{"id":101553,"date":"2026-07-01T18:23:28","date_gmt":"2026-07-01T18:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101553"},"modified":"2026-07-01T18:23:28","modified_gmt":"2026-07-01T18:23:28","slug":"stc2009-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2009-2018\/","title":{"rendered":"STC2009-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC2009-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2017-00234-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Yhordan Said Murcia Castillo contra el Juzgado de Familia de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y los dem\u00e1s intervinientes del juicio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana, de petici\u00f3n y al \u00abbuen nombre\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al invalidar todo lo actuado, y en consecuencia, rechazar la demanda, dentro del proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria que promovi\u00f3 contra Yeslibeth Bravo Mayo como representante del menor Juan Jos\u00e9 Murcia Bravo (JJMB). <\/p>\n

Por tal motivo exige para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado de Familia de Riohacha (Guajira), \u00abrevocar y modificar\u00bb el porcentaje de la cuota alimentaria que fue fijado en pret\u00e9rita oportunidad a su cargo, ante el rechazo de la demanda con que pretend\u00eda la reducci\u00f3n de \u00e9sta (fl. 15, cdno. 1). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que en el marco del litigio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que fue promovido en su contra por la se\u00f1ora Yeslibeth Bravo Amaya como progenitora de su menor hijo JJMB, se fij\u00f3 a favor de este \u00faltimo el valor correspondiente al 35% de su salario, suma que, dice, le han venido descontando mes a mes, pero considera elevada, raz\u00f3n por la cual inici\u00f3 el respectivo tr\u00e1mite de disminuci\u00f3n, el que correspondi\u00f3 conocer al Despacho criticado, quien lo admiti\u00f3 sin reparo alguno el 2 de junio de 2016. <\/p>\n

Aduce que no obstante lo anterior, y luego de haber trascurrido un a\u00f1o desde la interposici\u00f3n de la demanda, se invalid\u00f3 toda la actuaci\u00f3n mediante determinaci\u00f3n calendada 3 de marzo de 2017, tras advertirse que no se hab\u00eda cumplido con el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n, solicitando entonces la acreditaci\u00f3n del cumplimiento de tal exigencia, so pena de rechazar la demanda, a lo que procedi\u00f3 la autoridad judicial enjuiciada en providencia del d\u00eda 24 del mismo mes y a\u00f1o, circunstancias \u00e9stas por las cuales acude al presente mecanismo excepcional, pues independientemente del cumplimiento o no de las formas procesales, lo cierto es que, dice, el juez del conocimiento dej\u00f3 de valorar lo hechos fundantes de la solicitud de disminuci\u00f3n, entre los cuales puso de presente el nacimiento de otro hijo, quien, asegura, se encuentra claramente afectado por su incapacidad econ\u00f3mica (fls. 2 a 16, ejusdem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El Juez de Familia de Riohacha dando contestaci\u00f3n a la demanda de amparo, y luego de hacer un breve recuento de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n del litigio de reducci\u00f3n de cuota alimentaria censurado, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda instada por improcedente, al incumplirse con el presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este tipo de acciones, puesto que ninguna de las decisiones que se atacan por esta v\u00eda fueron controvertidas por el actor a trav\u00e9s de los recursos contemplados por el legislador para el efecto (fl. 56 a 59, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo pretendido, por cuanto revisadas las pruebas militantes en el expediente se pudo establecer el \u00abdescuido inexplicable por parte del apoderado del se\u00f1or MURCIA CASTILLO, puesto que am\u00e9n de haber iniciado el proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, radicado 44-0001-31-10-000-2016-00122-00, el adecuado para que ante el juez natural se solicite la revisi\u00f3n de la suma fijada, no hizo reparo alguno con los medios judiciales que la ley le brindaba para atacar el auto de 3 de marzo de 201[7] por medio del cual se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado y el de 24 de marzo de [ese mismo a\u00f1o] donde se rechazaba de plano la demanda, los cuales eran pasibles del recurso de reposici\u00f3n\u00bb (fls. 64 a 71, \u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El gestor de la salvaguarda replic\u00f3 lo resuelto, con similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial (fl. 79 a 96, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela fue consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica como mecanismo dirigido a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, otorg\u00e1ndosele un car\u00e1cter residual o subsidiario, en virtud del cual s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, ello en aras de respetar las competencias atribuidas por la Constituci\u00f3n y la ley a las diferentes autoridades judiciales; de esta manera, entonces, no es propio de esta acci\u00f3n especial ser un medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni una instancia adicional a las existentes. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se examina, se observa con vista en los medios de prueba obrantes en las diligencias, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional por el se\u00f1or Murcia Castillo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, tal y como pasa a verse: <\/p>\n

