{"id":101597,"date":"2026-07-01T18:30:02","date_gmt":"2026-07-01T18:30:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101597"},"modified":"2026-07-01T18:30:02","modified_gmt":"2026-07-01T18:30:02","slug":"stc2188-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc2188-2018\/","title":{"rendered":"STC2188-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC2188-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2017-00494-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Aycardi contra los Juzgados Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal y Sexto de Familia, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Josefina Uribe de Devis, Julieta Devis Uribe y los Juzgados Sexto y Veinticinco Civiles Municipales de la referida localidad <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n

2. Del Escrito de tutela y los anexos aportados se desprende lo siguiente:
\n2.1. En el a\u00f1o 2011 promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Josefina Uribe de Devis tr\u00e1mite que en la actualidad est\u00e1 bajo conocimiento del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla y en el cual mediante auto de 24 de julio de 2017 se decret\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n percibido por la demandada, administrado por la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe, proveniente del usufructo de los inmuebles apartamento 101, 201, 302 y 402 del Edificio J URIBE WILLS y el local comercial ubicado en la calle 72 No. 52-59 y 52-35 de la misma ciudad\u00bb; al igual que se orden\u00f3 oficiar a Julieta Devis Uribe, quien obra como guardarora definitiva de la demandada, para que los dineros que se retengan producto de la medida de embargo sean depositados en el Banco Agrario a \u00f3rdenes de la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esa ciudad. <\/p>\n

2.2. El 14 de agosto de 2017 la \u00abguardadora\u00bb requerida manifest\u00f3 que \u00ablos inmuebles se encuentran arrendados desde el a\u00f1o 2011 y que esto lo hizo en calidad de COPROPIETARIA del bien y no como guardadora, raz\u00f3n por la cual no puede poner a disposici\u00f3n del despacho los dineros que recibe por concepto de arrendamiento de dichos bienes y que ella habita el apto 101, ya que ella vino a posesionarse del cargo, como guardadora definitiva, en fecha enero del 2013, por lo que dichos dineros le pertenecen a ella y no a JOSEFINA URIBE DEVIS\u00bb. <\/p>\n

2.3. En escrito de 15 de septiembre de 2017, el ejecutante solicit\u00f3 al despacho de ejecuci\u00f3n encartado que oficiara a \u00abJULIETA DEVIS URIBE, en calidad de arrendadora y copropietaria, para que d\u00e9 cumplimiento a la medida de embargo decretada por su despacho, orden\u00e1ndose depositar los c\u00e1nones de arrendamiento provenientes del usufructo a favor de la se\u00f1ora JOSEFINA URIBE DE DEVIS\u00bb dado que ella es quien \u00abrecibe dichos dineros en calidad de copropietaria de los inmuebles rese\u00f1ados, siendo que al ser la nuda propiedad sin derecho de usufructuarios y que tal derecho se encuentra en cabeza de la se\u00f1ora JOSEFINA URIBE DE DEVIS CONFORME LOS CERTIFICADOS DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 040-87148 Y 040 87149, estos dineros le pertenecen, conforme al art\u00edculo 849 del CC, pues mientras que dure el usufructo, la propiedad est\u00e1 privada de la facultad de goce\u00bb, por lo que \u00abal pertenecerle a la demandada JOSEFINA URIBE DE DEVIS , los frutos que produzcan los bienes inmuebles cuyo embargo fue decretado por el despacho, es obligaci\u00f3n de la se\u00f1ora JULIETA DEVIS URIBE, como copropietaria, hacer entrega de las rentas percibidas por los mismos y mas aun que ostenta la calidad de su guardadora\u00bb. <\/p>\n

2.4. En igual sentido refiere que deprec\u00f3 que se requiera a los arrendatarios de los inmuebles \u00abpara que se les comunique la medida de embargo ordenada sobre los c\u00e1nones de arrendamiento, de manera independiente que el contrato se encuentre suscrito con una inmobiliaria, por lo que estos deber\u00e1n ser consignados a \u00f3rdenes de este despacho al pertenecerle dichos dineros a la se\u00f1ora JOSEFINA URIBE DE V\u00c9LEZ por ser la usufructuaria de los inmuebles\u00bb, pedimento que fuere negado; sin embargo, se libraron los correspondientes oficios informando la medida de embargo sin que se ordenara hacer las retenciones correspondientes . <\/p>\n

