{"id":101590,"date":"2026-07-01T18:29:27","date_gmt":"2026-07-01T18:29:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101590"},"modified":"2026-07-01T18:29:27","modified_gmt":"2026-07-01T18:29:27","slug":"stc2106-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2106-2018\/","title":{"rendered":"STC2106-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2018-00001-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 19 de enero de 2018, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la tutela instaurada por Nubia Aydee Burgos Figueroa en contra del Juzgado Quinto de Familia de esa capital, con ocasi\u00f3n del juicio de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria iniciado por Ignacio Trujillo Santos respecto de la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante suplica la protecci\u00f3n de, entre otros, el derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por el acusado.
\n2. Nubia Aydee Burgos Figueroa sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fl. 1): <\/p>\n

2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el despacho acusado program\u00f3 la diligencia contenida en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso para el 8 de agosto de 2017; sin embargo, en decisi\u00f3n posterior la adelant\u00f3 para el 26 de julio de ese a\u00f1o. <\/p>\n

2.2. La tutelante asevera que la \u00faltima de las determinaciones anotadas no le fue notificada \u201ca su correo electr\u00f3nico o domicilio\u201d, por tal motivo no pudo asistir a ese acto p\u00fablico, en el cual se dict\u00f3 fallo accediendo a las pretensiones, cercen\u00e1ndosele la posibilidad de ejercer la defensa de sus intereses y, adem\u00e1s, desconoci\u00e9ndose por el juzgador la necesidad de mantener la obligaci\u00f3n alimentaria a su favor. <\/p>\n

3. Implora invalidar la mencionada sentencia. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1 se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder, tambi\u00e9n expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Mediante auto de 18 de julio de 2017, en raz\u00f3n a que no era posible realizar la audiencia programada mediante auto de 19 de abril de 2017, toda vez que se hab\u00eda se\u00f1alado audiencia para la misma fecha y hora en otro proceso que cursa en el despacho, se orden\u00f3 fijar nueva fecha para celebrar la audiencia para el 26 de julio de 2017 a las 9:30 a.m., auto debidamente notificado en estado 120 del 19 de julio de 2017 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Dentro del expediente no obra ning\u00fan tipo de recurso o actuaci\u00f3n relativa a los hechos constitutivos de la queja constitucional por parte del apoderado judicial de la demandada (\u2026)\u201d (fls. 9 a 12). <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 el resguardo tras inferir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [U]na vez revisado el proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos propuesto por el se\u00f1or Ignacio Trujillo Santos, se observa que las providencias proferidas en desarrollo del libelo, fueron debidamente notificadas por estado, incluido el auto de 18 de julio de 2017, seg\u00fan actuaci\u00f3n notificatoria (sic) por esa v\u00eda con numeraci\u00f3n 120 del 19 de julio de 2017, providencia que eventualmente pudo ser inclusive materia de recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Finalmente, de la audici\u00f3n del fallo se evidencia que las consideraciones plasmadas por el juez, (\u2026) advierten de una parte que no se acredit\u00f3 que ahora ni antes la se\u00f1ora Nubia Aydee Burgos Figueroa fuera la compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Ignacio Trujillo Santos y, que en todo caso, de haber sido tal, la obligaci\u00f3n alimentaria no estaba llamada a subsistir por cuanto no se encontr\u00f3 probada a la fecha la vida marital, en los t\u00e9rminos de permanencia y singularidad del art\u00edculo primero de la Ley 54 de 1990 (\u2026)\u201d (fls. 23 a 26 vuelto). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora insistiendo en sus inconformidades, por cuanto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Cabe precisar que s\u00ed es cierto que debe el profesional estar atento a los estados, tambi\u00e9n es cierto que se deben respetar (\u2026) las fechas se\u00f1aladas, veamos, el despacho fij\u00f3 una fecha por estado notificada y dicen que por telegramas, pero no se dio de manera legal porque la primera fecha estaba vigente y de forma inusual luego notifican otra fecha, hecho irregular, am\u00e9n de que existiendo un correo electr\u00f3nico nunca se envi\u00f3 un comunicado, (\u2026) lo cual amerita la nulidad procesal por falta de defensa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En el decurso del proceso existe amplia documentaci\u00f3n sobre los derechos de la suscrita con el demandante Trujillo Santos Ignacio, obs\u00e9rvense las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso cuando se propusieron las excepciones, igualmente la afiliaci\u00f3n a la E.P.S. Confandi, solicitud firmada (sic), igualmente el acta de conciliaci\u00f3n ante la Personer\u00eda Municipal de Cali, hechos concretos de convivencia y la extrajuicio de convivencia (sic), hechos no valorados por el juzgado accionado, por ello incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba que debe valorarse y no se hizo (\u2026)\u201d (fls. 39 y 40). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Nubia Aydee Burgos Figueroa cuestiona que dentro del comentado subex\u00e1mine no se le haya notificado la reprogramaci\u00f3n de la audiencia reglada en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso y tambi\u00e9n critica la sentencia emitida en esa diligencia, aduciendo desafueros en el an\u00e1lisis de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n