2.1.\tCursado el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria iniciado por la se\u00f1ora Yeslibeth Bravo Amaya en contra de Yhordan Said Murcia Castillo \u2013aqu\u00ed tutelante, se fij\u00f3 a favor del menor JJMB la suma correspondiente al 35% del salario percibido por el progenitor. <\/p>\n

2.2.\tCon posterioridad, el alimentante inici\u00f3 el respectivo tr\u00e1mite para lograr disminuir el monto que le fue fijado, demanda que fue admitida por el Juzgado de Familia de Riohacha el 2 de junio de 2016. <\/p>\n

2.3.\tEncontr\u00e1ndose el expediente al Despacho, mediante auto del 3 de marzo de 2017 se resolvi\u00f3 i) declarar la nulidad de las actuaciones surtidas a partir del auto admisorio de la demanda, luego de advertir que se hab\u00eda incumplido con el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n, ii) requiriendo al demandante para que acreditara el adelantamiento de la respectiva diligencia, o en su lugar, la constancia de inasistencia de la convocada, so pena de rechazar el libelo. <\/p>\n

2.4.\tVencido en silencio el respectivo t\u00e9rmino, por auto del d\u00eda 24 siguiente la sede judicial convocada rechaz\u00f3 la demanda de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria aludida. <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, y tal como lo divis\u00f3 el a quo constitucional, el aqu\u00ed interesado en una conducta constitutiva de incuria, no obstante haber sido notificado en debida forma de las decisiones que hoy reprocha, particularmente, de los autos a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, se invalid\u00f3 todo lo actuado desde la admisi\u00f3n de la demanda de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, y a paso seguido, se rechaz\u00f3 \u00e9sta por incumplir el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n, desech\u00f3 la oportunidad de interponer los recursos procedentes contra \u00e9stos a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado los mecanismos que estaban a su disposici\u00f3n para controvertir tales determinaciones, las cuales estima ahora perjudiciales para sus derechos fundamentales. <\/p>\n

Por tanto, si el tutelante cont\u00f3 con medios de defensa judicial id\u00f3neos para invocar y conjurar los yerros que manifiesta por esta v\u00eda, la demanda de amparo no puede salir avante, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (mencionada recientemente en CSJ STC19658-2017). <\/p>\n

Puntualizando que, <\/p>\n

\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (citada en CSJ STC19658-2017). <\/p>\n

4.\tAdicionalmente, y para corroborar el fracaso del reclamo invocado frente a las demarcadas actuaciones, es preciso decir, que tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, dada la evidente tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo constitucional, en tanto que transcurrieron casi nueve (9) meses entre el proferimiento de la \u00faltimas de las decisiones criticadas -24 de marzo de 2017, y la interposici\u00f3n de la presente demanda excepcional -1\u00ba de diciembre siguiente (fls. 47, Cit.), pues aunque las disposiciones que disciplinan el amparo constitucional no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, atinentes a la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que los interesados act\u00faen tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

En esta materia, se ha se\u00f1alado de manera uniforme y repetida por la jurisprudencia de esta Sala, que <\/p>\n

\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC19658-2017). <\/p>\n

5.\tPor tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC2009-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2017-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101553","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101553"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101553\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}