2.5. Mediante auto de 28 de septiembre de 2017 se requiri\u00f3 a la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal para que elaborara las comunicaciones correspondientes dirigidas a los arrendatarios inform\u00e1ndoles la medida cautelar, que efectuaran los dep\u00f3sitos de los dineros retenidos en el Banco Agrario y se abstuvo de \u00abrequerir a la se\u00f1ora JULIETA DEVIS URIBE, a fin de que d\u00e9 cumplimiento a la medida de embargo decretada mediante auto del 24 de julio de 2017, como quiera que esta se pronunci\u00f3 al respecto\u00bb. <\/p>\n

2.7. El 27 de octubre de 2017, el actor solicit\u00f3 nuevamente que se requiriera a Julieta Devis Uribe para que depositara a \u00f3rdenes del juzgado los emolumentos percibidos por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento de varios bienes inmuebles, adem\u00e1s que \u00abse aclare mediante oficio dirigido a los arrendatarios de los inmuebles que ya han sido ya [sic] notificados de la medida, que la misma se debe cumplir independientemente de si el contrato de arrendamiento que tienen suscrito este a nombre de una inmobiliaria, pues es menester que estos acaten lo ordenado pues lo embargado no es el contrato de arrendamiento sino los dineros que estos cancelan por concepto del uso y goce de los mismos, lo cual se constituye en el usufructo embargado por su despacho y no pueden desatender la orden emitida alegando que los mismos le pertenecen o no a la se\u00f1ora JOSEFINA URIBE DE VELEZ [sic], es decir, imponer su criterio por encima de la decisi\u00f3n de su despacho\u00bb. <\/p>\n

2.8. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 7 de noviembre de 2017 la c\u00e9lula judicial querellada resolvi\u00f3 que el actor deb\u00eda estarse a lo resuelto \u00aben auto del 28 de septiembre de 2017, notificado por estado No. 123 del 29 del mismo mes y a\u00f1o, 2. Oficiar al arrendatario INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCI\u00d3N S. A., de los bienes inmuebles ubicados en la calle 72 No. 52-37 Edificio J URIBE WILLS apartamentos 101-201-302-402 y el local comercial ubicado en la calle 72 No. 52-59 y 52-35 de la ciudad de Barranquilla, a fin de que d\u00e9 respuesta al oficio No. 020192 del 12 de octubre de 2017, emitido por la Oficina de Ejecuci\u00f3n Municipal de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n

2.9. Ante el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, despacho que decret\u00f3 la interdicci\u00f3n de Josefina Uribe de Devis, solicit\u00f3 que se le exigiera a la guardadora que explicara los motivos por los cuales no daba cumplimiento a lo ordenado por el despacho de ejecuci\u00f3n, as\u00ed mismo que rindiera un informe de los dineros que recibe por concepto de arriendos y que precisara \u00abla raz\u00f3n por la cual desde que se posesion\u00f3 no entrega los dineros recibidos, advirti\u00e9ndole de las sanciones de ley que dan lugar al apropiarse de los dineros que le pertenecen a su pupila\u00bb. <\/p>\n

2.10. Frente a la petici\u00f3n referida anteriormente, dicho despacho, en auto de 2 de octubre de 2017, sostuvo que \u00abrevisado el expediente observa el despacho que, el se\u00f1or, Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Aicardi, no ha sido parte en el expediente, ni es pariente de la demandante ni de la interdicta, en ning\u00fan grado, simplemente que acude a esta jurisdicci\u00f3n porque tiene intereses en la resulta de un proceso ejecutivo\u00bb por lo que estim\u00f3 que \u00abno es procedente que este despacho atienda la solicitud de alguien que no es parte en el proceso, adem\u00e1s que la informaci\u00f3n que requiere debe solicitarla es al juez donde se tramita su proceso ejecutivo y donde el funge como parte\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, que se ordene al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla que d\u00e9 cumplimiento a la medida cautelar decretada requiriendo, para el efecto, a la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe y a los arrendatarios para que consignen a \u00f3rdenes del despacho los dineros que son percibidos por la demandada por conceptos de arriendos de varios bienes inmuebles y que el Juzgado Sexto de Familia de la referida ciudad le permita su intervenci\u00f3n en el proceso de interdicci\u00f3n de Josefina Uribe de Devis pues ostenta la calidad de acreedor (fls. 1-6). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla se limit\u00f3 a remitir, en calidad de pr\u00e9stamo, el expediente ejecutivo radicado 2011-00328-00 (fl. 52). <\/p>\n

El Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla deprec\u00f3 que se le desvincule del tr\u00e1mite constitucional por cuanto en dicha dependencia no curs\u00f3 el proceso ejecutivo origen de la queja (fl. 53). <\/p>\n

El Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Barranquilla efectu\u00f3 un breve recuento de las actuaciones surtidas en el sub judice y solicit\u00f3 que se deniegue el amparo comoquiera que \u00abha actuado con apego a la ley procesal y en ning\u00fan momento ha vulnerado garant\u00edas de orden fundamental\u00bb (fl. 54). <\/p>\n

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Barranquilla realiz\u00f3 una rese\u00f1a de las etapas y decisiones proferidas en el proceso de interdicci\u00f3n adelantado por Julieta Devis Uribe en favor de Josefina del Socorro aseverando que desconoce \u00abotros procesos en que aparezca relacionada la interdicta anotada, ni reposa en el expediente comunicado alguno al respecto\u00bb. <\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00ablas providencias dictadas fueron conforme al ordenamiento jur\u00eddico procesal colombiano, es decir, ajustado a derecho asegurando una recta y cumplida decisi\u00f3n sin menoscabar el debido proceso\u00bb y relev\u00f3 que \u00abante el escrito petitorio presentado en esta agencia judicial el d\u00eda 20 de septiembre del a\u00f1o en curso, en el que solicit\u00f3 requerir a la se\u00f1ora, Julieta Devis Uribe, en calidad de guardadora de Josefina Uribe de Devis, a fin que explique los motivos por los cuales no ha hecho entrega de los c\u00e1nones embargados y se le pida rendir un informe del valor que recibe por todos los c\u00e1nones de los inmuebles arrendados; este despacho resolvi\u00f3 en prove\u00eddo fechado octubre 2 del a\u00f1o en curso, no acceder a lo pedido por el se\u00f1or, Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Aicardi, en el sentido de requerir a la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe en calidad de guardadora de la interdicta Josefina Uribe de Devis, por cuanto el petente no es parte en [el] proceso, adem\u00e1s que quien deb\u00eda solicitar tal informe a la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe, era el titular del Juzgado Tercero Civil Municipal, donde se tramit\u00f3 el proceso ejecutivo y donde \u00e9l funge como parte; quedando as\u00ed desvirtuado lo dicho en los hechos enunciados, respecto a que no fue atendida su petici\u00f3n\u00bb. Requiri\u00f3 que se declare improcedente el resguardo suplicado (fls. 61-63). <\/p>\n

