{"id":101570,"date":"2026-07-01T18:26:26","date_gmt":"2026-07-01T18:26:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101570"},"modified":"2026-07-01T18:26:26","modified_gmt":"2026-07-01T18:26:26","slug":"stc2064-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2064-2018\/","title":{"rendered":"STC2064-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2064-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2017-00833-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de noviembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Humberto Mantilla D\u00edaz contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad de Santander de la Polic\u00eda Nacional y la Cl\u00ednica Regional de Oriente -ESPIM. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n

De acuerdo a lo anterior, solicit\u00f3 ordenar i) \u00abque de manera inmediata se [le] realice el procedimiento quir\u00fargico cirug\u00eda Varicosafenectom\u00eda derecho\u00bb; ii) que la anterior intervenci\u00f3n sea efectuada en Bucaramanga, comoquiera que \u00aben esta ciudad est\u00e1 toda [su] familia\u00bb y no cuenta con los recursos econ\u00f3micos suficientes \u00abpara solventar desplazamientos\u00bb; iii) \u00abrodear[lo] de garant\u00edas fundamentales en aras de no ser objeto de persecuci\u00f3n o alguna clase de retaliaciones en [su] contra\u00bb; y iv) \u00abse oficie o vincule a la Procuradur\u00eda Regional de Santander para que se apersone o haga seguimiento a este caso toda vez y hab\u00eda cuenta que [su] salud est\u00e1 en riesgo\u00bb. <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Luis Humberto Mantilla D\u00edaz, afiliado al subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional, fue diagnosticado con \u00abinsuficiencia venosa de safena interna derecha con ulcera cicatrizada- ulcera venosa- varices de la pierna derecha\u00bb, raz\u00f3n por la cual indic\u00f3 que su m\u00e9dico tratante dispuso que necesitaba con urgencia que se le practicara una cirug\u00eda \u00abvaricosafenectom\u00eda derecho\u00bb. <\/p>\n

2.2. Aduce el petente que ha acudido y llamado en varias oportunidades a la cl\u00ednica de la Polic\u00eda Nacional en Bucaramanga, con el fin de que le programen y realicen el tratamiento referido a espacio, sin embargo, esta entidad \u00abha hecho caso omiso y [su] salud se est\u00e1 viendo afectada como consecuencia del malestar que presenta en [su] cuerpo, de igual forma [le] impide\u2026 el desarrollo de [sus] actividades tanto laborales como familiares\u00bb. <\/p>\n

2.3. En consecuencia, se\u00f1al\u00f3 que los derechos invocados se est\u00e1n viendo gravemente vulnerados, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 que se le practique de manera inmediata el procedimiento quir\u00fargico que requiere; que se le efectu\u00e9 en la ciudad de Bucaramanga por cuanto no cuenta con los recursos econ\u00f3micos para desplazarse a otra ciudad y su familia, \u00abquien estar\u00e1 pendiente de su cuidado\u00bb, vive all\u00ed, y que se le \u00abgarantice y proteja de cualquier persecuci\u00f3n disciplinaria o penal, que pueda recaer sobre [\u00e9l], por reclamar [sus] derechos de manera legal\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional de Santander refiri\u00f3 que la cirug\u00eda requerida por el promotor del amparo se encuentra incluida dentro del plan de salud de la Polic\u00eda Nacional, sin embargo, aquella es prestada por la red externa \u00abque es contratada para tal fin\u00bb; que en el momento se adelanta un proceso contractual \u00abpara la prestaci\u00f3n de los servicios de 3 y 4 nivel, raz\u00f3n por la cual debe generarse un comp\u00e1s de espera para la autorizaci\u00f3n de la misma\u00bb. <\/p>\n

Aludi\u00f3 que es una entidad p\u00fablica, por lo que los procesos contractuales se deben realizar \u00abconforme a la normativa y principios del Estatuto de Contrataci\u00f3n P\u00fablica y Manuales de Contrataci\u00f3n propios, en los cuales se configuran una serie de pasos y etapas que no pueden saltarse\u00bb; asimismo, solicit\u00f3 denegar las peticiones \u00ab3, 4 y 5 toda vez que\u2026, una vez se materialice la contrataci\u00f3n de los servicios de 3 y 4 nivel se proceder\u00e1 a autorizar el procedimiento ordenado\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, solicit\u00f3 \u00abse autorice\u2026 el recobro de dichos servicios ante el Fosyga\u00bb (folios 31 y 32, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La Cl\u00ednica Chicamocha S.A. consign\u00f3 que la \u00fanica atenci\u00f3n prestada en esa entidad al petente fue el d\u00eda 2 de agosto de 2017, donde fue \u00abevaluado por cirug\u00eda vascular diagnosticado s\u00edndrome varicosos de los miembros inferiores con insuficiencia venosa derecha y ulcera cicatrizada. Se solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n para cirug\u00eda para ligadura y escisi\u00f3n de safena interna derecha y ligadura de perforantes\u00bb; as\u00ed pues, sostuvo que las pretensiones de la salvaguarda \u00abnada tienen que ver con [esa] Cl\u00ednica\u00bb (folios 33 y 34, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo concedi\u00f3 la salvaguarda parcialmente al considerar que la negativa de las autoridades accionadas, respecto a suministrar al quejoso los procedimientos ordenados por sus m\u00e9dicos tratantes, conculcaba las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n

