{"id":101571,"date":"2026-07-01T18:26:37","date_gmt":"2026-07-01T18:26:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101571"},"modified":"2026-07-01T18:26:37","modified_gmt":"2026-07-01T18:26:37","slug":"stc2066-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2066-2018\/","title":{"rendered":"STC2066-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2066-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2017-00175-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de agosto de 2017 por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Usuga David contra la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, a cuyo tr\u00e1mite3 fueron vinculados el Ministerio de Defensa, las Direcciones de Sanidad General y Seccional de Antioquia del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida \u00aben condiciones dignas\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada. <\/p>\n

De acuerdo a lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la entidad castrense querellada i) \u00abque de forma inmediata autorice el tratamiento m\u00e9dico que requiere, previa valoraci\u00f3n de la Junta M\u00e9dica\u00bb; y ii) que en caso de que el tratamiento prescrito \u00abtenga que ser realizado en\u2026 Medell\u00edn y\/o en otra ciudad capital\u2026, [le] sean facilitados todos los medios para poder[se] trasladar a dicho lugar (transporte ida y vuelta, alojamiento y alimentaci\u00f3n)\u00bb (folios 1 y 2, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. \tJuan Jos\u00e9 Usuga David se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2001, mientras se encontraba vinculado al Ej\u00e9rcito Nacional, sufri\u00f3 un accidente laboral, que le gener\u00f3 una \u00abfractura de ap\u00f3fisis espinosa grado dos y trauma encefalocraneal\u00bb. <\/p>\n

2.2. Indic\u00f3 que \u00abmediante acto administrativo No. 1049 de fecha 20 de abril de 2002\u00bb, fue retirado del servicio, \u00absin previa notificaci\u00f3n y sin examen de egreso\u00bb; que como consecuencia de la anterior, \u00abaun hoy [est\u00e1] padeciendo las consecuencias de la no atenci\u00f3n m\u00e9dica sin poder llevar a cabo labores por los fuertes dolores de cabeza y traumas psicol\u00f3gicos\u00bb. <\/p>\n

2.3. As\u00ed pues, solicit\u00f3 que la entidad cuestionada autorice de forma inmediata el tratamiento m\u00e9dico que requiere, as\u00ed como que le facilite \u00abtodos los medios para poder[se] trasladar al lugar\u2026, ya que no cuent[a] con los recursos econ\u00f3micos para tal fin. De igual forma [le] sean facilitados los pasajes para la valoraci\u00f3n de la Junta M\u00e9dica\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n

1. El Dispensario M\u00e9dico de Medell\u00edn del Ej\u00e9rcito Nacional consign\u00f3 que no encontr\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con el promotor; que \u00abla competencia para conocer del presente asunto es de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar\u00bb; que al convocante \u00abse le brind\u00f3 el servicio m\u00e9dico en [esas] dependencias cada vez que las requiri\u00f3 cuando aparec\u00eda activo en el sistema de salud\u2026, pero a la fecha no aparece activo con derechos y es por ello que no es posible atenderlo\u00bb, as\u00ed pues, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo (folios 15 a 18, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar refiri\u00f3 que \u00abno cumple funciones asistenciales\u00bb; que es la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional \u00abla instancia competente para decidir sobre los aspectos relacionados con la solicitud del accionante, de conformidad con los art\u00edculos 17 y 18 del Decreto ley 1796 de 2000\u00bb (folio 27, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que \u00abse echa de menos el principio de inmediatez\u2026, toda vez que entre la actuaci\u00f3n de la que surge la inconformidad de la parte accionante, que es espec\u00edficamente aquel accidente laboral, as\u00ed como su desvinculaci\u00f3n de las Fuerzas Militares[,] y la s\u00faplica de la protecci\u00f3n constitucional, han transcurrido m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os, pues dichos acontecimientos datan del a\u00f1o 2001 y su retiro de la fuerza p\u00fablica en el a\u00f1o 2002, mientras que la presente acci\u00f3n constitucional se formul\u00f3 en el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de su desvinculaci\u00f3n de las fuerzas militares, ni dentro de los primeros a\u00f1os de su retiro, se observa solicitud del interesado tendiente a evitar tal determinaci\u00f3n o buscando la forma de ingresar como beneficiario del sistema de salud de las fuerzas militares\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, agreg\u00f3 que no se evidenciaba \u00abprescripci\u00f3n u orden proveniente de m\u00e9dico tratante que determine la necesidad de suministrar al demandante alg\u00fan servicio de salud que haya sido desatendido\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El convocante impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, sostuvo que la afectaci\u00f3n por \u00e9l alegada \u00abes permanente en el tiempo\u00bb, que adem\u00e1s hace \u00abparte de la poblaci\u00f3n desplazada (v\u00edctima de la violencia ley 1448) y por este solo hecho adem\u00e1s de que se trata de derechos fundamentales de primera generaci\u00f3n como lo es la salud en conexidad con la vida misma, [su] situaci\u00f3n amerita una especial atenci\u00f3n y protecci\u00f3n por parte de las entidades estatales\u00bb (folios 42 a 44, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