Julieta Devis Uribe actuando en nombre propio y como guardadora de Josefina Uribe de Devis manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente en raz\u00f3n al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad comoquiera que el proceso ejecutivo se encuentra en curso siendo ese el escenario propicio en el cual el actor puede presentar los reparos que ahora expone (fls. 73-80). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abde la facticidad puesta de presente, para la Sala es claro que el actor se duele de la ausencia de pronunciamiento por parte de los jueces accionados en requerir a quienes est\u00e1n obligados a cumplir una orden de embargo decretada en el proceso ejecutivo donde funge como demandante y ejecutada la se\u00f1ora Josefina Uribe de Devis\u00bb, frente a lo cual \u00abinsiste el actor que los juzgados aqu\u00ed convocados no han realizado gestiones tendientes a que en el proceso ejecutivo sean destinados los dineros que por concepto de c\u00e1nones de arriendo percibe la se\u00f1ora Josefina Uribe y administra su guardadora como usufructo a favor de la primera, eventualidad que le ocasiona perjuicios\u00bb, refiriendo que la queja del actor se centra en la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n por la falta de pronunciamiento de los juzgados encartados respecto a las peticiones que les ha elevado, por lo que estim\u00f3 que \u00ablos funcionarios judiciales que tramitan asuntos bajo su competencia, no est\u00e1n sometidos a los t\u00e9rminos regulados en sede del derecho de petici\u00f3n, contemplados no s\u00f3lo en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo sino en la Ley 1755 de 2015, pues, para ello, el legislador puso a disposici\u00f3n de las partes involucradas en una Litis, medios, instrumentos no s\u00f3lo para controvertir decisiones emitidas por los jueces, sino provocar actuaciones procesales ligadas a la litispendencia\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, consider\u00f3 que las autoridades judiciales encartadas \u00abno habr\u00edan incurrido en quebrando alguno a la garant\u00eda que viene en comento, de constatar que no habr\u00eda mediado pronunciamiento alguno. La misma jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene decantado que al interior de un proceso judicial no pueden pretenderse pronunciamientos por cuanta de una solicitud en ejercicio de la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 superior, pues, para ello est\u00e1n previstos los recursos y mecanismos instituidos por la Ley al interior de la causa judicial\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abcon el alcance del pensamiento jurisprudencial citado se tiene que las situaciones aducidas por el peticionario frente al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esta ciudad no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad a m\u00e1s de constatar que en el proceso ejecutivo el operador judicial decret\u00f3 el embargo que da cuenta el actor el 24 de julio de 2017 (fl. 172), as\u00ed dispuso oficiar a la guardadora de la ejecutada para su cumplimiento (fl. 173). Como tambi\u00e9n a los arrendatarios mediante auto de 28 de septiembre de 2017 de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 593 del C. G. P. (fl. 242)\u00bb, y que \u00aben ese sentido, se tiene que el accionante manifest\u00f3 haber radicado nueva solicitud al juzgado, lo que se corrobora a folio 232, en el que insiste se oficie a la guardadora de la ejecutada, de la que obtuvo pronunciamiento en prove\u00eddo referenciado, en el que el despacho se abstuvo de oficiar a la se\u00f1ora Julieta Uribe en el entendido que ella se hab\u00eda pronunciado\u00bb. <\/p>\n

Por lo que, concluy\u00f3 que \u00abde lo dicho fluye con diamantina claridad que lo pretendido por el actor es que a trav\u00e9s de este mecanismo judicial se obligue al Juzgado de Ejecuci\u00f3n haga efectiva la orden de embargo impuesta, de lo que se ha podido advertir en el plenario la expedici\u00f3n de los oficios con destino a los sujetos que su leal saber y entender deben acatarla (fls. 243-245), de all\u00ed que esa agencia judicial ha adelantado las diligencias con miras a lograr el cumplimiento de sus disposici\u00f3n judicial, as\u00ed, no asiste raz\u00f3n al actor cuando enrostra omisi\u00f3n a esa agencia judicial que a su juicio se traduce en el quebranto de sus derechos, por el contrario, el promotor como parte ejecutante, cuenta con las herramientas jur\u00eddicas al interior del proceso para perseguir el cumplimiento de la cautela, sin que le sea admisible reemplazar esos mecanismos judiciales por la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, en relaci\u00f3n con la queja enfilada contra el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla relev\u00f3 que \u00abesa agencia judicial emiti\u00f3 pronunciamiento acerca de la solicitud del actor mediante la cual busc\u00f3 que esa agencia requiriera a la guardadora en el juicio de interdicci\u00f3n para que informara los motivos por los cuales no pon\u00eda a disposici\u00f3n del juzgado de ejecuci\u00f3n demandado los dineros por conceptos de c\u00e1nones de arriendo que recibe los cuales para todos los efectos se entend\u00edan embargados\u00bb aport\u00e1ndose con el escrito de tutela \u00abcopia del auto calendado 2 de octubre por medio del cual el Juzgado de Familia dio las razones por las cuales despachaba desfavorablemente la petici\u00f3n, entre otras por no ser parte en el proceso de interdicci\u00f3n el interviniente, destacando que tampoco estar\u00eda legitimado para adelantar el tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas por no ser tampoco pariente de la interdicta\u00bb. <\/p>\n

