsado por Bancolombia S.A. respecto de la aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n

2. De las manifestaciones de la petente y de la informaci\u00f3n vertida en el expediente, se extraen como fundamentos del reclamo, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n

2.1. Bancolombia S.A. present\u00f3 el 19 de octubre de 2016, demanda coercitiva con t\u00edtulo hipotecario frente a Aceites y Cacaos del Sur S.A.S., radicada bajo el n\u00famero 2016-0086-00. <\/p>\n

2.2. El 25 de octubre ulterior, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco libr\u00f3 el mandamiento de pago deprecado. <\/p>\n

2.3. Karen Pilar Guti\u00e9rrez G\u00f3ngora, quien fung\u00eda como apoderada judicial de la entidad financiera all\u00ed impulsora, le facilit\u00f3 a Benjam\u00edn Nicol\u00e1s Rankin Bol\u00edvar, representante legal de la ejecutada, un documento a trav\u00e9s del cual \u00e9ste plasmaba su intenci\u00f3n de enterarse, por \u201cconducta concluyente\u201d, de la orden de apremio, y la renuncia de los t\u00e9rminos para excepcionar o recurrir. <\/p>\n

2.4. Relata que el 15 de noviembre de esa anualidad recibi\u00f3 \u201caviso\u201d, en donde se le indicaba la existencia del juicio compulsivo, raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 al estrado convocado, advirtiendo que desde el 22 de septiembre anterior se le hab\u00eda tenido por notificada \u2013por \u201cconducta concluyente\u201d- de la iniciaci\u00f3n de las diligencias. <\/p>\n

3. Las precedentes decisiones, en sentir de la querellante, son ilegales y comportan la violaci\u00f3n de sus garant\u00edas porque nunca fue su voluntad desistir de los plazos para defenderse ni menos informarse de la acci\u00f3n impetrada en contra suya. <\/p>\n

4. Con estribo en lo narrado exige, en concreto, anular las diligencias surtidas con posterioridad al auto mediante el cual se libr\u00f3 el mandamiento de pago (fl. 4). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

1. El juzgador atacado expres\u00f3 desconocer los hechos base del auxilio; indic\u00f3 que su gesti\u00f3n se limit\u00f3 a verificar las actuaciones obrantes en el plenario y a aplicar la ley (fls. 45-46). <\/p>\n

2. Karen Pilar Guti\u00e9rrez G\u00f3ngora, apoderada judicial de Bancolombia S.A., realz\u00f3 que la notificaci\u00f3n de la demandada se hizo con apego a lo dispuesto en el ordenamiento (fls. 35-37). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Tras recalcar que con ocasi\u00f3n de las irregularidades denunciadas por la petente era viable elevar solicitud de nulidad, desestim\u00f3 la salvaguarda (fls. 31-41). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la reclamante, quien adujo, en lo medular, que el amparo era procedente por cuanto (i) \u201cel \u00fanico remedio procesal para deprecar (sic) el documento elaborado por la apoderada judicial de (\u2026) Bancolombia, ser\u00eda tacharlo de falso, empero la oportunidad (\u2026) ya precluy\u00f3\u201d; y (ii) la nulidad no era el medio adecuado para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, \u201c(\u2026) a la luz del neo constitucionalismo (sic) que irradia nuestro ordenamiento jur\u00eddico, pues debe ser el Juez constitucional, el que intervenga (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El presente resguardo se cifra en determinar si con la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco se violentaron los derechos de la empresa Aceites y Cacaos del Sur S.A.S., al tenerla por enterada del auto mediante el cual se libr\u00f3 el apremio en el asunto criticado. <\/p>\n

2. Sin mayor dificultad, se avizora la improcedencia del amparo, por cuanto, bien lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, \u00e9ste no cumple el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n

2.1. Las notificaciones, es decir, las formas utilizadas para poner en conocimiento real (personales) o presuntivo (edicto, estado) de las partes, las providencias dictadas en el curso de un proceso, tienen como fundamento, lo ha decantado la Sala, el principio constitucional de que nadie puede ser condenado sin haber sido o\u00eddo \u2013y vencido- en un juicio1. <\/p>\n

2.2. Ante un defectuoso enteramiento del contenido de un auto o de una sentencia, el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios a trav\u00e9s de los cuales el litigante presuntamente afectado por esa indebida notificaci\u00f3n puede denunciar el yerro y, por intermedio del juzgador, conjurar ese vicio. <\/p>\n

A esa filosof\u00eda, precisamente, responde el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuya letra: <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3. Dicho lo anterior, el auxilio reclamado, como se adelant\u00f3, no tiene vocaci\u00f3n alguna de prosperidad, pues es palmario, a la fecha, la querellante no ha impetrado solicitud de invalidez de las actuaciones, donde exponga, ante el convocado, las circunstancias ahora ventiladas en sede de tutela. <\/p>\n

A ello deber\u00e1 proceder previo a acudir a esta acci\u00f3n residual, porque le compete a la autoridad cognoscente pronunciarse sobre la tempestividad de esa petici\u00f3n de nulidad y, de ser oportuna, definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus afirmaciones, y de hallarlas fundadas, adoptar de inmediato los correctivos pertinentes. <\/p>\n

La existencia de herramientas propicias para obtener el resguardo de los preceptos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al [funcionario competente], sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos (\u2026) o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. La aseveraci\u00f3n de la opugnadora, referente a ser inviable alegar, en el tr\u00e1mite de la nulidad, la falsedad del documento mediante el cual se perfeccion\u00f3 la notificaci\u00f3n por conducta concluyente, desde el punto de vista jur\u00eddico carece de todo fundamento. <\/p>\n

El inciso 4\u00ba del art\u00edculo 134 del Estatuto Procesal es claro en preceptuar que el juez resolver\u00e1 la petici\u00f3n de invalidez de las actuaciones \u201cprevio traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias\u201d. <\/p>\n

En ese orden, le es propio, en la oportunidad prenombrada, invocar la supuesta irregularidad del escrito mencionado, teniendo para el efecto la carga de respaldar sus afirmaciones con los elementos de convicci\u00f3n que considere pertinentes, y\/o contradecir los aducidos por su contraparte. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 el fallo examinado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1996-2018
\nRadicaci\u00f3n no. 52001-22-13-000-2017-00312-01
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible.
\nY mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa
\n1
\nq
\n2 ue la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n.
\nNo es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las
\ntutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general.
\nAdem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control.
\nNo desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos.
\nEs cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no
\n3 <\/p>\n

4 e puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola.
\nEs cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos.
\nLo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como "el bloque de constitucionalidad", que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la
\npr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas.
\nPor eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos.
\nCon todo respeto y acatamiento
\n– <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2017-00312-01
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb1, lo cual acontecer\u00e1
\ncen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente
\ncaso.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

_______________________
\n1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

5 <\/p>\n

1 \tCSJ. SC. Sentencia de 28 de febrero de 1958.
\n2 \tCSJ. Civil, sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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