{"id":101561,"date":"2026-07-01T18:24:46","date_gmt":"2026-07-01T18:24:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101561"},"modified":"2026-07-01T18:24:46","modified_gmt":"2026-07-01T18:24:46","slug":"stc2033-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2033-2018\/","title":{"rendered":"STC2033-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2033-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03093-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Rosa Sotelo Rico contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes del proceso que origina la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora pretende protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abpropiedad\u00bb y al \u00abacceso tutelar de la justicia\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene al JUZGADO DIECIS\u00c9IS CIVIL DEL CIRCUITO\u2026 decretar la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite procesal que all\u00ed se tramita y en el que figura como demandante BRICEIDA Y MART\u00cdN SOTELO RICO y DEMANDADA\u2026 CARMEN ROSA SOTELO RICO, con radicaci\u00f3n n\u00famero 616 de 2010, hasta tanto\u2026 culmine el proceso [de pertenencia] que se tramita ante el JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1,\u2026 cuya demandante es\u2026 CARMEN ROSA SOTELO RICO, y demandados, los se\u00f1ores BRICEIDA Y MART\u00cdN SOTELO RICO, con radicado n\u00famero 0401 de 2012, que trata y recae sobre el mismo bien inmueble a que hace referencia aquella demanda divisoria\u00bb (folios 9 a 15, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tIndic\u00f3 la actora que Briceida y Mart\u00edn Sotelo Rico promovieron proceso divisorio ad-valorem en su contra, respecto del inmueble ubicado en la \u00abcarrera 96 n\u00ba 66\u00aa \u2013 99\u00bb; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con radicado n\u00ba 2010-00616, quien luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, fij\u00f3 diligencia de remate para el 4 de diciembre de 2017. <\/p>\n

2.2. Anot\u00f3 que, por su parte, present\u00f3 demanda de pertenencia contra Briceida y Mart\u00edn Sotelo con el fin de obtener por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del aludido predio; juicio que actualmente cursa ante el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con radicado 2012-00401. <\/p>\n

2.3. Sostuvo que \u00aben cumplimiento de los postulados de justicia\u2026 equidad y de los principios procesales de celeridad, econom\u00eda y NON BIS IN IDEM\u00bb, present\u00f3 al interior del proceso divisorio solicitud de prejudicialidad a fin de que all\u00ed no se adelantara ninguna actuaci\u00f3n hasta tanto existiera pronunciamiento de fondo en el juicio de pertenencia; sin embargo, tal solicitud no fue atendida favorablemente, por lo que, en su sentir, se vulneraron las prerrogativas invocadas, al punto que de adelantar el remate programado le causar\u00edan un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2.4. El 20 de noviembre de 2017 present\u00f3 nuevamente \u00absolicitud de suspensi\u00f3n del proceso y\/o prejudicialidad\u00bb, a lo que no accedi\u00f3 el juzgador el d\u00eda 24 siguiente, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin reparo alguno. <\/p>\n

2.5. Manifest\u00f3 que solicit\u00f3 amparo de pobreza al despacho accionado quien le nombr\u00f3 a un auxiliar de justicia como abogado, a fin de que representara sus intereses, sin embargo, aqu\u00e9l \u00abno se opuso a las pretensiones de los actores ni propuso medios de defensa\u00bb, situaci\u00f3n por la que inco\u00f3 nulidad procesal; destac\u00f3 que en su momento solicit\u00f3 el cambio de su mandatario, empero, el juzgado criticado \u00abpr\u00e1cticamente [la] maniat\u00f3 y amordaz\u00f3 jur\u00eddicamente\u2026 dej\u00e1ndo[la] sin defensa t\u00e9cnica efectiva y con las consecuencias que se evidencian en el proceso\u00bb. <\/p>\n

2.6. Agreg\u00f3, en s\u00edntesis, que sus prerrogativas de primer grado fueron vulneradas por el estrado judicial convocado \u00abal no conceder la prejudicialidad ya invocada y la nulidad procesal impetrada\u00bb, circunstancia que conlleva a que se le cause un perjuicio irremediable. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DEL CONVOCADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 \tque de conformidad con el acuerdo PSAA15-10373 le fue asignado el \tproceso de pertenencia 2012-00401, promovido por la accionante y \tproveniente de su hom\u00f3logo Veinticinco Civil del Circuito de \testa ciudad; que el 29 noviembre de 2017 design\u00f3 terna de \tcuradores para la representaci\u00f3n de las personas \tindeterminadas; que la salvaguarda no cuestiona ning\u00fan actuar \tde ese despacho (folio 22, cuaderno 1). <\/p>\n