En suma, asever\u00f3 que \u00abresulta di\u00e1fano que los jueces aqu\u00ed convocados no han quebrantado el derecho fundamental de petici\u00f3n al accionante, puesto que su actuar como funcionarios competentes en los juicios radicados ante ellos por competencia no pueden verse comprometidos y constre\u00f1idos a emitir decisiones de cara a los t\u00e9rminos instituidos por la Ley 1755 de 2015, en ese orden, la protecci\u00f3n resulta improcedente al no poderlos obligar a emitir una decisi\u00f3n ligada a eventualidades sustanciales de las cuales bajo su jurisdicci\u00f3n, y conforme al exclusivo inter\u00e9s del accionante y bajo los alcances que persigue, un obrar en contrario, se desnaturalizar\u00edan los medios o instrumentos que el legislador coloc\u00f3 al servicio de las partes en un proceso judicial\u00bb, aunado a que \u00abfrente al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia no existe prueba de su quebranto por parte de los jueces aqu\u00ed accionados\u00bb (fls. 65-71). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el accionante aseverando que \u00aben los argumentos esgrimidos en el fallo de tutela no se consideran en lo absoluto a los esgrimidos en la solicitud de tutela dado que en ella se ha se\u00f1alado que el derecho alegado que se considera violado es al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, lo cual no fue considerado por la Sala quien se limita a negar la tutela alegando la improcedencia pero sobre un derecho no alegado, esto es el de petici\u00f3n y menos a\u00fan que se haya se\u00f1alado como fundamento legal para ello la Ley 1755 de 2015\u00bb pues \u00ablo pretendido con esta acci\u00f3n de tutela no es mas que se obligue a los accionados que den respuestas de fondo con cara a los hechos probados y manifestados en las solicitudes a ellos presentados, quienes guardan silencio ante ellas y deciden avalar de esta forma las violaciones a ellos se\u00f1aladas e incluso la posible comisi\u00f3n de delitos penales, como es el fraude procesal y a resoluci\u00f3n judicial, entre otros\u00bb . <\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00aben cuanto a que los despachos judiciales han dado respuesta a las solicitudes ante ellos presentados [sic] no es cierto ya que solo se limitaron a dejar en el limbo unas peticiones que por ley deben ser resueltas de fondo y m\u00e1xime que frente a ellas no existe recurso alguno, por lo que solo a trav\u00e9s de esta v\u00eda de tutela es que pued[e] hacer valer [sus] derechos constitucionales\u00bb (fls. 110-112). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a promover la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2. Observada la queja, se evidencia que el accionante pretende que se ordene al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla que d\u00e9 cumplimiento a la medida cautelar decretada requiriendo, para el efecto, a la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe y a los arrendatarios para que consignen a \u00f3rdenes del despacho los dineros que son percibidos por la demandada por conceptos de arriendos de varios bienes inmuebles y, que el Juzgado Sexto de Familia de la referida ciudad, le permita su intervenci\u00f3n en el proceso de interdicci\u00f3n de Josefina Uribe de Devis pues ostenta la calidad de acreedor, refiriendo lo anterior a un defecto procedimental. <\/p>\n

3. Del examen de las acreditaciones obrantes en el expediente, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

3.1. En relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo adelantado por Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Aycardi (aqu\u00ed accionante) contra Josefina Uribe de Devis radicado 2011-00328-00: <\/p>\n

a) Auto de 24 de julio de 2017 que decret\u00f3 el embargo de c\u00e1nones de arrendamiento (fl. 4 cuaderno Corte). <\/p>\n