En consecuencia, le orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional de Santander y a la Cl\u00ednica Regional del Oriente ESPIM que \u00abautoricen y realicen todas las gestiones necesarias para practicarle al accionante de manera efectiva, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 15 d\u00edas, el procedimiento denominado varicosafectom\u00eda (sic) derecho, prescritas por el m\u00e9dico tratante para el diagn\u00f3stico de insuficiencia venosa cr\u00f3nica perif\u00e9rica \u2013 insuficiencia venosa de safena interna derecha con ulcera cicatrizada, e igualmente le brinden el tratamiento integral que requiere y le sea prescrito por los galenos tratantes, para dicha patolog\u00eda o la que de esta se deriven\u00bb[,] independientemente de si los servicios son POS o NO POS. <\/p>\n

En punto a la solicitud del petente en relaci\u00f3n con que el procedimiento se\u00f1alado se le practique en la ciudad de Bucaramanga, estim\u00f3 que en caso de que el mismo \u00absea autorizado para practicarse fuera de la ciudad de residencia del accionante, [por las accionadas] debe sufragarse los gastos de transporte del paciente, pues en este caso dicho servicio es POS en tanto que el servicio que originar\u00eda el desplazamiento se halla incluido en dicho cat\u00e1logo de servicios\u00bb. <\/p>\n

Por otra parte, deneg\u00f3 por improcedente la pretensi\u00f3n \u00abde que se ordenen todas las medidas de protecci\u00f3n respecto de cualquier persecuci\u00f3n o retaliaci\u00f3n\u00bb, en la medida en que \u00abno se halla ni si quiera un indicio de que por reclamar su derecho a la salud, dichas autoridades est\u00e9n o vayan a desplegar acciones que puedan considerarse de persecuci\u00f3n, y en caso que as\u00ed lo fuera, bien pueda promover las acciones respectivas para que se investiguen los hechos y se adopten las medidas pertinentes, lo cual escapa a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional de Santander impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n reiterando los motivos esbozados al dar respuesta a la tutela, agreg\u00f3 que con el fin de dar cumplimiento al fallo referido, procedi\u00f3 a efectuar \u00ablas correspondientes cotizaciones para autorizar el procedimiento a trav\u00e9s de un acto administrativo con pago por rubro de tutela, teniendo en cuenta que en la actualidad no se cuenta con contrato vigente para tal fin\u00bb. <\/p>\n

Por otra parte, solicit\u00f3 revocar la orden en punto a la concesi\u00f3n del transporte \u00aby dem\u00e1s erogaciones que de ello se desprendan\u2026 por desplazamiento fuera de la ciudad\u00bb, comoquiera que el accionante es miembro activo de la Polic\u00eda Nacional en el grado de patrullero, raz\u00f3n por la cual devenga \u00abm\u00e1s de dos (2) salarios m\u00ednimos legales vigentes\u00bb (folios 62 y 63, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. No cabe duda de que la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para proteger el derecho a la salud, a la integridad personal o a la dignidad humana, por tratarse de un derecho aut\u00f3nomo, al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-644 de 2014 se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026el derecho a la salud tiene rango de fundamental, a pesar de su faceta prestacional. Ello, en raz\u00f3n de que esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en la sentencia T-760 de 2008 que eliminar el car\u00e1cter de fundamental de un derecho a partir de su cualidad prestacional es un error de categor\u00eda, puesto que esta caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. Entonces, el concepto de derecho fundamental es una denotaci\u00f3n compleja que cuenta con m\u00faltiples dimensiones adem\u00e1s de facetas que implican acciones positivas y negativas del Estado, las cuales no restan el car\u00e1cter fundamental del mismo. <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

La conceptualizaci\u00f3n de la fundamentabilidad del derecho a la salud tambi\u00e9n hace parte del consenso de los instrumentos internacionales, los cuales consideran esta garant\u00eda como elemento esencial e inherente de la persona. Estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, entre las que se encuentran el art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y el art\u00edculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, \u00f3rgano autorizado para interpretar el pacto citado, se estableci\u00f3 que: \u201c[l]a salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente\u201d. <\/p>\n

