{"id":101589,"date":"2026-07-01T18:29:22","date_gmt":"2026-07-01T18:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101589"},"modified":"2026-07-01T18:29:22","modified_gmt":"2026-07-01T18:29:22","slug":"stc2105-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2105-2018\/","title":{"rendered":"STC2105-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

STC2105-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02139-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Uber Smith Galeano Cruz respecto de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma capital, extensiva a la Secretar\u00eda Ejecutiva para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz y al Alto Comisionado para la Paz, con ocasi\u00f3n de la causa seguida al aqu\u00ed gestor por los delitos de homicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante solicita la protecci\u00f3n de, entre otros, los derechos al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades querelladas.
\n2. Uber Smith Galeano Cruz sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 4): <\/p>\n

2.1. Se encuentra purgando la condena impuesta por los delitos de homicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego. <\/p>\n

2.2. Refiere que las Farc lo reconocieron como uno de sus integrantes y, adem\u00e1s, haber sido \u201c(\u2026) certificado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como beneficiario de la Ley 1820 de 2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Adicionalmente, relata que suscribi\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) el acta formal de compromiso de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 1820 de 2016, ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, (\u2026) mediante la cual se ha comprometido a someterse (\u2026) a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz y quedar a disposici\u00f3n de ella en situaci\u00f3n de libertad condicional, a informar todo cambio de residencia a la autoridad competente (\u2026) y a no salir del pa\u00eds sin previa autorizaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.3. Por lo antelado, requiri\u00f3 se le trasladara a una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalizaci\u00f3n previstas con ocasi\u00f3n del \u201cAcuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera\u201d, suscrito entre el gobierno y la mencionada agrupaci\u00f3n guerrillera, porque estima cumplir a cabalidad los presupuestos establecidos para tal fin. <\/p>\n

2.4. El 30 de mayo de 2017, el Juzgado Quinto Penal del Circuito neg\u00f3 el anterior pedimento, aduciendo que \u201c(\u2026) no exist\u00eda conexidad por las conductas en que fue condenado, [pues] no son actos cometidos por su participaci\u00f3n directa o indirecta [en el] conflicto armado (\u2026)\u201d, determinaci\u00f3n confirmada por el tribunal convocado el 14 de agosto pasado, al zanjar la apelaci\u00f3n formulada por el petente. <\/p>\n

2.5. El hoy actor censura las decisiones precedentes, esgrimiendo que cumple cabalmente los presupuestos normativos para acceder al beneficio rogado. <\/p>\n

Respecto del ad quem, se\u00f1ala que <\/p>\n

\u201c(\u2026) realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n aislada de los par\u00e1metros establecidos (\u2026) [en] la Ley 1820 y sus decretos reglamentarios, adem\u00e1s consider\u00f3 que no es posible aplicar la \u201camnist\u00eda in iure\u201d, sin tener en cuenta que la misma no fue solicitada, dado que lo que fue solicitado era el traslado a una ZVTN (sic), de la misma forma (\u2026) realiz\u00f3 una calificaci\u00f3n de lo que son conductas punibles ocurridas en el marco del conflicto armado, siendo esto competencia de la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Implora ordenar otorgarle la \u201clibertad condicionada\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

3. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegur\u00f3 no haber incurrido en quebranto iusfundamental, pues mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba 003 de 18 de abril de 2017, \u201cacept\u00f3\u201d al ac\u00e1 querellante \u201ccomo miembro integrante de las FARC-EP\u201d; adicionalmente, expuso que dentro de sus potestades <\/p>\n

\u201c(\u2026) se encuentra la de recibir y aceptar los listados entregados por el miembro representante de las Farc-Ep y no el realizar el proceso de reincorporaci\u00f3n a la vida civil, el cual es competencia exclusiva de la Agencia para la Reincorporaci\u00f3n y la Normalizaci\u00f3n ni el de adelantar medida alguna para solicitar la libertad condicionada (\u2026)\u201d (fls. 62 a 67). <\/p>\n

4. La Secretar\u00eda Ejecutiva para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, arguyendo que no le compete definir sobre la \u201clibertad condicionada\u201d exigida, adem\u00e1s explic\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Frente al caso del se\u00f1or Uber Smith Galeano Cruz, se informa que la correspondiente acta de compromiso ya fue levantada el d\u00eda 14 de marzo [de 2017,] en una visita que realiz\u00f3 la Secretar\u00eda Ejecutiva al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palmira, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017. (\u2026) En todo caso, es preciso advertir que la suscripci\u00f3n del acta (\u2026) no otorga el derecho a la libertad condicionada, sino que constituye uno m\u00e1s de los requisitos que deben ser evaluados por la autoridad judicial para el acceso a tal beneficio (\u2026)\u201d (fls. 48 a 51). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 la s\u00faplica tras inferir, en concreto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Q]ue los falladores de primera y segunda instancia hayan resuelto negativamente la pretensi\u00f3n liberatoria de Uber Smith Galeano Cruz, (\u2026) no estructura la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas por \u00e9l invocadas, m\u00e1xime cuando se advierte que las razones aducidas por el Juzgado (\u2026) y la Sala Penal del Tribunal (\u2026) consultaron las normas legales aplicables y muestran conformidad con los criterios jurisprudenciales vigentes en la materia (\u2026)\u201d (fls. 68 a 85). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el promotor insistiendo en sus inconformidades (fls. 91 a 94). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Uber Smith Galeano Cruz cuestiona que dentro del comentado subex\u00e1mine se haya rechazado su pedimento de traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalizaci\u00f3n y de \u201clibertad condicionada\u201d, pues, en su opini\u00f3n, los juzgadores accionados inobservaron el cumplimiento de los presupuestos estipulados en la Ley 1820 de 2016, para acceder a tales medidas. <\/p>\n

2. Delanteramente, es menester referir, en atenci\u00f3n al memorial arrimado por el tutelante a ese expediente, en donde acreditaba su calidad de \u201cgestor o promotor de paz\u201d certificada por el gobierno nacional, la solicitud de excarcelaci\u00f3n elevada por aqu\u00e9l fue nuevamente analizada por el despacho del circuito querellado, siendo negada el 4 de septiembre pasado, decisi\u00f3n apelada por el interesado. Ahora bien, el tribunal convocado inform\u00f3 a esta Sala que el mentado recurso a\u00fan no ha sido resuelto (fl. 3 cdno. Corte). <\/p>\n

3. En virtud de lo discurrido, en ese decurso est\u00e1 pendiente de definirse la alzada propuesta frente al auto referido, a lo cual deber\u00e1 aguardar el ac\u00e1 gestor, previo a formular cualquier ataque contra lo que all\u00ed pueda eventualmente concluirse. <\/p>\n

Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 el amparo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues al Juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

4. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, precept\u00faa: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC2105-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-04-000-2017-02139-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-02139-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb5, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb6; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 22 \tde febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, \texp, 00051-01; \ty el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre \totras.
\n2 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n

4 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n6 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n16<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC2105-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02139-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}