b) Escrito presentado el 14 de agosto de 2017 por Julieta Devis Uribe en el que manifest\u00f3 que no le era posible atender la medida cautelar decretada (fls. 24 y 25 cuaderno tribunal).
\nc) Memorial presentado ante el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla el 15 de septiembre de 2017 por la apoderada judicial de Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Aycardi (aqu\u00ed accionante) recabando que se librara oficio a la guardadora para que diera cumplimiento a la medida de embargo y secuestro decretada respecto a los inmuebles sobre los cuales ejerce la administraci\u00f3n, as\u00ed mismo que se librara oficio a los arrendatarios para que se les informara la medida cautelar y procedieran a consignar los dineros correspondientes a nombre del juzgado (fl. 22). <\/p>\n

d) Auto de 28 de septiembre de 2017 a trav\u00e9s del cual se requiri\u00f3 a la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal para que elaborara los oficios correspondientes dirigidos a los arrendatarios inform\u00e1ndoles la medida cautelar para que efectuaran los dep\u00f3sitos de los dineros retenidos en el Banco Agrario y se abstuvo de requerir a la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe (fl. 18). <\/p>\n

e) Memorial de 27 de octubre de 2017 en el que el actor solicit\u00f3 nuevamente que se requiriera a Julieta Devis Uribe para que depositara a \u00f3rdenes del juzgado los emolumentos percibidos por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento de varios bienes inmuebles adem\u00e1s que se librara oficio a los arrendatarios para que cumplieran lo ordenado (fl. 7). <\/p>\n

f) Prove\u00eddo de 7 de noviembre de 2017 que orden\u00f3 estarse a lo resuelto en auto de 28 de septiembre del referido a\u00f1o (fl. 19). <\/p>\n

3.2. Respecto al proceso de interdicci\u00f3n judicial adelantado por Julieta Devis Uribe en favor de Josefina del Socorro Uribe de Devis que cursa en el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla obran las siguientes pruebas:
\na) Sentencia proferida el 19 de diciembre de 2011 en la que se declar\u00f3 \u00abla interdicci\u00f3n definitiva por causa de discapacidad mental a la se\u00f1ora JOSEFINA DEL SOCORRO URIBE IBARRA (Josefina del Socorro Uribe de Devis)\u00bb y en consecuencia se design\u00f3 como guardadora definitiva a \u00abJulieta Amelia Devis Uribe\u00bb (fls. 26-34 cuaderno tribunal). <\/p>\n

b) Escrito presentado el 20 de septiembre de 2017 por el actor en el que solicit\u00f3 que se requiriera a Julieta Devis Uribe para que explicara las razones del incumplimiento de la medida cautelar decretada por el juzgado de ejecuci\u00f3n civil municipal (fls. 8 y 9). <\/p>\n

c) Auto de 2 de octubre de 2017 que resolvi\u00f3 no acceder a lo pretendido en raz\u00f3n a que el peticionario no es parte en el proceso (fl. 64). <\/p>\n

4. Del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias advierte la Sala que el fallo de primera instancia se debe revocar y en consecuencia se acceder\u00e1 al amparo deprecado pese a que el accionante no formul\u00f3 recursos contra los autos de 28 de septiembre y 7 de noviembre de 2017, a trav\u00e9s de los cuales el despacho encartado, de una parte se abstuvo de requerir a Julieta Devis de Uribe y, de otro lado, resolvi\u00f3 que el actor deb\u00eda estarse a lo decidido en el prove\u00eddo anterior, seg\u00fan pasa a exponerse: <\/p>\n

4.1. En reciente oportunidad, la Corte al ocuparse de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, sostuvo que: <\/p>\n

[E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso (CSJ, STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC11491-2015, 28 ago, 2015, rad. 00059-02 y en CSJ STC10557-2016 ago. 3 de 2016, rad. 2016-00608-01). <\/p>\n

En igual sentido, hab\u00eda dicho que: <\/p>\n

(\u2026) Se impone entonces proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. No soslaya la Corte que si bien no se utilizaron las herramientas que se tuvieron al alcance para impugnar las decisiones que ahora cuestiona, habida cuenta que no se interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a ellas, \u201ctal abandono no tiene la suficiente trascendencia para denegar el amparo por esta raz\u00f3n, si se tiene en cuenta que el Estado en cabeza de los Jueces de la Rep\u00fablica deben y pueden en ejercicio de su plena autonom\u00eda que le otorga la Ley y la Constituci\u00f3n, realizar sin ninguna clase de cortapisas los actos preparatorios a efectos de llevar a cabo la venta forzada\u201d (sentencia de 2 de octubre de 2012, exp. 00328-01) (CSJ STC, 12 Oct. 2012, rad. 01545, reiterada en STC11491-2015, 28 ago, 2015, rad. 00059-02). <\/p>\n

