{"id":101545,"date":"2026-07-01T18:21:40","date_gmt":"2026-07-01T18:21:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101545"},"modified":"2026-07-01T18:21:40","modified_gmt":"2026-07-01T18:21:40","slug":"stc1998-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1998-2018\/","title":{"rendered":"STC1998-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC1998-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-00896-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil diecisiete) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n impetrada contra la sentencia proferida el 16 de enero de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la tutela promovida por Ricardo Osma Fl\u00f3rez respecto de los Juzgados S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal y Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del amparo constitucional propuesto por el aqu\u00ed petente, en causa propia y agenciando a su c\u00f3nyuge Isabel Pastrana Moreno y a su descendiente Ricardo Osma Pastrana, frente a Mar\u00eda M\u00f3nica y Nathalia Torres Alarc\u00f3n. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El quejoso, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de su esposa Isabel Pastrana Moreno y su hijo Ricardo Osma Pastrana, exige la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales querelladas. <\/p>\n

2. Como soporte de su reclamo acota, en s\u00edntesis, que formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela frente a Mar\u00eda M\u00f3nica y Nathalia Torres Alarc\u00f3n, due\u00f1as de la unidad habitacional 401 del Conjunto Residencial Rueda Rueda P.H., a fin que se le permitiera seguir gozando de una servidumbre de aguas y acueducto constituida sobre dicho predio y a favor del apartamento 301 de la misma edificaci\u00f3n, cuya tenencia ostenta en calidad de arrendatario, interrumpida de manera \u201carbitraria, ilegal e intempestiva\u201d (fls. 24-34). <\/p>\n

En providencia de 15 de junio de 2017 (vista a fls. 121-125), el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga ampar\u00f3 sus derechos superiores, conminando a las acusadas a \u201creconectar\u201d el mencionado servicio. <\/p>\n

Relata que fruto de la impugnaci\u00f3n (fls. 130-132) interpuesta por las all\u00ed convocadas, en la cual \u00e9stas adujeron \u201cfalsamente\u201d haber vendido el inmueble 401 a Germ\u00e1n Humberto \u00c1vila Remolina, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, disponiendo el llamamiento del prenombrado sujeto (fl. 184). <\/p>\n

En fallo del 17 de agosto de 2017 (fls. 266-270), una vez rehechas las diligencias, se desestim\u00f3 el amparo constitucional; decisi\u00f3n confirmada el 21 de septiembre siguiente (fls. 234-236), al desatarse la apelaci\u00f3n propuesta. <\/p>\n

3. Narra que las resoluciones denegatorias del auxilio son ilegales, porque (i) se basaron en afirmaciones y pruebas manifiestamente fraudulentas, provenientes de las all\u00ed querelladas; y (ii) desconocieron el precedente de las \u201cAltas Cortes\u201d, sobre la importancia del derecho de acceso al agua. <\/p>\n

4. Con estribo en lo expuesto, exige, concretamente, se anulen las determinaciones dictadas en el decurso criticado (fls. 17-18). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

1. El juzgador del circuito atacado indic\u00f3 que no es procedente la \u201ctutela contra tutela\u201d (fl. 248). <\/p>\n

2. Mar\u00eda M\u00f3nica Torres Alarc\u00f3n se opuso a las pretensiones, relievando que vendi\u00f3 a Germ\u00e1n Humberto \u00c1vila Remolina el inmueble 301, y alegando la existencia de \u201ccosa juzgada\u201d constitucional (fls. 250-254); similares consideraciones esgrimi\u00f3 el aludido sujeto (fls. 360-362). <\/p>\n

3. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga manifest\u00f3 no haber violado prerrogativa fundamental alguna, porque nunca suspendi\u00f3 el referido servicio (fls. 267-275). <\/p>\n

4. Jos\u00e9 Jes\u00fas Solano, propietario del inmueble ocupado por el aqu\u00ed interesado, actuando por conducto de apoderada judicial, coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas del actor, expresando que se introdujeron al tr\u00e1mite criticado pruebas falsas y se hicieron declaraciones fraudulentas (fls. 276-284). <\/p>\n

5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Deneg\u00f3 el auxilio, arguyendo, esencialmente, que contra las acciones de amparo no cab\u00eda la tutela; tampoco hall\u00f3 irregularidad en la gesti\u00f3n de los estrados atacados. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que si el reclamante consideraba que la compraventa celebrada entre las se\u00f1oras Torres Alarc\u00f3n y Germ\u00e1n Humberto \u00c1vila era simulada, pod\u00eda impetrar demanda en tal sentido (fls. 367-379). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el vinculado Jos\u00e9 Jes\u00fas Solano, insistiendo en los argumentos vertidos en la contestaci\u00f3n de la tutela, y relievando la ilegalidad de las resoluciones de los jueces convocados. <\/p>\n

1. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDesde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de resguardo, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje, por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n

Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones, no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n

En aras de subsanar los eventuales yerros en los cuales se pueda incurrir en decursos de esta clase, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n

En lo atinente a este espec\u00edfico tema, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.\tExpuesto lo anterior, se colige el fracaso del amparo porque el solicitante critica de manera directa lo resuelto por los Juzgados S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal y Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de Bucaramanga, dentro de la salvaguarda otrora deprecada por \u00e9l frente a Mar\u00eda M\u00f3nica y Nathalia Torres Alarc\u00f3n. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u2018(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3. Fortalece la improsperidad del actual reclamo, que el petente a\u00fan cuenta con la revisi\u00f3n del fallo de tutela fustigado e, incluso, con el mecanismo de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir los argumentos aducidos por el juzgador querellado para desestimar ese auxilio, pues el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5. Por las razones trasuntadas, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC1998-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 68001-22-13-000-2017-00896-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00896-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de \t22 de agosto de 2008, exp. 01317-00.
\n2 \tCSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; \treiterada el 16 de agosto de 2013, exp. \t11001-02-03-000-2013-01773-00.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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