2. Concerniente al primer punto de censura, se denegar\u00e1 el amparo por desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, tal como inform\u00f3 el despacho acusado en este ruego, la accionante no puso en conocimiento del juez la presunta anomal\u00eda acaecida en torno al enteramiento del prove\u00eddo mediante el cual se fij\u00f3 data para llevar a cabo el mencionado acto; debe recordarse, ese era el escenario propicio para que, de haberse presentado alguna equivocaci\u00f3n, se adoptaran los correctivos respectivos. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos al interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n

3. Al margen de lo discurrido, es pertinente aclarar que no se observa la irregularidad endilgada al funcionario acusado, pues comunic\u00f3 la determinaci\u00f3n mediante la cual se program\u00f3 la anotada audiencia en ese juicio, a trav\u00e9s del medio autorizado por el legislador, esto es, por estado (fl. 74 cdno. pruebas). <\/p>\n

Esa actuaci\u00f3n se encuentra conforme a lo estatuido en el canon 295 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) [l]as notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el Secretario (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4. En torno a la sentencia definitoria de ese decurso, el estrado resolvi\u00f3 de la manera confutada tras precisar que no estaba acreditada la uni\u00f3n marital de hecho sostenida entre los extremos procesales, presupuesto indispensable para la exigencia de los alimentos. <\/p>\n

En palabras del juzgador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e tiene como documento contentivo de la obligaci\u00f3n alimentaria el acta de conciliaci\u00f3n celebrada entre las partes ante la Personer\u00eda Municipal de Cali el 20 de febrero de 2012; no obstante, se echa de menos la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho como requisito de que lo all\u00ed pactado tenga la calidad de obligaci\u00f3n alimentaria\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el demandante y la testigo (sic), la pareja nunca adelant\u00f3 (\u2026) tr\u00e1mite alguno en procura de la declaraci\u00f3n de la calidad que se invoc\u00f3 para la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria que hoy es objeto de debate, lo que de contera genera ausencia del v\u00ednculo de causalidad en procura del sostenimiento de la pretensi\u00f3n alimenticia\u201d. <\/p>\n

\u201cNo escapa al conocimiento del despacho que se alleg[aron] por la parte demandada en su contestaci\u00f3n (\u2026) sendas copias simples de declaraciones ante notario, (\u2026) una extrajuicio suscrita por el se\u00f1or Ignacio Trujillo Santos ante la Notar\u00eda Doce de Cali en la que indica que vive en uni\u00f3n libre con la se\u00f1ora Nubia Aydee Burgos Figueroa desde hace siete a\u00f1os, igualmente (\u2026) declaraci\u00f3n extrajuicio suscrita por los se\u00f1ores Ignacio Trujillo y Nubia Aydee en la que declaran que viven en calidad de compa\u00f1eros permanentes hace siete a\u00f1os y que de su uni\u00f3n no existen hijos, la que fue expedida para la S.O.S. Confandi E.P.S.\u201d. <\/p>\n

\u201cFrente al posible argumento derivado de estas declaraciones, de que con dichas expresiones plasmadas en el documento atr\u00e1s se\u00f1alado, qued\u00f3 suplida la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, pronto se observa respuesta negativa por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n