5. En el sub examine se observa que el accionante ha solicitado en varias oportunidades al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla que requiera a la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe para que consigne a \u00f3rdenes del despacho los dineros que son fruto de los c\u00e1nones de arrendamiento que percibe sobre varios bienes inmuebles, en raz\u00f3n de ejercer como guardadora de la demandada, a quien le corresponde el usufructo de los mismos, peticiones que no han sido resueltas de fondo. <\/p>\n

5.1. Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez conocido lo alegado por la guardadora de la ejecutada en el sentido de que no atiende la orden judicial de depositar los arriendos que generan los inmuebles, respecto de los cuales la demandada es titular del derecho real de usufructo, debi\u00f3 el despacho censurado tomar una decisi\u00f3n definitiva sobre el tema en particular, a fin de determinar jur\u00eddicamente si la se\u00f1ora Julieta Devis Uribe est\u00e1 o no obligada a consignar los c\u00e1nones de arriendo producidos por los referenciados inmuebles, atendiendo la existencia del usufructo en cabeza de la convocada, as\u00ed mismo, establecer lo pertinente con respecto a los se\u00f1alados arrendatarios, en orden a hacer posible la finalidad del procedimiento, cual es la efectiva realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales. <\/p>\n

En efecto, una respuesta en el sentido de no requerir a la guardadora, porque hab\u00eda informado en pret\u00e9rita oportunidad que la se\u00f1ora Josefina Uribe de Devis no era la arrendadora de los bienes ra\u00edces, de la que es titular del derecho de usufructo, no es de recibo, por cuanto el sustrato sustancial de la situaci\u00f3n jur\u00eddica que subyace al interior del proceso ejecutivo para la realizaci\u00f3n de las medidas cautelares de las rentas, queda sin soluci\u00f3n e indefinici\u00f3n, lo que no garantiza la tutela judicial efectiva de quien promueve la acci\u00f3n constitucional.
\n5.2 Esta Corporaci\u00f3n, al pronunciarse relativamente a un asunto an\u00e1logo, en CSJ STC, 14 jul. 2010, rad. 00154-01, reiterada en CSJ STC, 22 feb. 2012, rad. 2011-00075-01, sostuvo: <\/p>\n

As\u00ed las cosas, por ese conducto fue soslayado el presupuesto b\u00e1sico ata\u00f1edero a la cumplida dispensaci\u00f3n de justicia a que est\u00e1n obligados todos los funcionarios judiciales y que, parejamente, todo usuario est\u00e1 en derecho de recibir, el cual, para el particular evento, se relaciona con el impostergable deber de dar \u00edntegro y cabal despacho a los concretos argumentos en que se erige una petici\u00f3n enmarcada dentro del \u00e1mbito de la ritualidad procedimental, lo que necesariamente implica que el juzgador de conocimiento, con fundamento en una argumentaci\u00f3n que comprenda los puntos puestos a su consideraci\u00f3n, emita la determinaci\u00f3n jur\u00eddica que es menester seg\u00fan las competencias a \u00e9l atribuidas, ya que proceder en contrario, como se evidenci\u00f3 en el asunto del que aqu\u00ed se trata, llega al punto de desembocar en la reprochable situaci\u00f3n de dejar sin pronunciamiento de fondo un asunto que en verdad merece recibirlo, con lo cual se desestructura de suyo la raz\u00f3n de ser de la administraci\u00f3n de justicia, puesto que tal prerrogativa s\u00f3lo quedar\u00e1 satisfecha cuando, surgida la dial\u00e9ctica procesal al emitirse el pronunciamiento esperado, sean analizados todos los basamentos jur\u00eddicos en que se soporta la solicitud planteada, \u201ca fin de que el principio fundamental de asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo, que por dem\u00e1s abreva de las razones que exhala la justicia para legitimarse por conducto de sus pronunciamientos, no se torne en letra yerma de la mano de la dejaci\u00f3n de las funciones que a cada servidor judicial le corresponden dentro de la \u00f3rbita de sus atribuciones legales\u201d (Cfr., CSJ STC, 14 jul. 2010, rad. 00154-01). <\/p>\n