3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia, comoquiera que la entidad accionada transgredi\u00f3 la prerrogativa esencial a la salud del accionante, como pasa a verse. <\/p>\n

Seg\u00fan las probanzas aportadas, se observa que el gestor est\u00e1 afiliado al Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional y padece de \u00abinsuficiencia venosa\u00bb, raz\u00f3n por la cual el m\u00e9dico tratante le orden\u00f3 el procedimiento \u00abvaricosafenectom\u00eda derecho\u00bb, con el objeto de mitigar su patolog\u00eda. <\/p>\n

Asimismo, se advierte que en el escrito de impugnaci\u00f3n la accionada indic\u00f3 que ya empez\u00f3 a efectuar las cotizaciones \u00abpara autorizar el procedimiento a trav\u00e9s de un acto administrativo con pago por rubro de tutela\u00bb, sin embargo, lo cierto es que dicha cirug\u00eda a\u00fan no ha sido autorizada y practicada al convocante, excus\u00e1ndose la autoridad criticada en tr\u00e1mites administrativos y contractuales. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas y comoquiera que fue el personal galeno tratante quien orden\u00f3 dicho procedimiento, se mantendr\u00e1 la orden impartida por el Tribunal Constitucional, pues adem\u00e1s de que dichos profesionales son los que conocen la situaci\u00f3n particular del paciente y ordenan lo pertinente seg\u00fan sus necesidades, aquella intervenci\u00f3n no se ha podido adelantar por procedimientos administrativos, lo que conculca las garant\u00edas fundamentales del querellante. <\/p>\n

5. En punto a los gastos de transporte del petente, se destaca que el promotor indic\u00f3 en el escrito inicial que en caso de que el procedimiento fuera autorizado en una ciudad distinta a Bucaramanga, no contaba con los recursos econ\u00f3micos suficientes para solventar los desplazamientos <\/p>\n

Luego, resultaba procedente la concesi\u00f3n del mencionado transporte en punto a los traslados que fueran necesarios, pues adem\u00e1s de ser clara la necesidad de la pr\u00e1ctica del procedimiento m\u00e9dico, la autoridad convocada no demostr\u00f3 que el accionante o su familia pudieran asumir los gastos que demanda el desplazamiento para recibir tales prestaciones. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n

\u2026 aunado a la incuestionable necesidad de recibir las terapias f\u00edsicas y tratamientos m\u00e9dicos, se insiste, no se demostr\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de la actora o de sus familiares para asumir dichos gastos. En relaci\u00f3n a este t\u00f3pico, para el caso es aplicable la jurisprudencia constitucional reiterada por esta Corporaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u2018el transporte\u2026 del paciente no son servicios m\u00e9dicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento\u2026 en el lugar donde se le pueda prestar atenci\u00f3n m\u00e9dica\u2026 As\u00ed pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obst\u00e1culos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando \u00e9stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado (Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008; tesis reiterada en la Providencia T-842 de 2011). <\/p>\n

As\u00ed mismo, tambi\u00e9n ha puntualizado sobre los presupuestos que el juez constitucional debe observar para la concesi\u00f3n del amparo con relaci\u00f3n al subsidio de transporte y hospedaje del paciente, a saber: <\/p>\n

(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econ\u00f3micos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisi\u00f3n se pone en riesgo la vida, la integridad f\u00edsica o el estado de salud del usuario. (Corte Constitucional, Sentencias T-246 de 2010 y T-481 de 2011, citadas en el Fallo T-842 de 2011) (CSJ STC3001-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00135-01). <\/p>\n

6. Finalmente, es de recordarse, frente a la pretensi\u00f3n de la impugnante atinente a que se autorice el recobro ante el Fosyga, que el subsistema de salud de la fuerza p\u00fablica no se rige por lo establecido en la Ley 100 de 1993, pues como lo ha precisado esta Sala: <\/p>\n

\u2026en trat\u00e1ndose de los Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, al no regirse por la Ley 100 de 1993, la Corte ha se\u00f1alado que no es procedente ordenar el recobro de lo otorgado por v\u00eda de tutela ante el Fosyga, pues \u00e9stos tienen \u2018los denominados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan de manera similar al primeramente nombrado y les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos costos en que incurran en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a los distintos beneficiario (sentencia de 17 de enero de 2007, exp. 2006-01842-01, criterio reiterado en sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2011-00376-01, entre otras) (CSJ STC, 6 jun. 2012, rad. 2012-00164-01). <\/p>\n

7. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2064-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2017-00833-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de noviembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101570","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101570"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101570\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}