\u201cSea lo primero que en palabras de la corte Constitucional contenidas en la sentencia C-598 de 2001, la conciliaci\u00f3n, que es uno de los medios por los cuales se declara la uni\u00f3n marital de hecho, \u201ces un procedimiento por el cual un n\u00famero determinado de individuos trabados entre s\u00ed por causa de una controversia jur\u00eddica, se re\u00fanen para componerla con la intervenci\u00f3n de un tercero neutral, conciliador, quien adem\u00e1s de proponer f\u00f3rmulas de arreglo da fe de la decisi\u00f3n de arreglo e imparte su aprobaci\u00f3n, el convenio (\u2026) es obligatorio por las partes que concilien. La nota caracter\u00edstica de este mecanismo es la voluntariedad de las partes para llegar a la soluci\u00f3n de su controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Como bien se extrae del anterior criterio, es la voluntad el elemento esencial de este mecanismo alternativo de resoluci\u00f3n de conflictos, que se debe dejar expresada de manera precisa en el acta contentiva del acuerdo, que a su vez deber\u00e1 expresar con claridad las obligaciones all\u00ed contra\u00eddas. (\u2026) De manera que una declaraci\u00f3n surtida ante un notario no se puede asimilar a una conciliaci\u00f3n prejudicial ni asomo de duda puede quedar en ello, pues esa mera declaraci\u00f3n no suple el requisito legal establecido por el legislador para declarar la uni\u00f3n marital de hecho ante un centro de conciliaci\u00f3n, pues, valga se\u00f1alar, una declaraci\u00f3n de tipo extrajudicial es apenas una prueba que se valora eventualmente por un juez en un proceso declarativo para efectos de demostrar la uni\u00f3n marital de hecho que no necesariamente trae como consecuencia que se acceda a tal declaraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Quien pretenda cuota alimentaria alegando su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente, debe acreditar la prueba de ello, (\u2026) dicha prueba no es otra que la sentencia judicial, la escritura p\u00fablica o la manifestaci\u00f3n expresa contenida en acta de centro de conciliaci\u00f3n, lo que en esta causa judicial se echa de menos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Pero es que si estudi\u00e1ramos la conciliaci\u00f3n de 20 de febrero de 2012, tampoco all\u00ed se advierte el cumplimiento de tales exigencias, (\u2026) pues esa conciliaci\u00f3n no estuvo dirigida a la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para que en su parte resolutiva no se se\u00f1alara que se declaraba esa uni\u00f3n marital, de manera que tampoco esa acta estuvo dirigida a irradiar los efectos previstos en (\u2026) la Ley 54 de 1990 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por tanto, adujo que al no estar probada la uni\u00f3n marital de hecho, \u201c(\u2026) est\u00e1 ausente el v\u00ednculo invocado para que nazca la obligaci\u00f3n y para que se sostenga la misma, (\u2026) carencia que deja sin soporte el convenio contenido en el acta precitada y resulta suficiente para que la exoneraci\u00f3n pretendida se abra paso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Finalmente, sostuvo que en ese pleito no se pod\u00eda dirimir la controversia relativa a esclarecer si los extremos eran compa\u00f1eros permanentes o no, pues ese decurso estaba encaminado exclusivamente a la exoneraci\u00f3n de la mencionada obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n

4. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; la autoridad judicial efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n adecuada que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada. En efecto, expuso razonadamente los motivos por los cuales era viable acceder a lo perseguido por el all\u00ed actor. <\/p>\n

Conviene precisar que revisada el acta de conciliaci\u00f3n mediante la cual los extremos de ese litigio acordaron alimentos a favor de la aqu\u00ed quejosa (fls. 2 y 3 cdno. pruebas), en ese documento solamente se defini\u00f3 esa cuesti\u00f3n y de su contenido no se infiere el reconocimiento por parte de Ignacio Trujillo Santos ni la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho invocada por Burgos Figueroa como soporte de sus reclamos. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en el canon 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

5. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Adem\u00e1s, la regla 93 ej\u00fasdem, estatuye: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nAusencia justificada <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n

STC2106-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 76001-22-10-000-2018-00001-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2018-00001-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb5, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb6; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado
\n1 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tPacto \tde San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 \ty aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n3 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n4 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n5 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n6 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n19<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2018-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 19 de enero de 2018, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101590","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101590"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101590\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}