2. No cabe duda, que la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para proteger el derecho a la salud, a la integridad personal o a la dignidad humana por tratarse de un derecho aut\u00f3nomo, al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-644 de 2014 se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026el derecho a la salud tiene rango de fundamental, a pesar de su faceta prestacional. Ello, en raz\u00f3n de que esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en la sentencia T-760 de 2008 que eliminar el car\u00e1cter de fundamental de un derecho a partir de su cualidad prestacional es un error de categor\u00eda, puesto que esta caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. Entonces, el concepto de derecho fundamental es una denotaci\u00f3n compleja que cuenta con m\u00faltiples dimensiones adem\u00e1s de facetas que implican acciones positivas y negativas del Estado, las cuales no restan el car\u00e1cter fundamental del mismo. <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

La conceptualizaci\u00f3n de la fundamentabilidad del derecho a la salud tambi\u00e9n hace parte del consenso de los instrumentos internacionales, los cuales consideran esta garant\u00eda como elemento esencial e inherente de la persona. Estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, entre las que se encuentran el art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y el art\u00edculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, \u00f3rgano autorizado para interpretar el pacto citado, se estableci\u00f3 que: \u201c[l]a salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente\u201d. <\/p>\n

3. Descendiendo al caso sub examine, advierte la Corte que el amparo incoado est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que el promotor del resguardo fue desvinculado de las fuerzas militares sin que se haya evaluado su estado f\u00edsico y psicol\u00f3gico, pese a que mientras se desempe\u00f1\u00f3 en el Ej\u00e9rcito Nacional sufri\u00f3 un accidente laboral, circunstancia que evidencia una trasgresi\u00f3n al derecho a la salud, pues el ente castrense debi\u00f3 especificar las enfermedades que aquejaban al accionante, la causa de las mismas y su evoluci\u00f3n en el tiempo, m\u00e1xime cuando prest\u00f3 su servicio a la Naci\u00f3n y como consecuencia de ello adquiri\u00f3 dolencias que debieron calificarse. <\/p>\n

En efecto, en el plenario se encuentra demostrado que el 18 de octubre de 2001, \u00abestando en reentranamiento [el accionante] se rod\u00f3 por una pe\u00f1a presentando fractura de ap\u00f3fisis espinosa grado dos y trauma encefalocraneal leve\u00bb (folio 7, cuaderno 1), sin que se advierta que, posteriormente y antes de su desincorporaci\u00f3n, se haya realizado una revisi\u00f3n m\u00e9dica para establecer las secuelas para su salud con ocasi\u00f3n de los sucesos acontecidos durante su permanencia en la instituci\u00f3n castrense. Esta clase de estudios son imperativos, seg\u00fan lo ha reconocido la Sala, so pena de vulnerar el derecho a salud del peticionario: <\/p>\n

Dicha prerrogativa lleva impl\u00edcita la facultad de obtener un diagn\u00f3stico preciso, para especificar las enfermedades que aquejan al accionante, la causa de las mismas y su evoluci\u00f3n en el tiempo, m\u00e1xime cuando el afectado prest\u00f3 su servicio a la Naci\u00f3n y como consecuencia de ello adquiri\u00f3 dolencias que deben calificarse (STC7651, 8 jun. 2016, rad. 2016-00170-01). <\/p>\n