2. El \tJuzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 \tcopias de las actuaciones relevantes surtidas al interior del \tproceso divisorio; destac\u00f3 la imposibilidad de \tpronunciamiento respecto de los hechos que motivaron la salvaguarda, \tpues el titular del despacho se encontraba internado en el Hospital \tSan Ignacio de esta capital al haber presentado problemas de salud \t(folio 56, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo neg\u00f3 el resguardo al considerar que se configuraba una actuaci\u00f3n temeraria por la gestora constitucional, pues los hechos expuestos y los derechos ahora invocados, fueron id\u00e9nticos a los consignados en una primigenia acci\u00f3n tuitiva, que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2016-01411, donde criticaba, en s\u00edntesis, la negativa del juzgador frente a la solicitud de \u00absuspensi\u00f3n del proceso divisorio ante la existencia del fen\u00f3meno de la prejudicialidad y una falta de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que no pod\u00eda considerarse que el memorial de 20 de noviembre de 2017, mediante el cual solicit\u00f3 nuevamente la suspensi\u00f3n del proceso ante el fallador natural, constituyera una queja distinta, pues \u00abla tutela, en esencia, e[ra] id\u00e9ntica\u00bb; agreg\u00f3 que la promotora no precis\u00f3 las razones por las que la negativa a acceder a la prejudicialidad, por parte del juzgado querellado, era una decisi\u00f3n contraria a derecho (folios 59 a 67, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos del libelo introductor, a los que adicion\u00f3, en s\u00edntesis, que la temeridad endilgada por el a quo constitucional no exist\u00eda, pues si bien hab\u00eda interpuesto una primigenia acci\u00f3n tuitiva frente al mismo proceso, lo cierto era que la ahora presentada ten\u00eda \u00abnuevos hechos\u00bb; que se evidenciaba una v\u00eda de hecho por parte del estrado judicial convocado al no acceder a suspender el juicio divisorio por prejudicialidad; destac\u00f3 que el Juzgado no le hab\u00eda dado el tr\u00e1mite adecuado a sus s\u00faplicas, \u00abm\u00e1xime habiendo solicitado el respectivo amparo de pobreza, ya que de momento no conta[ba] con los medios econ\u00f3micos para sufragar un profesional en derecho\u00bb (folios 75 a 78, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDe entrada, se advierte, que si bien del escrito de tutela se evidencia una argumentaci\u00f3n similar a la propuesta en la salvaguarda anterior tramitada bajo el radicado n\u00ba 2016-01411, lo cierto es que auscultado el proceso criticado y lo aportado con la presente acci\u00f3n tuitiva, se evidencia la existencia de una nueva actuaci\u00f3n judicial, lo que constituye un hecho nuevo, esto es, una solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad presentada por la actora el 20 de noviembre de 2017, tras haberse fijado fecha para adelantar diligencia de remate, petici\u00f3n que le fue resuelta desfavorablemente por el estrado judicial convocado el d\u00eda 24 siguiente, situaci\u00f3n que evidencia la inexistencia de una actuaci\u00f3n temeraria frente a este aspecto. <\/p>\n

3. Zanjado \tlo anterior, descendiendo al caso sub \texime, se \ttiene que \tla \tqueja se dirige contra el prove\u00eddo de 24 de noviembre de \t2017, en el cual el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de \tBogot\u00e1 deneg\u00f3 la suspensi\u00f3n por prejudicialidad \tdel proceso divisorio n\u00ba 2010 \u2013 00616, luego de advertir, \tpor una parte, que las peticiones presentadas por la gestora deb\u00edan \tefectuarse a trav\u00e9s de apoderado judicial; y por otro lado, \tpor no cumplirse los presupuestos del art\u00edculo 161 del C\u00f3digo \tGeneral del Proceso <\/p>\n

4. Luego, \tsurge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo \trogado, debido a que la \tgestora ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n \tcontra el auto que critica, al considerar, en su parecer, que con lo \taportado deb\u00eda accederse a la prejudicialidad pretendida, \tmedio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el \tart\u00edculo 3181 \tdel C\u00f3digo General del Proceso, el cual no agot\u00f3 \tfrente a ese prove\u00eddo; circunstancia que evidencia el \tdescuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de \tsus derechos. <\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n

\u2026 y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada entre otras, STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n

Aunado a lo anterior, se destaca que no es de recibo el argumento expuesto por la gestora en punto a que no cuenta con medios econ\u00f3micos para sufragar un profesional de derecho a fin de controvertir la aludida decisi\u00f3n, pues lo evidenciado es que aquella cuenta con mandataria judicial de confianza al interior del juicio. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela. <\/p>\n

