{"id":101595,"date":"2026-07-01T18:29:48","date_gmt":"2026-07-01T18:29:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101595"},"modified":"2026-07-01T18:29:48","modified_gmt":"2026-07-01T18:29:48","slug":"stc2151-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2151-2018\/","title":{"rendered":"STC2151-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2151-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00230-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciseis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio penal que se adelant\u00f3 en su contra por los delitos de \u00abhomicidio agravado y tentativa de homicidio\u00bb.
\n2.- Arguy\u00f3, como pilares de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Destaca que fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito cuestionado a 46 a\u00f1os de prisi\u00f3n \u00abcomo coautor del punible de homicidio y tentativa, caso diferente al de {sus} compa\u00f1eros de causa, los cuales fueron condenados a (430) meses o 35 a\u00f1os y 10 meses por hallarse responsables de los delitos de homicidio y tentativa y por ilegal de armas\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Reprocha que \u00abellos {quienes} fueron los perpetradores directos del crimen como obra en el plenario fueron sancionados a condenas m\u00ednimas que las de {\u00e9l}\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.3.- El fallo de primera instancia (19-02-08) fue confirmado por el Tribunal censurado (02-10-09) e interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero le fue inadmitido (24-03-10). <\/p>\n

2.4.- El 31 de julio de 2013 el despacho de ejecuci\u00f3n neg\u00f3 la \u00abmodificaci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Refiere que su inconformidad frente a la \u00abcondena impuesta\u00bb respecto a sus \u00abcompa\u00f1eros de causa\u00bb la ha expuesto ante las diferentes funcionarios y colegiados enjuiciados, empero le han \u00abnegado la oportunidad de adecuar {su} pena por principio de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad penal\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Anota que ante el juzgado de conocimiento elev\u00f3 petici\u00f3n el 14 de noviembre de 2017, respecto a la \u00abmodificaci\u00f3n de la condena\u00bb pero tal requerimiento le fue denegado. <\/p>\n

3.- Solicita, se protejan sus derechos fundamentales. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Las autoridades recriminadas guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en defecto procedimental, enfila su inconformismo, por la negativa de \u00abmodificaci\u00f3n de la condena\u00bb por parte de los funcionarios y colegiados enjuiciados. <\/p>\n

3.- Obran como demostraciones, que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Sentencia de 19 de febrero de 2008 emitida por el Juzgado encartado, en la que resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: CONDENAR a JHONIER ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ ARISTIZABAL \u2026 a la pena de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (552) MESES, de prisi\u00f3n y a la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un t\u00e9rmino de VEINTE (20) A\u00d1OS, como coautor del delito de homicidio agravado en la persona de JHONY ESTID ALDANA\u2026 cometido en concurso de conductas punibles con tentativas de homicidio de que fueron v\u00edctimas YULIANA DE LA CUESTA TRIANA y JHON JAIRO CEBALLOS GARC\u00cdA\u2026\u00bb. <\/p>\n

3.2.- Fallo confirmatorio del Tribunal acusado de fecha 2 de octubre de 2009. <\/p>\n

3.3.- Providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de 24 de marzo de 2010 en la que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por el aqu\u00ed accionante.. <\/p>\n

3.4.- Prove\u00eddo de 31 de julio de 2013 mediante el cual el despacho de ejecuci\u00f3n, dispuso \u00abPRIMERO: NEGAR por improcedente la solicitud de modificaci\u00f3n de la pena presentada por el se\u00f1or JHONIER ANDR\u00c8S RAM\u00cdREZ ARISTIZ\u00c1BAL, fund\u00e1ndose para ello en la sanci\u00f3n impuesta a sus compa\u00f1eros de causa, tema que fue suficientemente abordado en las instancias pertinentes\u2026 TERCERO: En auto aparte, PROCEDER al reconocimiento de rebaja de pena por actividades intramurales que se alleg\u00f3 al expediente\u2026\u00bb. <\/p>\n

3.5.- Escrito radicado el 14 de noviembre de 2017 por el aqu\u00ed accionante ante el despacho de conocimiento reiterando la petici\u00f3n de \u00abadecuaci\u00f3n de {su} pena\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Respuesta a la solicitud descrita mediante oficio No. 2770 de 21 de noviembre pasado, en la que se le informa \u00abante la garant\u00eda procesal de cosa juzgada, y el principio de irrevocabilidad de la sentencia, no es procedente que este estrado judicial entre a revisar, para modificar o variar, una sentencia fallada por este mismo despacho y que fuere legalmente ejecutoriada, tal como lo pretende usted en el escrito que presenta. Ahora, si lo pretendido es adelantar una acci\u00f3n de revisi\u00f3n, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de conformidad con el art. 34.3 del C.P.P. bajo los par\u00e1metros y causales consagradas en el art. 192 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n

4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, en primer lugar, es del caso precisar que esta Sala, a partir del 4 de septiembre de 2014, en aplicaci\u00f3n de las reglas de competencia consagradas en el Decreto 1382 de 2000 y a su reglamento interno, recogi\u00f3 el criterio denominado \u00ab\u00f3rgano l\u00edmite\u00bb, consistente en que no era de recibo tramitar \u00abacciones de amparo\u00bb tendientes a revisar, v\u00eda constitucional, las providencias adoptadas por sus hom\u00f3logas de esta Corporaci\u00f3n en los diversos juicios sometidos a su conocimiento y, entonces, en lo sucesivo, dio curso a las tutelas formuladas contra determinaciones de la aludida autoridad de casaci\u00f3n (CSJ ATC5313-2014, rad. 01999-00 y CSJ ATC5314-2014, rad. 00271-00, entre otros). <\/p>\n