Lo expuesto se ve reforzado frente a personas que sufrieron alg\u00fan accidente o disminuci\u00f3n de la capacidad laboral durante su permanencia en las filas, ya que deben ser tratados como sujetos de protecci\u00f3n especial, por sus condiciones f\u00edsicas o sicol\u00f3gicas, como ha sido reconocido por la jurisprudencia: <\/p>\n

\u2026como los demandados se negaron a examinar a una persona que debe ser especialmente protegida, es viable conceder la tutela para que Sanidad Militar reeval\u00fae al querellante y determine si su deterioro\u2026 obedece a una enfermedad desarrollada con ocasi\u00f3n de la actividad que despleg\u00f3, o, de lo contrario, la misma es de car\u00e1cter com\u00fan y no debe ser atendida por esa entidad, pues, dada la situaci\u00f3n de vulnerabilidad que limita al quejoso, no evaluarlo lo pone en peligro (CSJ, STC8319, 22 jun. 2016, rad. 2016-00337-01; reitera los procedentes de 16 may. 2012, rad. 2012-00045-01; 9 jun. 2016, rad. 2016-00170-01). <\/p>\n

4. Por otro lado, ciertamente se echa de menos que el actor hubiera pedido espec\u00edficamente al Ej\u00e9rcito Nacional la pr\u00e1ctica del examen de retiro o la valoraci\u00f3n de la Junta M\u00e9dica, pues, si bien se observa que existen peticiones dirigidas a esta instituci\u00f3n, donde se solicita \u00abcopia del examen de egreso del soldado voluntario\u00bb, lo cierto es que no obra un reclamo expreso en punto a la realizaci\u00f3n del examen mencionado, sin embargo, esto no conduce a que la tutela sea prematura, en tanto del curso normal de los hechos es dable inferir que aun cuando realice esa solicitud, la misma le ser\u00e1 negada. <\/p>\n

En efecto, el Dispensario M\u00e9dico de Medell\u00edn, en la comunicaci\u00f3n de 25 de julio de 2017, manifest\u00f3 que \u00abde bulto resalta a la vista que como bien lo indica el tutelante, fue retirado del Ej\u00e9rcito Nacional mediante Acto Administrativo No. 1049 de fecha 20 de abril de 2002, imposibilit\u00e1ndose por parte de esta entidad brindar servicios m\u00e9dicos a quien no tiene derecho hace m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os, apareciendo en estos momentos a deprecar servicios m\u00e9dicos de la noche a la ma\u00f1ana sin ser efectivo de la fuerza p\u00fablica, desconoci\u00e9ndose los motivos por los cuales no acudi\u00f3 dentro del t\u00e9rmino legal que indica el Decreto 1796 de 2000, art\u00edculo 8, a solucionar su asunto m\u00e9dicos laboral\u00bb (folios 19 a 22, cuaderno 2), de lo cual es dable inferir que le negar\u00e1 el derecho a obtener el examen m\u00e9dico de retiro y la actuaci\u00f3n posterior requerida para establecer si existe una conexi\u00f3n entre su enfermedad y el servicio prestado a las Fuerzas Armadas. <\/p>\n

Se configura, entonces, una vulneraci\u00f3n prospectiva del derecho a salud del actor, pues existe un razonable grado de certeza de que sus derechos ser\u00e1n conculcados en el futuro. La Corte Constitucional, al analizar la tutela contra providencias judiciales, en argumentos que son aplicables mutatis mutandi a este caso, ha dicho: <\/p>\n

\u2026en tales circunstancias, y siempre y cuando esos resultados futuros sean evidentes, y no exista otro mecanismo judicial de defensa, el juez constitucional puede intervenir a fin de enfrentar una amenaza a los derechos fundamentales\u2026 que inevitablemente devendr\u00e1 en v\u00eda de hecho ya que, el art\u00edculo 86 superior es claro en se\u00f1alar que esa acci\u00f3n procede en tales eventos (T-892\/2004; reitera el precedente SU-047\/1999). <\/p>\n