5. Por \totra parte, en punto a las supuestas deficiencias en su \trepresentaci\u00f3n por parte del profesional del derecho que \tinicialmente le fue asignado en virtud del amparo de pobreza que le \tfuera concedido a la inconforme, porque, en su sentir, \u00abal \tmomento de entrar a defender[la] con la contestaci\u00f3n al \tlibelo, no se opuso a las pretensiones de los actores ni propuso \tmedios de defensa\u00bb en \taras de proteger su posesi\u00f3n; \tla \tsalvaguarda tambi\u00e9n se torna improcedente, de \tconformidad con lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto \t2591 de 1991, por cuanto de las sentencias de 19 de septiembre de \t2012 (2012-01431-01) y STC12288-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. \t2016-01411-01, emitidas por esta Sala de Casaci\u00f3n, se \tevidencia que la accionante interpuso otras tutelas con semejante \tsustento a la de ahora, fundando sus pretensiones en un proceder \tnegligente por parte del mandatario asignado para su representaci\u00f3n \tbajo la figura de \u00abamparo \tde pobreza\u00bb (folios \t3 a 10, cuaderno Corte; \tlo que indiscutiblemente deja ver que frente al particular ya se \tpronunci\u00f3 en aquellas ocasiones el juez constitucional. <\/p>\n

En efecto, en el fallo de tutela dictado en el asunto con radicado 2012-01431, la protecci\u00f3n constitucional all\u00ed deprecada fue denegada, tras advertir que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas imploradas por la gestora; en tal providencia se dijo que: <\/p>\n

\u2026 de acuerdo con lo informado por el titular del despacho accionado, se extrae que la memorada solicitud fue atendida debidamente, pues por auto del 25 de julio de 2012 se \u201crequiri\u00f3 al auxiliar de la justicia en procura de garantizar el derecho defensa conmin\u00e1ndolo bajo pena de las sanciones pertinentes, y la exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares a informar las acciones que ha realizado en defensa del amparado\u201d, y, aunque como ya se explic\u00f3 no corresponde a esta jurisdicci\u00f3n examinar la procedencia y contenido de la respuesta advertida, es evidente que con esa actuaci\u00f3n se descarta cualquier vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas por la promotora del amparo. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, no se observa que el apoderado de oficio que le fue asignado a la accionante haya abandonado sus deberes dentro del proceso divisorio radicado con el No. 2010-00616 adelantado en su contra por los se\u00f1ores Mart\u00edn y Briceida Sotelo Rico, toda vez que acudi\u00f3 al presente tr\u00e1mite para manifestar que s\u00ed defendi\u00f3 los intereses de su representada, pues le dio contestaci\u00f3n a la demanda, con base en las pruebas que tuvo a disposici\u00f3n, de las cuales emerge, a su juicio, que la divisi\u00f3n solicitada es procedente, a pesar de que la se\u00f1ora Carmen Sotelo Rico le puso en conocimiento que ten\u00eda la posesi\u00f3n del inmueble de tiempo atr\u00e1s, porque, en su criterio, esta circunstancia no puede ser alegada, debido a que el material probatorio que revis\u00f3 le indica que no se dan las \u201ccondiciones de tiempo, modo y lugar para solicitar la prescripci\u00f3n adquistiva del derecho de dominio\u201d. <\/p>\n

Asimismo, en punto a la falta de defensa t\u00e9cnica que la actora le cuestiona al mandatario asignado para representar sus garant\u00edas, en providencia STC12288-2016, para denegar lo pretendido, consign\u00f3 esta Corte que: <\/p>\n

\u2026 frente a la manifestaci\u00f3n de la actora de existir un proceder negligente o irregular por parte del mandatario asignado para su representaci\u00f3n bajo la figura de \u00abamparo de pobreza\u00bb, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere agraviado. <\/p>\n

Sobre el particular esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, la supuesta negligencia del defensor, su incuria no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la petici\u00f3n de amparo, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, \u2018aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9l mismo y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2026\u2019 (CSJ STC 9 jun. 2004, rad. 00448, reiterada STC14628-2015, 23 oct., rad. 02456-00). <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la falta de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb que la actora le cuestiona a su apoderado, no es suficiente para que pueda pedir con \u00e9xito este resguardo, pues es claro que cont\u00f3 con todas las garant\u00edas para ejercer su defensa, sin que las aparentes falencias del togado sean atribuibles al estrado criticado (CSJ STC12288-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 2016-01411-01). <\/p>\n

Determinaciones que valga se\u00f1alar no fueron seleccionadas para su eventual revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n

\u2026cu\u00e1ndo ocurre\u2026 conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterado en STC1228-2015, 12 feb. 2015). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud de la gestora. <\/p>\n

6. Por las \tanteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la \tsentencia de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente 2010-00616 al Juzgado origen. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2033-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03093-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 6 de diciembre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}