{"id":101555,"date":"2026-07-01T18:23:49","date_gmt":"2026-07-01T18:23:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101555"},"modified":"2026-07-01T18:23:49","modified_gmt":"2026-07-01T18:23:49","slug":"stc2011-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2011-2018\/","title":{"rendered":"STC2011-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2011-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-001-2017-00340-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de diciembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por S.M.M. en representaci\u00f3n de su hijo XXX, contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo en la calidad descrita, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su representado a la \u00abSeguridad Social\u00bb, a la vida, a la salud, a la \u00abIntegridad personal\u00bb, de petici\u00f3n, y a los \u00abderechos de los ni\u00f1os\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, al no autorizar el suministro del medicamento que \u00e9ste requiere para el tratamiento de la patolog\u00eda que padece. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, \u00abGarantizar\u00bb a su descendiente el suministro del medicamento denominado \u00abLEVETIRACETAM\u00bb, as\u00ed como los dem\u00e1s que le sean ordenados y los \u00abinsumos ex\u00e1menes, estudios, consultas m\u00e9dicas y dem\u00e1s servicios (\u2026), que requiera\u00bb \u00e9ste para el \u00abtratamiento de su enfermedad, [brind\u00e1ndole] una atenci\u00f3n integral, oportuna y pertinente\u00bb (fl. 17, cdno 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones aduce en lo esencial, que pese a que su menor hijo presenta un cuadro cl\u00ednico de \u00abEPILEPSIA REFRACTARIA\u00bb, la citada entidad no le ha autorizado el suministro del medicamento antes referido por considerarlo \u00abNO POS\u00bb, desconociendo que el mismo fue prescrito por la galeno tratante y resulta necesario para evitarle al ni\u00f1o \u00abda\u00f1os neurol\u00f3gicos\u00bb; que aunque esta situaci\u00f3n la puso de presente a trav\u00e9s de derecho de petici\u00f3n radicado ante dicha entidad el 22 de septiembre pasado, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, motivo por el cual acude al presente mecanismo excepcional (fls. 1 a 18, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL VINCULADO <\/p>\n

El Jefe del \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional Seccional Cesar, solicit\u00f3 denegar el resguardo suplicado, luego de indicar que no ha quebrantado garant\u00eda superior alguna al aqu\u00ed interesado, pues aunque el medicamento requerido por \u00e9ste no se encuentra incluido en su Plan Obligatorio de Salud, ya elev\u00f3 el requerimiento del caso al Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico de la entidad, encontr\u00e1ndose a la espera de un pronunciamiento de fondo; de otro lado, solicit\u00f3 que en el evento de ordenarse la prestaci\u00f3n de otros servicios excluidos del mentado r\u00e9gimen, en raz\u00f3n a la atenci\u00f3n integral invocada, se autorice el recobro ante el Fosyga, puesto que dicha pretensi\u00f3n emerge \u00abexagerada\u00bb, y le causar\u00eda un \u00abgrave detrimento patrimonial\u00bb al sistema que lo rige (fls. 36 a 39, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras advertir en lo fundamental, que el \u00abmedicamento solicitado por la accionante [para su menor hijo] v\u00eda tutela, le fue ordenado por un profesional de la salud adscrito a la [entidad criticada], y el mismo es requerido para tratar [la] patolog\u00eda\u00bb que lo aqueja, ello dando prevalencia al principio de la buena fe, pues dentro del proceso no fue acreditada por la parte actora \u00abla falta de medios econ\u00f3micos\u00bb; de otra parte, y para \u00abgarantizar la continuidad de la prestaci\u00f3n del [citado] servicio, y de esa manera evitar que la [gestora] se vea compelida a la presentaci\u00f3n de nuevas [solicitudes de resguardo] por cada nuevo servicio que sea prescrito por los m\u00e9dicos adscritos a la entidad\u00bb, consider\u00f3 procedente brindar el amparo integral reclamado; sin embargo, deneg\u00f3 el auxilio deprecado en lo atinente al derecho de petici\u00f3n, despu\u00e9s de advertir que aunque negativa, s\u00ed hubo una respuesta a la misiva de la petente. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, \u00abque en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas proceda a adelantar los tr\u00e1mites para realizar la entrega del medicamento LEVITRACETAM al menor e igualmente a suministrar en lo sucesivo el tratamiento integral que le prescriban los m\u00e9dicos tratante al citado menor\u00bb (fls. 51 a 53, cdno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El Jefe del \u00c1rea de Sanidad de la Seccional Cesar de la Polic\u00eda Nacional, se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, reiterando los argumentos expuestos en el informe rendido en el tr\u00e1mite de primera instancia, y la solicitud orientada a que se le autorice el recobro ante el Fosyga por los costos que deba asumir en relaci\u00f3n al suministro de servicios no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud de la instituci\u00f3n (fls. 56 a 59, ejusdem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa jurisprudencia constitucional de esta Sala ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, que es procedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela en los casos en que las entidades encargadas de otorgar los servicios asistenciales de salud, se reh\u00fasan a ofrecer los tratamientos, procedimientos, medicamentos e insumos que los pacientes necesitan, pues la salud, como derecho que ostenta un rango fundamental, se encuentra a su vez estrechamente atada a la efectividad de otras garant\u00edas superiores como la vida, la integridad personal y la esencia misma de la dignidad humana. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto y circunscrita la Corte a los motivos de la impugnaci\u00f3n, se advierte que el preanotado funcionario del \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, solicita invalidar lo resuelto por el juez constitucional de instancia, tras poner de presente que no ha conculcado prerrogativa superior alguna al paciente XXX, pues actualmente se encuentra en curso el tr\u00e1mite administrativo interno para que el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico de esa instituci\u00f3n autorice el suministro del medicamento \u00abLEVETIRACETAM\u00bb, el cual es necesario para la atenci\u00f3n de la enfermedad neurol\u00f3gica que padece (ib.). <\/p>\n

