{"id":101552,"date":"2026-07-01T18:23:21","date_gmt":"2026-07-01T18:23:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101552"},"modified":"2026-07-01T18:23:21","modified_gmt":"2026-07-01T18:23:21","slug":"stc2008-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2008-2018\/","title":{"rendered":"STC2008-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2008-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00899-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 17 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mauricio Pinillos \u00c1lvarez contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario promovido por Guillermo Melo Sandoval, Carmen Emilia Pareja de Melo y Augusto Melo Pareja respecto de Luz Stella Mesa Rueda. <\/p>\n

1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n

2. De las declaraciones del promotor y de la informaci\u00f3n vertida en el expediente, se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n

2.1. Los se\u00f1ores Guillermo Melo Sandoval, Carmen Emilia Pareja de Melo y Germ\u00e1n Augusto Melo Pareja promovieron juicio compulsivo frente a Luz Stella Mesa Rueda, para el cobro de unas sumas representadas en un pagar\u00e9 y garantizadas con una hipoteca, constituida sobre los inmuebles identificados con matr\u00edculas n\u00fameros 300-86227 y 300-83228. <\/p>\n

2.2. El 11 de abril de 2014, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga dict\u00f3 el mandamiento de pago, ordenando el embargo y posterior secuestro de los aludidos predios. <\/p>\n

2.3. El 11 de diciembre del mismo a\u00f1o se orden\u00f3 su remate, verificado a instancias del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa ciudad, el 3 de noviembre de 2017. <\/p>\n

3. Tacha la subasta de irregular, aduciendo que (i) s\u00f3lo era necesaria la venta de una de las heredades, pues su producto resultaba suficiente para satisfacer la obligaci\u00f3n ejecutada; (ii) el aviso mediante el cual se convoc\u00f3 a dicha diligencia se hizo \u201c(\u2026) dos d\u00edas antes de la fecha se\u00f1alada por el juez del conocimiento para efectuar[la]\u00a0(\u2026)\u201d y, adem\u00e1s, la nomenclatura de los bienes no correspond\u00eda a su folio registral; y (iii) la enajenaci\u00f3n forzada se consum\u00f3 por menos de la mitad del valor real de las propiedades, gener\u00e1ndole graves perjuicios. <\/p>\n

4. Con estribo en lo narrado implora, en concreto, anular la comentada actuaci\u00f3n (fl. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n

1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3 que su gesti\u00f3n se ajust\u00f3 a lo dispuesto en la ley. Reliev\u00f3 adem\u00e1s que, contrario a lo sostenido por el impulsor, la licitaci\u00f3n se verific\u00f3 \u00fanicamente respecto de uno de los bienes cautelados (fl. 23); similares argumentos esgrimi\u00f3 Alba Osmay Castro Panqueva, adjudicataria del inmueble subastado, quien agreg\u00f3 que el auxilio era ostensiblemente dilatorio y temerario (fls. 25-27). <\/p>\n

2. El curador ad litem de Guillermo Melo Sandoval, Carmen Emilia Pareja de Melo y Germ\u00e1n Melo Pareja, designado para efectos de representarlos en este tr\u00e1mite tutelar, manifest\u00f3 desconocer los hechos base de la salvaguarda (fl. 41). <\/p>\n

3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Descart\u00f3 la temeridad del resguardo, tras avizorar que en anterior tutela, promovida a instancias del hoy petente y Luz Stella Mesa Rueda, no se controvirti\u00f3 la legalidad de la venta forzada, sino la reducci\u00f3n de las medidas decretadas. <\/p>\n

Subray\u00f3 la sinraz\u00f3n de las aseveraciones del interesado, en tanto de las diligencias auscultadas no se desprend\u00eda que ambas heredades hubieran sido rematadas. <\/p>\n

Frente a la supuesta equivocidad en la identificaci\u00f3n de los inmuebles, indic\u00f3 que este aspecto no fue puesto en consideraci\u00f3n, por parte del actor, ante el juzgador atacado. <\/p>\n

En concordancia con lo anterior, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada (fls. 42-47). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La impetr\u00f3 el promotor, quien a fuerza de insistir en los argumentos propuestos en el libelo genitor, agreg\u00f3 como hechos nuevos que (i) su esposa Luz Stella Mesa Rueda, demandada en el asunto, no era la propietaria de la totalidad de los bienes; (ii) la subasta no pod\u00eda verificarse sin dividir \u201cmaterialmente\u201d los mismos, porque en relaci\u00f3n con los predios embargados, que adem\u00e1s eran contiguos, se levantaba una sola edificaci\u00f3n; y (iii) en el juicio censurado no se cit\u00f3 al Banco de Bogot\u00e1 ni a Libardo Meza Rueda, titulares de derechos reales sobre las propiedades cauteladas (fls. 53-54). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Se descarta la temeridad del actual reproche, porque, como lo avizor\u00f3 el a quo constitucional, entre \u00e9ste y el amparo precedente no puede predicarse la existencia de igualdad de hechos, pues las circunstancias censuradas en el primigenio difieren del ahora en tr\u00e1mite. N\u00f3tese, en aquella oportunidad se discutieron los embargos materializados y aqu\u00ed se objeta la subasta. <\/p>\n

2.\tSin dificultad se advierte la improcedencia del resguardo por ausencia de legitimaci\u00f3n del opugnador para rebatir cuestiones atinentes al litigio coercitivo adelantado por Guillermo Melo Sandoval, Carmen Emilia Pareja de Melo y Augusto Melo Pareja respecto de Luz Stella Mesa Rueda, por cuanto aqu\u00e9l no fungi\u00f3 como parte o tercero debidamente reconocido. <\/p>\n

As\u00ed se desprende tanto del mandamiento de pago (fls. 6-7 cdno. Corte) como de la certificaci\u00f3n allegada por la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga (fls. 4-5 ib\u00eddem). <\/p>\n

Tampoco obra en este plenario, manifestaci\u00f3n alguna del interesado de la cual se colija que act\u00faa en representaci\u00f3n o como agente oficioso de su c\u00f3nyuge Luz Stella Mesa Rueda, quien s\u00ed ostenta la calidad de sujeto procesal y deudora hipotecaria en el decurso criticado. <\/p>\n

3. En torno a la gesti\u00f3n cumplida en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial ordinaria o en lo concerniente a prove\u00eddos dictados dentro de \u00e9sta, la Corte ha estimado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Es menester indicar que el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si bien establece: \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida [indistintamente por] cualquiera\u201d, el mismo precepto condiciona su legitimaci\u00f3n a la persona, natural o jur\u00eddica, directamente \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, a su representante o a su agente oficioso, no a los terceros. El mencionado canon normativo es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir quien vea \u201cvulnerados o amenazados\u201d sus derechos fundamentales. <\/p>\n

Sobre el particular esta Sala, respaldando la doctrina constitucional, ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC2008-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 68001-22-13-000-2017-00899-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos.
\nCon todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00899-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 21 \tde enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01.
\n2CSJ \tSTC 13 dic. 2011, Rad. \t13001 22 13 000 2011 \t00284 02.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n7 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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