{"id":101586,"date":"2026-07-01T18:29:04","date_gmt":"2026-07-01T18:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101586"},"modified":"2026-07-01T18:29:04","modified_gmt":"2026-07-01T18:29:04","slug":"stc2102-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2102-2018\/","title":{"rendered":"STC2102.-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC2102-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01956-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga se tramit\u00f3 una acci\u00f3n de tutela propuesta por Martina Guti\u00e9rrez P\u00e9rez, contra Fonvivienda, zanjada el 23 de diciembre de 2015, neg\u00e1ndose el amparo deprecado, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad. <\/p>\n

El resguardo fue seleccionado por la Corte Constitucional para efectuar la revisi\u00f3n del mismo, donde esa alta corporaci\u00f3n en fallo de 9 de agosto de 2016, concedi\u00f3 el memorado auxilio orden\u00e1ndole a la entidad querellada <\/p>\n

\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un (1) mes calendario contado a partir del d\u00eda siguiente a la fecha de notificaci\u00f3n de la presente sentencia, se determine la soluci\u00f3n adecuada para garantizar a la parte accionante, en situaci\u00f3n de discapacidad, su accesibilidad f\u00edsica a una vivienda que corresponda a sus condiciones de salud (\u2026). En todo caso, la medida deber\u00e1 ser implementada por el Fondo Nacional de Vivienda \u2013 Fonvivienda en un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 ser superior a tres (3) meses contados desde el momento en que se defina la soluci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Relata que en observancia de esa orden, el fondo que preside, efectu\u00f3 distintos tr\u00e1mites con el fin de otorgar una vivienda a Martina Guti\u00e9rrez P\u00e9rez; sin embargo, por situaciones ajenas a esa dependencia no se logr\u00f3 ese objetivo. <\/p>\n

Se\u00f1ala que la gestora de ese decurso inici\u00f3 un incidente de desacato en su contra, resuelto el 16 de agosto de 2017, imponi\u00e9ndosele al hoy quejoso 3 d\u00edas de arresto y multa de 1 salario m\u00ednimo legal mensual vigente, por incumplimiento del fallo constitucional, providencia confirmada por la corporaci\u00f3n convocada el d\u00eda 13 de septiembre pasado. <\/p>\n

Seg\u00fan expone el tutelante, exigi\u00f3 el levantamiento de los correctivos precedentes, pues \u201chab\u00eda encontrado la manera de dar cumplimento\u201d a la orden impartida en la otra salvaguarda, asignando un subsidio a favor de la constructora Marval S.A. para que dicha empresa entregara el inmueble en el cual \u201cse pod\u00eda reubicar el hogar de la [all\u00e1] accionante\u201d; pedimento denegado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga el 20 de octubre anterior. <\/p>\n

3. Suplica en concreto revocar la providencia que impuso la memorada sanci\u00f3n. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El estrado del circuito fustigado inst\u00f3 declarar improcedente el ruego, pues ese despacho dentro del comentado incidente respet\u00f3 las garant\u00edas constitucionales del actor (fls. 49 a 50). <\/p>\n

2. El tribunal confutado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio tras advertir que las decisiones reprochadas no son <\/p>\n

\u201c(\u2026) arbitrarias ni carentes de justificaci\u00f3n, pues una vez analizados los medios de convicci\u00f3n las autoridades judiciales accionadas encontraron que las razones para no dar cumplimiento al fallo de tutela objeto de incidente aducidas por el Director Ejecutivo de FONVIVIENDA no eran admisibles, pues finalmente se omiti\u00f3 el cumplimiento efectivo del mandato judicial (\u2026)\u201d (fls. 83 a 92). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La interpuso el censor insistiendo en los mismos argumentos de disenso expuestos en el escrito genitor (fls. 98 a 106). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

2. Esta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n posterior se\u00f1alada est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y tienen similar finalidad. <\/p>\n

En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito del desacato, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno a esa actuaci\u00f3n, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta del auto mediante el cual se aplican las medidas del caso. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Ese procedimiento], per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n

\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3.\tExcepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este mecanismo extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

El alto Tribunal Constitucional ha precisado la viabilidad de esta v\u00eda de forma particular y en actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4. Esta Corte ha dejado sentado que para fijar correctivos en ese tipo de tr\u00e1mites, el funcionario judicial debe verificar lo relacionado con el destinatario de lo dispuesto en la sentencia de tutela, su contenido y el plazo de cumplimiento otorgado. <\/p>\n

Luego de esa constataci\u00f3n primigenia, al juzgador le incumbe ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del desobedecimiento del fallo, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la supuesta desatenci\u00f3n motivo de reproche es aquella proveniente de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien estaba obligado a satisfacer la orden de protecci\u00f3n, as\u00ed como su intenci\u00f3n de insubordinarse y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. En este asunto refulge la improcedencia del auxilio, pues el querellante persigue a trav\u00e9s de esta salvaguarda controvertir lo resuelto por las autoridades en el procedimiento censurado, buscando reabrir un debate fenecido, pretensi\u00f3n sin asidero en esta sede constitucional, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario. <\/p>\n