6. Con todo, cumple se\u00f1alar que la presente senda de resguardo mal puede coaccionar a la c\u00e9lula judicial querellada para que emita pronunciamiento en un determinado sentido, en tanto priman la autonom\u00eda y la independencia jurisdiccionales, por lo cual la orden impartida lo es a fin de que aquella se manifieste respecto a la petici\u00f3n tendiente a que se requiera a Julieta Devis Uribe para que consigne a \u00f3rdenes del juzgado los dineros que como curadora recibe y que son fruto de los c\u00e1nones de arrendamiento de su protegida, mas no tiende en lo absoluto a direccionar el sentido decisorio. <\/p>\n

7. De otra parte, en relaci\u00f3n con la queja enfilada frente al Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla que profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n de 2 de octubre de 2017 mediante la cual no se accedi\u00f3 a lo pretendido por el accionante en raz\u00f3n a que no es parte en el proceso de interdicci\u00f3n adelantado en favor de Josefina del Socorro Uribe de Devis cumple relevar que dicha manifestaci\u00f3n no entra\u00f1a irregularidad que d\u00e9 lugar a catalogarla como ostensiblemente absurda ni manifiestamente ilegal para tenerla como peregrina al derecho, am\u00e9n que tampoco responde a la sola arbitrariedad de su signataria. <\/p>\n

8. As\u00ed las cosas, el desempe\u00f1o de la juzgadora encartada, no luce arbitrario, por lo que independientemente que lo proh\u00edje la Corte, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de cuestionamiento en sede constitucional, cuando insistentemente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha dicho, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que: <\/p>\n

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; y, 13 feb. 2013, rad. 00216-00). <\/p>\n

9. Sin embargo, se exhortar\u00e1 al Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla para que analice la situaci\u00f3n concreta en cuanto a las funciones del curador por cuanto al observar alg\u00fan incumplimiento deber\u00e1 tomar las medidas del caso. <\/p>\n

10. De conformidad con lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n y se conceder\u00e1 el amparo al derecho al debido proceso, por lo que se ordenar\u00e1 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, se pronuncie de fondo sobre la problem\u00e1tica sustancial referida en torno a los c\u00e1nones de arrendamiento de los inmuebles sobre los cuales recae el derecho real de usufructo, a fin de determinar si la guardadora est\u00e1 o no obligada a depositar el producto de las rentas a \u00f3rdenes de la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla, con destino al proceso ejecutivo en el que act\u00faa como ejecutante Ram\u00f3n Gonzales Aycardi; as\u00ed mismo adoptar las determinaciones a que hubiere lugar respecto a los arrendatarios. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede y, en su lugar, dispone: <\/p>\n

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Aycardi, conforme a la motivaci\u00f3n exteriorizada. <\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla que, dentro del t\u00e9rmino de diez d\u00edas (10) computados a partir de la fecha en que reciba noticia de esta providencia, se pronuncie de fondo sobre la problem\u00e1tica sustancial referida en torno a los c\u00e1nones de arrendamiento de los inmuebles sobre los cuales recae el derecho real de usufructo, a fin de determinar si la guardadora est\u00e1 o no obligada a depositar el producto de las rentas a \u00f3rdenes de la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla, con destino al proceso ejecutivo en el que act\u00faa como ejecutante Ram\u00f3n Gonzales Aycardi; as\u00ed mismo, adoptar las determinaciones a que hubiere lugar respecto a los arrendatarios, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento. Env\u00edesele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n

TERCERO: EXHORTAR al Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla para que d\u00e9 cumplimiento al numeral 9\u00b0 de la parte considerativa de esta providencia. <\/p>\n

CUARTO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC2188-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2017-00494-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101597","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101597\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}