4.1.- Conforme al entendido que viene de verse, cabe emprender el an\u00e1lisis del reparo elevado, m\u00f3vil por lo que a ese prop\u00f3sito, antes que otra cosa, es menester examinar acerca de si se brind\u00f3 o no observancia a los presupuestos generales y especiales de procedencia de esta acci\u00f3n, entre ellos, al de \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n

4.2.- Relativamente al \u00faltimo t\u00f3pico enunciado, que ata\u00f1e con la forma en que ha de verificarse la tempestividad de las solicitudes de salvaguardia dirigidas, para el caso que nos ocupa, en frente de pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es decir, a prop\u00f3sito del c\u00f3mputo del t\u00e9rmino jurisprudencial de seis (6) meses que est\u00e1 fijado como el l\u00edmite temporal razonable que ha de atenderse en pro de verificar si la petici\u00f3n de resguardo atiende al postulado de marras, esta Corporaci\u00f3n relev\u00f3, en CSJ STC2446-2015, 5 mar. rad. 00392-00, que \u00abmientras se aplic\u00f3 el criterio del \u201c\u00f3rgano l\u00edmite\u201d, ninguna posibilidad ten\u00eda el promotor de someter al escrutinio constitucional los pronunciamientos aqu\u00ed denunciados, independientemente del t\u00e9rmino que hubiere transcurrido entre su proferimiento y la formulaci\u00f3n del amparo, lapso que deber\u00e1 contarse s\u00f3lo a partir del cambio de jurisprudencia -4 de septiembre de 2014-\u00bb (se resalta). <\/p>\n

Dicho de otra manera, pretorianamente qued\u00f3 establecido que \u00abel d\u00eda hito desde el cual se ha de principiar el c\u00e1lculo del per\u00edodo de \u201cinmediatez\u201d, en los restrictivos asuntos que connotan la naturaleza del ahora auscultado, no es otro distinto que la fecha del 4 de septiembre de 2014, data que se yergue coto a considerar derivado del cambio doctrinal adoptado sobre el concreto tema actualmente abordado\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2015, rad. 00875-00, (CSJ 9 Mar. 2017, rad. 00489-00). <\/p>\n

4.3.- Con vista en el entendido anterior, que, it\u00e9rase, solamente aplica cuando se trata de efectuar el conteo del antedicho plazo en trat\u00e1ndose de discrepancias constitucionales enfiladas contra providencias de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, advierte la Corte que el amparo constitucional resulta improcedente, a secuela que desde el 4 de septiembre de 2014 y hasta el momento de la formulaci\u00f3n de la presente solicitud de resguardo, que no es otro que el 2 de febrero de 2018, transcurri\u00f3 un interregno mayor al ut supra mentado, lo que, per se, torna improcedente la petici\u00f3n de amparo de que aqu\u00ed se trata. <\/p>\n

4.4.- Es, en ese orden de ideas, que el reclamante no puede acudir a este excepcional\u00edsimo medio de protecci\u00f3n para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, ya que, como reiteradamente ha sido referido: <\/p>\n

Pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la acci\u00f3n de tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso (CSJ STC, 9 dic. 2010, rad. 00376-01, (CSJ 9 Mar. 2017, rad. 00489-00). <\/p>\n

Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta senda ius fundamental, en que necesariamente ha de repararse, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC, 8 may. 2013, rad. 00148-01 y STC5826.2015, 14 may. rad 00954-00) (CSJ 9 Mar. 2017, rad. 00489-00). <\/p>\n

5.- Ahora bien, en segundo t\u00e9rmino, y en lo que respecta a la queja que involucra al tribunal y el despacho de ejecuci\u00f3n enjuiciados, por cuanto tambi\u00e9n han negado la \u00abmodificaci\u00f3n de la condena\u00bb solicitada, el amparo impetrado tampoco est\u00e1 llamado a prosperar comoquiera que nuevamente se desconoce el presupuesto de inmediatez exigido, ello a causa del lapso transcurrido desde que fueron proferidas las providencias cuestionadas, estos es, 2 de octubre de 2009 y 31 de julio de 2013, respectivamente, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que se propuso el 2 de febrero de 2018, esto es, m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os despu\u00e9s de emitir la aludida \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n

Por tanto, se reitera que es por eso que el actor no puede acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas, comoquiera que pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que el amparo inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n

6.- De otra parte, en lo que se refiere a la respuesta recibida por parte del despacho cognoscente el 21 de noviembre de 2017, reiterando la imposibilidad de \u00abmodificar\u00bb la condena impuesta, no advierte la Sala irregularidad alg\u00fan objeto de amparo constitucional, por cuanto no es de su competencia tal requerimiento, am\u00e9n que ante dicha respuesta no expuso inconformidad alguna ante aquel funcionario, quien finalmente es el juez natural del juicio y, en ese escenario al juez constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en funciones de otras autoridades, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2151-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00230-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., dieciseis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018). ANTECEDENTES 1.- El promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades encartadas dentro del juicio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}