6. Si se dejara de lado lo anterior, el ruego igual fracasar\u00eda por no emerger irregularidad del actuar de los juzgadores tutelados. <\/p>\n

N\u00f3tese, mediante prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en sede de consulta ratific\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato impuesta al ahora quejoso, tras advertir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) se observa que de las mismas manifestaciones del apoderado de FONVIVIENDA que no se ha dado cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional, que los obligaba en un plazo m\u00e1ximo de tres (3) meses, darle soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica de vivienda sufrida por la incidentante y su esposo, espec\u00edficamente mediante la reubicaci\u00f3n de los esposos, bien fuera en uno de los primeros pisos del proyecto de vivienda donde aun se encuentran viviendo, u ofrecerles la posibilidad de participar en otro proyecto habitacional que respetara sus especiales condiciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora, si bien no desconoce la Sala que fue precisamente en cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas que se realiz\u00f3 la reuni\u00f3n de 28 de noviembre de 2016, de la cual se levantaron las correspondientes constancias (\u2026); sin embargo, habiendo transcurrido aproximadamente diez (10) meses desde que ello tuvo lugar, a\u00fan no se ha concretado una soluci\u00f3n real para los interesados, de la cual se pueda inferir que dichas diligencias no se han quedado en el papel, sino que han trascendido al mundo de la vida\u201d. <\/p>\n

\u201cNo basta entonces con solicitar constantemente la ampliaci\u00f3n del plazo para cumplir, puesto que ello desconocer\u00eda en \u00faltimas, que la orden que fue impartida, se hizo incluyendo una plazo perentorio, el cual, ya ha sido rebasado con creces, sin que, se insiste, exista una soluci\u00f3n efectiva que demuestre el cumplimento de lo dispuesto por el m\u00e1ximo tribunal en sede constitucional\u201d (fls. 19 a 20). <\/p>\n

La providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

La autoridad acusada expuso los motivos por los cuales encontr\u00f3 desobedecido el mandato tutelar emitido en ese asunto, explicando que ello se debi\u00f3 a la inobservancia de FONVIVIENDA en otorgar una soluci\u00f3n habitacional a la all\u00ed actora, lo cual deb\u00eda cumplirse dentro del estricto plazo otorgado por la Corte Constitucional. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Conforme a lo expuesto por la abogada de la entidad obligada, se demostr\u00f3 que s\u00ed se han efectuado labores tendientes a reubicar a la se\u00f1ora Martina Guti\u00e9rrez, como que se ha gestionado por v\u00eda de correo electr\u00f3nico con la entidad municipal INVISBU la revisi\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de algunas viviendas de los primeros y segundos pisos del proyecto Campo Madrid, y que se ha asignado un subsidio por valor de 70 S.M.L.M.V\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, la \u00fanica forma de hacer cesar los efectos de la sanci\u00f3n por desacato es que se d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, y en este caso, eso no ha ocurrido; la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez sigue residiendo en el cuarto piso que le fue asignado\u201d (fls.3 a 4. Cuaderno Corte).
\nCon lo anterior queda claro que no basta con cumplimientos parciales de la orden tutelar, pues la Corte Constitucional en su fallo de 9 de agosto de 2016, fue enf\u00e1tica en ordenar a Fonvivienda <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un (1) mes calendario contado a partir del d\u00eda siguiente a la fecha de notificaci\u00f3n de la presente sentencia (\u2026), determine la soluci\u00f3n adecuada para garantizar a la parte accionante, en situaci\u00f3n de discapacidad, su accesibilidad f\u00edsica a una vivienda que corresponda a sus condiciones de salud (\u2026). En todo caso, la medida deber\u00e1 ser implementada (\u2026) en un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 ser superior a tres (3) meses contados desde el momento en que se defina la soluci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

8. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, precept\u00faa: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

9. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL
\nSTC2102-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-01956-01
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nCon el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible.
\nY mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa
\n1
\nq
\n2 ue la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n.
\nNo es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las
\ntutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general.
\nAdem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control.
\nNo desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

3
\ns
\n4 e puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola.
\nEs cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos.
\nLo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivisliza el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como "el bloque de constitucionalidad", que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la
\npr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas.
\nPor eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos.
\nCon todo respeto y acatamiento
\nALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01956-01
\nAunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb.
\nCiertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado.
\nDe esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido
\no amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb', lo cual acontecer\u00e1 con los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb2; todo lo cual resulta ajeno al presente
\ncaso.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n2 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1.. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 \tde febrero de 2003, exp. 00382.
\n2 \tCorte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.
\n3 \t\u00cddem.
\n4 \tCSJ \tSTC 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00.
\n5 \tCSJ. Civil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC2102-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01956-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018) 1. ANTECEDENTES 1. El gestor exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101586","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101586","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101586"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101586\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101586"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101586"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101586"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}