3.\tSin embargo, de los medios probatorios obrantes dentro del plenario, se encuentra demostrado que el infante aqu\u00ed interesado est\u00e1 afiliado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, actualmente tiene 8 a\u00f1os de edad, y, le fue diagnosticada \u00abEPILEPSIA FOCAL REFRACTARIA\u00bb, motivo por el que mediante orden de servicios externa emitida el pasado 18 de septiembre, la especialista tratante (neur\u00f3loga infantil), adscrita a dicha entidad, le orden\u00f3 a \u00e9ste el suministro de los medicamentos \u00abOxcarbazepina\u00bb y \u00abLevetiracetaw\u00bb; no obstante, este \u00faltimo a\u00fan no hab\u00eda sido autorizado al momento de acudir a la presente v\u00eda excepcional (fls. 21 y 22, \u00eddem). <\/p>\n

Frente a casos de contornos similares, la Sala ha indicado que, <\/p>\n

\u00abla decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales\u00bb (citada en CSJ STC6218-2017). <\/p>\n

5. De otro lado, y respecto al tratamiento integral que debe recibir el paciente en relaci\u00f3n a la pluricitada patolog\u00eda que padece, y que cuestiona en esta sede la entidad censurada por contemplar tratamientos medicamentos, ex\u00e1menes y similares no incluidos en el Plan de Servicios de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, precisa la Sala que dicho argumento per se no puede ser oponible a las decisiones que en el presente escenario se profieran, si se tiene en cuenta que el afectado es considerado sujeto de especial protecci\u00f3n debido a su temprana edad (8 a\u00f1os), y que la patolog\u00eda cl\u00ednica que le fue diagnosticada es catalogada de tipo \u00abcatastr\u00f3fica1\u00bb con caracter\u00edsticas de cronicidad, motivos por los que de manera alguna aqu\u00e9l puede estar sometido a los riesgos que para su supervivencia representa la mora de los tr\u00e1mites administrativos, y la reglamentaci\u00f3n descrita, m\u00e1xime cuando emerge contrario a lo establecido en el canon 279 de la Ley 100 de 1993, y a las previsiones del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto Reglamentario 1795 de 2000, donde se estableci\u00f3 que el objeto de aquel r\u00e9gimen especial consiste en \u00ab[p]restar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su log\u00edstica Militar y adem\u00e1s brindar el servicio integral de salud en las \u00e1reas de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n del personal afiliado y sus beneficiarios\u00bb (Negrilla de la Sala). <\/p>\n

Sobre la necesidad del tratamiento integral a los afiliados y beneficiarios de los distintos sistemas de salud, la Corte de vieja data ha reiterado que, <\/p>\n

\u00absi bien se acredit\u00f3 que existe la autorizaci\u00f3n para realizarle al demandante la cirug\u00eda de (\u2026), no por esto puede sostenerse que ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que el reclamo constitucional se supedita a la efectiva materializaci\u00f3n de la misma, al suministro de los medicamentos que mejoren el estado de salud del promotor y en general toda la atenci\u00f3n integral a que haya lugar para combatir la dificultad que el accionante padece. <\/p>\n

As\u00ed mismo, no debe perderse de vista que \u201c[l]a jurisprudencia constitucional, adem\u00e1s, ha considerado que el servicio p\u00fablico de salud constituye un todo inescindible, que incluye no s\u00f3lo la atenci\u00f3n m\u00e9dica, los tratamientos, intervenciones quir\u00fargicas o medicamentos, sino, tambi\u00e9n, todos aquellos medios accesorios que resultan necesarios para su correcta prestaci\u00f3n\u00bb (T-350 de 2003, reiterada en T-975 de 2006, citadas en STC5024-2017). <\/p>\n

6.\tY finalmente, para negar el recobro solicitado por la entidad convocada frente al Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda -Fosyga, basta indicar lo que ha precisado esta Corporaci\u00f3n en asuntos de similares perfiles al presente: <\/p>\n

\u00abno es del caso conceder el recobro ante el Fosyga, dada la inexistencia de norma que lo permita, toda vez que quienes est\u00e1n facultadas para solicitarlo son las entidades promotoras que incurrieron en los gastos, y por cuanto el subsistema de salud de las Fuerzas Militares [y de la Polic\u00eda Nacional] no est\u00e1[n] sujeto[s] a lo previsto en la Ley 100 de 1993 y, \u2018adem\u00e1s, cuentan con los llamados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan en forma semejante al primeramente citado que les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos gastos que deban asumir en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a sus distintos beneficiarios\u2019\u00bb (enunciada en CSJ STC7849-2017).
\n7.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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