Conforme a lo anterior, es necesario que la Direcci\u00f3n de Sanidad Ej\u00e9rcito examine al actor y realice el examen de evacuaci\u00f3n al que tiene derecho, con el fin de dictaminar si las dolencias que lo aquejan se derivan de las situaciones acaecidas durante la prestaci\u00f3n de su servicio militar, o si por el contrario tienen un origen diferente. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es claro que se vulner\u00f3 el derecho a la salud de Juan Jos\u00e9 Usuga David, al no realiz\u00e1rsele el examen de desvinculaci\u00f3n, con las consecuencias que de ello se derivan de cara al suministro de las prestaciones a las que aqu\u00e9l considera tener derecho; precisando, eso s\u00ed, que la activaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos ha de limitarse a los que resulten necesarios para evacuar el mentado examen de retiro, sin que la concesi\u00f3n de la salvaguarda pueda extenderse a otros aspectos, pues, entre otras cosas, la necesidad y obligatoriedad de la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dica estar\u00e1 condicionada a los resultados de aqu\u00e9l, resultando ser una situaci\u00f3n a la que, de momento, no puede anticiparse el Juzgado constitucional, pues invadir\u00eda orbita de competencia de la autoridad que previamente debe desatar tal asunto. <\/p>\n

5. En punto a los gastos de transporte y alojamiento del petente, se destaca que el promotor indic\u00f3 en el escrito inicial que en caso de que el procedimiento sea autorizado en \u00abMedell\u00edn y\/o en otra ciudad capital\u00bb, no cuenta con los recursos econ\u00f3micos suficientes para solventar estos expendios. <\/p>\n

Luego, se hace procedente la concesi\u00f3n del transporte y hospedaje del querellante, pues adem\u00e1s de ser clara la necesidad de la pr\u00e1ctica del examen de retiro, la autoridad convocada no demostr\u00f3 que el accionante o su familia pudieran asumir los gastos que demanda el traslado para recibir tales prestaciones, sin que ello pueda extenderse a lo referente a la alimentaci\u00f3n pues \u00e9sta constituye una erogaci\u00f3n que, en cualquier caso, debe asumir aqu\u00e9l. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n

\u2026 aunado a la incuestionable necesidad de recibir las terapias f\u00edsicas y tratamientos m\u00e9dicos, se insiste, no se demostr\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de la actora o de sus familiares para asumir dichos gastos. En relaci\u00f3n a este t\u00f3pico, para el caso es aplicable la jurisprudencia constitucional reiterada por esta Corporaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u2018el transporte\u2026 del paciente no son servicios m\u00e9dicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento\u2026 en el lugar donde se le pueda prestar atenci\u00f3n m\u00e9dica\u2026 As\u00ed pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obst\u00e1culos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando \u00e9stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado (Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008; tesis reiterada en la Providencia T-842 de 2011). <\/p>\n

As\u00ed mismo, tambi\u00e9n ha puntualizado sobre los presupuestos que el juez constitucional debe observar para la concesi\u00f3n del amparo con relaci\u00f3n al subsidio de transporte y hospedaje del paciente, a saber: <\/p>\n

(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econ\u00f3micos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisi\u00f3n se pone en riesgo la vida, la integridad f\u00edsica o el estado de salud del usuario. (Corte Constitucional, Sentencias T-246 de 2010 y T-481 de 2011, citadas en el Fallo T-842 de 2011) (CSJ STC3001-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00135-01). <\/p>\n

6. Se impone, entonces, revocar la sentencia de primer grado para, en su lugar, acceder al amparo rogado, en los t\u00e9rminos que a continuaci\u00f3n precisa la Corte. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo al derecho a la salud de Juan Jos\u00e9 Usuga David, por lo que se ordena a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, la realizaci\u00f3n del examen m\u00e9dico de retiro, as\u00ed como las actuaciones posteriores para que haya un pronunciamiento de la junta m\u00e9dico laboral, de ser necesario. <\/p>\n

Para tal fin, a trav\u00e9s de la dependencia responsable y dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deber\u00e1n adelantarse los tr\u00e1mites respectivos para evaluar el estado de salud del petente y evacuar el examen de retiro correspondiente, destacando que, en caso de que el mismo sea autorizado para practicarse fuera de la ciudad de residencia del accionante, la autoridad querellada deber\u00e1 sufragar los gastos de transporte y alojamiento, de acuerdo a la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2066-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2017-00175-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de agosto de 2017 por la Sala Civil -Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101571","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101571"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101571\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}